Desde el Tercer Piso

Hace un mes, escribí para Diario 16 una columna en la que hacía notar cómo los extremistas pro gobierno y anti gobierno estaban creando y quedándose en sus propias imágenes preestablecidas sobre lo que significaba Ollanta Humala. Y cómo ambas eran contraproducentes no sólo para entender al gobierno sino también para establecer distancias saludables y basadas en la realidad sobre el mismo. Pero algunos ejemplos suscitados en estos días me permiten volver al mismo tema.

Hoy, gracias a un desliz del community manager de @prensapalacio (la cuenta oficial de la Presidencia de la República) pudimos conocer la existencia del blog La Conífera, un espacio cuyo responsable no da su nombre real y que en sus cuatro posts hasta ahora publicados denota lo que un sector bastante cheerleader del gobierno piensa.

Un ejemplo de ello es esta suerte de exégesis que hacen de la columna de ayer de Augusto Álvarez Rodrich, sobre el poder e influencia de Nadine Heredia en el gobierno. Una columna más bien descriptiva y que termina señalando que dicha influencia es en términos generales positiva, pero que genera la siguiente teoría conspirativa de parte de La Conífera:

Aplicando el viejo proverbio del periodismo peruano que reza: “A intrigar, a intrigar, que el mundo se va a acabar”, AAR señala que “ella (Heredia) está muy involucrada y participa en las decisiones relevantes del gobierno”. La única intención de esta afirmación basada simplemente en una mera suposición es la de sembrar la duda de quién realmente gobierna el país. Esto ya lo tratamos en un post anterior y lo catalogámos como un claro sintoma de #LTA. Lo que sigue en el análisis (?) del tuiter de Nadine es simplemente patético. La tuiterología se ha puesto de moda y todos los periodistas locales son expertos. Lo triste es la desatinada frase final, cuando se refiere al partido de gobierno como “un negocio familiar”. “Por decirlo de algún modo”. Podía decirse de un modo menos tendencioso, por ejemplo.

Y podríamos seguir con un análisis de los otros posts, pero en resumen el argumento es el siguiente: si no estás con el gobierno, te ganas comentarios como éstos:

La pareja presidencial trabaja como un equipo bien afinado que a más de uno ha puesto nerviosito. Esto ha generado que la prensa limeña haga lo que mejor sabe hacer: intrigar. ¿Quién gobierna realmente el país?

Y en general, si uno se da una vuelta por redes sociales y ve a los defensores del gobierno en las mismas, todos apuntan a la misma teoría: “el apro - fujimontesinismo” o “la derecha” están haciendo todo lo posible por boicotear, bajarse o golpear al gobierno de Ollanta Humala.

Claro está, toda teoría de la conspiración intenta tener su sustento en la realidad. Y claro, su “sustento” en realidad terminan siendo los conspiranoicos de oposición. Marco Sifuentes, indirectamente, comentó sobre ellos en su artículo de ayer (links añadidos míos):

Armar una campaña porque los muñequitos de una galería de arte chocan con tus patas. Eso, precisamente, lo puede hacer cualquier tuitero. Decir, durante la campaña, que Humala iba a imponer un régimen comunista. Eso, exactamente, lo pudo alucinar cualquier loquito con Facebook. Pero –se supone– que los periodistas debemos elaborar la información un poquito más. Si no, ¿qué nos diferencia?

O mandarse con un editorial como éste, claro está:

Por más que muchos quieran autoengañarse complacientemente, y hasta algunos colegas nos tilden de “ciegos y tarados”, discursos como éste o la referencia a la C-79 en la asunción de mando revelan una vez más que Ollanta sigue siendo ideológicamente un velasquista, que por el momento se está mostrando como un moderado porque las condiciones no están dadas aún para insertarnos en el proyecto chavistoide que admira.

Y aquí está la clave de porque nunca escuchará a un fan del gobierno preocuparse de los “fantasmas” que financiaron la campaña de Gana Perú (porque le dirá que es una denuncia “de la derecha”), como tampoco oiremos a los detractores a ultranza comentar a voces sensatas sobre conflictos sociales, como Martín Tanaka, por poner solo un ejemplo (porque preferirán el “métale bala”). Mientras, que siga la conspiranoia.

El viernes pasado, se emitió el último capítulo de la teleserie La Perricholi, dirigida por Michel Gómez y escrita por Eduardo Adrianzén. La teleserie es una versión libre del romance vivido por la actriz Micaela Villegas y el virrey Manuel Amat y Juniet, a finales del siglo XVIII, además de presentar lo vivido en la época con varios guiños al presente. Y es que, en la visión de sus creadores, algunas cosas parecen no haber cambiado en Lima desde tiempos de la célebre cómica.

Y parece ser cierto. América Televisión terminó mutilando la serie, en un caso claro de censura. La historia comienza cuando la asociación Valores Humanos, un conjunto de personas bastante conservadoras, llevan al Comité de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión al canal por el contenido de la serie. De acuerdo con la versión de la referida asociación, ellos han ganado el caso y el canal debía retirar “escenas y/o diálogos obscenos”.

He revisado la web de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y no se encuentra allí resolución alguna vinculada a la teleserie, como si se encuentran otros casos, como la reciente resolución que indica que radio Capital debe disculparse por las expresiones homofóbicas vertidas por el conductor Philip Butters. También hay otros casos en los que Valores Humanos ha intentado vanamente sacar programas del aire por “inmorales” como es el caso de Los Simpsons.

Hay dos problemas aquí. El primero es que el canal advierte a los televidentes que el programa es apto para mayores de 14 años, es decir, no es para niños. Es más, América Televisión indica que el programa requiere Guía Paterna, es decir, que sean los padres quienes se hagan responsables de lo que ven sus hijos. Por tanto, está en la decisión del televidente adulto definir que ven o no sus hijos y, en caso decida que los menores pueden ver la serie, explicarles el contenido del mismo.

Pero el segundo tema es que el canal terminó retirando escenas que no tenían nada que ver con desnudos. Como se señala en Domingo de La República:

Lo extraño, explican los realizadores, es que los capítulos censurados no son aquellos en los que aparecen desnudos, más bien son los diálogos que aluden a la homosexualidad, a la Iglesia Católica.

