Mientras el gobierno gana tiempo con la suspensión de Minas Conga (para armar una estrategia que no tenía) y esperando que Yanacocha y los ciudadanos de Cajamarca dejen de lado posiciones extremas, vale la pena comentar, brevemente, algunas noticias vinculadas a la lucha anticorrupción aparecidas en estos días y que, en algunos casos, han generado malos entendidos.
Procuraduría Anticorrupción: En una de las pocas medidas concretas tomadas por el Poder Ejecutivo sobre esta materia, se busca fortalecer esta entidad a través de la fusión de todas las procuradurías encargadas de casos de corrupción, la creación de un Observatorio Anticorrupción que mantenga un sistema de información sobre estos procesos a nivel nacional y de una Unidad de Análisis Financiero vinculada a la obtención de datos para el cobro de las reparaciones civiles. Veremos qué ocurre en la práctica.
Rómulo León: Más allá de las antipatías que genera el personaje y que la Procuraduría Anticorrupción viene apelando la libertad de este personaje (quien cumplirá arresto domiciliario), resulta preocupante que el sistema de justicia, hasta el momento, no haya podido llevar a juicio oral al exministro y gestor de intereses, por el más grave escándalo de corrupción del gobierno. Y si bien es cierto que su defensa (uno de cuyos abogados está hoy de asesor en Palacio de Gobierno) dilató el proceso, también debe investigarse el por qué de las demoras en examinar audios y correos electrónicos claves.
Petroaudios: Vinculado con lo anterior, sorprende que el Fiscal de la Nación no haya considerado varios correos electrónicos enviados por León Alegría a los exministros Hernán Garrido Lecca y Carlos Vallejos en la investigación de este caso, como denuncia IDL – Reporteros. Los correos dan cuenta de la existencia de fluidas comunicaciones con ambos funcionarios. Ojo que las hipótesis periodísticas apuntaban a que el verdadero blanco de las interceptaciones de BTR era Garrido Lecca, por su presunta vinculación con negocios mexicanos.
Huamán Azcurra: Ha terminado saliendo de prisión gracias a una resolución del INPE que declaró que había cumplido su condena gracias a la redención de la pena impuesta por el trabajo. Huamán es procesado por las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas luego de la operación Chavín de Huántar y no existe una medida que garantice su presencia en un juicio quebrado en dos oportunidades y que le puede costar 15 años de prisión, es decir, su vuelta a la cárcel. Ojo con este último punto.
(Columna publicada en Diario 16 el 01.12.2012)
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