Una mañana de 1999, un cartel como el que ven arriba apareció en varias calles de Lima. Fuerte, duro y a la vez representativo de las frases que cientos de mujeres tienen que escuchar todos los días, en todos los estratos sociales. Natalia Iguiñiz y Sandro Venturo apostaron por ser directos y la intervención Perrahabl@ visibilizó las más patéticas excusas que muchos hombres han empleado alguna vez para justificar un supuesto piropo o una metida de mano (para ya no hablar de situaciones aún peores).
Pues mucho parece no haber cambiado en nuestra sociedad cuando, doce años después, con ese estilo directo con el que le pregunta a los políticos de todas las tiendas cada mañana en RPP, Patricia del Río nos comenta que siguen ocurriendo situaciones como ésta:
Siempre me pregunto cuándo llegará el día en que caminar por las calles deje de convertirse en un deporte de aventuras para las mujeres. A veces nos ganamos con un simple: “Psst, psst, flaquita”. Otras nos toca un mañosón que nos persigue cuadra y media haciendo unos ruidos horribles. Nunca falta el que cree que puede referirse a nuestro cuerpo como si fuera un plato de Mistura: “Qué rico culo, mamita”, “me comería tus…” “te chuparía la ….”. Ya, mejor ustedes completen.
Peor aún, Patricia ayer trataba de evidenciar vía su cuenta de Twitter la recurrencia de este tema y su importancia para la vida cotidiana de las mujeres. Y obtuvo lamentables respuestas como éstas:
Pero no pocos hombres se pusieron a la defensiva y negaron el problema, con respuestas indignantes o que denotaban una absoluta ignorancia de lo que realmente ocurre. @Carlos_Zafra, por ejemplo, me escribió: “Mayor miedo es que nadie te quiera violar”. El solícito @renatomast me lanzó la siguiente perla: “Quién te ha metido la mano, preciosa”. Al reflexivo @Deiver20 le dio por regañarme: “Totalmente exagerado, yo no soy machista, las cosas malas nos pasan por igual a los hombres y mujeres”. @MauricioRozasV se puso poético: “El ser humano siempre está inconforme. Si guapas… que las acosan mucho. Si no-guapas… que nadie las mira”; y a @pericosSAP se le salió una típica vulgaridad de macho: “Lo único que me da miedo es dejar a una mujer con ganas. Me pone los cuernos. Debo acabar después de Ella”.
Curiosamente, varios de los tuits que Patricia ha puesto en su columna tienen, como fondo, el mismo mensaje que hace 12 años se hizo evidente en la campaña Perrahabl@, pero transmitido a través de redes sociales. De hecho, Roberto Bustamante alertó hace algunas semanas de cómo existen vacíos normativos (y de aplicación de las normas actuales) sobre el acoso a las mujeres mediante vía virtual:
No es menos preocupante, que en esa visión normativa de internet, no se visibilicen las formas que encuentran los viejos modos de violencia contra la mujer en estos nuevos espacios. Nuevas formas para el acoso sexual, el hostigamiento, y el robo de imagen (las fotos que se cuelgan en Facebook, por ejemplo) para el chantaje, tal como apareció en la investigación EroTics, Sexo, Derechos e Internet, publicada por APC. En nuestros países este tipo de violencia en las redes no está tipificada. Inclusive, si se tratara de aplicar la legislación existente para el entorno digital, en muchas comisarías y dependencias policiales no se reciben las denuncias, porque la violencia contra la mujer se asume como natural dentro del espacio doméstico.
Aunque claro, luego de escuchar a personas que ejercieron una posición de autoridad como el ex alcalde Castañeda vinculando al género con la popularidad, quizás nos expliquemos porque, hasta ahora, existan sujetos que digan “todos los hacen” o “tolérenme, soy machista y qué”. Y a la vuelta de la esquina, agredan a una mujer y, con cara de “yo no fui”, digan pachotadas del tipo “bien que te gusta”. Esa celebración de la masculinidad al estilo Lizandro Meza no solo es estúpida, en muchas ocasiones, termina siendo delictiva.
Los más importantes grupos políticos del país se encuentran en un momento de redefiniciones. Más allá de los liderazgos de bajo carisma pero con alto control de sus feudos, se vienen presentando una serie de dilemas que cada agrupación tendrá que resolver.
Gana Perú tiene dos serios asuntos a dilucidar. En primer lugar, debe lidiar con las demandas y conflictos de intereses de algunos de sus congresistas del interior del país. El caso más notorio corresponde al parlamentario Amado Romero, vinculado a la minería informal y que en una semana ha confirmado las alertas señaladas apenas fue elegido. ¿Qué hará la bancada más allá de retirarle sus proyectos controvertidos?