Básicamente, se bajaron una línea argumental de la historia, que en el cuadro general, para Adrianzén, era fundamental, la misma que pueden ver en el guión con las escenas recortadas. Como indica en un post escrito para La Mula:

La Perricholi era -¡horror!- una telenovela liberal de espíritu laico, con actrices amantes de virreyes, poderosos nobles hiper machistas, novicios dudosos de su vocación que descubren los placeres de la carne, criadas felices de no ser vírgenes, indios oprimidos planificando revueltas para librarse del abuso, marquesas beatas, esclavos con conciencia de clase, damas casadas escribiendo poesía erótica, mendigos con opinión política, monjas empresarias, jóvenes con discursos libertarios, brujas ateas y hasta un triángulo gay donde un falso griego se inmiscuyó entre una sólida pareja de comediantes que vivía su amor sin vergüenza alguna. De paso, los mismísimos Tupac Amaru II y Micaela Bastidas aparecieron 4 capítulos para recordarnos que el Perú no solo es Lima, y que el desprecio y el racismo que sufrieron al traer sus reclamos, fue detonante de su futura rebelión.

Y como indica Michel Gomez para La República:

¿Qué hubiera sido lo más digno?, pregunto. Michel es el primero es responder: “Lo más ético hubiera sido llamarnos y decir: Michel, Eduardo, aunque no compartamos esta decisión, vamos a censurar la novela porque nos han multado y se lo haremos saber a los televidentes. Hubieran terminado como unos caballeros, nosotros hubiéramos hecho igual el roche, pero no contra el canal. Hubieran ganado mucha credibilidad”.

El problema es que el canal no lo hizo. Y había promocionado la teleserie como su más importante ficción del año, con comerciales difundidos desde la Copa América. Menudo papelón en el que terminan cuando, como señala Adrianzén:

La pre-producción empezó a mediados del año 2010 y se llevó a cabo muy ordenadamente. Primero, se solicitó un detallado argumento de toda la telenovela (“biblia” en el argot de los guionistas) junto con un perfil de personajes. Luego de aprobarse esto sin ningún impase, se procedió a la contratación de actores, dirección de arte y en fin, todas las fases previas a un rodaje. Por tanto, América TV tuvo en sus manos argumento y personajes desde antes de dar luz verde al producto, y lo único que hicimos los escritores fue darle narrativa audiovisual a algo que, según todos los involucrados, no causaba conflictos y era perfectamente conocido por sus financistas.

Pero parece que, para algunos, los tiempos de la Inquisición no han terminado.

CAJAMARCA

Lo ocurrido esta semana con las protestas sociales en Cajamarca motivadas por el proyecto Minas Conga tiene varias aristas que no se quedan en el campo estrictamente económico o en el rubro de una actividad que genera importantes ingresos al país y a la que se le exige, con razón, el cumplimiento de las normas ambientales que todas las empresas deben cumplir.

No me encuentro cercano a ninguno de los dos extremos que suelen salir en disputa cada vez que se tratan estos temas. Entre el “minería si o sí” y el “no a la minería” existen posiciones matizadas que intentan dar salida a la viabilidad de estos proyectos sin que con ello se afecte el medio ambiente. De allí que la posición de Álvaro Vargas Llosa de persistir en el diálogo sea la más sensata.

En el caso específico de Minas Conga, se han hablado de tres problemas concretos alrededor del proyecto: las medidas para garantizar el agua en la zona, las controversias alrededor del estudio de impacto ambiental desarrollado para este proyecto y la presencia de otros proyectos mineros en la zona.  Estos son aspectos que, como bien señala Jacqueline Fowks, llevan a posibilidades como éstas:

(…) el periodista Juan Carlos Tafur sostuvo que si fuera él el inversionista de Conga, preferiría dilatar el inicio de operaciones con tal de haber respondido todas las dudas y alcanzar todos los acuerdos necesarios.

Esa sería la solución al conflicto puntual. Sin embargo, como también señala Fowks, hay un problema de fondo: la falta de confianza frente a Yanacocha de un sector de cajamarquinos:

la historia reciente de Yanacocha-Newmont acerca de su relación con las comunidades, en cuando a seguridad y medio ambiente los coloca en la situación que enfrentan hoy: es decir, sus opositores tienen argumentos. Vale recordar que la empresa no reconoce totalmente su responsabilidad por las secuelas del derrame de mercurio en Choropampa o logró arreglos extrajudiciales no proporcionales a la dimensión de la afectación. En cuando a seguridad, un informe del año 2009 evidenció las prácticas ilegales e irregulares de personal de Forza y también de policías remunerados por la empresa, especialmente por lo ocurrido en Combayo. Cuando en 2010 solicité una entrevista para indagar qué prácticas de seguridad habían cambiado a raíz de esa evaluación y las recomendaciones, la empresa se negó a responder sobre el tema.

Y ese problema de confianza - que tiene su correlato en el discurso de Yanacocha sobre “pobladores manipulados - es lo que está en el fondo del asunto. Más allá de canon, regalías y el nuevo gravamen minero, lo que tiene que hacer la empresa es comunicarse en serio con la población. Y ello no implica contratar un par de agencias de imagen para que le arreglen la cara. Si quieren aminorar el rechazo, van a tener que hacer trabajo de campo, ofrecer garantías reales y, sobre todo, ser conscientes que los errores del pasado cuestan caro y que no pueden volverlos a cometer.

Este conflicto también tiene una importante arista política. Y es que, al tomar Humala la Hoja de Ruta como guía, los actores regionales se reposicionan, como es el caso del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos. Manuel Ayulo incidió en esta reconfiguración del mapa político regional para Noticias SER:

Goyo y la alianza de organizaciones regionales que lo respaldan está apostando por convertirse en el rostro de la nueva izquierda peruana. En política no existen vacíos y Ollanta Humala dejó un gran vacío luego de la elección presidencial. Para ganar la presidencia, Humala tuvo que moderar sus propuestas electorales y dejó descuidado el flanco izquierdo del espectro. Luego de 100 días iniciales de gobierno moderado –de acuerdo a lo que prometió durante la última etapa de la campaña presidencial- nuevas figuras políticas están ansiosas por retomar la agenda de cambio constitucional y de modelo económico. Es decir, están ansiosas por ocupar el vacío.

De hecho, parte de la agenda de la protesta  ya no sólo incluyó el tema ambiental o el conflicto en Minas Conga, sino también por liderar este tipo de demandas, más nacionales y buscando contentar a los sectores más radicales. En realidad, luego de cumplidos los 100 días y percibiendo que Humala ha jugado más a tranquiizar a los sectores medios y altos limeños, consideran que es el momento de exigirle “el cumplimiento de sus promesas electorales”. El problema es que, entre primera y segunda vuelta, el giro fue tal que las promesas electorales también variaron y otras, según reconoció el propio Humala, se han vuelto imposibles de cumplir.

