Ayer en Pasando Revista, el programa que tenemos en La Mula, estuvimos con el ex Fiscal Supremo Avelino Guillén, conocido por todos al haber participado en los juicios que permitieron las condenas a Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos y corrupción.
Con él conversamos sobre las acciones que desde el Estado se deben emprender para enfrentar los casos de corrupción. Y la conclusión es que, en el caso de altos funcionarios, tiene que existir el concurso de varias entidades para evitar la impunidad de este tipo de situaciones y, por tanto, generar desconfianza en la ciudadanía y perjuicios para el desarrollo del país.
En su columna de ayer, Augusto Álvarez Rodrich mencionó que, más allá de los errores políticos de ciertas autoridades del gobierno, existe una coalición conservadora – conformada por algunos políticos, empresarios, representantes eclesiales, manejadores de imagen con vocación de cofradía y medios genéticamente descompuestos – dispuesta a petardear a quienes levantan algunas banderas de cambio social o a quienes defienden un liberalismo que va más allá de la macroeconomía.
Y son los mismos que están obsesionados con que Ollanta Humala es un émulo de Hugo Chávez o que Nadine Heredia pretende ser la próxima Cristina Fernández (a pesar que la ley y las condiciones políticas peruanas lo impiden).
Pero en el otro lado también existen los radicales. Durante estas semanas de gobierno he visto, en personas que otrora eran críticas de cada paso del gobierno de Alan García, una complacencia a prueba de balas frente a errores del gobierno o silencios que llaman a sorpresa. He leído en redes sociales una defensa a ultranza de la ministra García Naranjo desde algunos sectores de izquierda, en una forma que solo había visto en apristas frente a los dislates de sus compañeros.
O se termina apelando, como algunos, a la teoría de la conspiración. Ello sin percatarse que los errores políticos, las declaraciones inoportunas y los nombramientos desacertados son de exclusiva responsabilidad del oficialismo. Y los cheerleaders nacionalistas deberán percatarse que armarle una marcha de respaldo le hace un flaco favor a Ollanta Humala.
El problema es que podemos tener un escenario parecido al del gobierno de Toledo: entre reformas que se paralizan, acusaciones de acciones de “la mafia” y una vocación petardera de un sector de la oposición. Y con ello, tareas cruciales que no se realizan.
Inclusión social es una palabra que está en boca de todos. Pero que puede convertirse en un bonito membrete sin sustancia si es que desde el Estado y la sociedad no se toman acciones efectivas para enfrentar este problema. Y uno de los tópicos vinculados es la discriminación.
“Para empezar, el Perú debe internalizar que tiene una gran diversidad de etnias. Digo esto porque muchas veces una persona no es convocada a una entrevista de trabajo solo porque no tiene los patrones de la llamada belleza occidental”, dice Francisco Galarza, quien ha desarrollado la investigación titulada “Discriminación en el mercado laboral de Lima: Un análisis experimental”.
El experimento de Galarza consistió en enviar currículos para 2.228 puestos de trabajo, entre el 12 de junio del 2011 y el 21 de agosto de este mismo año, para cubrir plazas de técnicos en contabilidad, ingenieros –sobre todo de minas–, economistas y otras labores en las que no era necesario tener estudios superiores.
Un grupo de estos documentos pertenecían a personas con apellidos de origen extranjero acompañados de fotografías de gente con rasgos blancos. Mientras que un segundo paquete de currículos tenía apellidos e imágenes de personas con rasgos andinos muy marcados.
¿El resultado? Quienes más prefirieron convocar a personas con rasgos blancos fueron los empleadores que solicitaban trabajadores no calificados. Los segundos en discriminar a personas con rasgos andinos fueron los sectores que pedían profesionales calificados, mientras que en los técnicos no se observó algún tipo de discriminación.
(…)
El postular a un trabajo y ser aceptado es el primer filtro a la discriminación que todos deben pasar. El segundo tiene que ver con el sueldo. Según el profesor Gustavo Yamada, si damos una mirada general a este tema se puede afirmar que las personas de origen andino tienen un salario 50% menor que aquellos trabajadores no andinos. Sin embargo, refiere que hay que tener mucho cuidado con este dato. “Porque aquí está incluida la variable acceso a educación y ruralidad de las personas”, precisa.
En su investigación titulada “Diferencias étnicas en el mercado laboral peruano: un estudio comparativo de brechas de ingreso”, Yamada afirma que la diferencia de sueldos o salarios entre las personas de origen andino y las que no lo son, tiene su origen en la falta de acceso, de los primeros, a la educación.
