Durante este año, la memoria sobre el periodo de violencia vivido entre 1980 y 2000 ha ocupado un papel central en la discusión mediática. A las conmemoraciones de los dos decenios de sucesos impactantes para los limeños – el asesinato de María Elena Moyano, Tarata, La Cantuta y la captura de Abimael Guzmán – sucesos coyunturales han generado debates sobre el legado de aquellos años y sus secuelas.
Allí podemos ubicar el intento del Movadef para inscribirse como partido político y su presencia en universidades públicas y un sector disidente del magisterio, las operaciones del gobierno en el VRAEM y el Huallaga – que han fluctuado entre algunos éxitos, la búsqueda de cámaras y ganancias inmediatos y la indiferencia estatal frente a los caídos en acción – y la escandalosa sentencia dictada para favorecer a los miembros del destacamento Colina.
Sin embargo, las discusiones han quedado en el plano meramente superficial o de la simple denostación. En particular, han recrudecido los ataques al Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación desde varios frentes: fujimoristas que intentan borrar todo lo queresponsabilice penalmente a su líder, conservadores que minimizan las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado o las omisiones de algunos actores sociales y eclesiales, una clase política desnudada en todas sus limitaciones y, por supuesto, senderistas buscando que los peruanos seamos amnésicos ante el baño de sangre que desencadenaron.
Estos sectores no proponen investigaciones a conciencia que complementen los hallazgos de la CVR, sino que condenan al olvido el periodo de violencia o lo cuentan en forma tal que sus responsabilidades queden atenuadas. Al mismo tiempo, condicionan el debate que se genera frente a dicho periodo de nuestra historia, sin considerar las causas y las secuelas de lo ocurrido, como, sobre todo, a los hechos y alas víctimas, olvidadas por el Estado y la sociedad tanto en su recuerdo como en las políticas públicas.
El Informe Final de la CVR no debe totemizarse. Como este documento señala en su preámbulo, se trata de un relato abierto y perfectible, sujeto a mejoras a partir de investigaciones a conciencia. En ese camino, podemos encontrar, por citar tres ejemplos, los trabajos de Carlos Iván Degregori sobre los intelectuales frente al fenómeno senderista, la investigación de Ricardo Uceda sobre violaciones a los derechos humanos desde la perspectiva de los perpetradores, así como la parte narrativa de la sentencia contra Alberto Fujimori.
Finalmente, cabe recordar lo señalado por un editorial de El Comercio publicado el 30 de agosto de 2003: “Como toda obra humana, el informe de la CVR puede tener errores u omisiones, pero en general, esta obra monumental e histórica aporta elementos suficientes para entender lo que pasó. Viene ahora la etapa más compleja: la auténtica catarsis que nos lleve a restañar las heridas. Y en ese proceso estaremos alertas para denunciar a quienes tengan la bajeza de usar el tema en provecho político o personal”. Honremos esa palabra.
(Columna publicada en El Comercio el 14.09.2012)
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Sobre los ataques a la CVR: Rosa María Palacios y Salomón Lerner Febres
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