ANDAHUAYLAS

Lo ocurrido en Andahuaylas tiene como telón de fondo el tema del agua, igual que en Cajamarca. Pero allí se acaban las similtudes. La Mula informó lo que ocurrió ayer:

El viaje de la Comisión de Alto Nivel a Andahuaylas para llegar a un acuerdo con los pobladores, que realizan un paro hace más de siete días, terminó en violentos disturbios que han dejado hasta el momento 18 heridos y, según versiones confirmadas, al menos 20 funcionarios de distintas entidades del Estado (incluyendo al viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, José de Echave) resguardados en la comisaría local, ante el temor de ser agredidos por la turba que, en las calles de esta ciudad, se enfrenta a la policía.

En conversación con  LaMula.pe, Edgar Pebe, funcionario del área de conflictos de la PCM, comentó que se encuentra resguardado en la comisaría del lugar junto al viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, José de Echave. Esta versión fue confirmada por Artemio Solano, representante de la Defensoría del Pueblo, quién explicó que la violencia se desató luego de que la Mesa de Diálogo no llegara a ningún acuerdo con los pobladores.

¿Y cuál era el pliego de demandas? Señala Enlace Nacional:

Los manifestantes exigen la paralización y retiro definitivo de todas las actividades mineras de cateo, prospección y exploración, de la mediana y gran minería, así como también de los artesanos e informales en al ámbito de las provincias de Andahuaylas y Chincheros en defensa del recurso hídrico en las cabeceras de cuenca, subcuenca y micro cuencas, a fin de preservar la pureza y calidad del agua y garantizar que no sean afectadas por actividades contaminantes que dañen la salud, el medio ambiente y toda actividad agropecuaria.

Y ese era el tema que querían que se incorpore en el Acta que los ministros no suscribieron. Situación complicada porque los dos ministros tienen poca experiencia en el tratamiento de conflictos sociales y porque las consideraciones de seguridad hicieron que ellos tuvieran que abandonar la Mesa. Además, si bien la moratoria sonaba lógica para el tema de la minería informal, en el caso de la formal resultaba ser algo extremo.

LOS OTROS TEMAS DE FONDO

Hay varios temas que atraviesan estos dos conflictos. La relación entre la minería y las comunidades, la forma como este gobierno manejará los conflictos sociales, las expectativas de quienes votaron en primera vuelta por Humala y quienes lo hicieron en segunda, un espacio político que puede quedar vacío. Pero hay dos tópicos con los que me gustaría cerrar este post.

El primero, que ha sido poco abordado en estos primeros 100 días de gobierno, es la descentralización. Comenta Carlos Meléndez:

Efectivamente, los programas que impulsa el nuevo Gobierno son “renovados”: con Pensión 65, y los que se vienen, nos consolidamos en la ola de programas de transferencia condicionada -tan populares- y con tan buenos réditos políticos reeleccionistas que ha dado en el continente. Pero para que sea política estatal requiere entramarse dentro de los distintos niveles. El presidente Humala debe recordar que la legitimidad (cuya debilidad finalmente es lo que causa la crisis de representación) no solo se juega a nivel central. Si los gobiernos regionales y municipales fracasan, suman al descontento y avivan la insatisfacción. El Estado centralista arde –para parafrasear la reciente compilación de columnas de María Luisa del Rio- y Humala podría quemarse las manos si se queda con esas viejas estructuras centralistas tan seductoras para acumular poder, pero tan nocivas para transformar seriamente el país.

Y parte de los reclamos están justamente en cómo los gobiernos regionales no han sido suficientemente fortalecidos, el ordenamiento territorial es una demanda postergada - o que quiere ser abordada en un mega referéndum - y la descentralización debe ser reevaluada luego de 10 años de aplicación en la forma actual. Parte de los descontentos provienen porque, al ser la estructura regional débil (o al plegarse ésta a las protestas), se sigue esperando que el gobierno central sea quien resuelva los conflictos.

De hecho hoy Santiago Pedraglio en su columna comenta cómo los gobiernos regionales quieren tener mayor participación en la definición de políticas públicas vinculadas a la minería y el medio ambiente. La negociación por recursos y competencias entre gobierno nacional y gobiernos nacionales vuelve a ponerse entre las prioridades del Estado peruano.

A ello sumemos las expectativas que genera la Ley de Consulta Previa y su reglamento que, como señala Javier Torres, deben ser moderadas, dado que los conflictos sociales no se podrán solucionar únicamente con este instrumento.

Un segundo problema, que este gobierno, por su propia agenda, deberá enfrentar tarde o temprano, es el de los trade offs, es decir, aquellas situaciones en las que, para conseguir una cosa, se debe perder otra, lo que implica negociación. Tanaka ejemplifica esto en el tema minero y los equilibrios que deben alcanzarse:

¿Cómo llegar a ese equilibrio? Se puede buscar respuestas desde posturas ideológicas (del tipo “minería es progreso” o “minería es contaminación”), pero encerrarse en esos principios precisamente dificulta la negociación que se requiere. Las respuestas deberían surgir del análisis empírico, es decir, del análisis concreto de situaciones concretas. En cada proyecto en particular hay decisiones que tomar, cuya lógica no se puede generalizar, para lo cual se debe privilegiar lo que los estudios de impacto ambiental y social establezcan, siempre y cuando se hayan realizado por entidades confiables y de prestigio mediante procedimientos participativos.

Por tanto, el gobierno deberá ser consciente que no podrá satisfacer a todos los actores al mismo tiempo. Y los actores sociales (incluyendo el empresariado) deberán percatarse que no siempre se podrá ganar todo. Negociación es la clave para que el gobierno pueda llegar a sus objetivos y para que los extremistas de uno y otro lado queden fuera de juego.

MAS SOBRE EL TEMA:

En La Mula, Carlos Monge, Rolando Toledo y Javier Torres discuten los conflictos sociales vinculados a la minería.

La columna de Mirko Lauer

En la década de 1990, Alan García terminó librado de las acusaciones de corrupción y violaciones a los derechos humanos que se le imputaban. Dos fueron las razones centrales: el pobre trabajo que las entidades a cargo de las investigaciones realizaron en aquel momento pero, sobre todo, el uso político que el gobierno de Alberto Fujimori dio a estas indagaciones, lo que culminó en vulneraciones al debido proceso.