“Los empleadores buscan personal más calificado y por esto las personas indígenas son las más excluidas, porque no tienen el mismo acceso al sistema educativo que una persona de origen no andino”, explica.
Pero también las brechas se generan por la variable de género. Hans Rothgiesser, de Semana Económica, precisa que este es un problema global, a partir de lo que señala otro estudio elaborado en la Universidad del Pacífico:
Una de las conclusiones a la que llega es que las mujeres son discriminadas en las empresas grandes en el sentido en el que no permiten modelos laborales que ofrezcan la posibilidad de un balance entre la familia y el trabajo. No obstante, conforme una mujer escala en la organización hay más posibilidades de poder acceder a un modelo laboral más flexible que sí permita ese equilibrio. Sin embargo, muchas mujeres se retiran de esa carrera antes de llegar a esos puestos. Es decir, la evidencia mostraría que no habría tanta discriminación por género en los procesos de reclutamiento o de selección de personal de estas grandes empresas, sino más bien en los procesos de ascensos.
Uno podría verse tentado a lamentarse y hablar sobre cómo la sociedad peruana es machista y que por eso se dan estos cuadros. Pero la verdad es que éste es un fenómeno mundial. Por ejemplo, en setiembre la consultora McKinsey sacó un documento que trataba precisamente este tema, Changing companies’ minds about women. En éste se comenta cómo los líderes que realmente pretenden colocar a mujeres en los puestos más altos tienen que enfrentar barreras invisibles que las están retrasando en sus procesos de ascenso. Esto en un contexto en el que todas las corporaciones alegan estar comprometidos con la eliminación de esas barreras, pero en el que los resultados no demuestran que ese compromiso sea sincero. Por ejemplo, solamente el 3% de las CEO de las empresas del Fortune 500 son mujeres. El 3% es, pues, casi nada. Según McKinsey, la siguiente generación tendrá como obstáculo desmantelar estas barreras invisibles, las cuales en muchos de los casos son mentales. Aparentemente cuando gerentes de alto vuelo se comprometen con reducir la discriminación por género en estas organizaciones realmente tienen la intención de hacerlo. Pero en el momento de la verdad, surgen creencias y prejuicios que hacen que en la práctica esta forma de discriminación perdure.
Como podemos ver, aquí hay dos variables en juego. De un lado, educación con miras a reducir la brecha étnica (de hecho, Yamada concluye que es mejor optar por la educación bilingüe, en castellano e idioma indígena, por traer mejores resultados). Y del otro, formación cultural de los empleadores con miras a ir eliminando las barreras de género y raciales que se encuentran en la base de sus procesos de toma de decisión sobre contrataciones y ascensos.
Sí, leyó bien. Eso dice el cartel. No le falta una D por delante. Otro peruano residente en Estados Unidos, cuando estuvo de visita en Lima en 2009, tomó esta foto en el mismo club, imagen que Adaui presenta en su blog:
“Nosotros tenemos baños para niños, ancianos y personal (…) eso es distinción”, declaró un vocero del Country Club de Villa, sede Chosica, a Lamula.pe que buscó su versión sobre el tema.
De acuerdo al representante de esta institución no se trata de caso de discriminación, sino que responde a un asunto de “distinción”.
Como decía un spot gubernamental de inicios de la década de 2000, para que el país cambie, solo falta que cambiemos nosotros.
Uno de los casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos durante los últimos 30 años fue el asesinato de Indalecio Pomatanta. Lo que le ocurrió en 1995 fue un hecho atroz, descrito por los abogados del Instituto de Defensa Legal:
Aproximadamente a las 05:30 de la mañana del 2 de abril de 1995, la patrulla “Aries” ingresó al domicilio de la familia Pomatanta Albarrán para Interrogar a Indalecio Pomatanta (17). Luego de esto,los efectivos le rociaron tres galones de gasolina por todo el cuerpo y le prendieron fuego; en el momento de los hechos criminales se encontraban presentes el entonces ex – comandante de la Base de San Alejandro, Andrés Egocheaga Salazar, el Teniente Primero Jorge Luís Rabanal Calderón, y los miembros de la patrulla José Spencer Guido Dávalos, Pedro Rodríguez Rivera y Mario Peña Ramírez.
