Junto con un conjunto de movidas interesantes en la Policía Nacional, hoy en Corpac se mandaron con una soberana metida de pata. Informa El Comercio:
Otro cambio que llama la atención es la reincorporación del general Eusebio Félix Murga como director de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). En el 2009 este oficial fue separado de esta dirección por dudas generadas sobre la real existencia de la banda “Los Pishtacos”. Félix Murga reemplaza ahora al general Pedro Bailón Farfán, quien ahora asume la Dirección Territorial Lambayeque.
El asunto fue tan ridículo que merece recordarse. La pastilla de memorex es de Marco Sifuentes:
El problema está en que, durante la conferencia y preguntado por cuántos de esos 60 asesinatos habían sido denunciados, el general Félix Murga tuvo que admitir que “en esa zona muchas personas no denuncian la desparición de familiares y allí nos estamos entrampando”. La Policía había encontrado un cadáver, lo que es grave, por supuesto, pero difícilmente evidencia de la masacre cinematográfica que vendió la Dinincri. “Por la cantidad de grasa que han indicado haber obtenido podemos indicar que han sido muchas las víctimas”. Ajá
Y no sólo eso. La supuesta organización criminal no tenía compradores para su contrabando. Era una mafia sin clientes. “Esta grasa, por el precio de 15 mil dólares, no estaba al alcance de cualquiera y probablemente, pues, haya una red internacional (…) indudablemente tiene que haber un comprador” balbuceó el general Fox Mulder. O sea, no tenían la más mínima pista de a quién le iban a vender la grasa que los Pishtacos transportaban dentro de unas botellas de Inca Kola de litro amontonadas en la maletera de un bus interprovincial.
(Lo peor de todo esto es que la Policía presenta a “Los Pishtacos del Huallaga” y todos nos concentramos en “los Pishtacos” y no en “el Huallaga”. Los campesinos capturados fueron detenidos en un laboratorio con anfo, fulminantes y droga y denunciados por la Fiscalía, también, por tráfico ilícito de drogas. Pero ésa no fue la noticia. Muy visto, ya.)
Pero, ¿por qué se llegó a semejante ridículo? Gustavo Gorriti señaló en ese entonces una hipótesis:
¿Por qué policías tan cuajados como el general Félix, el coronel Mejía y el comandante Toledo cometen un suicidio profesional con un caso tan endeble? Una explicación quizá no definitiva, pero la más convincente hasta hoy, proviene de la propia Policía.
Según esas fuentes, hay una competencia desenfrenada en la Dirincri por “generar titulares”. Una evolución perversa que la ha convertido en una especie de productora para el tabloidismo imperante en la televisión.
A fin de año, la presión, para hacer méritos y quedarse en la apetecida unidad, o lograr el ascenso, se acrecienta. Por eso, el caso se manejó en un grupo hermético dentro de la Dirincri. No se sometió “ni al grupo de análisis de secuestros ni siquiera a un trabajo de inteligencia”, según las fuentes.
La respuesta es sencilla. La Dirincri es la dirección de la policía que investiga asesinatos. Por tanto, es la fuente inagotable de esos rojísimos casos policiales que nos tienen tan entretenidos: Miriam Fefer, Marco Antonio, Alicia Delgado y todas esas interminables sagas que llenan páginas y minutos de nuestra dosis diaria de información.
Asi que, probablemente, hayan productores de televisión y de tabloides que estén festejando. Pero, a como va la cosa en materia de seguridad ciudadana, más que titulares efectistas o de imágenes alarmistas, lo que se requiere es una reforma en la Policía Nacional. Pero parece que en Corpac están pensando más en un buen titular al día siguiente.
La situación de los establecimientos penitenciarios en el país se ha vuelto a poner sobre la mesa a partir de lo ocurrido con dos presos célebres durante esta semana.
La serie de entrevistas brindadas por Antauro Humala durante estos días (para decir casi las mismas sandeces en todas ellas) reveló que un penal de máxima seguridad como Piedras Gordas es casi Disneylandia. No solo entran cámaras ocultas, sino también los presos (varios de ellos, secuestradores) tienen acceso a celulares. Un desastre para un establecimiento penitenciario que debería ser modelo.
Ayer, 24 Horas presentó un video en el que se aprecia a José Francisco Crousillat entrando y saliendo de San Jorge como si fuera su casa. Si bien el condenado por corrupción debe cumplir con un tratamiento médico, sorprende que no haya sido llevado con ninguna regla mínima de seguridad - incluso él mismo regateó el taxi -, considerando que ha sido un prófugo de la justicia por varios años.
Creo que el tema penitenciario pasa por cuatro grandes columnas: En principio, el tema de hacinamiento; mientras haya hacinamiento va a haber corrupción; mientras haya la posibilidad de venderle la cama a alguien, los internos lo harán. El otro tema es incrementar el número de personal del INPE, pues tiene un déficit de cinco mil trabajadores. También está pendiente la lucha contra la corrupción y que se promueva el trabajo de los internos.
El problema es que no existe una política penitenciaria en el país. Y ello ocurre porque, en el fondo, consideramos que los recluidos en un centro penitenciario son personas que han perdido todos sus derechos al delinquir y, por tanto, mientras peor estén, mejor para la sociedad. De allí que para muchos no sea noticia el alto nivel de tuberculosis en varias cárceles del país.
