Durante el fin de semana, se ha discutido mucho sobre la Ley Bedoya y sus implicancias para la libertad de expresión. Dos puntos de vista interesantes al respecto son los de Augusto Álvarez Rodrich y Roberto Bustamante. Mi opinión es clara: la propuesta normativa no resuelve el problema de fondo: la interceptación ilegal de conversaciones privadas y el tratamiento excepcional que los medios de comunicación deben tener frente a este tipo de grabaciones.
Hoy en el Perú, por segunda vez en su historia, se viene procesando a una banda dedicada a la interceptación telefónica: Business Track. La primera, como sabemos, fue el fujimontesinismo y por lo menos algunos de los vinculados han sido sancionados. El problema con el caso BTR es que, si bien es muy probable que los involucrados directamente en la interceptación reciban penas de càrcel, no ocurrirá lo mismo con los financistas del espionaje, a quienes no se ha identificado plenamente, màs allà de varias pistas. Y tampoco se la logrado develar quienes estuvieron detrás de otros espionajes, como los ocurridos contra Lourdes Flores.
La ley peruana permite las interceptaciones telefònicas legales, únicamente para la investigación de delitos. Este tema se maneja a través de un software donado por la DEA a la DINANDRO y en la que tienen injerencia tanto esta entidad policial como el Ministerio Público. Como lo ha señalado La República, el sistema, llamado Constelación, ha logrado pistas que han permitido desarticular bandas organizadas, sobre todo en el tema de narcotráfico. Y, en teoría, el sistema debería ser bastante seguro.
Sin embargo hoy, La República ha publicado la existencia de evidencia que podría hacer suponer la existencia de filtraciones en Constelación y la posibilidad de que el sistema pueda ser utilizado para temas políticos. Se mencionan como elementos tanto las interceptaciones contra Humala y su círculo cercano en la campaña electoral, contra Omar Chehade luego del escándalo del Brujas de Cachiche y también el caso Crousiilat. La madre del cordero está en que:
Remigio Hernani, ex ministro del Interior, ha recordado que Adelaida Bolívar, ex fiscal de la Nación, rechazó durante su gestión la propuesta de la DEA para que el Ministerio Público asumiera a plenitud la conducción del proyecto, tal como ocurre en Colombia, donde todo el sistema está bajo el mando único de la Fiscalía General de la República.
Perú, en cambio, ha optado por un manejo compartido del programa. La Dirandro opera la estructura técnica, y el Ministerio Público programa y tramita el servicio de escuchas.
Dirandro depende del ministro del Interior y del Presidente de la República. En tanto, el Ministerio Público es un ente constitucional autónomo.
¿Cómo se concatena esta conducción dual? A fines del 2008, cuando “Constelación” estaba en pleno adiestramiento, el presidente Alan García ordenó que Dirandro investigara el caso BTR (Business Track) sobre interceptaciones y no Dirincri, a quien correspondía, según los entendidos.
–¿Por qué procedió así? –preguntó el juez al ex mandatario, en octubre último, en una audiencia del caso.
– …porque tenían experiencia con los equipos –respondió García refiriéndose a Dirandro.
García no explicó su intervención vertical en un caso que concierne al sistema judicial (Policía-Ministerio Público-Poder Judicial).
Como señala Ricardo Calderón Villegas, periodista de la revista Semana, en entrevista a Jonathan Castro, en base a la experiencia colombiana:
¿Cuál es el mayor riesgo de estos programas de interceptación telefónica legal?
Demostramos que existen muy pocos controles. Interceptar con fines políticos o delincuenciales es muy fácil. Vea, para interceptar legalmente un número, se necesita la aprobación de un fiscal y la autorización de un juez. Pero como no hay muchos controles, acá lo que más hizo el DAS fue camuflar el número de un magistrado o un político como si estuviera involucrado en una investigación real, por ejemplo, de un secuestro.
El caso del DAS fue bastante sensible en Colombia. Se trató de la escucha a parlamentarios opositores y magistrados que verían los vínculos de funcionarios del ex presidente Alvaro Uribe con miembros de las organizaciones paramilitares, así como el tema de su reelección. Incluso la DAS chuponeó a Susana Villarán cuando era miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el caso están involucrados varios funcionarios del gobierno de Uribe.
De allí que sea importante que estos sistemas de escucha legal sean controlados y los ilegales identificados y desarticulados. Este es el eje en el que debe moverse este tema, en lugar de ponerle mordazas a la prensa, que, a su vez, deberá hacer una reflexión sobre el uso de las escuchas ilegales como fuente.
Entradas (RSS)