Apenas concluido el crimen, el Comandante de la Base ordenó inmediatamente el retiro de toda la patrulla sin prestar ningún tipo de ayuda, además se ordenó el bloqueo de la carretera Federico Basadre, para asegurar que la víctima no reciba el auxilio médico correspondiente.
Indalecio Pomatanta ingresó al Hospital Regional de Pucallpa en la tarde del mismo día, fue internado en el pabellón de quemados, donde permaneció cuatro días con vida; durante los cuales mantuvo plena conciencia y pudo ofrecer una entrevista televisiva, denunciando a los responsables del crimen. El 6 de abril, Pomatanta Albarrán falleció producto de las graves quemaduras que cubrían el 65% de su cuerpo.
Este hecho fue judicializado y, en 2009, la Sala Penal Nacional emitió una primera sentencia sobre el caso. Allí se condenó a Egoechega Salazar a 20 años de prisión, se dejó en suspenso el juicio contra Guido Dávalos por estar prófugo de la justicia y se absolvió a los demás procesados. Un año más tarde, la Corte Suprema de Justicia señaló que debía realizarse un nuevo juicio oral ante la SPN, para una mejor valoración de las pruebas.
Ese segundo juicio oral culminó ayer en forma bastante inquietante. La lectura de sentencia, programada para las 5:30 pm, recién se hizo a las 11:20 pm, es decir, 6 horas después. La sentencia reconoció que todos los hechos narrados líneas arriba son ciertos. Pero el fallo emitido fue el siguiente, según indica Spacio Libre:
Luego de una espera de seis horas, pasada las 11 de la noche, la Sala Penal Nacional inició la lectura de sentencia, para determinar 14 años de prisión y el pago de 200 mil soles, contra el comandante de la Marina, Andrés Egoechaga, encontrándolo responsable de las lesiones y muerte del menor Indalecio Pomatanta, quemado vivo en el año 1995.
La fiscalía apeló la decisión de la Sala, conformada por Ricardo Broussett Salas, Clotilde Cavero Nalvarte y Teófilo Salvador Neyrar toda vez que habían solicitado 25 años para Egoechaga a quien se le acusa de haber liderado la denominada operación “Aries” donde se intervino al joven de 17 años acusándolo de colaborar con los terroristas, ocultando armas.
La sentencia, determina que Egoechaga dirigió la operación, intervino a Pomatanta, lo roció con gasolina y amenazó con quemarlo vivo, además de impedir que fuera auxiliado por otros integrantes del comando. Pese a ello, la sentencia está por debajo de lo establecido por el delito de homicidio calificado.
Así mismo, la Sala no encontró pruebas que responsabilicen a los otros marinos procesados, El tribunal desestimó responsabilidad en los otros integrantes del comando, procesados por este caso, entre ellos, el teniente Jorge Luis Rabanal Calderón, aun en actividad.
Dos puntos controvertidos hay en esta sentencia. El primero es el tema de las absoluciones, como se indica en Spacio Libre:
Tal como se advirtió, no se encontró culpabilidad en los marinos Pedro Rodriguez, Mario Peña y Jorge Rabanal, este último oficial en actividad, a pesar, de que se ha demostrado que no solo estuvieron presentes en el lugar de los hechos a una muy corta distancia sino que brindaron seguridad y de esa manera garantizaron que el crimen se ejecute.
Digamos, al menos la complicidad o la participación en este suceso debió ser penalizada. Pero lo más increible es el segundo punto: que Egoechaga haya sido sancionado con una pena por debajo del mínimo legal previsto para un homicidio calificado, cometido además con la crueldad ya descrita. Y el colegiado tiene argumentos francamente criticables. Señala Carlos Rivera, abogado de los padres de Indalecio Pomatanta:
“El argumento del tribunal es una cosa impresionante. Dice que se le aplica esos14 años porque argumenta que es un reo primario, es decir, es la primera vez que quema a alguien, pero hay que esperar una segunda oportunidad para sancionarlo de verdad y porque supuestamente la Marina los entrena y los deshumaniza y que, por lo tanto, hay una corresponsabilidad de la Marina de Guerra”, detalló.
“Es decir, disculpando el término, es como una suerte de mamarracho jurídico en el que se pretende argumentar a favor de una persona que simplemente ha negado los hechos, ha tenido una actitud obstruccionista durante el proceso judicial, nunca ha mostrado un arrepentimiento y la sala lo termina premiando con una cantidad de años que aplicando los beneficios penitenciarios se convertirá en 7 o 6 años, eso es una cosa injusta, más aún si a los otros procesados los ha absuelto porque supuestamente no habían participado materialmente en el crimen”, manifestó.