Es cierto que hay un conjunto de presos que, por diversas circunstancias, será difícil o imposible resocializar. Pero, como lo demuestra un reportaje de Oscar Miranda para Domingo de La República, sí es posible rescatar a jóvenes que han delinquido o personas que han tenido un primer ingreso a un penal. Ello implica incidir en aislar a los reos primarios y colocarlos en programas que los ayuden a reinsertarse rápidamente a la sociedad apenas salgan de prisión. La idea es cortar el camino para la formación de “carreras criminales” que terminarán con personas de 35 años, con 3 ingresos y con la posibilidad de quedarse en la cárcel de por vida.
Por ello, más allá de la discusión de si los penales deben o no privatizarse - un instrumento antes que una política -, el gobierno debería pensar cuál serán sus prioridades de política penitenciaria. De lo contrario, la situación del INPE seguirá siendo tan precaria como hasta el día de hoy. Y los penales serán o universidades del crímen o casi resorts para algunos presos.
Luego de 4 años, la situación de Pisco es la que mostró, hace un par de semanas, Cuarto Poder:
Luego de 4 años, Pisco se ha convertido en un símbolo de las limitaciones del Estado peruano. La reconstrucción, en lo que se ha podido avanzar, no ha tenido un plan claro. Los trabajos de alcantarillado y desagüe han colapsado en varias zonas de la ciudad. Otras obras no se han podido concluir por el incumplimiento de las empresas encargadas o por malos trabajos hechos anteriormente. Y podríamos seguir enumerando problemas.
“Cuando vayan a Pisco o a Chincha dentro de dos a tres años van a ver ciudades muchísimo más modernas y bonitas de lo que eran antes del terremoto, que fue el propósito del Presidente de la República cuando nos nombró”, refirió.
Cuatro años después, ni la modernidad ni la belleza aparecen. Y fue la desatención por parte del Presidente saliente la que hizo que Humala ganara en Ica en primera y segunda vuelta. Por ello es que Ollanta fue el viernes a iniciar sus giras por provincias allí.
Pero lo que no debe olvidar Humala es que, más allá del gesto, los ciudadanos de Pisco y otras localidades afectadas vienen reclamando que las obras sean terminadas de una vez por todas. Más allá de los gestos y las inauguraciones, se reclama que, como mencionó Patricia del Río hace un par de años, el Estado se ponga a la altura de la solidaridad de sus ciudadanos. Y no solo para reconstruir, sino también para tomar las previsiones necesarias en un país en el que, literalmente, en cualquier momento puede haber un sismo tan fuerte como el de hace 4 años.
Una de las cuestiones más complejas del gobierno de Ollanta Humala es el tema militar. Dos son las variables que determinan esta cuestión. De un lado, la situación de Humala como oficial en retiro del Ejército Peruano. Del otro, varios problemas existentes en la gestión del sector Defensa. Veamos algunas de las aristas importantes.
EL MINISTRO MORA:
La crítica principal que se le ha hecho a Humala es el incumplimiento parcial de uno de los compromisos que hizo en un juramento simbólico. Allí dijo:
10. Proclamo que los ministros de Defensa y del Interior serán civiles, en respeto al principio del control civil democrático sobre las fuerzas de seguridad.
Ciertamente, los militares en retiro son civiles. Y como le ha dicho José Robles a Correo Semanal, enfatizar en una división civiles - militares le hace un flaco favor a una mejor relación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad. Y de hecho, hemos tenido experiencias disímiles con ministros militares y civiles en Defensa.
En lo que se refiere a ministros civiles hemos tenido desde personas intachables y con vocación reformista como Loret de Mola con Toledo y Wagner con García, hasta personajes que terminaban defendiendo temas cuestionables, como fue el caso de Rafael Rey, cuyo paso por el sector Defensa es digno de recordación, para que se sepa que es lo que no se tiene que hacer. En el tema de ministros castrenses, hemos tenido a personas que han manejado con cuidado el sector, como el caso de Walter Ledesma en el gobierno de Paniagua, como ministros cuya gestión es francamente olvidable, como el de Marciano Rengifo, a fines del periodo de Toledo.
Dicho esto, sí creo necesario que, en la medida de lo posible, el Ministro de Defensa sea civil y con vocación democrática. Y enfatizo en lo de civil porque, más allá de la saludable identificación de los militares retirados con su institución, lo cierto es que, en muchos casos, no han sido ajenos a las pugnas entre promociones, armas y hasta pleitos personales que pueden provenir desde tiempos de las escuelas castrenses.
En esa medida, ¿cómo calificar el nombramiento de Daniel Mora?Como un error grave. Luego de 15 días en los que los ministros se han venido ubicando en sus distintos puestos y realizando los nombramientos de su plana mayor , queda claro que el punto más bajo del gabinete está en Defensa.
Como lo ha señalado Ana María Tamayo del IDL, un primer error de Mora es un repliegue hacia adentro, con nombramientos que no contemplan a civiles en la plana mayor e incluso la designación de militares con poca capacidad de dialogo con oficiales y suboficiales en retiro. Ello es importante para que la política de Defensa no se convierta en un ghetto vedado para quienes no están en el Ministerio.
El segundo error de Mora son sus declaraciones públicas. Ya antes de asumir se despachó con todo sobre temas vinculados a Chile y la demanda marítima, afortunadamente aplacadas por Salomón Lerner Ghitis. Pero lo dicho esta semana sobre el caso Antauro Humala es una patinada de campeonato que le pone tarjeta amarilla.