De allí que, caído Fujimori, García se acogió a la prescripción de los casos de corrupción y que, incluso luego del trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, no se encuentre hasta el momento alguna evidencia que lo involucre más allá de la responsabilidad política en casos de derechos humanos ocurridas durante su gobierno.

Culminado el segundo gobierno de AGP, la expectativa de un sector de peruanos es que los actos de corrupción ocurridos entre 2006 y 2011 puedan ser juzgados. Y de allí que se acrecentaran las expectativas por lo que pudiera hacer la comisión investigadora formada en el Congreso de la República.

Como conocemos, esta comisión ha terminado debilitada desde su formación. Y no solo por el caso Chehade y por la serie de dimes y diretes que culminaron en la salida de Javier Diez Canseco. Con la excepción de este último parlamentario, las bancadas no escogieron a personas con experiencia, sin posibles vinculaciones al gobierno anterior que pudieran ser sacadas en cara y que tuvieran pocas ansias de figuración.

Además, ninguno de los parlamentarios explicó adecuadamente a los ciudadanos que los resultados de la Comisión deben pasar por el Pleno del Congreso para ser aprobados y que las acusaciones constitucionales que pudieran derivarse de los posibles ilícitos encontrados tendrán que ser llevadas a la subcomisión respectiva para el trámite respectivo.

Si bien las comisiones investigadoras de los casos vinculados a Alberto Fujimori dieron varios resultados importantes, se ha hecho poca referencia en estas semanas al importante papel que tuvo la Procuraduría ad hoc para los casos Fujimori – Montesinos para ordenar información, repatriar fondos y tener un trabajo serio y profesional que condujo a las condenas conocidas por todos.

Por ello, el papel principal para investigar los actos de corrupción ocurridos durante el quinquenio anterior le deberá corresponder a dos entidades: el Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción. Esta última, asumiendo el rol de su predecesora a inicios de la década pasada.

(Columna publicada en Diario 16 el 10.11.2011)

MAS SOBRE ALGUNOS CASOS:

Petroaudios: A pedido de Procuraduría Anticorrupción, juez ordena captura internacional de Canaán y de principal funcionario de Discover Petroleum

BTR: Gerente de Cementos Lima confirma pagos a BTR, pero niega espionaje industrial

Cofopri: El post del martes en DTP sobre la sentencia de primera instancia

Por lo general, cuando aparece una denuncia periodística, se le da poco seguimiento y solo se queda en el escándalo inicial. Afortunadamente, en el caso COFOPRI, denunciado por IDL - Reporteros el año pasado, no ha sido así. Y lo mejor es que la historia termina con un final digno en el sistema de justicia, como cuenta César Romero de La República:

El ex secretario general de Cofopri Julio Calderón Rodríguez y el mercader de terrenos Oswaldo Chauca Navarro fueron condenados ayer a 11 años de prisión por su participación en la compra-venta de un terreno del Estado, al sur de Lima, a un precio subvaluado.

La misma pena de 11 años de cárcel se impuso al ex jefe de la Oficina Zonal de Lima-Callao de Cofopri Hernán Hidalgo Díaz y a los colaboradores de Chauca, Mery Campos Alarcón y Ana Salazar Olivares.

La sentencia impuesta por la Primera Sala Penal Anticorrupción Liquidadora, presidida por la juez superior Inés Tello de Ñecco, los encontró responsables de los delitos de colusión, cohecho y contra la fe pública en agravio del Estado.

En tanto, se impuso cuatro años de prisión a los ex funcionarios de Cofopri César Castagne Chung y Erika Serrano Arias, por falsedad genérica. Mientras que Pedro Hervacio Sánchez fue absuelto de todos los cargos en su contra.

Adicionalmente, a los que resultaron condenados les impusieron el pago solidario de 500 mil soles y la devolución de los terrenos de 30 hectáreas en la zona de Chilca, de los que pretendieron apropiarse.

Lo que se probó a lo largo del proceso es que hubo una concertación entre Chauca y los funcionarios de COFOPRI involucrados, a cambio de un beneficio económico para ellos, que el negociado de terrenos fue evidente y que se obtuvieron los lotes irregularmente, pagando por ellos un precio sustancialmente más bajo a su valor real. Todo un faenón que quedó evidenciado por la investigación desarrollada por el equipo liderado por Gustavo Gorriti y que ha terminado con una sentencia condenatoria. Ello demuestra que un caso llevado con celeridad con un buen tribunal puede terminar con una sanción contundente.

Pero el caso no termina allí. Quién había quedado como cabo suelto en esta historia es el ex jefe de COFOPRI y dirigente aprista Omar Quezada. Como contamos hace un par de meses, el hoy condenado Hernán Hidalgo implicó a Quezada en el caso. Y el Ministerio Público, hace unas semanas, solicitó que Quezada fuera comprendido como acusado en el caso, dado que incumplió una serie de deberes funcionales luego de tomar conocimiento de los hechos.

Sobre ello, Romero indica que:

Acogiendo el pedido de la fiscal Delia Espinoza, la 1ª Sala Penal Liquidadora ordenó remitir copias de las actas del juicio y de la sentencia a las fiscalías anticorrupción para que se investigue la presunta participación de Omar Quezada Martínez, ex jefe del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), en el negociado de los terrenos de Chilca.

Este es el primer caso de corrupción vinculado directamente a funcionarios del segundo gobierno de Alan García que termina con una sentencia. Cuidado que la serie de peleas, pleitos de egos y disconformidades en el marco de la Comisión Investigadora del Congreso, así como la dejadez del Ministerio Público respecto de otros faenones - caso Petroaudios, por ejemplo - no generen un clima de impunidad.

Ayer el Presidente de la República tuvo una extensa entrevista con cuatro periodistas que representaban a los principales canales de televisión del país. Aquí algunos comentarios sobre la conversación de ayer:

EL FORMATO: Cuando te enfrentas a una entrevista en panel, por lo general el beneficiado es el entrevistado, dado que reduces - sobre todo con las acotaciones de tiempo - el margen de repreguntas que te puedan hacer. Aún así, los cuatro entrevistadores (sobre todo Alvarez Rodrich y Cueva) aprovecharon para, desde el inicio, hacer preguntas incisivas y que iban al grano de lo que la gente quería saber. Un ejercicio interesante, cuyo antecedente más cercano eran las extensas conferencias de prensa televisadas de Fernando Belaúnde en su segundo gobierno.