Como puede verse, a pesar de la condena, esta sentencia termina siendo cuestionable por varios motivos. Veremos que señala la Corte Suprema.
Los meses de octubre y noviembre son aquellos claves para la definición del futuro de muchos en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Se trata de la temporada de ascensos y pases al retiro en estas instituciones, lo que genera sorpresas, inquietudes, una temporada de denuncias en medios de comunicación sobre las conductas de determinados personajes y, finalmente, un reacomodo dentro de cada institución castrense y las fuerzas policiales.
Este año, el primero en el que Ollanta Humala gobierna, se han registrado dos peculiaridades, tanto en el Ejército como en la Policía Nacional.
El principal argumento a favor, como incluso lo reconocieron medios críticos de la candidatura de Humala como Perú.21, es que a los miembros de la promoción de Humala les toca ascender en los próximos dos años. Como mencionó Ángel Paez en un reportaje para La República en julio de este año:
Sin embargo, lo cierto es que, con o sin la influencia de Humala, este año al menos 14 coroneles deben ascender al grado de general de brigada. De los 53 coroneles de la promoción Héroes de Pucará y Marcavalle, hay 30 que tienen más de cuatro años de antigüedad en el grado. Pero, como se ha indicado, deben competir con casi dos centenares de postulantes más. No será nada fácil.
El argumento central en contra es el mencionado por Fernando Rospigliosi: el supuesto copamiento destinado a que, en un futuro cercano, la promoción de Humala sea la que tenga más generales. Ya hemos tenido un ejemplo claro con Vladimiro Montesinos y su promoción en el Ejército, lo que sin duda hace que se tenga que poner la lupa ante esta posibilidad. Y de allí que especialistas en temas castrenses como Andrés Gómez de la Torre postulen en El Comercio una solución intermedia:
Para Gómez de la Torre, el proceso de ascensos del próximo año será crucial para vislumbrar un panorama más claro.
Explicó que para no afianzar la imagen de favoritismos y la asociación del gobierno con el cuerpo castrense, la cuota de los ascensos para los compañeros de carrera de Ollanta Humala deberá ser mínima. “Técnicamente tiene que haber equidad con otras promociones. Este año son 10, el próximo hay que dar menos para evitar que se repita lo de Montesinos”, advirtió.
Situación inversa se ha producido en la Policía Nacional: 30 generales han sido de baja aplicando la causal de renovación. Y se ha nombrado a un nuevo Director General de la Policía: Raúl Salazar.
De acuerdo a lo que han indicado El Comercio y La República, el tema ha suscitado polémica, debido a que, junto con oficiales cuestionados han salido también profesionales probos, consecuencia clara de la aplicación de una causal tan abierta como la “renovación”.
De allí que sea importante que el ministro del Interior, Oscar Valdés, pueda dar una explicación acerca de estos pases a retiro, considerando que ya varias fuentes policiales habían adelantado a distintos medios que en esta poda saldrían oficiales investigados o con patinadas policiales en su haber. Pero también han salido algunos que podrían tener una proyección mayor. Ello, además, considerando que la seguridad ciudadana y la reforma policial son aspectos en los que se exige mayores definiciones a este gobierno.
O al menos (junto a una clara política de defensa) es lo que se exigiría a un gobierno en estas circunstancias. Aunque con la oposición que tenemos (como bien la han definido RMP y AAR), como que ese rol tendrá que ser asumido desde otros lados, como siempre.
Sin embargo, García Naranjo cometió dos errores. El primero de ellos el tono confrontativo de la primera parte de su exposición. Como mencionó Jorge Bruce en una entrevista que le hice ayer, “la ministra debe dejar el bombo” y acordarse de que su puesto no es de opositora, sino de responsable del cargo. El tonito “me defiendo de una conspiración de la derecha” le resultó poco convincente y allí se perdieron varias de las explicaciones que dio.
El segundo error fue no venir con un plan de contingencia sobre el PRONAA en la mano. Como indica Jaime de Althaus, es necesario repensar los programas sociales como el PRONAA dado que:
Resulta que esos programas de distribución de alimentos no solo no reducían la desnutrición infantil, sino que, ocasionalmente, cobran víctimas. Pero sí han servido como instrumento clientelista. Desde el primer gobierno de Alan García, pasando por Fujimori, el Pronaa fue utilizado con propósitos clientelistas, sobre todo en los comedores populares, la mayor parte de los cuales en la actualidad atiende a personas que ya no pueden ser calificadas como pobres. El Pronaa, más que un instrumento de lucha contra la pobreza, ha sido un instrumento político para reclutar personal para las manifestaciones o buscar votos. Y probablemente para hacer buenos negocios con las compras. Y causar muertes.