EL ASESOR VILLAFUERTE
Para complicar la situación de Mora dentro del Ministerio de Defensa, quien viene teniendo un peso creciente en las decisiones castrenses es Adrián Villafuerte Macha, nombrado como asesor presidencial en estas materias. Marco Sifuentes describió hace un par de meses su breve biografía y conexiones:
Adrián Villafuerte (a) “El Ácido” es el más mediático de los tres compañeros de promoción. Durante los 90 fue el hombre de confianza del general montesinista César Saucedo Sánchez. Ahora, es el principal consejero de Humala en asuntos militares, hasta tal punto que, pese a las críticas, integra la comisión de transferencia del Ministerio de Defensa. En el partido, una de las personas más cercanas a Villafuerte era, precisamente, el pesquero Alexis Humala.
Y hay más. Según una investigación de Angel Páez en La República, el próximo comandante general del Ejército sería el general de división Víctor Ripalda Ganoza. El actual, Paul da Silva, nunca ocultó su antipatía por Humala y sería relevado de inmediato. En la línea de antigüedad le seguirían dos generales más pero ya existen excusas para arrimarlos y que asuma Ripalda.
Ripalda pertenece a la promoción 1977, justamente aquella a la que pertenece Villafuerte y el relevo, en efecto, se produjo esta semana, en la forma antes indicada. De hecho, Paez menciona el peso de esta promoción:
La promoción todavía tiene tres generales de división en línea, Ricardo Moncada Novoa, Carlos Farach Ynga y Benigno Cabrera Pino. Es más, hay dos generales de brigada de la misma promoción, Jaime Araujo Olazábal y Raúl Silva Alván, a la expectativa para el ascenso este año al grado de general de división. Por lo tanto, se confirma la tendencia del apuntalamiento de la Promoción 1977 Coronel Mariano Aragonés, muy vinculada con el presidente por intermedio de su asesor personal, el coronel EP (r) Adrián Villafuerte.
Pero también es cierto que uno de los vínculos más fuertes que se tiene dentro de las instituciones castrenses es el de la promoción (el otro es el arma). Y ello hace que se pueda temer una posible cooptación de los mandos militares, un mecanismo de control civil que enfatiza en la lealtad al jefe de Estado y a sus allegados, antes que a la autoridad civil en sí misma. Y he allí un tema en el que Humala, crítico antes de llegar al poder sobre estas prácticas, deberá ser claro en explicar, sobre todo, por el peso que puede tener Villafuerte ante la presencia de un ministro con poca pericia en Defensa.
EL VRAE
Aquí las noticias son algo más alentadoras, pero, antes que por una directiva del ministro Mora, por el aprendizaje hecho por las propias Fuerzas Armadas de los errores cometidos durante el quinquenio anterior. Ambos cambios vienen en el tema del manejo de la inteligencia frente a Sendero Luminoso.
Con la aprobación de la jefatura del Estado, la conformación del Centro de Fusión de Inteligencia es un paso excepcional para la unificación del procesamiento de información oportuna, actualizada y eficaz con la finalidad de identificar el desplazamiento de las columnas terroristas, sus centros de aprovisionamiento, sus refugios móviles o temporales, así como la red de colaboradores que proveen de logística, alimentos y medicina a los senderistas, señalaron a La República fuentes militares y policiales.
Una de las graves fallas que siempre se tuvo en el tema del VRAE es la falta de información conjunta y compartida. Desafortunadamente, siempre los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas competían entre sí. Y menos aún con la Policía Nacional. Ello implicaba celos, pugnas y, sobre todo, quedarse cada uno con información importante. ¿El resultado? Varios oficiales y suboficiales fallecidos y el robo de armas en cada emboscada senderistas.
El segundo tiene que ver con la reestructuración de Inteligencia del Ejército. Aquí se profundizará en la especialización, la conformación de batallones especializados en tareas de inteligencia electrónica y de contrainteligencia. El refuerzo en la labor de inteligencia es fundamental para terminar con un foco importante de inseguridad que permanece desde tiempos de Fujimori, que no quiso liquidar el tema para seguir con el fantasma del terrorismo para ahondar en su permanencia en el poder.
LOS TEMAS PENDIENTES DEL SECTOR
Finalmente, quedan algunos temas pendientes, que tienen que ver, sobre todo, con el personal militar. El más mediático, sin duda, es el de las pensiones de los oficiales y suboficiales retirados. Y allí se tendrá que idear una fórmula moderna para el futuro, que tome en cuenta el tipo de trabajo especial de los sectores castrenses, pero que sea sostenible en términos económicos, como no ocurre ahora con la Caja de Pensiones Militar Policial. Ello implicará un trabajo político y también garantizar a quienes ya están jubilados bajo el sistema actual pensiones dignas.
Otro tema tiene que ver con los derechos del personal militar. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos elaboró un informe el año pasado sobre esta materia, que comprende la atención en servicios de salud, sepelio, beneficios por conflictos específicos y otros. El bienestar de la familia militar sí es una bandera que ha asumido Mora por lo menos en el discurso, pero allí tendrá que conseguir los recursos necesarios y sobre todo, administrarlos bien.