CHEHADE: Luego de la entrevista de ayer, el casting para The Walking Dead o para un post del Valhalla está servido. La declaración presidencial es una invitación a irse, hecha en público, que implica en el fondo una pérdida de confianza. Para muchos, el Presidente pudo ser más incisivo en este punto. Chehade ha anunciado que en las próximas horas responderá a la invitación al “paso al costado” hecha por Humala. Hoy el Canciller se ha sumado al pedido presidencial.

INDICADORES: El punto más flojo de la intervención presidencial. Cualquier persona sabe que, para que una política pública o incluso un proyecto de ONG pueda ser medido en sus logros, es necesario que señale indicadores que nos permitan establecer si se cumplieron las metas. Humala no contestó bien la pregunta y, además, olvidó que en el libro blanco que veía en los comerciales sí habían datos y cifras para practicar dicha medición (según indicó hoy AAR).

AMNISTIAS Y ANTAURO: Deslindes claros frente a la absurda iniciativa presentada por su Ministro de Trabajo (hasta la CONFIEP dice que es nociva) y frente a su hermano a quien de cuando en cuando le dan tribuna para que confronte con el Presidente de la República. Aquí cortó por lo sano.

MINAS CONGA: Sobre esta papa caliente, Humala refirió:

“Vamos a respetar los acuerdos firmados nos guste o no. Si existe un malentendido lo tendremos que resolver mediante el diálogo”

Y esta va a ser una gran papa caliente, debido a que las posiciones de Yanacocha y de quienes se oponen al proyecto en este momento se proyectan como extremas. Ver la columna de Ernesto de la Jara en Diario 16 al respecto.

INVERSIONES: Discurso mucho más moderado que en Paraguay. Habló del diálogo para resolver conflictos con las empresas. Igual, queda claro que no le gusta mucho que las empresas se vayan en litigio contra el Estado.

CONSTITUCION: Tema cerrado por ahora, igual que la reelección. Por cuestiones de discurso y para evitar interpretaciones, en el futuro, debería decir sí o no, antes que optar por el “cerrado por ahora” debido a la ambigüedad del término.

INCLUSION SOCIAL: Intentó bajar ciertas expectativas, tanto en lo vinculado al gas como a la creación de hospitales en cada provincias. Insistió en la implementación del programa de desayunos escolares para el próximo año, así como en programas como Beca 18 y el flamante Pensión 65. Veremos cómo el MIDIS implementa los indicadores que ayer el Presidente no pudo precisar.

Palacio de Gobierno ha prometido que estas entrevistas se repetirán con todos los medios de comunicación. Y me quedó la sensación de que Humala está terminando de entender que no todo es posible de hacer o que las medidas que pretende tienen un costo, como señala Martín Tanaka:

En los últimos días se han realizado balances sobre los primeros cien días del gobierno, y se ha dicho correctamente que todas las evaluaciones son provisionales, dado que algunas definiciones básicas todavía no se han dado. Esas definiciones tendrán que venir necesariamente en el futuro, en torno a los trade-offs mencionados y a muchos otros que seguramente aparecerán. No es posible gobernar contentando a todos simultáneamente. Tanto el gobierno como la opinión pública debemos entender que en la política, así como en la vida, los trade-offs aparecen una y otra vez. Tener al mismo tiempo crecimiento e inclusión social en principio es posible, pero es algo que no se conseguirá sin costos políticos, tanto ante un sector de las elites como de los activistas de base.

Un aprendizaje que será puesto a prueba en los siguientes meses.

(Fotos: Presidencia Perú)

Hasta el día de hoy, el Grupo Wong no ha emitido pronunciamiento alguno sobre el caso Chehade. Su único vocero se ha manifestado únicamente sobre el pleito que tiene la empresa con el grupo Bustamante por el control de la azucarera Andahuasi, una disputa que lleva ya varios años.

El caso se ha concentrado en la figura política del vicepresidente, en parte porque sus contradicciones y omisiones lo terminan conduciendo a más revelaciones periodísticas, en parte porque existen medios de comunicación que no tocan casos vinculados a posibles anunciantes.  Felizmente, existen algunos espacios donde se ha comenzado a discutir el rol de los Wong en toda esta historia.

Ya Hildebrandt en sus Trece la semana pasada se había concentrado en las denuncias que los trabajadores de Andahuasi vienen realizando en contra del grupo Wong. Mientras que ayer La República comenzó a indagar en la pista de la famosa resolución judicial que permitiría a este grupo hacerse con el control final de la azucarera. Y todos los caminos conducían hacia Chiclayo.

La pregunta se caía de madura, ¿cómo la disputa de una azucarera ubicada en Lima Provincias termina en Lambayeque? Ayer Tribuna Abierta, el programa que conduce Rosa María Palacios, desentrañó el misterio a través de un reportaje de Daniel Yovera, que resume bien Diario 16:

Según un reportaje del programa Tribuna Abierta, para lograr un fallo a su favor, lo primero que hicieron es que su empresa Río Pativilca, que se disputa el control de Andahuasi, abriera una sucursal en el distrito chiclayano de José Leonardo Ortiz y la inscribió en la Sunat.

Es así que el 23 de octubre del año 2009, el representante legal de Río Pativilca, Antonio Palacios Tejada, presentó una demanda ante el Segundo Juzgado Civil Permanente de Lambayeque a cargo del juez Daniel Esquén Robles, para que la empresa azucarera Andahuasi le entregue la posesión de la planta industrial. Dicho juez admitió la denuncia.

Pasó el tiempo y el 30 de junio de este año el Segundo Juzgado Civil Transitorio, a cargo de la jueza Rosa María Mejía Chumán, declaró fundada la demanda de Río Pativilca (Grupo Wong) y ordenó al gerente general de Andahuasi Sociedad Anónima Abierta, inscrita en los registros públicos por Carlos Rivas Urteaga, a que entregue las instalaciones de la planta.

¿Quién es Carlos Rivas Urteaga? Nada menos que un ejecutivo vinculado al Grupo Wong. Es decir, que la demanda que presentó la empresa Río Pativilca contra Andahuasi Sociedad Anónima Abierta era un enfrentamiento entre el Grupo Wong y un trabajador de ellos. En otra palabras, Wong vs Wong.

Pero la jugarreta fue que Rivas Urteaga se allanó al proceso y aceptó la devolución de la planta industrial a la empresa Río Pativilca para que de esa manera la jueza Mejía Chumán pueda emitir –desde otra jurisdicción judicial  -la resolución y enviarla al juzgado de Sayán, que sí le competía, para que ejecute el exhorto. De este modo se concretó una leguleyada. Cuando un denunciado se allana, ya no se discute el tema de la jurisdicción.