El problema de la ministra García Naranjo es que ella tampoco planteó, desde el inicio de su gestión, la reestructuración que ahora sí se demanda con urgencia, quizá porque esta entidad iba a pasar al nuevo Ministerio de Inclusión Social.
En el resto de la sesión, primó el insulto, el recuerdo histórico y el ánimo de “nosotros matamos menos” en todas las bancadas (cada quien le recordaba al otro sus muertos). El pico más bajo de ayer fue la miserable frase del congresista oficialista Roberto Angulo: ”Se rasgan las vestiduras por 3 niños, que son importantes, pero en Puno mueren más”. Y cada quien procuraba quedar mejor que el otro, cuando hay en el Congreso representantes de los últimos 3 gobiernos que deberían responder por lo que dejaron de hacer.
Volviendo a la Ministra, queda claro que salvará de la censura, pero que su posición queda debilitada. Probablemente no tenga que irse ahora, pero su desempeño político, a menos que haga una gestión sobresaliente con los temas de género que quedarán en su despacho, le tiene preparada la puerta de salida en el primer recambio ministerial, donde Daniel Mora era el otro personaje que había hecho méritos para que le den las gracias por los servicios prestados. No dudo que Aida García Naranjo tiene buenas calidades personales, pero su manejo político le ha hecho un flaco favor a la inclusión social que este gobierno ha pregonado como centro de su gestión.
A partir de un artículo de Alberto Vergara escrito para Poder en junio de 2009, así como de dos entrevistas que hice a Fernando Tuesta y Aldo Panfichi para La Mula durante esta semana, mi conclusión sobre los lamentables sucesos en el Estadio Monumental es que el telón de fondo no se encuentra solo en la (poco estudiada) violencia de los sectores altos de nuestra sociedad, sino también en la pobre institucionalidad que rige al más popular de los deportes en el Perú.
La estructura que acompaña tanto a la Federación Peruana de Fútbol como a buena parte de nuestros clubes se asemeja al manejo de varios ámbitos de la política peruana: presidencialismo exacerbado, llegada al poder a partir de coaliciones precarias, establecimiento de pactos de no agresión con algunos sectores de la prensa, inauguraciones y contrataciones que luego generan deudas (o faenones) y la imposibilidad de cambiar un statu quo que no satisface a nadie.
Las posibilidades de desfogue se generan por el cambio de personas. Al igual que los ministros, los dirigentes de los clubes y los jugadores son pedidos por la hinchada, a tal punto que no se extraña ver a los dirigentes de las barras yendo a “ajustar” al equipo cuando no rinden. El tema es que los cambios de dirigentes, entrenadores y jugadores resultan ser paliativos a la frustración, dado que no existen políticas claras a mediano y largo plazo, o las mismas no se reclaman. Cualquier parecido con los casos Pronaa o Ministerio de Cultura no son mera coincidencia.
En medio de ese panorama existen islas de eficiencia. Allí citemos a un puñado de clubes con manejo administrativo eficiente, como a la selección peruana de fútbol en la categoría mayores. Dos factores inciden para mantenerse a flote: solvencia económica y gerencia de primer nivel. Y en el caso de la selección, un liderazgo confiable, trabajo de equipo (con personas de procedencia distinta), identificación con la institución, comunicación clara y un plan de trabajo con metas claras. La semejanza con Sunat o el Banco Central de Reserva es bastante cercana.
Finalmente, existen diagnósticos para mejorar esta situación. Y, al igual que con varias áreas del Estado, existe un informe de propuestas para reformar a los clubes. Pero, como el informe de la CVR, el Acuerdo Nacional y otras consultorías hechas para el Estado, los dirigentes han preferido engavetar el diagnóstico de Apoyo. Hasta que se produzca la siguiente crisis.
Ayer en Pasando Revista(el programa que conduzco en La Mula) tuve una larga conversación con el sociólogo Aldo Panfichi, quien ha publicado varios trabajos académicos sobre fútbol y ha sido dirigente de Alianza Lima. Dialogamos sobre la violencia de las barras extendida a los sectores altos, así como sobre la pobre institucionalidad existente en el deporte preferido por la mayoría de peruanos.