En segundo lugar, va a tener que definir los alcances de su proyecto político. Un comunicado del Partido Nacionalista Peruano indica quelos locales con el nombre de Gana Perú volverán a tener el membrete original, lo que implica que los grupos de izquierda aliados al PNP van a tener que definir su situación dentro de la coalición.
Por su parte, Perú Posible definirá en esta semana su nuevo estatuto, en días en que Alejandro Toledo intenta superar el duelo por su derrota con las actividades del Centro Global para el Desarrollo y la Democracia. La pregunta es si Toledo podrá iniciar la despersonalización de su agrupación política o si comenzará una lenta agonía hasta su desaparición.
Donde se encuentra el ambiente algo más movido es en el Partido Popular Cristiano. La semana pasada los congresistas Raúl Castro y Marisol Pérez Tello dejaron en claro en Caretas que habrá algo más que la disputa de cargos partidarios en octubre próximo. Lo que se juega el PPC es definir cual será la forma como puedan ir más allá de las fronteras de Lima, así también su futuro como partido de centro derecha democrático.
El fujimorismo tiene un dilema mayor. Como menciona Carlos Meléndez, si quieren ir más allá de la marca Fujimori (Alberto o Keiko), deberían partidarizarse y moderar su faz autoritaria. El problema es que ello supone enterrar definitivamente al expresidente preso en la DIROES, cuando aún existe dentro del fujimorismo un debate abierto sobre su legado.
Aunque él la ve como una crisis de cambio de época, es decir, en un sentido más amplio, de transformaciones que no sólo abarcan lo económico, sino que van más allá.
Fue un placer conversar ayer con Óscar Ugarteche en Pasando Revista, el programa que tengo en La Mula. No sólo explicó en sencillo lo que viene ocurriendo en las grandes economías del mundo y cuál es el impacto que tendrá en el Perú. También profundizó en los efectos políticos y en que, a fin de cuentas, lo que se viene agotando es una forma de entender al mundo.
Diez años después de los atentados cometidos por Al Qaeda en Estados Unidos, además del recuerdo para con las víctimas de tan execrables actos, cabe hacer algunas reflexiones sobre las repercusiones de dichos actos terroristas para todo el mundo. Veamos algunos campos en que impactaron los atentados.
LOS HALCONES BELICOS Y EL PRESTIGIO NORTEAMERICANO: El gobierno de George W. Bush le infringió un grave costo a su país por las desacertadas decisiones bélicas que tuvo en el terreno bélico, gracias a sus asesores más duros y, probablemente, a otro tipo de intereses. El País resume lo ocurrido:
Invadió Afganistán, en un acto efusivo de cólera y venganza, sin método ni estrategia. Ciertamente, en Afganistán estaban los autores intelectuales de la agresión sufrida, que encontraron allí cobijo y sustento. Pero estos pudieron huir antes de caer en manos de los soldados invasores y lo que quedó detrás fue una guerra sin sentido ni fin que aún se sigue librando hoy y cuyos costes políticos y económicos se siguen pagando todavía.
Aquello parecía, sin embargo, insuficiente para compensar la afrenta recibida, y el Gobierno encontró en el cajón un proyecto previamente diseñado para invadir Irak y derrocar a Sadam Husein con la excusa de que, en aquellas circunstancias tan adversas, EE UU no podía convivir con el riesgo de un régimen de esa naturaleza al que acusaba de tener armas de destrucción masiva. Pese a demostrarse la falsedad de ese dato, tanto Bush como su vicepresidente, Dick Cheney, han seguido, en recientes biografías, reivindicando la necesidad de esa guerra, con el argumento de que el mundo sería mucho más inseguro si Sadam Husein hubiera seguido en el poder.
Quién sabe cuál hubiera sido la suerte del dictador iraquí si EE UU no hubiera intervenido. Quizá habría sido destituido por sus propios compatriotas, como Hosni Mubarak o Muamar el Gadafi, o quizá sería un aliado norteamericano contra Irán, como fue en algún momento de la historia. Lo cierto es que hace tiempo que los norteamericanos dejaron patente su oposición a ambas guerras -mucho antes y mucho más claramente a la de Irak-, en las que llevan perdidos a más de 6.000 soldados, el doble de los muertos del 11-S.
En esas guerras, particularmente en la de Irak, EE UU enterró más que hombres y mujeres: enterró también su prestigio como nación. Cuando Obama asumió la presidencia, la mayor parte de los europeos consideraba a EE UU una mayor amenaza para la paz mundial que cualquier régimen árabe. En países esenciales para la estrategia norteamericana, como Turquía, la popularidad de EE UU bajó del 20%. En el conjunto del mundo musulmán, la guerra de Irak y la reacción norteamericana al 11-S generó un movimiento de simpatía hacia las ideas de Al Qaeda que solo pudo ser contenido, años después, cuando se produjo un relevo en la presidencia en Washington y quedó claro que la mayoría de las víctimas de Al Qaeda eran musulmanas y que la opresión de los árabes no venía del otro lado del Atlántico sino desde las capitales de sus propios países.