Cualquier parecido con lo que ocurría con las cautelares que las partes en disputa en el caso Panamericana se interponían mutuamente no es mera coincidencia. Es el mismo modus operandi. Lo cierto es que, a la gravedad del problema político, se suma un grave problema empresarial y judicial, que configura un escándalo tan grave como el del vicepresidente reunido con tres generales de la Policía para discutir un desalojo en un restaurante de lujo. Lo que vuelve a llevar a la pregunta: ¿cuál es la vinculación de los Chehade con el grupo Wong?

A estas alturas, la permanencia de Omar Chehade como segundo vicepresidente es insostenible. La serie de evidencias que desmienten su primera versión en los casos en los que se ha visto involucrado es tal que el gobierno termina dañado con cada día que pasa y que el congresista ni siquiera pida una licencia del cargo. Veamos un resumen de lo que pasó esta semana.

1. LAS CONTRADICCIONES DE LA PRESENTACION DE CHEHADE:

El miércoles, Chehade fue a la Comisión de Ética del Congreso de la República y su presentación fue francamente lamentable. El mejor resumen de sus propias contradicciones y omisiones lo presentó El Comercio en su edición de ayer:

SOBRE LA REUNIÓN
“[Bueno, ¿y el tema de Andahuasi?, se le preguntó] El tema de Andahuasi nunca se tocó. La mentira del general Arteta quedará grabada en los anales de la historia”. (17/10/2011)
“Yo dije que nunca se tocó el tema de Andahuasi como pedido de orden de desalojo, pero nunca dije que no se tocó como un tema tangencial”. (2/11/2011)

SOBRE EL ORIGEN DE LA REUNIÓN
“¿Cuál fue el objeto de la reunión? […] Ver temas referidos al estadio Monumental. […] También tocamos temas de inteligencia y de seguridad ciudadana”. (17/10/2011)
“[La reunión] era para agradecerle por haber puesto un agente de seguridad en la campaña, el tema del estadio Monumental y temas de seguridad ciudadana en Lima”. (2/11/2011)

SOBRE LA PRESENCIA DE GAMARRA
“[El general Salazar] dijo que Guillermo Arteta vaya a la reunión para que vea temas de seguridad y Abel Gamarra vea temas de inteligencia”. (17/10/2011)
“Le dije a mi hermano que le diga a Salazar que convoque a Gamarra, que en ese momento pensaba que seguía como jefe policial de Lima provincias”. (2/11/2011).

Para complicar más su panorama, Chehade había pedido una semana la postergación de su participación en la Comisión de Ética para preparar su caso. Pero Caretas descubrió que Chehade estaba “preparando su caso” en el principal destino turístico del país:

2. LOS POLICIAS:

La situación de algunos de ellos se complica bastante. Como indica Diario 16, resumiendo su presentación el miércoles en la Comisión de Fiscalización:

En la Comisión de Fiscalización del Congreso, los generales Raúl Salazar, Abel Gamarra y Guillermo Arteta expusieron versiones distintas aunque con una única coincidencia que refuta lo dicho inicialmente por Chehade: en la cita sí se habló de la problemática de Andahuasi.

Las discrepancias residen en quienes fueron las personas que introdujeron el tema Andahuasi en la cena. El general Gamarra no pudo justificar por qué vino a Lima por un viaje médico y ni siquiera se acercó al consultorio. Y el general Salazar tampoco pudo justificar cómo le brindó ayuda de seguridad al vicepresidente, a través de su hermano Miguel, si dijo que no conocía a los hermanos Chehade. Ello, entre otras contradicciones en las distintas versiones que dieron.

Lo cierto es que el tema parece haber colmado la paciencia del Ministro del Interior, Oscar Valdés. Según indica hoy La República, el ajuste en los ascensos en la Policía Nacional obligará a que 8 generales pasen al retiro a final de año. En la lista estarían los generales Salazar y Gamarra, por el caso Chehade.

3. EL POTAO

Aquí es donde la historia se complica más para el Vicepresidente. El domingo, el programa Sin Medias Tintas presentó la resolución sin fecha ni firma que favorecía al Grupo Wong en el caso Andahuasi. Y ya comenzó el cubileteo entre los jueces que estaban a cargo del caso (¡en Chiclayo!) para echarse la pelota sobre la autoría de la dichosa resolución.

Dicho sea de paso, el grupo Wong hasta ahora no ha dicho nada sobre Chehade. Sí se ha pronunciado sobre el caso Andahuasi, pero echándole la culpa de las disputas judiciales al otro grupo en disputa. Los Wong terminan este caso con la imagen deteriorada, luego de más de 30 años de haber consolidado una posición de identificación con el público y de buena performance empresarial. Peor aún, con denuncias sobre agresiones a balazos.

Pero volvamos a la resolución. De acuerdo con la versión del general Arteta, Miguel Chehade y Miguel León Barandiarán le llevaron el documento a las instalaciones del cuartel policial El Potao, donde él despachaba. Hasta el momento, solo había una persona allegada a Arteta que confirmaba su versión. Pero ayer IDL-Reporteros indicó que:

No solo hubo un testigo de la visita de su hermano Miguel Chehade y de Miguel León Barandiarán, al cuartel de El Potao. Hubo por lo menos seis.

Esta noche, el programa Tribuna Abierta, que dirige Rosa María Palacios, dio a conocer los nombres de casi todos esos testigos.

Ahora, IDL-Reporteros precisa sus nombres y relata la visita a El Potao de Chehade y León Barandiarán, a partir del testimonio de aquellos.

Las personas que desmienten a Chehade son las siguientes (en orden de aparición):

• Alférez PNP Jhonnatan Mendoza;

• Suboficial PNP Vanessa Quinto;

• Suboficial PNP (r) Teresa Chotón;

• Coronel PNP (r) Gilbert Raúl Soto;

• Suboficial PNP Maritza Silva Trinidad;

• Capitán PNP (r) Richard Salas.

Todos ellos vieron de cerca a Chehade y León Barandiarán en El Potao, el 6 de octubre (…).

Y luego se narra cual fue la secuencia de circunstancias en las que estas 6 personas vieron a ambos personajes en la referida instalación policial. Y todos ellos van a ir a declarar al Ministerio Público durante la próxima semana. Como decía el propio Chehade en un tuit esta semana, la verdad se abre paso.

