Desde el Tercer Piso

Mal día para Luis Castañeda Lossio. Hoy se hizo público su incorporación formal como procesado en el caso Comunicore. Además de la resolución completa, difundida vía la cuenta Twitter del programa Tribuna Abierta (dirigido por Rosa María Palacios), pueden ver el siguiente resumen vía El Comercio:

De acuerdo a la resolución —difundida por el programa “Tribuna Abierta” a través de su cuenta en Twitter— se dispuso abrir instrucción contra Castañeda Lossio por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión desleal y malversación de fondos, en agravio de la Municipalidad Metropolitana de Lima “dictándose contra el referido denunciado mandato de comparecencia restringida”. Con ello no puede cambiar de domicilio, debe firmar cada mes un cuaderno de control y pagar S/.30.000 como caución o garantía. Asimismo, pesa el impedimento de salida del país sobre el ex candidato presidencial.

Castañeda, según el documento, ha sido citado “bajo apercibimiento de ser declarado reo ausente”. Además, se ordena “su captura a nivel nacional en caso de inconcurrencia”. Asimismo, el Poder Judicial ha establecido que se levante el secreto bancario del ex burgomaestre “para que a través de la Superintendencia de Banca y Seguros las entidades financieras y bancarias informen sobre sus movimientos” bancarios.

El 16 de enero, el ex alcalde va a tener que brindar su instructiva por este caso.

Pero no ha sido la única pepa de Tribuna Abierta. En su activa cuenta de Twitter, han publicado los detalles de los contratos del abogado Marco Tulio Gutiérrez, principal impulsor de la revocatoria contra la alcaldesa Villarán, con la Municipalidad Metropolitana de Lima durante la era Castañeda. En total, Gutiérrez ganó en el segundo periodo de Castañeda la friolera de S/. 72,000 por asesoría legal. Hablan las imágenes:

También pueden ver lo que señala el Portal de Transparencia Económica del MEF:

Como diría el ex alcalde: je, je, je.

ACTUALIZACION (10:10 PM): La Mula le preguntó a Gutiérrez sobre este asunto y respondió lo siguiente:

“Ni siquiera me acordaba de la bendita consultoría. Pero si usted ingresa a mi página web ahí está la Municipalidad de Lima. Nosotros no ocultamos ninguna información. Lo hemos puesto porque era nuestro cliente. Yo no siento que deba asustarme o sentirme incómodo. ¿He trabajado con él? Nunca, jamás. De todas esas consultorías recuerdo que la única vez que me reuní con el señor Castañeda fue para explicarle el tema de las competencias metropolitanas del proyecto Lima y Callao, las demás veces ni siquiera he ido”, declaró.

Y sobre su amigo Castañeda dijo:

“Hay mucha gente que me dice. ¿Porqué no hiciste lo mismo con Castañeda? Castañeda fue un alcalde con alta aceptación ciudadana. Si usted me pregunta por el caso Comunicore, eso es un problema judicial. ¿Qué tiene que ver eso con si una gestión fue eficiente o no? Esas son cosas totalmente diferentes”, finalizó.

Saquen ustedes sus propias conclusiones.

Uno de los temas recurrentes de este blog es la necesidad de un canal de televisión pública. Reitero, televisión pública y no estatal, pues esta última se presta a convertirse en la televisora oficial del partido de gobierno de turno.

El segundo gobierno de García le generó varios sobresaltos al canal, sobre todo con sus presidentes y su vinculación con la cobertura informativa. Las gestiones de María del Pilar Tello, Alfonso Salcedo y Ricardo Ghibelini tuvieron severos problemas por la visión que tenían sobre la cobertura de las actividades oficiales (sobre todo, presidenciales) y por su extrema cercanía al gobierno de turno. Solo con la gestión de Maria Luisa Málaga, al final del gobierno aprista, se consiguió (a trompicones) cierta neutralidad en la cobertura informativa y un nivel de gerencia competente que hacía años no tenía la televisora.

De hecho, el actual gobierno reconoció dicho rol y ha confirmado la presencia de Málaga en lo que va de gestión, con lo que el canal mantiene cierto nivel de calidad en la parte cultural y algo de neutralidad en la parte informativa (digo algo porque, para variar, el resumen de fin de año del 7 parecía hecho en la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno).

