
El miércoles último, el Ministro de Defensa Daniel Mora se presentó en el programa “No hay derecho” en Radio San Borja y dio unas infelices declaraciones en las que contempló un “punto final” a los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos, presuntamente cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas.
Escuchemos parte de la entrevista al ministro, sobre todo a partir del minuto 5, en donde se despacha con todo sobre este tema, la autoría mediata y las reparaciones a las víctimas de la violencia:
Eduardo González Cueva ha respondido a cada una de las afirmaciones de Mora, con argumentos contundentes (los resaltados son mios):
Ud. aparentemente ignora que, de acuerdo a las obligaciones internacionales del Perú, la justicia tiene la obligación de investigar y castigar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Si se trata de ignorancia, lo suyo es decepcionante en un ministro de estado, pero –como podemos ver- más que falta de conocimiento, lo que Ud. demuestra es falta de compasión hacia sus semejantes, falta de respeto hacia sus conciudadanos.
Digo esto porque Ud. se atreve a ningunear a los peruanos que sufrieron los crímenes más atroces de que tenemos memoria en el país, y les llama “supuestas” víctimas. Ud. no puede ignorar que la Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó con precisión las más graves violaciones de los derechos humanos, y que las víctimas no son “supuestas”: son personas de carne y hueso, tan ciudadanos del Perú como Ud. ¿Cómo se atreve a negarles la básica dignidad de que se reconozca su sufrimiento?
Pero no se ha detenido Ud. en esta falta de respeto. Además le regatea a las víctimas el derecho a la reparación: no contento con negarles el derecho a que el perpetrador sea castigado, propone que el estado ni siquiera reconozca la existencia de daños. Y lo hace porque, según Ud., es injusto que se reconozca como víctimas sólo a quienes sufrieron a manos del Estado, y no a los militares mutilados por la subversión. ¿Cómo es posible que un ministro de estado ignore que el Registro Único de Víctimas ya incluye a los miembros de las fuerzas del orden y sus derechohabientes?
Añado a lo que dice González una cuestión legal clara. Ya existen cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (casos Barrios Altos, Almonacid Arellano, Gomes Lund y Gelman) que prohíben la expedición de leyes de amnistía, “punto final” o similares. Y por si no lo recordaba el Ministro, apenas un año atrás el gobierno de Alan García había hecho un papelón jurídico e internacional con el Decreto Legislativo 1097, una norma apenas disfrazada que pretendía el mismo objetivo: cerrar juicios por estos temas.
Tan en off side quedó Mora que conspicuos miembros del gobierno como Daniel Abugattas, Javier Diez Canseco, Sergio Tejada y Marisol Espinoza han sido enfáticos en señalar que una iniciativa de este tipo no se encuentra en la agenda del gobierno y que ellos no la apoyarían. Se trata, por lo menos en tres casos, de personas bastante cercanas al Presidente de la República, aunque valdría la pena que Ollanta Humala dijera esta boca es mía en relación con un tema que, considerando los antecedentes de Madre Mía, es bastante sensible.
Hoy Mora ha dado entrevistas a TV Perú y a Canal N en las que ha negado decir lo que dijo el miércoles. Y ha terminado rectificándose - sin decir explícitamente la palabra rectificación - y reculando sobre declaraciones que, para muchos, merecían que Mora saliera del Ministerio de Defensa. Aunque claro, Mora terminó echándole la culpa a la prensa, consumando aun más el papelón.
Más allá de esta situación, en la que el Ministro de Defensa ha tenido un papel penoso, hay tres cuestiones de fondo fundamentales. La primera, que conversé ayer con Glatzer Tuesta en La Mula, es que Daniel Mora anda perdido en el sector que le han encargado y parece ser más el dirigente de un gremio castrense antes que un Ministro que tiene que hacer políticas y que, por tanto, tiene que mantener una prudente distancia de los institutos armados, sin tampoco llegar a extremos como los de su antecesor, Jaime Thorne, que terminó enemistado con los militares. Y vaya que tiene tareas, sino veamos el panorama descrito por Ricardo Uceda para el último número de Poder. Humala está pagando con este ministro la factura de no cumplir una promesa de campaña.
La segunda tiene que ver, en efecto, con los procesos existentes por violaciones a los derechos humanos. Y los problemas no tienen que ver con que existan los procesos, sino con que:
Hasta el momento, de los 60 procesos derivados de las investigaciones por la CVR y que han sido registrados por el IDEHPUCP, sólo ocho tienen sentencia definitiva. Ello implica incrementar los esfuerzos por una mejor labor de investigación y valoración de las pruebas de parte del Ministerio Público y del Poder Judicial, respectivamente. Pero además, supone sumar un trabajo técnico más depurado de la defensa legal brindada por las organizaciones de derechos humanos a las víctimas y sus familiares.
Pero también merece preocupación un tercer punto, señalado por Marco Sifuentes cuando salió el Decreto Legislativo 1097: la existencia de un grupo de personas que aplaudirá discursos como el de Mora:
Son ministros, congresistas, militares y abogados cuyos puestos rimbombantes no les sirven para admitir una verdad simple y concreta: que la guerra contra Sendero se ganó con inteligencia policial y no entrando a un pueblo, obligando a la gente a cavar sus propias fosas y fusilando sobre ellas a más de cien personas: niños, mujeres y ancianos. Imaginen que eso hubiera ocurrido en San Isidro y no en Putis. Imaginen nomás. Cien personas vejadas y aniquiladas, no sé, en El Olivar. Imaginen eso por diez, por cincuenta, por cien.
Imaginen, nomás.




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