4. PARA REMATAR EL PAPELON:

Ayer la bancada de Gana Perú se fue con todo contra los miembros de la Comisión de Ética, en lo que algunos han interpretado como un blindaje a Chehade. Hoy el vocero de la bancada nacionalista Freddy Otárola ha tenido que recular y respaldar la labor de esta Comisión. Y es que desde la prensa, se venían columnas como ésta de AAR:

¿Qué puede haber ocurrido en tan breve lapso para motivar el súbito cambio de opinión del partido Gana Perú? Por un lado, podría ser la creencia de que la salida tan pronta del vicepresidente constituiría un fuerte revés político que desgastaría al gobierno. Por el otro lado, no se puede descartar que Omar Chehade haya transmitido el mensaje a Palacio de todos los secretos que él puede revelar –incluyendo el caso Madre Mía o manejos irregulares de campaña– si es que lo dejan caer.

Sobre el caso Madre Mía como hipótesis tengo mis dudas. Las declaraciones de Chehade sobre dicho caso quedarían invalidadas por la vulneración al secreto profesional que ello supondría (si es que asumimos que tiene algo que pueda incriminar a Humala), por lo menos en la esfera judicial.

Lo que sí considero que está ocurriendo en Gana Perú - y se nota en las declaraciones de sus voceros y hasta la reacción de sus simpatizantes en redes sociales - es que se han comprado por entero la existencia de una conspiración “de la derecha” para cercar al gobierno, limitar su accionar y, si se puede, derrocarlo. No niego que existan algunos diarios que, leyendo mal la realidad, creen que la mejor forma de hacer oposición es demoler a todas las figuras que les parecen antipáticas y que siguen soñando con un fantasma chavista en Palacio de Gobierno. Y tampoco niego que existan entusiastas de algún movimiento de tanques que mande a Humala a su casa (o al destierro).

Pero creo que el gobierno olvida que estas personas, por más bulla que hagan, no tienen la influencia ni los medios suficientes como para conseguir lo que quieren. Por el contrario, comprándose estas hipótesis, termina dándoles mayor importancia de la que realmente tienen. Y la denuncia contra Chehade no ha venido de ese sector, sino más bien de una unidad de investigación dirigida por un periodista que apoyó abiertamente la elección de Humala y que, una vez elegido el Presidente, pasa a hacer lo que corresponde: fiscalizar al poder, denunciar cuando existan pruebas para hacerlo y establecer cuando un político ha faltado a la verdad.

Por tanto, por cada día que pase sin que se tome una decisión respecto a Chehade, en la creencia de que con ello no cae “en el juego de la derecha”, terminará haciéndole un favor a sus rivales y sobre todo, perdiendo credibilidad ante la ciudadanía.

Si bien la ausencia de una oposición con objetivos políticos y el descrédito de algunos medios que han querido jugar a opositores petarderos le ha facilitado la vida, comienzan a sumarse una serie de problemas en el gobierno de Ollanta Humala en los que se requieren más que tuits o declaraciones ambiguas para precisar el rumbo que tendrá el país en los próximos cinco años. ¿Cuáles son esos temas?

Derechos humanos: Las declaraciones de los ministros Mora y Vega son inaceptables para cualquier estado democrático que se precie de serlo y resultan contradictorias con lo que piensa un importante sector del gobierno sobre el respeto a los derechos fundamentales. Pero se requiere que el propio Ollanta Humala o Salomón Lerner Ghitis sean claros y precisos sobre la posición oficial acerca de esta materia.

Trato con la inversión privada: Es cierto que resultó impertinente que las autoridades españolas tocaran el tema de los procesos judiciales de Telefónica con la Sunat en la reunión bilateral que tuvieron con Humala en Paraguay. Pero el discurso que tuvo el Presidente de la República en la Cumbre Iberoamericana, más allá del fastidio natural, hizo recordar a algunos los mensajes que daba antes de su aggiornamiento. El Presidente debe tener claro que las empresas pueden reclamar ante el Poder Judicial, que debe seguir generando confianza y que el Estado no podrá tener la razón en todos los casos.

Medio ambiente y trato con las comunidades: Aquí tiene dos papas calientes. La primera, en curso, es el conflicto por el proyecto Minas Conga que enfrenta a Yanacocha con comunidades de la provincia de Celendín, donde ambas partes tienen información y posiciones diametralmente opuestas. La segunda es la elaboración del Reglamento de la Ley de Consulta Previa, en la que inversionistas y organizaciones no gubernamentales han expresado sus preocupaciones porque el mismo favorezca a la parte contraria. Puntos en los que el gobierno tiene que hilar bastante fino, sin dejar de tomar decisiones.

Corrupción: Más allá del destino final de Omar Chehade, es necesario que el Poder Ejecutivo comience a fortalecer los organismos de lucha contra la corrupción ya existentes. Además de la Procuraduría Anticorrupción, se prometió un ente similar destinado a altos funcionarios que no se ha creado hasta el momento. Se requiere, por tanto, cumplir con esta promesa.

Estos cuatro puntos serán claves para definir el rumbo final de esta administración.

(Columna publicada en Diario 16 el 03.11.2011)

MAS BALANCES DE LOS 100 PRIMEROS DIAS: Patricia del Río, Eduardo Dargent, Augusto Álvarez Rodrich

Para algunos, un buen ejercicio lúdico. Para otros, un termómetro de lo que piensan las élites (o quienes las analizan) sobre sí mismos. Hay quienes le restan importancia y existen quienes se desesperan si no salen en ella o bajan algunos puestos. La Encuesta del Poder de Apoyo es una tradición y, como ya es costumbre en este blog (ver comentarios de 2008, 2009 y 2010), aquí van algunos comentarios sobre los resultados de este año.

LA PRESENCIA DE NADINE: Anteriormente dos esposas del Presidente de la República (Violeta Correa y Eliane Karp) habian llegado al top ten en la Encuesta. ¿Por qué el caso de Nadine Heredia es diferente? Porque a pesar del alto perfil de ambas damas, nunca se había sentido que una sociedad matrimonial y política se había instalado en Palacio de Gobierno. Y a pesar que Heredia cuida mucho las formas, el peso que tiene es innegable: desde su rol detrás de bambalinas en las entrevistas que da Ollanta Humala hasta en los consejos para la conformación del gabinete y de las asesorías de su esposo.