Finalmente, un tema que debería comenzar a cerrarse en este quinquenio es el legado del conflicto armado interno. Ello implica, de un lado, que el Ministerio de Defensa brinde la información necesaria para terminar de identificar a violadores de derechos humanos, a fin que sean procesados y, finalmente, se distinga a ellos de los oficiales y suboficiales que cumplieron con su deber. Del otro lado, que el Plan Integral de Reparaciones para las víctimas del conflicto, que ya los incluye según la ley y reglamento de la materia, comprenda en forma más nítida a la familia militar. Y claro, ir avanzando en una memoria común que reconozca el heroismo de muchos, pero también, las violaciones a los derechos humanos que otros cometieron.
Menuda tarea. Pero para ello, el Presidente de la República deberá evaluar si el esquema de poder que ha armado en torno a los temas castrenses es el más adecuado.
Más allá de la confirmación de la política de violaciones a los derechos humanos aplicada por el gobierno de Alberto Fujimori, este caso vuelve a poner en la agenda pública la necesidad de una política de Estado para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
El hallazgo de los restos de las 9 personas de El Santa desaparecidas y asesinadas se ha debido a los esfuerzos de los familiares antes que a la existencia de una política de investigaciones antropológico - forenses en nuestro país. Un reciente comunicado del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) señala que “urge la necesidad de que exista hoy una política eficiente de búsqueda e identificación de personas desaparecidas fomentada por el Estado”.
Este no es un problema menor. De acuerdo con cifras manejadas por el EPAF, más de 15,000 peruanos desaparecieron entre 1980 y 2000. En sus investigaciones, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) registró la existencia de 4,644 sitios de entierro a nivel nacional. La CVR también recomendó la elaboración de un Plan de Intervención Antropológico – Forense que permitiera la investigación, identificación y recuperación de los restos de desaparecidos o ejecutados extrajudicialmente. Este Plan sería ejecutado por una Oficina de Personas Desaparecidas, que nunca fue creada.
Sin embargo, dicho Plan no ha sido implementado en la forma recomendada por la CVR, lo que no ha impedido que tanto el Ministerio Público, a través del Instituto de Medicina Legal, así como con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, haya podido recuperar los restos de varias personas. A pesar de este esfuerzo, la dimensión de la tarea es enorme, tanto por la cantidad de sitios de entierro, como por el alto número de víctimas.
Es necesario que tanto el Ministerio Público como el nuevo gobierno pongan atención a este tema. Más allá de la obtención de pruebas judiciales, se trata de una respuesta para cerrar un duelo que parece ser eterno.
Hay situaciones, hechos y gestos que el Presidente de la República debería corregir, para mejorar la primera parte de su gobierno.
1. TRANSPARENCIA: Cualquiera que ve la página web de la Presidencia de la República nota que falta algo: la agenda de reuniones y actividades de Ollanta Humala. Algo tan básico como para saber que hace el Presidente. De hecho, El Comercio indica que:
(…) por ahora el mandatario solo se comunica a través de los 140 caracteres que le permite Twitter. Además, al consultar a los encargados de prensa de Palacio de Gobierno por la inexistente agenda presidencial, explicaron que Humala solo ha tenido “actividades privadas” y por eso no se publican en el portal de Presidencia de la República.
“¡La agenda de Palacio es imprescindible como también la de todos los ministros! El presidente tiene que colgar en la web diariamente con quién habla”, resalta Pedraglio.
Está en juego la credibilidad de un gobierno que recogió un amplio respaldo popular entre otras cosas porque prometió encarar frontalmente el que es percibido como el mayor problema del país: la corrupción. No hay forma de hacer verosímil que se va a honrar esta promesa si se pone como asesor jurídico del presidente a un abogado cuyo quehacer es la defensa de corruptos y narcotraficantes. El argumento de que según los usos jurídicos de un Estado de derecho todos tenemos derecho a la defensa es bueno para justificar que el abogado Roy Gates vuelva a su rentable actividad pero no para recomendarlo como consejero jurídico de la presidencia. Ojalá OH no espere a que los daños sean mayores.
Y para añadir más gasolina al fuego, hoy se conoció quela posible jefa de la SUNAT sería una prima de Nadine Heredia. Y si bien es cierto que la señora Tania Quispe Mancilla parece tener un CV nada deseñable, es una mala señal que una allegada a la pareja presidencial se encargue de una institución que ve por la recaudación del Estado y que, en el pasado, fue utilizada para presionar a medios o rivales políticos del gobierno de turno. Esperemos una corrección en este nombramiento.
Lo peor del asunto es que no solo se tejen suspicacias frente al gobierno, sino también que estos hechos terminan ocultando acciones correctas o nombramientos idóneos. Como diría el Presidente, están pagando el precio por varias reclutadas.
3. LA RELACION CON LA PRENSA: Pedir que Ollanta Humala sea tan locuaz como su antecesor o salga a la prensa todos los días es solicitar mucho. Pero a estas alturas, sí debería dar una respuesta frente a algunas acciones de su gobierno. Quiérase o no, los ojos ciudadanos siempre giran alrededor del Presidente.
