Archivo de 9 Setiembre 2012

Porque se la quieren bajar, o, al menos, cortarle las facultades.

Vamos por partes, dado que el tema es bastante relevante para una tarea que este Congreso necesita a gritos: puesta en orden de algunos anticuchos o aclaraciones pertinentes sobre asuntos que no quedan aún del todo definidos para la opinión pública.

Hace algunos años, cuando las críticas al Congreso llegaron a su peor nivel, se les ocurrió a los parlamentarios establecer una Comisión de Ética Parlamentaria que viera las faltas que, sin necesariamente implicar la ocurrencia de un delito, eran demasiado rochosas como para dejarlas pasar piola. En algunos casos, esto funcionó, en otros, se hicieron de la vista gorda.

Pero en esta gestión, hay que decirlo, el congresista Humberto Lay (evangélico, ex miembro de la CVR, miembro de Alianza por el Gran Cambio) le ha imprimido un tono mucho más enérgico a las intervenciones de este grupo de trabajo. Razón por la cual es temido. De hecho, las sanciones a congresistas como Amado Romero, Celia Anicama u Omar Chehade provinieron de aquí (en las cuestiones penales, eso sí, allí si primó el consabido “otorongo no come otorongo”).

Y en esta legislatura han seguido. De hecho, hace unos días recomendaron la suspensión del parlamentario Alejandro Yovera (un ex fujimorista que ahora está en la bancada “Acción Popular - Frente Amplio”), quien presuntamente falsificó una conciliación extrajudicial para evitar el pago de una pensión de alimentos para su cónyuge. Y se va por la segunda suspensión.

Precisamente es Yovera, junto al congresista Emiliano Apaza, quienes han presentado una propuesta para evitar que cuestiones como la hoja de vida, o asuntos previos a asumir como congresistas (y que son destapados por la prensa) puedan ser vistos por la Comisión de Ética. El jueves, El Comercio recordó en su editorial la “trayectoria” de ambos parlamentarios y el serio conflicto de interés que supone la presentación de este proyecto. Oído a la música:

Quizá podamos encontrar la explicación del sospechoso pedido de estos congresistas recordando su trayectoria reciente. Para empezar, el señor Apaza es un miembro de la bancada nacionalista que “olvidó” consignar en su hoja de vida una sentencia que lo sancionó con tres años de prisión suspendida al momento de postular al cargo. Según el diario “La República”, el delito que cometió el congresista por Puno fue tipificado en la sentencia como receptación de contrabando: el señor Apaza vendió un camión Volvo de origen boliviano con documentos fraguados y declaró haberlo adquirido de una desconocida que, según se demostró luego en el proceso judicial, vivía en su casa.

Por su parte, al igual que al señor Apaza, al señor Yovera la memoria parece jugarle malas pasadas cuando de escribir declaraciones juradas se trata. Pero, a diferencia del primero, que simplemente olvida datos, el segundo tiende a creer que sucedieron cosas que realmente no ocurrieron: que fue gerente general y administrador de dos empresas, y que siguió una maestría universitaria, por ejemplo. La imaginación del señor Yovera es tan fértil que, además, le permitió inventar una supuesta conciliación extrajudicial con el único propósito de tener una excusa para no pagar la pensión a su cónyuge. Estas faltas llevaron a que los fujimoristas lo separaran de su bancada (y luego fue adoptado por la de Acción Popular, que, al parecer, no tuvo reparo en pasar por alto sus antecedentes con tal de sumar otro voto).

El tema es serio, dado que, como señala La República, de los 7 casos pendientes que tiene la Comisión, solo quedarían 2 en pie. Entre los casos pendientes están el del congresista oficialista Rubén Condori (el mismo que marcó el voto de la congresista Rosa Mavila sin que ella se diera cuenta), el de la parlamentaria fujimorista Cecilia Chacón (por falsedades en su hoja de vida) y, agárrense, el del parlamentario Josué Gutiérrez, congresista del partido de gobierno que es investigado por el viaje a Rusia junto a Alexis Humala, quien el viernes hizo gala de sus desplantes a este poder del Estado.

Para poner la cereza sobre el pastel, el ciudadano Juan Quispe Ramírez le interpuso una denuncia a Lay ante la Comisión de Ética por una supuesta omisión en su hoja de vida. Lay ha hecho sus descargos sobre la misma y ha indicado que Quispe Ramírez no registró su ingreso al Congreso, lo que le hace sonar bastante sospechoso.

Ojo con el pleno del lunes, que puede ser decisivo en una materia que, para todos los ciudadanos, es bastante sensible.

ACTUALIZACIÓN (10.09.2012): Ayer en La República, Sinesio López publicó una columna francamente penosa, en la que intentó bajar el nivel del trabajo de la Comisión de Ética por dos motivos: a) señalar que, en el fondo, Lay busca santos en el Congreso. Quizás el maestro López olvide que en las iglesias evangélicas no se buscan santos, dado que esa calidad solo la otorga la Iglesia Católica. Asimismo, tampoco recuerda que en la Comisión de Ética hay más miembros que el conocido pastor evangélico y que finalmente, quien sanciona es el pleno del Congreso de la República.

b) López también señala que la Comisión de Ética no ve “peces gordos” y hace alusión a que deberían verse “el enriquecimiento de los políticos de los últimos gobiernos y la probable corrupción que habría detrás de los virajes programáticos”. Sobre lo primero, cabe recordarle al doctor López que es un tema a cargo de la Contraloría, de la comisión de Fiscalización del Congreso y en el que Ética no tendría nada que ver, a menos que tengamos una acusación formal. En cuanto a lo segundo, dado que no hay pruebas de ello (hasta ahora), la alusión sigue respondiendo al dolor que produce la salida del gobierno de Humala, cuyo viraje político deberá ser evaluado justamente en esa línea.

Hoy Humberto Lay ha dado una extensa entrevista a La República, en la que ha señalado que el interés central para recortarle facultades a la Comisión de Ética está en que 5 casos tienen que ver con las hojas de vida de los congresistas, cuyos errores o falsificaciones no solo constituyen faltas éticas, sino también delitos, motivo por el cual ven este tema en el referido grupo de trabajo. Y también le respondió a Sinesio López al señalar que:

No sé por qué cuestiona que no sé distinguir entre religión y política, y dice que pretendería aplicar principios religiosos en mi labor. Para nada, solo aplico el Código de Ética y no los estándares morales y éticos de la iglesia. Además, las decisiones se toman por mayoría.

Lay ha anunciado que, si las facultades de la Comisión se recortan, él y otros tres parlamentarios renunciarían a este grupo.

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