Cuando se le designó como Ministra de Cultura, Susana Baca se presentó como una incógnita, debido a su alto perfil artístico, pero su nula experiencia en la gestión cultural. De allí que mencionáramos aquí que todo dependería de quienes pondría como acompañantes en su sector, como de las primeras acciones de su sector.
Pero dos problemas ya se le presentaban. El primero fue la condición puesta por Baca al gobierno para asumir el puesto: cumplir con sus compromisos artísticos ya pactados para este año. Eso le ocasionó no pocas críticas y luego de un último cuadre de Salomón Lerner Ghitis, tuvo que dejar las giras. Uno podía entender las penalidades de este tipo de contratos, pero demostró que la convocatoria a la popular y reconocida cantante tuvo más de revindicación que de política cultural.
Y he allí el otro punto crítico, las políticas culturales de este gobierno. Como lo indicamos en una columna de Diario 16:
Susana Baca, quien ha admitido su falta de experiencia en gestión cultural, se jacta de contar con un equipo de técnicos solventes. ¿A quiénes se refiere? Veamos. En el círculo más influyente de la ministra no están necesariamente sus viceministros, sino el jefe del gabinete de asesores Luis Repetto, ex director del INC en la época más turbia del fujimorismo (1999). Es él quien dirige el ministerio en ausencia de Susana Baca. La ministra ha dicho muchas veces entre su gente de confianza que “el ministro es él”.
En ese círculo también se encuentra su esposo y manager, Ricardo Pereyra. Este sociólogo boliviano está presente físicamente en el ministerio y la acompaña a muchas reuniones. Hay quienes le atribuyen incluso participación en la toma de decisiones, pero otros creen que más bien está pendiente de que las acciones políticas de la ministra no afecten su carrera como cantante.
De sus viceministros, Vicente Otta –el de Interculturalidad– es el que tiene un perfil y una agenda propios. En su designación no ha tenido mayor participación la ministra Baca. Otta pertenece al colectivo Ciudadanos por el Cambio, que forma parte del gobierno y es allí donde se encuentra su respaldo.
Este sector es el que ha mostrado un mayor dinamismo y aciertos en los dos meses de gestión. Se ha designado a Raquel Yrrigoyen como jefa del Indepa, se ha formado una comisión técnica para reglamentar la Ley de Consulta Previa y se inició una ronda de conversaciones con organizaciones indígenas que tienen una participación directa en este viceministerio. (Aunque también Otta cometió una reclutada legal, al decir que la Ley de Consulta Previa se podía aplicar retroactivamente, nota de DTP).
El viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Javier Luna Elías, no aparece mucho. Es el único funcionario de alto nivel que ha sido designado directamente por la ministra Susana Baca. Fue director del Museo de la Nación en la época de Alberto Fujimori y es conocido por sus colecciones de arte y su intensa actividad social y cultural.
En este sector, el director general de Industrias Culturales, Christian Wiener, le ha ganado el protagonismo. Desde que asumió funciones, Wiener ha convocado a reuniones de diálogo con diversos sectores de artistas para construir una agenda de trabajo. Proviene del equipo de Gana Perú que participó en la transferencia del Ministerio de Cultura y en su designación no necesariamente influyó la ministra. Wiener estuvo antes en Conacine y su nombramiento fue más bien una reivindicación a ese sector, tras los entredichos que esta entidad tuvo con el gobierno de Alan García.
Estando las cosas como las ha descrito el informe de La República, uno puede preguntarse que pasará con los reclamos que vienen desde hace años sobre los robos de material importante en la Biblioteca Nacional, o con la falta de presupuesto del Archivo General de la Nación, o con la propia reglamentación de la Ley de Consulta Previa. Lo señalado hasta aquí ameritaría una evaluación del equipo del Ministerio de Cultura de aquí a los seis meses de gestión.
Pero, tal como en el problema generado con las denuncias sobre el PRONAA, poco importará que cambien las personas si es que no se hacen preguntas claras y claves sobre las políticas. Una vez superado el tema de las giras de la ministra, cabría que la oposición se pregunte por el sentido de la existencia de un Ministerio de Cultura, así como de los planes de un sector que tiene tareas bastante amplias: desde la radio y televisión estatales hasta el manejo de la consulta previa a proyectos de inversión existentes en el país.