De hecho, ya se nota incomodidad de algunos frente a la prensa. Ha sido el caso de Daniel Abugattas y Rafael Roncagliolo, quienes se fastidiaron rápidamente ante las preguntas de dos periodistas que hacían su trabajo. ¿A qué responde ello? Comenta Álvarez Rodrich:
Es obvio que el gobierno –o un sector de este– cree que la prensa origina sus problemas. Eso es un error. Quizá a algunos ministros les esté costando la adaptación al puesto, pues una cosa es con guitarra y otra con fajín. Esto significa que al académico o al político de oposición, la prensa les plantea desafíos distintos que a los que están en el gobierno.
Esto no implica dejar de reconocer que hay medios con mala leche hacia al gobierno, pero hoy estos no parecen ser la mayoría. Incluso, algunos que en la campaña actuaron de un modo subalterno ahora andan en fase de reacomodo ‘estratégico’.
Lo que pasa es que al gobierno en su conjunto le está costando el aterrizaje desde la campaña hasta la gestión pública, y eso lo lleva a confundir la crítica legítima –propia de una prensa con aspiración de independencia– con mala onda.
¿Qué tan efectiva ha sido esta medida vertical? De arranque un ministro ya la desobedeció. En una entrevista con El Comercio, el titular de Defensa, Daniel Mora, opinó sobre un tema judicial que no le compete: la asonada en Andahuaylas y la situación de Antauro Humala: “Él no participó en forma directa, no empuñó el arma, sí gestó el movimiento. Dejemos que la justicia actúe”.
En realidad no es necesaria una directiva para que el gobierno tenga una mejor coordinación de sus mensajes. Basta con una reunión interna entre miembros del gabinete para acordar sus márgenes de declaración y cumplir con el artículo 123 de la Constitución, que señala que el Presidente del Consejo de Ministros es, luego del Presidente de la República, el portavoz oficial del gobierno.
El problema con estas cuestiones es que el gobierno termina envenenando la relación con la prensa, que se queja con razón de falta de facilidades para su trabajo. Una relación que, como bien dice AAR, debe ser respetuosa, pero distante y tirante. Ello implica, como señala Fernando Vivas, a que ambas partes reconozcan errores y sepan que sus roles, en muchas ocasiones, van a ser contrapuestos. Lo mejor, en todo caso, es siempre la transparencia.
4. NO REPETIR ERRORES EN SEGURIDAD CIUDADANA: Finalmente, el tema que será la primera prueba de fuego del gobierno en temas de fondo será el de la seguridad ciudadana. Y allí, más que una corrección de su propio estilo, el actual gobierno deberá ir hacia un quiebre con cómo se han manejado estos temas en anteriores gestiones. Comenta Carlos Basombrío:
Se produce una tragedia que conmueve a la ciudadanía (en este caso la de la familia Reggiardo, a la que extiendo mi solidaridad). Los políticos indignados reclaman medidas severas. Los gobernantes dicen que la seguridad ciudadana es su prioridad. Se anuncian leyes durísimas y más recursos. Algunas veces se dan, otras no. Pasan unos días y las cosas vuelven a la “normalidad”; es decir, la delincuencia sigue su curso, la ciudadanía sigue sufriéndola y, en el fondo, en lo que realmente importa, no pasa nada. Ello hasta que ocurre la siguiente tragedia y la puesta en escena se repite.
5. COLOFON: No corregir estos errores puede llevar a lo que señala Mirko Lauer:
Es cierto que el gobierno está acumulando metidas de pata, la principal de ellas no dedicar más tiempo y esfuerzo a explicar algunas de sus movidas más polémicas. Eso no calmará al antihumalismo ultra, pero sí introduciría en el debate algunos argumentos que ahora están faltando a gritos, y que seguramente los simpatizantes están esperando.
Cometería un serio error el gobierno si se deja provocar y arrastrar a una confrontación con los medios. Pues estos, incluso los que están cerradamente en contra del gobierno, son de gran utilidad para la buena marcha de una democracia. Promulgar medidas y poner en marcha iniciativas es la tarea del nuevo gobierno. También los gritones son de palo.
Soy claro desde el título, porque no falta alguno que dice que “solo se protesta cuando es Fujimori”. Alberto Fujimori y Antauro Humala son, stricto sensu, dos criminales y deben cumplir la pena que merecen en la cárcel. Eso es una cuestión de principio y de solidaridad elemental con las víctimas.
Para entender claramente que es lo que ocurre con Antauro Humala, es necesario contar la historia judicial de su caso. Como se sabe, en el 2009, el hermano del hoy presidente fue condenado a 25 años de prisión, como autor directo de rebelión y asociación ilícita para delinquir y como autor mediato de asesinato y secuestro. Humala apeló la sentencia y permanecía cumpliendo su pena en Piedras Gordas.La audiencia de apelación se realizó hace algunos meses.
Hace un par de semanas, el Poder Judicial publicó en su página web los votos que los magistrados de la Sala Penal Permanente habían dado sobre la apelación. Los magistrados concordaron que Humala era culpable de homicidio, pero no calificado, sino simple. Esta interpretación es bastante discutible, según lo señala Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal:
Resulta muy preocupante que la Suprema Corte haya asumido un criterio de interpretación respecto del delito de homicidio que beneficia abiertamente al condenado Humala Tasso desconociendo no solo la gravedad de los hechos (el crimen) sino –sobre todo- que los hechos encajan en la descripción típica del delito de homicidio calificado (artículo 108° del Código Penal). Se mató 4 policías para facilitar otros delitos, principalmente el delito de rebelión. Inclusive alguno de ellos fue rematado por uno de los autores materiales. Ese dato fundamental ha sido literalmente licuado por la Suprema y por ello afirma que solo se trata de un homicidio simple.