LA ECONOMIA: Arista poco explorada para muchos, pero que ayer, el editor de Economía de El Comercio, Augusto Townsend, puso en perspectiva:
Luego de 10 años, se sabe que la invasión de Iraq no tuvo sustento alguno y que la invasión de Afganistán dio pie al conflicto armado más largo en el cual ha participado EE.UU. El costo de ambas guerras está entre los US$3 billones y los US$5 billones, según cálculos del Nobel de Economía Joseph Stiglitz y Linda Bilmes.
Incluso si uno diera crédito a las teorías conspirativas que señalan que el objetivo velado en Iraq era el control de sus recursos petroleros, las intervenciones militares de EE.UU. en el Medio Oriente, siendo aquel el principal importador de crudo, le han sido más perjudiciales que beneficiosas, a juzgar por cómo se ha comportado el mercado petrolero global (el barril pasó de US$24 a inicios del 2000 a un máximo de US$147 en el 2008 y hoy bordea los US$90).
Hoy EE.UU. está endeudado casi por el equivalente a su PBI no solo por el enorme gasto que le han significado estas guerras, sino por sus errores de política interna. En su afán de devolverle la confianza al país tras los atentados, no solo se redujeron drásticamente las tasas impositivas, sino que se implementó una política monetaria expansiva acompañada por un proceso de desregulación financiera, cuyo objetivo era acercar a la clase media al sueño de la casa propia. El resultado, no obstante, fue la incubación de una inmensa burbuja inmobiliaria, que explotó en el 2008 y puso en vilo no solo a la economía estadounidense, sino al sistema financiero global.
Y hoy estamos a punto de entrar a una nueva fase de la crisis. Ojo con lo que menciona Oscar Ugarteche en una entrevista publicada ayer en La República.
EL TEA PARTY: El Partido Repúblicano, que ya tenía las antipatías de varios por ser bastante conservador y las simpatías de otros por su preferencia por la real politik, está en la peor de sus crisis, a pesar que tiene serias opciones de quitarle la presidencia a Obama. Moises Naim, que no se encuentra precisamente a la izquierda del espectro,indica el por qué:
Hoy, diez años después, hay otra pregunta igualmente válida: ¿Dónde están los líderes moderados del Partido Republicano estadounidense?Este partido también ha sido capturado por una minoría extremista que, según las encuestas, no representa los ideales, objetivos y métodos que históricamente han definido la causa republicana. Es obvio que los extremistas del Tea Party no son asesinos y su influencia se debe a los apoyos que han logrado dentro del sistema democrático estadounidense. Pero la realidad es que este grupo de radicales con poder es -por razones y con métodos muy distintos a los de Al Qaeda- una fuente de inestabilidad internacional. Hace poco, los líderes del Tea Party estuvieron a punto de producir una catástrofe en la economía mundial y, de poder hacerlo, acabarían con cualquier iniciativa dirigida a atenuar el calentamiento global. Y estos son solo dos ejemplos, pero hay muchos más.
(…)
Rick Perry, por ejemplo, es el gobernador de Texas y puntea en las encuestas para ser el candidato presidencial del Partido Republicano. Perry opina que el sistema de seguridad social de Estados Unidos es anticonstitucional y debería ser abolido. También ha dicho que no tiene dudas de que las 234 personas condenadas a muerte en Texas durante su mandato son culpables y que ningún inocente pudo haber sido culpado -y ejecutado- por error. Las estadísticas, sin embargo, no justifican tanta seguridad. Perry, en cambio, sí duda de las conclusiones de la abrumadora mayoría de los científicos que opina que el planeta se está calentado. Y no es solo Rick Perry. Para llegar hoy a tener influencia en el partido Republicano es necesario cuestionar a Darwin, insultar a Keynes, repudiar cualquier intento de hacer más difícil comprar una ametralladora y defender la abstinencia como única practica aceptable para evitar el embarazo de las adolescentes. En economía, relaciones internacionales, protección social o seguridad nacional las posiciones que deben adoptarse para ser aceptable para el Tea Party también son extremas y con frecuencia están reñidas con los datos disponibles.
No es probable que Al Qaeda conmemore la ocasión como desearía. Para empezar, habría que recordar que esa organización jamás dejó de proferir amenazas contra Estados Unidos y sus aliados desde su creación: si no ha cumplido con ellas no es por que haya hecho un ejercicio de autocontención. Prueba de ello son los numerosos intentos develados por los servicios de inteligencia de países miembros de la OTAN. El último atentado de gran magnitud contra objetivos civiles perpetrado por Al Qaeda en uno de esos países data del 2005 (contra el sistema de transporte público en Londres). Si no ha reeditado una acción de ese tipo no es porque no haya querido, sino porque no ha podido. Y si llegara a tener de nuevo la capacidad para hacerlo, probablemente la aprovecharía de inmediato, antes que esperar una fecha simbólica corriendo el riesgo de ser descubiertos.
