Desde el Tercer Piso

Finalmente, debería someterse, en forma voluntaria, a una nueva investigación sobre el caso Madre Mía. Si bien tiene una sentencia a su favor por falta de pruebas, muchos tienen fundadas sospechas sobre su actuación en dicha localidad. Lo mejor es despejar cualquier interrogante.

Muchas de las dudas aún existentes sobre la actuación de Ollanta Humala en Madre Mía se fundamentan en los reportajes periodísticos elaborados durante el año 2006, muchos de ellos basados en los testigos que, meses más tarde, cambiaron de versión y provocaron que la causa sea sobreseida. Y para complicar más el panorama, aparecieron testigos durante la campaña electoral presentados como “claves”, pero cuyas versiones eran rápidamente desbaratables.

Hoy, se publicó la entrevista que César Hildebrandt hizo al ex abogado de Ollanta Humala, Carlos Escobar, quien también fuera fiscal del caso Cayara en la década de 1980. Escobar relata, luego de 5 años de apartarse de la defensa legal del caso, una versión que apuntaría a un supuesto intento de soborno a un fiscal encargado del caso en Huánuco, así como la presunta compra de testigos. Escobar da algunas referencias sobre otras personas que pueden corroborar su versión, que ampliaría en Lima si se acepta su pedido para declarar y brindar estos nuevos elementos.

Pero también Escobar da dos versiones sobre lo que pudo ocurrir en Madre Mía: la primera, brindada según él por Humala, refiere que el hoy presidente capturó a 3 personas que fueron entregadas a un superior suyo y éste se habría encargado de eliminarlas. La segunda, una deducción que hace Escobar, es que Humala fue el autor directo de ejecuciones extrajudiciales.

Sin duda, lo señalado por el abogado, a mi modo de ver, debería ser tomado en cuenta por las autoridades judiciales, a fin de establecer la verdad sobre hechos que nunca quedaron aclarados. Ojo, dicho testimonio deberá ser corroborado con las personas a las que citará en su declaración, así como con otros elementos que vayan más allá de los meros testimonios.

César Romero, periodista de La República y uno de los pocos especializados en el tema judicial en el país, ha aclarado en tres tuits todo el rollo legal vinculado a la declaración de Escobar. Los copio aquí para que nos quede claro por donde iría el camino legal:

1. En la declaración del ex fiscal Carlos Escobar, el testigo clave es Alejandro Ureta, sin este abogado el testimonio sirve poco. (Nota de DTP: Ureta es el abogado de Amílcar Gómez Amasifuen, uno de los implicados en el supuesto soborno a testigos).

2. La Suprema no escucha testigos al resolver un recurso de nulidad. Lo único posible es q anule la sentencia absolutoria para nuevo juicio.  (Nota de DTP: mientras que el proceso de Madre Mía por violaciones a los derechos humanos está cerrado, aún está pendiente de apelación el caso sobre el supuesto soborno a testigos para que se retracten de su versión inicial)

3. En un nuevo juicio recién podrían citar y escuchar todo el testimonio de Carlos Escobar y, sobre todo, de Alejandro Ureta. (Nota de DTP: LQQD, esta novela tiene para largo).

Una vez superado lo manifestado por Romero, la construcción de la responsabilidad penal en casos de derechos humanos requiere de varios indicios que permitan una única conclusión y ello supone una investigación fiscal que vaya más allá de lo que normalmente se ha hecho en el Perú, con la excepción del caso Fujimori.

Además de las dificultades en la investigación fiscal, surge el mismo dilema que se presenta en torno al caso El Frontón: la politización del caso. Así, más que sobre pruebas o indicios concatenados, el debate público sobre el tema Madre Mía, dependerá, como con Alan García, de las simpatías o antipatías que se tengan sobre el personaje. Y ello probablemente enturbie el esclarecimiento de los hechos, pero, sobre todo, la percepción que se pueda tener sobre los mismos. Primará más la posición a priori (a favor y en contra). E incluso, algunos silencios se pueden producir por conveniencia política y no solo para defender a Humala, como bien indicó Marco Sifuentes:

Remover mucho el caso podría estallarles por la culata a los fujimoristas defensores de la impunidad de los militares, especialmente, como ya dijimos, en un caso de 1992 bajo el comando de un dictador (como el mismo Rafael Rey admitió).

El testimonio de Escobar, por sí sólo, no condena a Ollanta Humala. Pero la sombra de la sospecha continúa sobre el Presidente de la República. Por su bien y por el de la gobernabilidad del país, que debe fundamentarse sobre la verdad, es imprescindible que aclare estas imputaciones. El silencio, aunque parece que le rinde réditos en las encuestas, no es el mejor consejero en todos los casos.