Más claro ni el agua. En ese extremo, lo señalado por la Sala es absolutamente criticable y condenable.
El tema es que los votos de la Sala aún no pueden considerarse como sentencia, porque aún existe una discrepancia sobre la comisión del delito de secuestro por parte de Antauro, así como sobre la pena a imponer (entre 17 a 19 años). 3 vocales señalaron que es responsable de secuestro y 2 de ellos indicaron que no, por lo que es necesario llamar a un vocal dirimente que verá el caso a fines de agosto. El tema del secuestro es clave pues, como indica Rivera:
Este debate sobre el delito de secuestro no solo es relevante en términos de la responsabilidad penal, sino también para efectos de considerar la aplicación de los beneficios penitenciarios. Los condenados como autores del delito de secuestro tienen beneficios penitenciarios en un rango de 7 x 1. Esto, consecuentemente, establece que la excarcelación del condenado será luego de haber cumplido de manera efectiva casi toda la condena.
Además, de acuerdo a la legislación sobre secuestro, en forma similar a lo que ocurre con Fujimori, si se confirma la condena por este delito, Antauro Humala no podrá solicitar conmutación de pena, derecho de gracia ni indulto.
La segunda declaración polémica fue la de Javier Villa Stein, presidente de la Sala que ve la apelación de Antauro. Indicó Perú.21:
Precisamente, Villa Stein dijo es un tema delicado que “debe ser visto desde la perspectiva de la gobernabilidad y no podemos pasar por alto que se trata del hermano del presidente de la República, ese es un hecho que no podemos soslayar”.
Luego Villa Stein se tuvo que retractar, pero no faltó quienes recordaran algunas cuestiones que pasaron en su gestión como presidente del Poder Judicial sobre la independencia de este poder del Estado. Señala David Lobatón en un artículo sobre el estado de la justicia durante el segundo alanismo:
Así, en el año 2009 se hizo público un video en el que el juez superior César Vega Vega —en ese momento, además, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima para el periodo 2009/2010—, aparece participando protagónicamente en un mitin partidario en las calles del distrito limeño de Breña. Este mitin aprista era en homenaje a un conocido dirigente de dicho partido, Carlos Roca. Pese a la contundencia del registro fílmico, la OCMA ni siquiera le abrió proceso disciplinario luego que el entonces presidente del PJ, Javier Villa Stein, rápidamente saliera en su defensa señalando —increíblemente— que el juez Vega Vega tan solo había participado en una “celebración de cumpleaños”.
Todo ello ha alimentado las suspicacias sobre una posible intervención del gobierno en el tema, por más que sus voceros hayan negado que iniciativas de amnistía estén en la mesa. Sin embargo, por si alguien en el gobierno se le ocurre dicha peregrina idea, Ronald Gamarra señala claramente que:
“Lo que pasó con él no debe ser perdonado, ni olvidado, y yo creo que si el Poder Legislativo está tratando de construir una credibilidad no puede hacerlo si se mete la mano en un hecho como este”, indicó Ronald Gamarra.
De esta manera el ex procurador rechazó cualquier posibilidad de que el militar en retiro, preso en Piedras Gordas pueda acogerse a una amnistía por parte del Congreso de la República.
“Crímenes como estos no merecen ser amnistiados”, agregó el abogado en Willax TV, tras negar la tesis del hermano mayor del presidente, quiena alega una insurgencia contra un gobierno ilegítimo.
Y como bien señala Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Antauro Humala asesinó a 4 policías y sus familias reclaman justicia. Que el vocal dirimente y algún despistado congresista que piense siquiera en la peregrina idea de amnistiar a este sujeto tengan en cuenta eso. Antauro debe responder por sus crímenes, que la impunidad no sea la regla en este caso.
MAS SOBRE EL TEMA: Ayer el Premier descartó que se esté evaluando algún indulto. Veamos las declaraciones dadas a Panorama, vía El Comercio:
Reclamar resultados a un gobierno que tiene una semana sería iluso, irresponsable e idiota. Pero sí es posible evaluar gestos, modos de actuar, nombramientos y temas que están circulando a partir de las primeras medidas de gobierno o de lo que la coyuntura va poniendo en el camino. Aquí una crónica de una semana en la que el Presidente de la República ha preferido el silencio mediático, en lo que parece ser la confirmación de un estilo en el que Ollanta Humala preferirá la entrevista directa y la conferencia de prensa antes que el tumulto de cámaras y micros.
NOMBRAMIENTOS ADECUADOS, NOMBRAMIENTOS NO TAN BUENOS
Que Félix Jiménez y Carlos Tapia hayan sido nombrados como consejeros presidenciales no debería llamar la atención. Se trata de personas que pertenecieron al entorno que lo acompañó desde el año 2006 y se trata de personas honestas y firmes en sus convicciones. Quizás si cabría que se explique cuales son las funciones de los asesores del Presidente de la República, a fin de evitar posibles choques con los ministros.