Hay otros tópicos en los que el 11/S impactó: el derecho internacional, los derechos humanos, los temas tocados por el cine, la literatura y la música, la seguridad en los viajes en avión, las migraciones, entre otros. Pero ya con los cuatro puntos antes mencionados, lo ocurrido hace 10 años se convierte en el hecho que dió inicio al siglo XXI y sus contradicciones.
Cuando, en la última semana de campaña electoral, algunos de nosotros ya disponíamos alguna información sobre las encuestas de intención de voto, escribí una columna sobre la posibilidad que Humala ganara la Presidencia. Allí, a modo de última advertencía, señalaba (disculpen la autocita):
Finalmente, debería someterse, en forma voluntaria, a una nueva investigación sobre el caso Madre Mía. Si bien tiene una sentencia a su favor por falta de pruebas, muchos tienen fundadas sospechas sobre su actuación en dicha localidad. Lo mejor es despejar cualquier interrogante.
Hoy, se publicó la entrevista que César Hildebrandt hizo al ex abogado de Ollanta Humala, Carlos Escobar, quien también fuera fiscal del caso Cayara en la década de 1980. Escobar relata, luego de 5 años de apartarse de la defensa legal del caso, una versión que apuntaría a un supuesto intento de soborno a un fiscal encargado del caso en Huánuco, así como la presunta compra de testigos. Escobar da algunas referencias sobre otras personas que pueden corroborar su versión, que ampliaría en Lima si se acepta su pedido para declarar y brindar estos nuevos elementos.
Pero también Escobar da dos versiones sobre lo que pudo ocurrir en Madre Mía: la primera, brindada según él por Humala, refiere que el hoy presidente capturó a 3 personas que fueron entregadas a un superior suyo y éste se habría encargado de eliminarlas. La segunda, una deducción que hace Escobar, es que Humala fue el autor directo de ejecuciones extrajudiciales.
Sin duda, lo señalado por el abogado, a mi modo de ver, debería ser tomado en cuenta por las autoridades judiciales, a fin de establecer la verdad sobre hechos que nunca quedaron aclarados. Ojo, dicho testimonio deberá ser corroborado con las personas a las que citará en su declaración, así como con otros elementos que vayan más allá de los meros testimonios.
César Romero, periodista de La República y uno de los pocos especializados en el tema judicial en el país, ha aclarado en tres tuits todo el rollo legal vinculado a la declaración de Escobar. Los copio aquí para que nos quede claro por donde iría el camino legal:
1. En la declaración del ex fiscal Carlos Escobar, el testigo clave es Alejandro Ureta, sin este abogado el testimonio sirve poco. (Nota de DTP: Ureta es el abogado de Amílcar Gómez Amasifuen, uno de los implicados en el supuesto soborno a testigos).
2.La Suprema no escucha testigos al resolver un recurso de nulidad. Lo único posible es q anule la sentencia absolutoria para nuevo juicio. (Nota de DTP: mientras que el proceso de Madre Mía por violaciones a los derechos humanos está cerrado, aún está pendiente de apelación el caso sobre el supuesto soborno a testigos para que se retracten de su versión inicial)
3. En un nuevo juicio recién podrían citar y escuchar todo el testimonio de Carlos Escobar y, sobre todo, de Alejandro Ureta. (Nota de DTP: LQQD, esta novela tiene para largo).
Una vez superado lo manifestado por Romero, la construcción de la responsabilidad penal en casos de derechos humanos requiere de varios indicios que permitan una única conclusión y ello supone una investigación fiscal que vaya más allá de lo que normalmente se ha hecho en el Perú, con la excepción del caso Fujimori.
Además de las dificultades en la investigación fiscal, surge el mismo dilema que se presenta en torno al caso El Frontón: la politización del caso. Así, más que sobre pruebas o indicios concatenados, el debate público sobre el tema Madre Mía, dependerá, como con Alan García, de las simpatías o antipatías que se tengan sobre el personaje. Y ello probablemente enturbie el esclarecimiento de los hechos, pero, sobre todo, la percepción que se pueda tener sobre los mismos. Primará más la posición a priori (a favor y en contra). E incluso, algunos silencios se pueden producir por conveniencia política y no solo para defender a Humala, como bien indicó Marco Sifuentes:
Remover mucho el caso podría estallarles por la culata a los fujimoristas defensores de la impunidad de los militares, especialmente, como ya dijimos, en un caso de 1992 bajo el comando de un dictador (como el mismo Rafael Rey admitió).