PODER FEMENINO: Entre los 30 primeros lugares existen 7 mujeres. Además de Heredia, se encuentran (en orden en la Encuesta) Keiko Fujimori, Marisol Espinoza, Susana Villarán, Martha Meier Miró Quesada, Rosa María Palacios y Beatriz Merino. Y hay que mencionar la presencia de varias mujeres en categorías como políticos de la nueva generación con influencia, periodismo, farándula y cultura ¿Incremento del poder femenino? Hans Rothgiesser matiza esta opinión y señala que, si bien la situación de las mujeres en el Perú ha tenido ciertas mejoras en los últimos años, su aparición en la Encuesta del Poder no responde a un ascenso sistemático, sino que:

se trata de mujeres excepcionales que de alguna u otra manera sortearon los obstáculos que en la sociedad persisten y que impiden que ellas en general puedan competir en igualdad de condiciones con los hombres en el mercado laboral.

EL ENTORNO DEL PRESIDENTE: Además de Heredia, dos personas cercanas a Ollanta Humala aparecen entre los 10 primeros: Salomón Lerner Ghitis, Presidente del Consejo de Ministros con bastantes contactos políticos y empresariales y Daniel Abugattás, nexo central con Gana Perú y el Congreso de la República. Pero entre los 30 aparecen dos personajes claves para la construcción del político que hoy es Humala: el asesor brasilero - argentino Luis Favre y el Ministro de Transportes y Comunicaciones y amigo personal Carlos Paredes Rodríguez.  Todos comparten una condición común, a pesar de sus personalidades diversas: son funcionales a los objetivos del Presidente de la República. De allí que estén en dichas posiciones expectantes. Más sobre ellos en un reportaje hecho por Poder en su edición más reciente.

Quien sorprende por su no aparición es el asesor presidencial en temas de seguridad Adrián Villafuerte, cuyos detractores lo sindican como una suerte de Montesinos en potencia y sus defensores lo califican como un militar disciplinado y austero. Incluso su influencia es percibida por los encuestados como baja frente a los antes mencionados y al Ministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla. Probablemente sea porque quienes respondieron el sondeo circunscriben su presencia al aspecto estrictamente castrense.

Sobre quienes deben escuchar o no el Presidente, el cuadro que presenta hoy Perú.21 muestra como los encuestados privilegian la variable económica por sobre otras:

LOS EX PRESIDENTES: Dos de los cuatro ex presidentes vivos se encuentran en el top ten: Alejandro Toledo y Alan García son dos personajes que van a seguir jugando un papel en la política peruana, probablemente porque muchos consideran que competirán en su última campaña en el 2016. Pero también por su peso específico por su bancada parlamentaria (Toledo) o su rol como opositor (García).

Los otros dos mandatarios vivos se encuentran en el retiro político: Francisco Morales Bermúdez no da muchas declaraciones públicas y Alberto Fujimori está sumido (junto a su partido) en las dilucidaciones sobre si pide o no un indulto por razones humanitarias. De hecho, Fujimori no está entre los 30 primeros este año.

LOS EMPRESARIOS: Como en años anteriores, presencia fuerte de los grupos Romero, Brescia y Benavides, tanto entre empresarios, como entre gerentes. En el caso empresarial, sigue estando arriba en percepción Dionisio padre sobre Dionisio hijo. Entre los gerentes, probablemente Leslie Pierce salga de la lista el próximo año, debido a su retiro de Alicorp. Quien viene teniendo un poder cada vez más importante es Carlos Rodríguez Pastor, cabeza del grupo Interbank, una de las personas con mayor proyección para los próximos años, pero quien, a su vez, tiene un perfil bajo en prensa.

INTELECTUALES Y ARTISTAS: En el caso de los intelectuales, aparece la troika presente en los últimos años: MVLL (quinto en la general), Julio Cotler y Hernando de Soto. Pero a ellos se ha añadido este año Sinesio López y Marcial Rubio. Mi interpretación es que la presencia de Sinesio se debe, además de sus méritos académicos, a la cercanía que tiene con el actual gobierno. En el caso de Rubio, representa al peso que tiene la PUCP en este ámbito.

En cuanto a los artistas, lídera Fernando de Szyzslo, como desde hace varios años. Y hay dos presencias relativamente sorpresivas: Susana Baca, quien gana peso por ser la Ministra de Cultura, mientras que Gastón Acurio, ubicado en los últimos años entre los empresarios, pasa a estar en esta categoría, por su influencia en la expansión y difusión de la gastronomía peruana.

LOS PERIODISTAS: Liderazgos cantados: Raúl Vargas en radio, Rosa María Palacios en televisión y Augusto Álvarez Rodrich en prensa escrita. En el caso de los dos últimos, tienen presencia en tres categorías cada uno de ellos. Las apariciones más importantes son, en televisión, Mónica Delta - quien recupera cierto peso que tuvo a fines de los 90s - y Beto Ortiz (debido a lo que hizo en la campaña electoral) y en prensa escrita, Martha Meier Miró Quesada, no solo por representar al grupo El Comercio sino porque los encuestados la vinculan con varias de las decisiones tomadas por el diario decano durante la última campaña electoral.  Quienes hace años también están en las listas son Jaime de Althaus, César Hildebrandt y Aldo Mariátegui. Lo de Hildebrandt, más allá de discrepancias en varios temas y estilos con él, resulta meritorio por mantener un semanario que vive exclusivamente de sus ventas.

En el caso de la web, Marco Sifuentes aparece en primer lugar por tercer año consecutivo. Sale de la lista Cecilia Valenzuela, quien estuvo en los dos años anteriores. La web de El Comercio tiene peso propio más allá de quien sea su editor (y sobre todo, por el consumo de la misma como fuente de información, aunque surgen críticos sobre el peso de las noticias frívolas). Aparecen en la lista la plataforma de blogs y programas para internet La Mula, de la Red Científica Peruana y Rosa María Palacios debido al éxito de su cuenta en Twitter. Y por allí mencionan a este blog, por razones que aun no comprendo del todo.

PODER EXTERNO: Finalmente, quien es percibido como el país que más influenciará al Perú en los siguientes años es Brasil, seguido de Estados Unidos. Ambos por razones obvias. En un caso, la cercanía del Presidente de la República al modelo de Lula y Dilma. En el otro, por el peso específico de la mayor potencia del mundo. China no es mencionado entre los países influyentes, pero si lidera la lista de las naciones con las que se incrementará el intercambio comercial.  Y claro, no sorprende que aparezcan entre la lista de influencias Venezuela, Cuba, Argentina o Ecuador, países a los que algunos siguen percibiendo como demasiado cercanos a Ollanta Humala.

(Caricatura: Heduardo para Perú.21)