Lo que si ha sorprendido y para mal, es esta foto que publica Hildebrandt en sus Trece:
El señor en el círculo de la foto es Eduardo Roy Gates, conocido por todos por haberse desempeñado como abogado de Rómulo León Alegría durante los últimos años. Y hoy ha sido nombrado como asesor legal del Presidente (¿y el ministro de Justicia?). Ok, el patrocinio legal no descalifica a nadie perse. Pero la defensa hecha por el abogado llegaba a niveles de defensa de lo indefendible, como que “no había pruebas para condenar a Rómulo”. Pruebas hay muchas y si bien es cierto que a esta altura es injusto que RLA sea el único procesado de todo el caso Petroaudios que se esté comiendo prisión, tampoco es que León Alegría sea candidato a gestor de intereses del año.
Si Ollanta Humala enfatizó durante la campaña y en el mensaje presidencial que iba a combatir fuerte contra la corrupción, el nombramiento de un abogado que ha sido tan vehemente en la defensa de su cliente no es la mejor señal que se puede transmitir.
CANCILLERIA: ENTRE LO BUENO DE LA HAYA Y UNA GAFFE CON LA PRENSA
El refuerzo del embajador José Antonio García Belaúnde, ex canciller, también es saludable, dado que es uno de los funcionarios públicos que mejor conoce esta materia.
A estas alturas del partido, resulta innegable señalar que el presidente Correa pretende meterle miedo a la prensa que no está de acuerdo con su gobierno. Se puede estar de acuerdo o no con las posiciones de los diarios opositores a Correa, pero la reacción que viene teniendo el gobernante contra la prensa de su país que no se le cuadra es absolutamente desproporcionada y vulneratoria de las libertades de opinión y expresión que los tratados internacionales garantizan a los periodistas. Incluso, como señala Ramiro Escobar, esto le supone un mal negocio en términos políticos a Correa, además de las cuestiones de principio que aquí defendemos.
Por tanto, la portada de Correo, diario con el que hemos discrepado en muchas ocasiones (y lo seguiremos haciendo), era absolutamente correcta. Y que el Canciller se mande con una declaración como ésta lo deja bastante mal. Es cierto, el señor Aldo Mariátegui debería ser más enérgico en pronunciarse en casos cercanos como el cierre de radio La Voz de Bagua, o los despidos de periodistas de Canal N o de Rosa María Palacios. El doble standard que él acusa a otros es el mismo que él aplicó cuando, por ejemplo, Alan respaldaba a un gobierno violador de derechos humanos como el de China.
Aún asi, creemos que en este caso Correo procedió en forma adecuada, expresando su rechazo ante un personaje ante el cual las diplomacias no cuentan. El canciller debería rectificar este error.
Y digo en el Perú porque éste no es un tema esencialmente limeño. Como lo han demostrado los reportajes de INFOS difundidos durante las últimas semanas, en el norte del país la situación es de órdago. Y ello se debe, entre otras cosas, a la falta de metas cuantificables en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, a las precarias condiciones en las que opera la Policía Nacional y, por supuesto a que:
En los últimos 10 años, el Perú vio pasar a 14 ministros del Interior: siete con Alejandro Toledo (Fernando Rospigliosi fue dos veces) y siete con Alan García.
— Eso nos da un promedio de 8 meses y medio por ministro. Imagínate una empresa donde el directorio cambia tan deprisa: ¡No camina! –dice Gino Costa, director de la ONG Ciudad Nuestra y ex ministro de dicha cartera-. Si el ministro rota mucho, también rotan los directores generales y eso genera gran inestabilidad en la propia policía.
El nuevo ministro del Interior, Óscar Valdés, ya ha anunciado algunas medidas concretas, como que los policías dejarán de resguardar entidades privadas y sanciones para los comisarios que no operen de manera adecuada. Hasta allí, parches. Lo que se requiere, además, es que incida en otros aspectos que ha señalado como diagnóstico, como la capacitación policial, la mejora de sus condiciones y ver como adecuará la investigación policial al nuevo Código Procesal Penal.
He aquí un reto importante y en el que, esperemos, el nombrado de la talla para ello, a pesar que no se conocían previamente sus ideas sobre seguridad ciudadana. Valdés también debería tomar en cuenta los consejos que da Lucía Dammert, experta en este tema.
Y hay cosas que se pueden hacer por parte de los ciudadanos. Ayer en Twitter salió una iniciativa que comparto y que todos deberíamos aplicar: no comprar cosas robadas. Si se genera un mercado de artículos robados, eso incentiva a que los delincuentes persistan en ello. Por tanto. he aquí algo que se puede hacer. Otra cosa es lo que recomienda Dammert en la entrevista que da a La República:
Entonces por un lado la sociedad deberá esperar señales políticas de sostenibilidad, pero por otro lado, la ciudadanía debe reconocer que el fenómeno del crimen no se resuelve ni con castigos más fuertes ni con mayores cárceles ni con más policías, sino que hay raíces sociales que permiten estos niveles de violencia y criminalidad.
Antes que ello, la cuestión es reclamar que se cumplan las normas vigentes y ver como enfocar el tema social, en forma complementaria a lo que se debe hacer desde la Policía y el Poder Judicial.
Finalmente, en los demás ministerios, se han comenzado a dar anuncios acerca de sus ejes centrales de acción. Se trata de un equipo en vías de afiatamiento pero, como se menciona en Hildebrandt en sus Trece, parece tener menos disidencias de las que se pensaba. Aún así, se requieren mensajes más claros en varios temas, como el de la Constitución o frente a las declaraciones de Antauro Humala que lucha para que permanecer el menor tiempo posible en la cárcel (algo en lo que estamos en desacuerdo). Y también se requiere afinar el mensaje de Lerner Ghitis para saber cuales serán las medidas en el campo social que se adoptarán.