El testimonio de Escobar, por sí sólo, no condena a Ollanta Humala. Pero la sombra de la sospecha continúa sobre el Presidente de la República. Por su bien y por el de la gobernabilidad del país, que debe fundamentarse sobre la verdad, es imprescindible que aclare estas imputaciones. El silencio, aunque parece que le rinde réditos en las encuestas, no es el mejor consejero en todos los casos.
Se ha personalizado, en demasía a mi modo de ver, el debate sobre la lucha contra las drogas en el Perú en el actual jefe de Devida, Ricardo Soberón. El flamante funcionario público ha generado controversias por sus posiciones sobre la erradicación como principal componente de la estrategia contra el narcotráfico, así como por su supuesta cercanía a los gremios cocaleros.
Yo no creo que los problemas del gobierno en esta materia se solucionarían con la salida de Soberón, cuestión descartada por Salomón Lerner Ghitis. Considero que la principal demanda a exigir a este gobierno es claridad en la política de lucha contra el narcotráfico, donde se han visto varias indefiniciones y omisiones, por quedar bien con todo el mundo.
Entre las omisiones me sorprendió que el señor Lerner no comentara nada sobre una política que comienza a ser implementada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas: la unificación de la inteligencia de los institutos armados en el VRAE, un giro interesante en la estrategia contra Sendero Luminoso, cuyos miembros ahora son guachimanes del narcotráfico.
Dentro de las indefiniciones se han escuchado demasiadas voces en relación con la erradicación. Soberón ha explicado a los medios de comunicación, en forma tardía, cual es la posición del gobierno sobre esta medida: erradicación eficiente de la hoja de coca y con ciertos periodos de pausa. Sin embargo, ya se ha generado una imagen de indecisión que resulta fatal para la credibilidad de las autoridades involucradas.
Durante el gobierno de Alan García, la política en este campo fue un fracaso: los cultivos de coca crecieron en número, se suplió el kerosene por la gasolina de 84 octanos como insumo químico para macerar la planta, las pozas de maceración son menos artesanales e incluso se encontró algunos indicios de conexiones de funcionarios públicos con procesados por narcotráfico.
Como bien han indicado Juan Carlos Tafur y Carlos Basombrío, no existe posibilidad alguna, en este momento, de un consenso internacional para aplicar lo que, a mi modo de ver, sería una solución definitiva al tema: la despenalización de la cadena de la droga, para enfocarnos en la prevención.
Por tanto, es necesario que la política de contención al narcotráfico sea clara: erradicación, control de los insumos químicos, decomisos masivos, inteligencia contra las firmas y sus brazos armados, alternativas de desarrollo para cocaleros. De lo contrario, nos veremos en el triste espejo mexicano.
Como muchos saben, Antauro Humala estaba esperando la resolución de su caso judicial. Hoy ello ha ocurrido. El siguiente post explicará todo el rollo legal en sencillo.
1. En el 2009, el hermano del hoy presidente fue condenado a 25 años de prisión, como autor directo de rebelión y asociación ilícita para delinquir, entre otros delitos, y como autor mediato de asesinato y secuestro. Humala apeló la sentencia y seguía cumpliendo su pena en Piedras Gordas.La audiencia de apelación se realizó hace algunos meses.
2. El caso llegó a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, presidida por Javier Villa Stein. Allí ocurrió lo siguiente:
a) Los 5 vocales concluyeron que Antauro debía ser condenado por homicidio simple y no por asesinato. A varios que hemos seguido el caso como Carlos Rivera, Ronald Gamarra y quien escribe, esta votación era controvertida, debido a que el asesinato se cometió para facilitar otros delitos.
La clave para esta controvertida rebaja se encuentra en la acusación fiscal. Así lo explicó, hace algunas semanas, César Azabache:
La teoría sobre el asesinato ha fallado en esta parte del debate por un error que, debemos decirlo, se originó en la acusación. La ley permite considerar asesinato cualquier homicidio cometido para facilitar otro delito. Las muertes producidas en el enfrentamiento del Puente Colonial podían sin duda ser consideradas como asesinato bajo esta regla, como lo puede ser cualquier muerte provocada por una banda de delincuentes sorprendida mientras comete otro delito. La acusación, sin embargo, no propuso la condena sobre esta base. La Fiscalía pidió que el Tribunal declare que la forma en que los homicidios fueron cometidos expresó la ferocidad de los autores y una especial crueldad sobre las víctimas. El Tribunal lo aceptó, pero la Suprema ha declarado que el juicio no produjo evidencia que pruebe ninguno de estos dos aspectos. Al hacerlo, la teoría sobre el asesinato ha quedado descartada. Con ello se vuelve casi imposible mantener la condena en los 25 años que impuso el Tribunal.