Pero a fines de año, Oscar Valdés anunció que el IRTP (que comprende a TV Perú, Radio Nacional y Radio La Crónica) volvería a la Presidencia del Consejo de Ministros, luego de su permanencia en el sector Cultura.  El anuncio motivó varias suspicacias, como las expresadas hoy por Nelson Manrique:

Salvo que alguien demuestre lo contrario, el lugar natural para cumplir esta agenda es el MinCult, del cual dependían hasta aquí. No hay argumento técnico que justifique transferirlos a la PCM, y la razón que se esconde detrás de esta decisión es entregar el control de los medios del Estado al premier Óscar Valdés. Conociendo cómo entiende este el diálogo con los movimientos populares que se oponen a iniciativas gubernamentales, especialmente en el conflicto entre la minería y los movimientos sociales de defensa del medio ambiente, no parece que bajo su dirección estos medios serán usados para promover “el fortalecimiento de la tolerancia y el diálogo social”, ni que debamos esperar una ola de estrenos en TV Perú para “promover las expresiones multiétnicas y pluriculturales de la Nación”. Para ubicar en qué dirección marchamos es bueno recordar que entre las expectativas que despertó la elección de Ollanta Humala estaba la de que César Hildebrandt pudiera por fin volver a la TV, sin tener que arrodillarse ante los intereses de los grandes grupos empresariales que controlan los medios.

No comparto algunos de los entusiasmos que tenía Manrique respecto a la televisión estatal en este gobierno (no me imagino a Hildebrandt haciendo oposición en Tv Perú), pero sí algunas de sus preocupaciones. No tanto sobre Valdés (una persona tan enigmática como su jefe), pero sí sobre lo que un canal del Estado en manos del ministerio más político de todos podría terminar siendo. Osea, lo mismo de siempre, en materia informativa. Porque los programas culturales del canal sí cumplen con aquello que él solicita.

Desde el lado del gobierno, hoy se ha hecho oficial el pase, pero con una explicación algo más coherente que “la repotenciación del canal” que indicó el titular de la PCM la semana pasada. Vía El Comercio:

Según el decreto, la PCM deberá crear una Comisión Multisectorial de carácter temporal con la finalidad de elaborar y proponer un anteproyecto de ley sobre la radio difusión estatal. Esta iniciativa deberá ser elaborada en un plazo de 60 días naturales.

De hecho, ya existía un anteproyecto sobre la materia desde la época de Alan. El problema es que nunca se discutió, debido a un problema mayor que indicó Fernando Vivas:

Cuando ganó Alan García, el Gobierno decidió mecernos con el 7, o sea hacernos creer que se iba por fin a convertir en TV pública y no gobiernista. El IRTP (la suma de TV Perú o Canal 7 más Radio Nacional) estaba en la órbita de la PCM, así que fue Jorge del Castillo el encargado de engatusarnos. Reunió a tirios y troyanos, oyó propuestas de TV plural y autónoma, y convocó, lo más tarde que pudo, pero como lo mandaba la vigente Ley de Radio y TV, a una comisión multisectorial para elaborar el proyecto de ley específico para la radiodifusión estatal.

El truco de Del Castillo fue hacer presidir la comisión por su correligionario José Luis Delgado, quien entretuvo a los comisionados (incluidos miembros de ONGpro TV pública y autónoma) para cambiar todo menos el artículo que mantiene al 7 tan sesgado como hoy: el presidente ejecutivo lo designa el Gobierno.

El proyecto es bueno, salvo el tema crucial del poder, y hay que exigir al Gobierno que termine de recabar las opiniones sectoriales y lo presente ya al Congreso. Allí se corregirá el eje de la ley. Hay dos alternativas: A) Que el Congreso elija al presidente del IRTP, lo que puede resultar en un baloteo inacabable de ilustres candidatos, y B) Que el propio directorio, formado por miembros designados por entes estatales y organismos de la sociedad civil, elija a su jefe con total libertad.

Y ese punto, probablemente, sea uno de los que defina que quiere hacer el gobierno de Ollanta Humala con el canal estatal, quien, recordemos, en un evento en IPYS señaló lo siguiente sobre los medios de comunicación estatales:

Respecto a la política de los medios de comunicación del Estado proponemos su progresiva conversión en medios públicos y descentralizados. Por lo tanto sus directorios estarán conformados por el ejecutivo, gobiernos regionales y locales,sectores de la sociedad civil, universidades públicas.

Respecto a la entidad encargada del Canal 7 y Radio Nacional proponemos lo siguiente: a) que sea plural; b) autónoma e independiente del Ejecutivo; c) representativa de los sectores sociales y mediáticos.

Veremos si el proyecto propuesto desde la PCM tiene esos componentes.

El policía de la foto se llama Elidio Espinoza. Hasta el sábado, era uno de los oficiales más controvertidos en las fuerzas del orden. Ayer, con el nuevo año, pasó a situación de retiro por renovación.