No estamos ante un desastre de gobierno, como muchos que aún lloran por la herida de la derrota electoral señalan. Tampoco nos encontramos ante el mejor de los gobiernos, como los humalistas más fanáticos proclaman en redes sociales. Advertir a tiempo de errores y signos preocupantes es lo mejor que se puede hacer por el bien de un gobierno que debería entender que los gestos pesan, muchas veces, más que las palabras o que las obras físicas. Y aún le quedan retos aún más grandes por resolver.
Hace dos días, en una entrevista que me concedió - para La Mula -, el ex presidente del Congreso Henry Pease señaló que existían personas que pensaban en la Constitución como el único medio para hacer los cambios que requiere el país.
Desafortunadamente, lo que me indicó Pease es lo que se ha visto en la discusión producida alrededor de la mención hecha por el Presidente de la República al “espíritu y principios de la Constitución Política de 1979”.
De un lado, se han activado las alarmas de quienes señalan que la Constitución de 1993 es la generadora del desarrollo económico que ha tenido el país. Curiosamente, estas personas no recuerdan que muchas de las normas dictadas para la liberalización de la economía fueron promulgadas cuando la Constitución de 1979 estaba vigente. Asimismo, tampoco recuerdan el pésimo desempeño económico del fujimorismo durante su segundo gobierno, remarcado por Rosa María Palacios a José Chlimper durante la campaña electoral.
Del otro lado, se han entusiasmado demasiado quienes piensan que un cambio constitucional es la panacea para los problemas del país. Las constituciones no son programas de gobierno. Es una norma que establece un mínimo de consenso para la convivencia (derechos humanos), reglas económicas básicas y los elementos fundamentales del sistema político. Esa es su función principal y son las acciones de gobierno las que hacen que su contenido pueda plasmarse en la realidad.
Mi opinión personal es que las Constituciones de 1979 y 1993 tienen serios problemas, justamente, en los aspectos que son intrínsecos a ellas. En un caso, por no contemplar instituciones hoy reconocidas (como la Defensoría del Pueblo) y por severos problemas de diseño político. En el otro caso, por no reunir el consenso necesario para merecer el nombre de tal, dado que 18 años después, seguimos discutiendo su legitimidad como expresión de un consenso (la legitimidad jurídica de la misma está salvaguardada).
Sin embargo, y como bien ha recordado Juan Sheput ayer, no estamos en un momento propicio para una modificación total de la Constitución, dado que los ciudadanos no están muy entusiasmados con un tema que sienten lejano o sienten temor sobre posibles cambios. Reformas puntuales, temas concretos, parece ser la fórmula ideal.
En principio, estoy a favor de que el Congreso haya impuesto una sanción a Martha Chávez por el papelón hecho el día de la juramentación del Presidente de la República. No se sanciona el derecho al piteo - elemental y natural en toda democracia - sino la forma en cómo se ejerció, desluciendo la ceremonia.
Incluso en términos políticos, la reacción de Chávez fue mala para el fujimorismo. Hubieran quedado mejor si luego de la ceremonia hacían todas las protestas y reclamos que querían, en lugar de convertir al Congreso en el barrio de barras bravas que se convirtió. Por el contrario, se agudizó la imagen de esta agrupación como excesivamente dependiente de los gestos autoritarios a los que la señora Chávez nos tuvo acostumbrados durante el decenio en que Fujimori gobernó el Perú.
Dicho esto, sí creo que hay un problema con que la sesión para la sanción de Chávez haya sido reservada. He revisado el Reglamento del Congreso y no se contempla un caso como éste. De allí que voces como las de Ricardo Uceda, director del IPYS, ha señalado que pedirán copia de la sesión. Veamos sus declaraciones:
El haber celebrado la sesión de esta manera puede propiciar que Chávez inicie una campaña de victimización, cuestión que ya ha comenzado a hacer en distintos medios de comunicación. Asimismo, el pretexto de “evitar escándalos en la sesión” para que la misma sea a puerta cerrada no se sostiene. Para eso está una Mesa Directiva que debe poner reglas claras para el debate y no una medida que se presta para especulaciones y, sobre todo, para que la congresista sancionada se presente como la víctima. Como ha señalado el congresista Luis Iberico, el remedio ha sido peor que la enfermedad.
El Congreso, además, debería ser igualmente expeditivo en investigar al parlamentario nacionalista Josué Gutiérrez, quien acudió con Alexis Humala al controvertido viaje a Rusia. Ello no sólo en razón de un tema que preocupó en su momento a la opinión pública, sino también para medir con la misma vara a todos los parlamentarios que ponen en entredicho la imagen de una institución que está siempre en el ojo ciudadano.
Finalmente, para el fujimorismo se plantea un reto. Con Chávez suelta en plaza, se agudizará el pleito por el tipo de oposición que hará esta agrupación en los siguientes años, así como por el giro que va a tener una agrupación con muchas disputas pendientes sobre su futuro. Literalmente, se juegan su destino. De allí que el deschave de Martha Chávez pueda ser más fuerte dentro que fuera del fujimorismo. Y hasta ahora Keiko Fujimori no es clara sobre la posición a tomar.
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