Ello, per se, suponía una rebaja de la condena. Bastante controvertido el asunto, pero, lamentablemente, esta salida podía ser fundamentada en términos jurídicos.
b) Los vocales de la Corte Suprema discrepaban en dos puntos, en una votación que se encontraba 3 a 2: la pena a aplicar (19 o 17 años) y si Antauro Humala debía ser condenado o no por el delito de secuestro. Dado que las reglas te exigen que una sentencia de la Suprema deba tener 4 votos favorables en un sentido, se llamó a un vocal dirimente para resolver el caso.
El tema del secuestro es clave para que Antauro Humala permanezca en prisión. La Ley N° 28760 establece que los condenados por secuestro no podrán ser beneficiarios del indulto, ni de la conmutación de pena. Asimismo, esta misma norma también tiene consecuencias para el tema de los beneficios penitenciarios, que explicó en su momento Carlos Rivera.
Este debate sobre el delito de secuestro no solo es relevante en términos de la responsabilidad penal, sino también para efectos de considerar la aplicación de los beneficios penitenciarios. Los condenados como autores del delito de secuestro tienen beneficios penitenciarios en un rango de 7 x 1. Esto, consecuentemente, establece que la excarcelación del condenado será luego de haber cumplido de manera efectiva casi toda la condena.
Por ello es que las bravatas de Antauro Humala que decían que saldría de prisión en el verano próximo, con esta sentencia, quedan en ello, en gritería.
La verdad es que me queda un sabor algo agridulce de esta sentencia. Yo pienso que a Antauro Humala debieron condenarlo por asesinato y confirmarle la pena de 25 años de prisión. Pero, dentro del escenario legal en el que se inscribió la sentencia, la resolución era lo menos malo que podía ocurrir.
Y esperemos que los jueces no sean blandos cuando este señor pretenda pedir, casi al final de su condena, los beneficios penitenciarios. El hermano del Presidente de la República no ha mostrado arrepentimiento alguno ante hechos que suponen un atentado contra la democracia y acontecimientos atroces que 4 familias de valerosos policías han llorado por largo tiempo.
Mañana se realizará el polémico pleno del Congreso en Ica. Hoy los parlamentarios cumplirán con una serie de labores de representación en varias zonas de dicha región. Finalmente, ya en la cancha, veremos si este experimento de Daniel Abugattas funciona y que resultados trae.
Sin embargo, hay un punto en la agenda del pleno del Congreso de mañana que me ha llamado la atención: se propone la creación e implementación de la Universidad Nacional Tecnológica de Chincha.
Desde hace varios gobiernos, el Estado ha fundado varias universidades públicas sin la existencia de proyectos educativos ni de estudios serios que justifiquen su pertinencia. Por el contrario, han sido criterios estrictamente políticos los que motivan su aparición.
Pero el remedio es peor que la enfermedad. Con estas nuevas universidades y un Estado que descuida a las ya existentes, tenemos casas de estudios con un nivel de calidad bastante mediocre, que cuentan con facultades que no responden a las necesidades de sus regiones o entornos y con severos problemas de manejo administrativo. A ello sumemos la carencia de un sistema serio de acreditación universitaria o de incentivos para la investigación.
Una de las universidades nacionales que ha mantenido ciertos estándares de calidad es la Universidad Nacional Agraria La Molina. Ayer un grupo de estudiantes de dicha casa de estudios salió a reclamar algo bastante justo. Vía La República:
El presidente de la federación de estudiantes, Rodrigo Calmet, sostuvo que el rector Jesús Abel Mejía ha cedido unas aulas a la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) a partir de las 6 de la tarde “sin pasar por los órganos correspondientes, sin pasar por el Consejo Universitario ni se ha informado a la comunidad universitaria”.
“No lo vamos a permitir. Pedimos que se rescinda el contrato y sean transparentes con los demás contratos”, señaló Calmet a RPP Noticias.
Aquí una primera cuestión a contemplar es la transparencia. Las autoridades de la universidad manejan fondos públicos y, por tanto, es necesario que todos los miembros de la comunidad universitaria sean debidamente informados sobre decisiones como ésta, que resultan bastante controvertidas. ¿Por qué una universidad pública le va a alquilar espacio a una universidad privada que, además, es solvente y se maneja como una empresa? ¿Cuáles son los beneficios de esta medida para la Agraria? ¿A que se destinarían los fondos obtenidos por el alquiler? Esas son preguntas que debieran ser respondidas por las autoridades.
Pero una segunda cuestión es una demanda de los estudiantes: las instalaciones de la Universidad serán alquiladas en el turno noche, que los alumnos de la Agraria demandan como horario para hacer sus prácticas. Me pregunto, ¿la prioridad no la deberían tener los alumnos de la propia Agraria? Ojo, se trata de una demanda para mejorar el nivel de la calidad de su enseñanza y formación profesional. Se me viene a la cabeza el ejemplo de Chile, guardando las distancias.
