El juicio sobre el caso BTR sigue dando que hablar. Durante estos días viene hablando Giselle Giannotti, cuyas declaraciones se concentran en las supuestas presiones para declarar a favor o en contra de determinados personajes o empresas. En ello sigue la línea de otros procesados por este caso.
Las revelaciones han venido mas bien por el lado periodístico. El domingo en Cuarto Poder, Carlos Hidalgo presentó un reportaje extenso sobre las declaraciones de la ex analista de BTR, pero donde la carne era un audio interceptado a directivos de la empresa Laive, una conocida empresa del sector lácteo lo que para muchos demostraría que parte del chuponeo tuvo un componente de disputa industrial, apuntando a una competencia directa de Laive, el grupo Gloria. Veamos la parte correspondiente del reportaje:
No es la primera vez que se menciona al Grupo Gloria en esta historia. De hecho, en enero de 2010, Angel Paez de La República presentó dos reportajes (ver aquí y aquí) con material interceptado por la gente de BTR. Las conclusiones las presentamos en DTP en este resumen:
1. Las empresas interceptadas son: Empresa Agroindustrial Laredo, de capitales colombianos y vinculada al mercado azucarero, Laive, una conocida empresa peruana de productos lácteos y Cementos Otorongo, de capitales portugueses. De las tres empresas, solo de la última se tenía noticias de un posible espionaje industrial.
2. Al momento de ser interceptadas, las tres empresas competían contra el grupo Gloria, de propiedad de la familia arequipeña Rodríguez Banda, por posiciones en sus respectivos mercados. Con Laredo, se disputaba comercialmente la adquisición de accciones en la azucarera Cartavio, que actualmente está en poder del grupo arequipeño. Con Otorongo, la disputa vendría porque la empresa portuguesa competirá directamente con las cementeras que Gloria tiene en el sur del país. Y con Laive disputan el mercado peruano de lácteos, junto a la trasnacional Nestlé.
3. Gloria no ha emitido ningún descargo hasta el momento sobre lo emitido por Paez, pero cuando salieron las primeras versiones de espionaje a Cementos Otorongo, un representante de la empresa negó que la misma esté involucrada en estas prácticas. Hasta el momento, no existe evidencia que permita comprobar que Gloria haya contratado a BTR para labores de espionaje industrial.
4. Sin embargo, hay un elemento presentado por Paez que merece mayor investigación (además de los anteriores):Carlos Tomasio de Lambarri, uno de los chuponeadores, habría mantenido contacto con Roberto Torres Franco, su compañero de promoción en la Marina. Pero que también tenía vínculos con Gloria:
En el 2007, el Grupo Gloria compró la azucarera Cartavio, luego de una larga disputa con Manuelita, corporación colombiana dueña de Laredo. Torres trabajaba para Cartavio y continuó en su puesto gerencial cuando Gloria se hizo propietario de la azucarera norteña.
El 2008, los directivos y ejecutivos de Laredo, entre ellos funcionarios colombianos de Manuelita, fueron ‘chuponeados’ por BTR, como consta en audios que La República ha conseguido como parte de una prolongada investigación.
Tomasio ha reconocido haberle hecho trabajos de consultoría a Torres, pero a título personal. Gloria dice que no era un funcionario de confianza, sino un ejecutivo que renunció en el 2009, según él, por una mejor oferta de trabajo.
Por tanto, hay aquí varios elementos para indagar en esta línea. De hecho, la hipótesis que siempre se manejó en relación al espionaje industrial es que tenía que ver con varios negocios, entre ellos el cemento. Y fue por allí que llegaron a los actos presuntamente ilícitos relacionados con personajes vinculados con este gobierno.
Pero hay un elemento que me ha llamado la atención y que no ha sido suficientemente explorado: el discurso de los chuponeadores. Sobre todo en el caso de Elías Ponce Feijóo. Durante el juicio y en una entrevista en dos partes en el diario La Primera (ver aquí y aquí) ha intentado justificar su actuación de espionaje industrial en dos argumentos fuertes: apoyamos a García para que gane las elecciones “frente a la amenaza chavista” y luego interceptamos a los corruptos de su gobierno “por el bien del país”.
Eso tiene que ver con la arista política de este caso. Y no me refiero con ello a cuanto sabían o estaban metidos en actos de corrupción personajes del más alto nivel de este gobierno. Sino a la permisividad que tuvo el gobierno con esta gente durante un buen tiempo. Sobre todo porque lo que se había montado era un sistema de inteligencia paralela con personas que habían trabajado antes en instituciones militares vinculadas a esta materia y, además, teniendo en cuenta los antecedentes peligrosos que ya se habían tenido con Vladimiro Montesinos.
Así que junto con el quien pagó, es necesario saber las razones por las cuales empresas y políticos confiaron en esta gente, tanto para su propia seguridad como para la intranquilidad de sus rivales.
Entradas (RSS)