El jueves pasado, esbocé en mi columna en Diario 16 algunos tópicos de discusión acerca de la labor periodística, que fueran más allá de la natural tensión existente con los poderes (sobre todo el político). Dado que el espacio quedó corto, aquí amplío algunas nociones que podrían considerarse para los debates que vienen.
La idea del convite había surgido de un fructífero desayuno de trabajo entre el investigador de temas económicos de una conocida publicación y el jefe de prensa de la empresa de telefonía más importante del país. El segundo quería un mejor trato en la prensa y el primero quería recibir algo a cambio de comprometer la línea editorial de su medio de comunicación.
La reunión se llevó a cabo en un conocido restaurante y cuatro periodistas aceptaron ir. Algunos otros a quienes también le pasaron la voz, se abstuvieron. La abultada cuenta de la comilona y los tragos que corrieron por la mesa la pagó el asesor de la empresa de telefonía.
La juerga tuvo resonancia y se repitió un mes después. Invitaron a más personas. En esa segunda reunión ya todos sabían a que estaban jugando. En medio del jolgorio a alguien se le ocurrió que el grupo de tan buenos amigos y con los mismos intereses debería tener un nombre. Grandes lectores, mentes cultivadas, conocedores del lenguaje, acertaron con hacerse llamar La Cofradía.
Las reuniones se hicieron más frecuentes, el círculo se amplio para dar paso a gente de la televisión, otros prefirieron apartarse. Surgieron los casos de común interés: compartir información; ‘mermelear’ bajo la consigna de hoy por ti, mañana por mí; y apoyarse mutuamente para favorecer a algún “cliente”. La ‘institución’ prosperó y se expandió. De hecho, varias de las grandes campañas periodísticas a favor o en contra de alguna empresa o concepto ideológico nacieron en estas reuniones. Para entonces, el asesor de prensa de la empresa de telefonía ya no era el único que pagaba la cuenta.
(…)
Tan lucrativo resultó el negocio que varios de los miembros de La Cofradía dejaron definitivamente los medios de comunicación para convertirse en consultores o asesores de prensa a tiempo completo, cada uno con distinta suerte.
Otros en cambio tratan de alargar lo más que pueden su condición de difusores de información (no se les puede llamar periodistas) y de asesores de prensa. Y lo hacen mientras los jefes los dejan, un permiso que muchas veces –sospecha John– viene con alguna contraprestación o asociación de por medio.
De allí que, frente a esta problemática, empresas como Apoyo Publicaciones cuenten con un código de ética que justamente procure evitar estas malas prácticas. Es necesario que exista un protocolo en las empresas periodísticas frente a estos temas y sobre todo, que el mismo se cumpla.
¿Qué factores pueden estar influenciando en ello? De un lado, los conflictos de intereses antes descritos. De otro, una flojera intelectual en un sector de periodistas, retratada en una carta de Beto Ortiz. También los intereses cruzados (léase, dueños de medios con acciones o funciones ejecutivas en empresas de otros rubros) y carencia de recursos para la investigación descrita por Gustavo Gorriti. Y, como señala Bustamante, la necesidad de mecanismos de autorregulación que funcionen:
En ese sentido, las experiencias de otros países por incorporar mecanismos de autorregulación (más allá de la “sección de cartas del lector”) han contribuido a mejorar esta imagen. La figura del Defensor del Lector, por ejemplo, que es mucho más que un columnista y más bien es alguien que puede enmendar la plana a los periodistas del medio,¡publicando en el mismo medio! También fortalecer (lo que implica usarlas, visibilizarlas) instancias tales como ConcorTV entre otros mecanismos de regulación. ¿Cuántos conocen o han escuchado de ConcorTV? Ok, ese es uno de los problemas.
PLURALIDAD INFORMATIVA: VARIAS ARISTAS:
¿De que hablamos cuando tocamos el tema de la pluralidad informativa? En realidad, de varias situaciones. Veamos cada una de ellas con atención.
Para afrontar el déficit de protección de la libertad de expresión de los grupos marginados y la insuficiente información de las sociedades, la Relatoría Especial debe seguir trabajando en dos áreas diferentes. En primer lugar, es necesario insistir en la urgente necesidad de aplicar leyes antimonopólicas para evitar la concentración en la propiedad y en el control de los medios de comunicación. En segundo termino, es necesario lograr que la asignación de frecuencias y licencias de todo el espectro radioeléctrico y en especial del nuevo dividendo digital, respete la obligación de inclusión que le impone a los Estados el marco jurídico interamericano y fomente así, de manera decisiva, el pluralismo y la diversidad en el debate público.