El Presidente de la República y el Presidente del Consejo de Ministros se han comprometido a elevar los estándares de calidad de la educación universitaria y llevar a cabo procesos de acreditación serios. Pero ellos, junto a la Ministra de Educación van a tener que ir más firme en mejorar el trato que reciben los alumnos de las universidades públicas. Más que crear nuevas universidades, se requiere mejorar las que ya tenemos. Y si los alumnos demandan una mejor educación, hecho que va a repercutir en el desarrollo personal de cada uno de ellos, como para contar con mejores profesionales para nuestro país, es momento de hacerles caso.
La educación pública no es un tópico que sólo compete a quienes acceden a la misma. Los países más desarrollados son aquellos que conciben a la educación como un derecho y como un bien público. Preocuparnos por su estado y calidad es algo que nos compete a todos.
Hoy, como todos los días, vi los titulares de los diarios y el que más me llamó la atención es el de El Peruano:
Dos detalles: 1. Normalmente El Peruano no publica encuestas. 2. La misma aparece cuando la mayor parte de columnistas de opinión ha criticado la realización de la sesión descentralizada del Congreso en Ica, sea por el gasto o por la falta de una agenda clara (para mí, éste es el punto más crítico).
Y cuando uno ve la noticia, se percata que no hay ficha técnica (ni siquiera se dice quien encargó el estudio de opinión pública) y que la empresa que la realiza se llama Ideso, que, como imaginarán, no está inscrita en APEIM.
¿Qué encuestadora seria pone en su página web una foto con una autoridad pública, en este caso, la más importante del país? Pues ninguna. Justamente, las encuestadoras deben mantener una saludable distancia del poder político. Ni siquiera Idice, la encuestadora favorita del Partido Aprista Peruano, tiene una foto de Alan García en su página web.
El gerente de la encuestadora de marras, Gustavo Herrera Escate, declaró esta mañana. La República recoge sus declaraciones:
En palabras del gerente de la empresa, ésta tiene un alto recorrido en sondeos dentro de la región Ica. “Tenemos autorización para hacer encuestas a nivel nacional pero solo hacemos encuestas en Ica, y en varias de nuestras proyecciones hemos acertado”.
“Proyectamos que el señor Ollanta pasaba a segunda vuelta, cuando otras encuestadoras no le daban ese resultado, y finalmente pasó a segunda vuelta”, reveló en RPP.
En diálogo con la emisora RPP, dijo que la encuesta que cita el diario oficial El Peruano, no fue contratada por nadie, sino que la pagó la propia empresa.
“Nosotros, como empresa, financiamos esta encuesta, porque queremos hacer un trabajo netamente social para que los medios de comunicación puedan tener una concepción de los hechos que suceden en Ica”, agregó.
Resulta raro que una encuesta se autofinancie. La mayor parte de encuestadoras serias siempre son encargadas por un medio de comunicación y siempre se indica al contratante, o, en todo caso, se encuentra dentro de una universidad reconocida. Recordemos, además, que en la mayor parte de los casos, las encuestas de opinión sobre temas políticos solo ocupan el 5% de la facturación de este tipo de empresas.
Peor aún, cuando la encuestadora de marras es una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Es decir, una sola persona, sin socios, cuyo patrimonio empresarial se distingue del de la empresa para fines de responsabilidad. ¿Como se autofinancia una encuesta para 600 personas, sin ficha técnica ni establecimiento de donde se hace claramente? La otra opción es que la encuesta en cuestión no tenga el mínimo sustento para ser confiable.
Pero el tema se vuelve aún más complicado cuando quien levanta un estudio de opinión de una empresa desconocida, con un sólo accionista y con una foto del Presidente en su web es un medio de comunicación del Estado, es decir, un periódico que financiamos todos los peruanos con nuestros impuestos y que no debe estar puesto al servicio del gobierno.
Es cierto, El Peruano siempre ha sido casi un periódico de propaganda del gobierno de turno. El tema es que no debe serlo. O, como muchos pensamos, Editora Perú sólo debe sacar las normas legales y los avisos oficiales y, en último caso, hacer actividad de difusión cultural, pero no mantener un periódico dispuesto a servir al gobierno. En todo caso, el oficialismo ya tiene un diario - La Primera - en el cual, con plata privada, pueden defender a Humala y a Abugattas lo que les de la gana. Pero con la nuestra no.
Finalmente, esta encuesta levantada en el Diario Oficial termina siendo la cereza sobre el pastel de un viaje que ha resultado polémico por los costos como por la falta de temas claros a discutir. Si quieren levantar la imagen del Congreso, deberían seguir el consejo de Pedro Ortiz Bisso:
La mejor fórmula para que el Parlamento se acerque a la gente y recupere su confianza es simple: trabajar con responsabilidad, actuar con decencia, no huirle a la transparencia. No hace falta exprimirse demasiado el cerebro ni gastar mucho dinero. Lo demás es fuego de artificio, populismo barato, demagogia pura.
