Por lo general, cuando aparece una denuncia periodística, se le da poco seguimiento y solo se queda en el escándalo inicial. Afortunadamente, en el caso COFOPRI, denunciado por IDL - Reporteros el año pasado, no ha sido así. Y lo mejor es que la historia termina con un final digno en el sistema de justicia, como cuenta César Romero de La República:
El ex secretario general de Cofopri Julio Calderón Rodríguez y el mercader de terrenos Oswaldo Chauca Navarro fueron condenados ayer a 11 años de prisión por su participación en la compra-venta de un terreno del Estado, al sur de Lima, a un precio subvaluado.
La misma pena de 11 años de cárcel se impuso al ex jefe de la Oficina Zonal de Lima-Callao de Cofopri Hernán Hidalgo Díaz y a los colaboradores de Chauca, Mery Campos Alarcón y Ana Salazar Olivares.
La sentencia impuesta por la Primera Sala Penal Anticorrupción Liquidadora, presidida por la juez superior Inés Tello de Ñecco, los encontró responsables de los delitos de colusión, cohecho y contra la fe pública en agravio del Estado.
En tanto, se impuso cuatro años de prisión a los ex funcionarios de Cofopri César Castagne Chung y Erika Serrano Arias, por falsedad genérica. Mientras que Pedro Hervacio Sánchez fue absuelto de todos los cargos en su contra.
Adicionalmente, a los que resultaron condenados les impusieron el pago solidario de 500 mil soles y la devolución de los terrenos de 30 hectáreas en la zona de Chilca, de los que pretendieron apropiarse.
Lo que se probó a lo largo del proceso es que hubo una concertación entre Chauca y los funcionarios de COFOPRI involucrados, a cambio de un beneficio económico para ellos, que el negociado de terrenos fue evidente y que se obtuvieron los lotes irregularmente, pagando por ellos un precio sustancialmente más bajo a su valor real. Todo un faenón que quedó evidenciado por la investigación desarrollada por el equipo liderado por Gustavo Gorriti y que ha terminado con una sentencia condenatoria. Ello demuestra que un caso llevado con celeridad con un buen tribunal puede terminar con una sanción contundente.
Pero el caso no termina allí. Quién había quedado como cabo suelto en esta historia es el ex jefe de COFOPRI y dirigente aprista Omar Quezada. Como contamos hace un par de meses, el hoy condenado Hernán Hidalgo implicó a Quezada en el caso. Y el Ministerio Público, hace unas semanas, solicitó que Quezada fuera comprendido como acusado en el caso, dado que incumplió una serie de deberes funcionales luego de tomar conocimiento de los hechos.
Sobre ello, Romero indica que:
Acogiendo el pedido de la fiscal Delia Espinoza, la 1ª Sala Penal Liquidadora ordenó remitir copias de las actas del juicio y de la sentencia a las fiscalías anticorrupción para que se investigue la presunta participación de Omar Quezada Martínez, ex jefe del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), en el negociado de los terrenos de Chilca.
Este es el primer caso de corrupción vinculado directamente a funcionarios del segundo gobierno de Alan García que termina con una sentencia. Cuidado que la serie de peleas, pleitos de egos y disconformidades en el marco de la Comisión Investigadora del Congreso, así como la dejadez del Ministerio Público respecto de otros faenones - caso Petroaudios, por ejemplo - no generen un clima de impunidad.
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8 Noviembre 2011 a las 5:41 pm
Excelente noticia, es un buen comienzo pero en el gobierno anterior hay muchos mas casos de corrupción. Cuando caiga Alan igual que cayo Fujimori será un hito mas en la consolidación de un poder judicial eficaz.
Quizas entonces regresen los hermanos de Fujimori a ponerse a derecho ya que hay muestras evidentes que el PJ esta mejorando mucho, verdad Escarabajo? jajajaja
10 Noviembre 2011 a las 9:01 am
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10 Noviembre 2011 a las 4:30 pm
Una consulta: ¿Es correcto que el juez disponga a los sentenciados devolver los terrenos ilegalmente adquiridos? ¿No sería más apropiado que el juez oficie a la SUNARP disponiendo la anulación, tacha o extorno de la inscripción fraudulentamente obtenida?
13 Noviembre 2011 a las 1:24 pm
A eso me refiero, que sea el Poder Judicial que lo diga y a quienes resulten responsables que les caiga todo el peso de la ley como debe ser.
De una buena vez por todas métanse en la cabeza dos cosas: una que ese no es el gobierno aprista, es el acto de malos funcionarios que cuando asumen un cargo no tienen en la frente un letrero que diga yo entro al gobierno para delinquir y segunda que los actos de corrupción cometidos por terceros -a menos que el Presidente los avale- no lo alcanzan (cada uno es responsable de sus actos) ¿Qué diablos tiene Alan García que ver con eso?