Ayer tuvimos, nuevamente, un fallecido en una protesta social. Se trata del ciudadano Alex Gonzáles Huamán, cuyo cuerpo fue encontrado en un islote del río Mantaro, en la ciudad de Jauja.

Si bien hasta el momento no se esclarecen las circunstancias en que falleció esta persona, lo cierto es que, a esta altura del gobierno y con cerca de dos decenas de fallecidos en conflictos sociales, aquí hay una falla que va más allá de los Ministros del Interior - aunque tampoco pueden deprenderse de su cuota de responsabilidad, como veremos luego - y que tiene que ver con la forma en que la Policía Nacional encara su actuación frente a las protestas sociales.

Estamos de acuerdo con que se debe garantizar el orden público y que las tomas de carreteras constituyen una conducta delictiva. Pero la imposición de la ley no debe confundirse con la arbitrariedad o con un menosprecio por el otro que lleva a actuaciones policiales que, en otro contexto, no se producirían. Cuando ocurrieron las muertes en las protestas contra Conga en Cajamarca, Carlos Basombrío escribía lo siguiente:

¿Se pueden evitar? Claro que sí, en la mayoría de los casos. Primero, hay que tener voluntad de que así sea. Luego, en lo operativo, se requiere inteligencia para que haya anticipación y planificación.

Se debe asignar un número realmente disuasivo de policías que cuenten con equipamiento de protección de primer nivel y que estén lo suficientemente entrenados en el uso de armas no letales; incluso temporalmente incapacitantes, pero no letales.

Es decir, disuadir con energía para que el orden se restablezca, pero protegiendo la vida de los policías y de los manifestantes.

¿Privilegio de países desarrollados? Antes sí, cuando el Estado era paupérrimo. En el año 2002 el presupuesto que había en el Ministerio del Interior (Mininter) para invertir era cero, nada. Sin embargo, este año es de casi 700 millones de soles. ¿Lo han malgastado? Ni siquiera eso.

Solo han ejecutado el 11% en siete meses. La incompetencia mata. Los muertos traen crisis políticas y estas pueden, a la larga, terminar con este período de expansión económica.

Pero me temo que Basombrío se queda corto. Hace algunos meses, cuando se detuvo arbitrariamente a Marco Arana, una de las ciudadanas cajamarquinas reclamó a la policía por dicha acción, recibiendo como respuesta el calificativo de “perros” hacia quienes marchaban y una mentada de madre. Ello revela que hay cuestiones que van más allá del equipamiento y la dotación de armamento, sino que tienen que ver mucho con la cultura policial.

¿Y cual era el tema de la protesta? Se trata de diferencias sobre un aeropuerto en la región Junín. La República ha resumido bien los argumentos de ambas partes:

El alcalde provincial de Jauja, Sabino Mayor, quien ha respaldado la protesta, acusó al presidente regional de Junín, Vladimiro Cerrón, de provocar el conflicto, al indicar que su postura de oponerse a la internacionalización del aeropuerto Francisco Carlé va contra el Decreto Supremo 020-2012 del MTC, que refiere declarar de “necesidad pública e interés nacional” de modernización, equipamiento e internacionalización dicho aeropuerto.

A su turno, el líder regional reiteró que el Francisco Carlé puede funcionar como aeropuerto regional o nacional, pero no como uno internacional; y con lo cual, se mantiene la aspiración del proyecto del aeropuerto Internacional en el distrito de Orcotuna, ubicado a unos 37 km. de Jauja.

Las críticas desde los sectores opuestos a esta aspiración objetan la cercanía entre un aeropuerto y otro, y consideran que la construcción de un aeródromo en esta zona pondría en riesgo la importante producción agrícola que caracteriza al valle del Mantaro y hasta se aventuran a calificar el proyecto de un “capricho” del presidente regional.

Este tema que, en el papel, podría ser resuelto con un estudio técnico encargado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se confunde, además de las rivalidades entre autoridades, por las disputas intrarregionales entre Jauja y Huancayo por la concentración del mayor flujo turístico y comercial de la región.

Así las cosas, la construcción de un aeropuerto en Junín supone una demanda urgente en infraestructura para una región que necesita incrementar su intercambio de productos y de personas con el resto del país, dado que tiene como casi única vía para ello a la Carretera Central. Pero para resolver el tema intrarregional, dependerá mucho que las autoridades regionales y locales se comprometan, más allá de sus propias revindicaciones, a respetar los estudios que señalen el lugar más adecuado para el establecimiento de esta importante instalación.

Lo ocurrido en Jauja ayer condensa todos los problemas de crecimiento que el Perú viene teniendo y que no estamos sabiendo como procesar adecuadamente, ni desde el Estado ni desde la sociedad.

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(Foto: La República)

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