Desde el Tercer Piso

Hoy Perú.21 ha hecho público lo que, todo indica, es un atropello. Veamos la nota publicada hoy por el diario:

El Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa condenó a dos años de prisión al director de Perú.21, Fritz Du Bois, solo por haber emitido una opinión.

La querella fue presentada por Rosario Amparo Flores Bedregal –tía de la parlamentaria de Gana Perú por Arequipa, Ana María Solórzano Flores– por, supuestamente, haberse sentido afectada por la columna de opinión “Pantaleón y la tía Pocha”, publicada en este diario el 10 de marzo pasado. En ese texto, el director ni siquiera la menciona.

Augusto Loli, abogado de Du Bois, calificó el fallo de “arbitrario, ilegal y parcializado”, y advirtió que una sentencia de esa naturaleza no tiene precedentes en la justicia peruana.

Enfatizó que la resolución, plagada de vicios, es insostenible desde todo punto de vista legal ya que, por ejemplo, el magistrado Yuri Zegarra Calderón fue más allá de los términos propuestos por las dos partes.

Para ser más precisos, Flores Bedregal presentó su querella por difamación debido al titular de la mencionada columna y a la frase: “La Tía Pocha, que es famosa en un negocio altamente rentable y con mucha liquidez como es la prostitución”.

Sin embargo, el juez forzó el caso y sentenció a Du Bois por hechos que nunca fueron conocidos durante el proceso: haber avalado la información aparecida en Perú.21, también el 10 de marzo, sobre los oscuros nexos de la entonces candidata Solórzano. Con esto –subrayó Loli– se violó todo derecho a la defensa. Por ello, anunció que, ni bien la sentencia les sea notificada, apelarán a la siguiente instancia e interpondrán una queja contra el vocal por inconducta funcional.

No he tenido a la vista la sentencia, pero los hechos relatados por el abogado Loli indican algunas cuestiones que llaman bastante la atención. La condena por hechos no alegados en la querella, sin duda, es una vulneración del derecho a la defensa, dado que Du Bois y su abogado no pudieron hacer sus descargos en relación con este hecho.

En cuanto al tema de fondo, cabe tener en cuenta que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene algunos criterios claros para este tipo de casos. Esta semana, la titular de la Relatoría, Catalina Botero, estuvo en Lima dictando una serie de conferencias y talleres. Tuve la oportunidad de participar en uno de ellos. Allí se dijo claramente que las opiniones no deben ser materia de judicialización civil ni penal. Y sobre el caso de informaciones vinculadas a candidatos y autoridades públicas, el criterio que tiene la CIDH es el siguiente:

Por último, es importante señalar que tanto la CIDH como la Corte Interamericana han considerado, en todos los casos concretos que han sido objeto de su estudio y decisión, que la protección de la honra o reputación de funcionarios públicos o candidatos a ejercer funciones públicas mediante el procesamiento o condena penal de quien se expresa—a través de los tipos penales de calumnia, injuria, difamación o desacato— resultaba desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática.

Las decisiones de la Corte Interamericana tienen como fundamento: (i) los niveles mayores de protección de los discursos sobre el Estado, los asuntos de interés público y los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o quienes aspiran a ocupar cargos públicos; (ii) las condiciones altamente exigentes de las limitaciones impuestas a este tipo de discursos; y (iii) los estrictos requisitos de validez con los que debe cumplir el recurso y los mecanismos procesales para limitar la libertad de expresión. Sobre este particular, la jurisprudencia ha explicado que tanto los funcionarios públicos como los candidatos a cargos públicos gozan, al igual que toda persona, del derecho a la honra protegido por la Convención Americana. Sin embargo, los funcionarios públicos en una sociedad democrática tienen un umbral distinto de protección, que les expone en mayor grado a la crítica del público, lo cual se justifica por el carácter de interés público de las actividades que realizan; porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente; porque sus actividades trascienden la esfera privada para ingresar a la esfera del debate público; y porque cuentan con medios apropiados para defenderse. Ello no implica que los funcionarios públicos no puedan ser judicialmente protegidos en cuanto a su honor, pero han de serlo de forma acorde con los principios del pluralismo democrático y ponderando el interés de tal protección con los intereses de un debate abierto sobre asuntos públicos. Se ha enfatizado que la utilización de mecanismos penales, tales como las normas sobre difamación, calumnia e injuria, para proteger la honra y reputación de funcionarios públicos o candidatos a ejercer cargos públicos, tienen un efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre el ejercicio de las expresiones críticas y del periodismo en general, impidiendo el debate sobre temas de interés para la sociedad. Además, se ha subrayado que existen otros medios menos restrictivos para que las personas involucradas en asuntos de interés público puedan defender su reputación frente a ataques infundados. Tales medios son, en primer lugar, el aumento del debate democrático al cual los funcionarios públicos tienen amplio acceso; y si ello fuera insuficiente para reparar un daño causado de mala fe, podría acudirse a la vía civil, aplicando el estándar de la “real malicia”.

¿Ello significa que los periodistas tienen patente de corso para hacer cualquier cosa? No. Si bien la CIDH señala que la sanción penal no es la adecuada, se tiene la vía civil y en ese caso las sanciones deben ser proporcionales al daño y al patrimonio que tiene cada periodista. Pero, como bien sabemos, las soluciones judiciales siempre deben ser la última ratio. Y allí entra lo viene señalando desde hace tiempo Roberto Bustamante: la existencia de defensores del lector o del televidente. Eduardo Villanueva enfatiza:

Pero aceptemos también que un diario ocupa un espacio importante en la esfera pública y tiene un rol que cumplir en la formación del debate nacional, y esta responsabilidad pública debería reflejarse en su accionar. El grupo debería tener un contrato explícito con el público en el que se diga qué espera del medio y hasta dónde lo dejará ir, para que quede claro para todos los interesados qué haría que el director se vaya: un compromiso moral de respetar la autonomía del medio. El mecanismo que algunos diarios usan es el ombudsman del lector, que garantizaría este contrato.

Y creo que por allí es donde debieran canalizarse varias de las críticas que se han hecho a la actuación tanto de Perú.21 como de otros medios (de todas las tendencias) durante la campaña electoral (o también en época no electoral). Más que en juicios, deberíamos pensar en como hacemos que los mecanismos que existen para la autorregulación realmente funcionen.

Esta entrada fue escrita el Viernes, 23 de Setiembre de 2011 a las 12:07 pm y archivada en Uncategorized. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del feed RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback desde tu propio sitio web.