Sobre el primer punto, la Constitución es clara: no deben existir monopolios en materia de medios de comunicación. Y de allí que aquellos medios con propiedad cruzada - léase, aquellos medios controlados por empresas que tienen diarios, canales, radios y/o portales web - tengan que tener especial cuidado en no limitar la pluralidad informativa dentro del grupo. De hecho, ya Rosa María Palacios les advertía lo siguiente a la gente de Plural TV, en relación con la posible salida de Laura Puertas de la Dirección General de Prensa de América Televisión:
Cabe recordar que la Constitución de 1993 prohíbe no solo el monopolio de medios de comunicación. Vean el art 61, segundo párrafo:
“La prensa, la radio y la televisión y los demás medios de comunicación social: y en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares”.
Es perfectamente factible que Humala, con más de 40 congresistas, sustente una ley contra el “acaparamiento” que denuncia en su propio plan. No necesitará más que una mayoría simple para obligar tanto al Grupo La República como al Grupo El Comercio a vender sus periódicos o su canal. Y para eso no necesita ni siquiera ser Presidente.
La única defensa posible ante esta amenaza a la propiedad es la de garantizar la independencia editorial de cada medio. Solo así queda perfectamente a salvo el derecho del público a gozar de la pluralidad informativa, derecho esencial en la defensa de la libertad de expresión.
Hoy me pueden citar al Congreso y juraré con la verdad que jamás ha habido intervención de algún director o accionista en ningún programa periodístico de América TV. Hasta ahora.
Sin embargo, si Laura Puertas es expulsada de la Dirección de América por razones políticas y debido al voto de los Directores de El Comercio, quedará claro que tal independencia se ha perdido y que pasamos a un régimen de uniformidad de contenidos que hace lógica la acusación del Plan de Gobierno de Gana Perú y justificable ante la opinión pública la necesidad de dividir la propiedad de conglomerados mediáticos. Como ustedes comprenderán, estos hechos ya son casi de dominio público.
Por tanto, hay aquí un tema complicado. Como bien señala el amigo Mil Demonios, a veces es posible tener el control de un medio con solo contar con el 50% + 1 de las acciones. E incluso yo diría que pueden formarse coaliciones de accionistas - sobre todo, cuando ser mayoritario significa tener 6% de las acciones -. Por tanto, es preferible la autorregulación, la garantía de la pluralidad informativa dentro de medios con propiedad cruzada (y para eso, el respeto a los Principios Rectores dentro de un grupo mediático es central) y la aplicación de las normas sobre monopolios ya existentes en el país, antes que una norma que se meta.
Del otro lado, tenemos el tema de la pluralidad vinculada a la asignación de frecuencias. Allí Bustamante se hace una serie de preguntas en relación con un tema pendiente: la televisión digital:
Se ha venido discutiendo, por ejemplo, un nuevo modelo para la televisión digital, lo que va a permitir ampliar el espectro de canales abiertos. ¿Quiénes lo van a administrar? ¿Serán realmente medios de servicio público? ¿Habrá algún defensor del televidente que pueda vigilar efectivamente la autorregulación de los contenidos? ¿Qué papel debe cumplir la televisión del Estado? ¿El Consejo Directivo del canal del Estado será elegido a dedo por cada gobierno? ¿No puede ser de otra manera? ¿Cómo asegurar la institucionalidad?
También existe un tema pendiente de implementar en el país: las radios comunitarias. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH reconoce su importancia, dado que muchas veces representan a los sectores más vulnerables de los ciudadanos. Y nuestra Ley de Radio y Televisión reconoce su existencia. Pero hasta el momento el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha entregado ninguna licencia para este tipo de radiodifusoras.
Ello en medio de un panorama complicado para los periodistas de provincias, que se debaten entre sanciones penales desmesuradas contra periodistas críticos, programas radiales o medios locales destinados exclusivamente al insulto o la diatriba (o la desinformación pura y dura), amenazas de muerte y asesinatos de hombres de prensa.
Finalmente, dos temas conexos señalados por Eduardo Dargent en su columna de ayer, como necesarios para garantizar la pluralidad de la oferta informativa:
Una forma es fortalecer los medios de comunicación del Estado para darles autonomía del gobierno. Otra contar con mayor transparencia y criterios claros en la asignación de publicidad estatal (ratings, lectoría) para que no se pueda premiar o castigar a los medios con esos fondos.
Entradas (RSS)