Y con una encuesta favorable al gobierno, levantada por El Peruano, la imagen puede terminar aún peor.
El señor de la derecha en la foto se llama John Hamilton. Para quienes estaban en edad de pediatría en los 90s, fue embajador de los Estados Unidos en el Perú entre 1999 y 2002. Y es ahora el protagonista de uno de los últimos Wikileaks que ha salido sobre el Perú.
Ciertas o no las cuestiones vinculadas a la vida personal de Toledo - que, al ya no ser funcionario público, no le deberían interesar a nadie -, Hamilton no era precisamente lejano al régimen fujimorista. Hoy Diario 16 ha rescatado una historia más que interesante:
Allí narra cómo es que Hamilton propuso a los representantes de esta entidad que sostuvieran una reunión con Montesinos para obtener “beneficios concretos” para inocentes procesados por terrorismo.
(…)
“Una vez de regreso a Lima, el embajador Hamilton nuevamente planteó el tema. Un emisario, Jorge Santisteban, fue a hablar en privado con Macher y le sugirió que se reuniera en privado con Montesinos. Macher respondió argumentando que ella haría eso únicamente a solicitud del Consejo Directivo de la Coordinadora, y siempre y cuando se tratara de una reunión pública”, se lee en el libro.
Asimismo, cuenta que en enero de 2000, tres representantes de la CNDDHH se reunieron con el mismo Hamilton para decirle personalmente lo inconveniente de una reunión de ese tipo, pues legitimaría la figura de Montesinos, quien por cierto ni siquiera era un funcionario público reconocido.
“Hamilton les dijo que ellos podrían conseguir resultados concretos de tal encuentro, específicamente, la liberación de algunos prisioneros a cambio de proporcionarle legitimidad a Montesinos o al régimen que él representaba”, se lee en la página 407.
En efecto, el libro menciona esa reunión y la negativa de los activistas de derechos humanos a semejante propuesta. Y aquí la pregunta sería: ¿por qué el embajador de los Estados Unidos de América proponía reuniones en la salita del SIN? Esta es una pregunta que Hamilton no ha aclarado.
Curiosamente, este cable fue difundido en la misma semana que Wikileaks ha afrontado su mayor crisis. Marco Sifuentes tiene la historia:
La organización enfrenta en estos días su mayor crisis de credibilidad. Durante meses estuvo publicando, poco a poco, en coordinación con decenas de medios alrededor del mundo, algunos de los más de 250 mil cables diplomáticos que tenía en su poder. Las publicaciones coordinadas con los diarios se cuidaban, más o menos, de proteger a los informantes de las embajadas.
El acuerdo entre Wikileaks y los medios consistía en remplazar el nombre de los informantes con doce equis (XXXXXXXXXXXX). Los diarios, además, estaban en libertad de recortar partes sensibles de los cables si así lo consideraban prudente. Esto no impedía que Wikileaks colgara en su web los cables completos, únicamente con los nombres remplazados por las X. De esta manera, por ejemplo, en este mismo espacio fuimos capaces de deducir la identidad del informante que reveló los vínculos del Ejército con el narcotráfico.
Las precauciones de Wikileaks ya eran imperfectas pero lo que pasó esta semana se trajo abajo todo eso. Un periodista de The Guardian que había colaborado con ellos desde casos anteriores reveló la contraseña para desencriptar el famoso archivo “insurance.aes256″, más conocido como el “seguro de vida” de Julian Assange. Este archivo llevaba meses dendo vueltas por los torrentes y miles de personas lo habían descargado. Se suponía que si a Assange le pasaba “algo”, Wikileaks daría el password para que esos miles pudieran abrir la caja de Pandora.
El problema es que ese archivo contenía los 250 mil cables sin editar, el material crudo, con los nombres de todos los informantes de las embajadas norteamericanas alrededor del mundo.
Y de hecho, dado que ese password estaba flotando, Wikileaks decidió soltar la clave de marras, con la condena de los diarios que publicaron originalmente sus informaciones. Y ello le ha complicado la vida, aún más, a una organización que ha sido víctima de su propio éxito. El golpe de los cables le causó la fama mundial, pero ha terminado siendo su ruina.
Es cierto que los cables de Wikileaks tuvieron cierto impacto en la elección peruana - sobre todo, el vinculado a Fernando Rospigliosi - y que otros merecían una investigación mayor. Pero había que tomarlos como una fuente más entre varias, dado que muchos son versiones de parte y otros apreciaciones de funcionarios norteamericanos. El caso del cable de Toledo cae en este último caso. Pero aquí, más que el ex presidente, quien ha terminado más dañado es el diplomático norteamericano, sobre todo, por el contraste con otras fuentes, siempre necesario ante este tipo de material.
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