¿Por qué Espinoza se ganó la fama de personaje controvertido? Hace un par de años, Ricardo Uceda hizo una investigación para la revista Poder sobre la existencia de presuntos escuadrones de la muerte en Trujillo que eliminaban a miembros de las bandas de delincuentes que azotan la ciudad. Eliminaciones que, de acuerdo con los indicios presentados por Uceda, no se registraron en enfrentamientos armados con los policías. Y el principal implicado en uno de los pocos casos judiciales registrados era el hasta ayer coronel PNP.

Paradójicamente, cuando Elidio volvió a Trujillo el año pasado, la gente lo aclamaba. De acuerdo a lo que señaló Christopher Acosta para Infos:

La carrera policial de Elidio Espinoza empezó a tomar notoriedad durante la gestión del general Octavio Salazar en Trujillo, antes de ser ministro del Interior, y cuando fue jefe de la III DIRTEPOL. Entonces Espinoza era comandante y mantuvo muy buenas relaciones con el ahora congresista fujimorista por La Libertad. Luego fue ascendido a coronel durante la gestión del general Raúl Becerra, hoy director general de la Policía Nacional, y cuando ya existían contra él serias acusaciones. Becerra fue jefe de la Policía en esa ciudad precisamente cuando se reportó la mayoría de ejecuciones.

De la mano de Salazar y Becerra, el coronel Elidio Espinoza se hizo de excelentes relaciones con la clase empresarial trujillana. Para nadie es un secreto la especial cercanía del coronel con los más representativos empresarios liberteños. Quienes se precian de su amistad tienen en agenda el número personal de Espinoza. Algunos le agradecen haberlos salvado de ser víctimas de extorsión. ¿Cómo así? Llaman a Elidio, le dan el número desde el cual se les pide un cupo por su seguridad, y el coronel contacta con el delincuente para -con el peso y fama de su nombre- hacerlo desistir de su objetivo.

Todos en Trujillo saben quién es Elidio y de qué es capaz. El coronel no se molesta en ocultarlo.

Muchos trujillanos parten de una idea equivocada: muerto el perro, se acabó la rabia. Más allá de los debates éticos respecto a esta máxima - que tiene como idea central que el delincuente, al serlo, perdió todo derecho -, existe un problema práctico en materia de seguridad vinculado a la existencia de este tipo de escuadrones. Indica Fernando Rospigliosi:

El comienzo es la inoperancia de la policía para combatir el delito que no se atribuye a sus propios defectos sino a la falta de instrumentos letales. Lo que viene después es que los policías cobran dinero a empresarios y comerciantes para asesinar delincuentes, prometiendo que eso limpiará las calles de facinerosos.

Luego algunos delincuentes empiezan a pagarle a la policía para que no los maten (“protección”). Otros delincuentes con más dinero y poder, el crimen organizado –concretamente el narcotráfico-, contratan a esos malos policías para que eliminen a sus rivales y competidores. Los policías lo hacen y luego son premiados por su “eficacia”.

Después, los delincuentes perjudicados se organizan y se arman para responder, y empiezan a matar policías (de los malos y los buenos) y a sus rivales. Naturalmente, en medio de ese fuego cruzado caen muchísimos inocentes, ya sea porque los confunden o simplemente porque estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada.

Peor aún, no se combaten las auténticas causas de los delitos en Trujillo. A la bonanza económica sin planificación urbana que casi siempre termina trayendo complicaciones en la seguridad ciudadana, existe un tema que no se ha afrontado adecuadamente: la capacitación y requerimiento de recursos de los agentes de justicia y seguridad en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, que está en vigencia en La Libertad desde 2007.

Pero volvamos a Elidio. El oficial fue procesado y finalmente absuelto. La sentencia de primera instancia ha sido criticada debido a las fallas en la valoración probatoria que tuvo la Sala a cargo del caso, como indica Uceda en un reportaje para Poder que hoy comenzó a publicar La República. Y como señalan en Infos, testimonios sobre el tema habían a montones:

El problema de fondo es que la desesperación por la situación en seguridad ciudadana nos puede llevar a salidas desesperadas y poco adecuadas como las arriba mencionadas. Comenta Augusto Álvarez Rodrich:

En seguridad, en cambio, hemos vivido creyendo que se puede posponer la solución colectiva si es que levantamos un poco más el muro de la casa y cambiamos el Cocker por un Doberman.

Eso es un error que se puede explicar pero, mejor, para hacerla corta, vean lo que ocurre hoy en México, un cuadro dramático y que aún está distante del Perú pero que, como van las cosas en el país, pues allá vamos.

Y eso es algo en lo que el gobierno, hasta ahora, está en debe.