Este fin de semana, Keiko Fujimori trajo en visita de médico a Rudolph Giuliani, ex alcalde de Nueva York, frustrado candidato presidencial, quien ahora se presenta como experto en seguridad ciudadana.
Sin duda, las intenciones de la candidata Fujimori son dos: reforzar una imagen de “respaldo internacional” (aunque no sea gratis y no aclaren cuanto cuesta la venida de Giuliani), así como el tema seguridad, una de las banderas de Fuerza 2011.
Pero la venida de Giuliani tiene algunos problemitas. Para comenzar, el plan de Fuerza 2011 es un flan en materia de seguridad ciudadana. Hace algunos meses, Gustavo Carrión, ex jefe de la Policía, indicó lo siguiente:
Fuerza 2011.- Propone mano dura contra la delincuencia, la seguridad ciudadana será el eje principal de su gestión, promoverá las brigadas vecinales con el apoyo de las fuerzas armadas, establecerá el trabajo forzado para los reincidentes, en general impulsara penas más severas para los delincuentes.
La propuesta de Keiko Fujimori, si resulta verdaderamente aterradora, además de ser eminentemente punitiva, el fetiche de “mano dura” recogido por ella, nos tiene necesariamente que llevar a decodificar esta mano dura como la vuelta de organizaciones clandestinas al estilo “grupo colina”, más aún si propone militarizar la seguridad de la ciudadanía haciendo participar a las Fuerzas Armadas. Claro está, que ya cuenta con el instrumento legal, producido durante la gestión de Rafael Rey en el Ministerio de Defensa, el Decreto Legislativo 1095, que habilita la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad ciudadana, ya no sólo durante los regímenes de excepción, también en las épocas de normalidad, lo que evidentemente ubica la propuesta en el plano exclusivamente punitivo. A esta propuesta debe adicionarse la participación en la lista congresal, del personaje a quién muchas voces atribuyen la inspiración del supuesto Escuadrón de la Muerte en Trujillo, hecho que viene siendo investigado en esferas judiciales, pero que en todo caso, constituirían prácticas perversas, delictivas y antidemocráticas. De todas las propuestas, además de no enfrentar estructuralmente el problema de la seguridad, constituye una oferta populista, antitécnica e inviable, aumentada con la intención de recurrir a la inclusión imposible de la pena de muerte en la legislación penal nacional.
Traer a Giuliani no soluciona estos problemas, por el contrario, los enfatiza. Ayer, Jo - Marie Burt, politóloga norteamericana que ha residido varios años en nuestro país, relató su experiencia con el ex alcalde de la ciudad en la que vivió en la década de 1990:
Algunos de mis amigos y familiares lo vieron a Rudy Giuliani con buenos ojos, pues consideraron que hizo a la Gran Manzana más “vivible” con su política de “tolerancia zero” a la delincuencia. Pero yo, y muchos de mis amigos y amigas, tenía otra apreciación. Lo que yo recuerdo de Giuliani fue un alcalde intolerante, abusivo, incluso autoritario. Lo que yo recuerdo de Giuliani fue acusación tras acusación de abuso policial, maltrato a los ciudadanos, incapacidad de escuchar.
Participé en varias marchas y protestas contra su administración. Uno de los más grandes sucedió en marzo 1999, cuando un joven inmigrante de Guinea, Amadou Diallo, fue asesinado con 19 balas —sí! 19 balas!— por cuatro policias del condado de Nueva York —“New York’s finest” (“lo mejor de Nueva York”), como solían referirse a la policía de la ciudad. Diallo no estuvo armado. Los cuatro policias que lo mataron decían que al acercarse a Diallo, metió la mano en su chaqueta y pensaron que estaba buscando una pistola, y lo mataron “en defensa propia”. Dispararon 41 balas —sí! 41 balas!— y 19 le cayeron al cuerpo de Diallo, matándolo instantáneamente. ¿Defensa propia? Así no.
La noticia del asesinato de Diallo fue un detonante de protestas masivas contra la administración de Giuliani, quien ya había sido ampliamente criticado por su política de mano dura en el control del crímen teñida de actitudes y prácticas racistas. Un año y medio antes, otro hecho escandalizó a la ciudad y puso en relieve el lado oscuro de la política de “mano dura” de Giuliani. En agosto de 1997, un inmigrante haitiano, Abner Louima, fue detenido y llevado a la comisaría septuagésimo de Nueva York, donde fue brutalmente torturado. Los policias lo sodomizaron con un desatascador y le causaron heridas al recto y la vejiga que le costaron dos meses de internamiento en un hospital.
Las mismas críticas han sido esgrimidas en Chile, dado que el gobierno de Sebastián Piñera está evaluando contratar los servicios de la empresa de Giuliani. Hugo Guzmán, periodista de la radio de la Universidad de Chile, señala que elementos parece no considerar el gobierno chileno (lo que se aplica al caso de la señora Fujimori):
La experta Florencia Fontan, master en Derecho de la Universidad de Harvard manifestó que el formato Giuliani “parte de la premisa de que cualquier violación a la ley, sea grave o no, como orinar en la calle o atravesar fuera de los pasos de peatón, permite al policía parar al sospechoso, revisarlo e interrogarlo”. Agregó en tono cuestionador que “eso sería imposible en la mayoría de los países latinoamericanos. Es inconcebible criminalizar conductas aprendidas culturalmente”. Por cierto, el gobierno de la Ciudad de México le pagó hace varios años, 4 millones 300 mil dólares a Giuliani para un plan antidelincuencia…y cualquier persona medianamente informada sabe cómo anda la delincuencia en esa capital.
Esa manera de ver el combate al delito, llevó a que en Nueva York se creara la Unidad de Lucha Contra los Crímenes de la Calle, es decir, el “delito menor” y la represión contra los protagonistas de la calle. En dos años hubo 45 mil personas arrestadas como “sospechosos”, 37 mil personas detenidas “sin motivo justificable” y hubo 4 mil casos abandonados por falta de pruebas. El 80% de los jóvenes negros y latinos de Nueva York fueron arrestados o cacheados al menos una vez.
Pero en nuestro país se han criticado las ideas de Giuliani. Gino Costa escribió en 2007 el libro La Ventana Rota y otras formas de luchar contra el crimen. Y si bien Costa reconoce que hay aspectos a considerar - aunque también los atribuye a William Bratton, ex jefe policial de NY -, señala que en la realidad latinoamericana, no funcionaría, dado que:
a) Las salidas meramente penales dejan de lado la formación de una cultura ciudadana, que es parte del problema de la criminalidad en nuestros países. Una solución integral a este problema no debe dejar de lado la aplicación de la ley, pero debe contar con políticas sociales y de recuperación de espacios públicos.
b) Se debe contar con información que no solo proceda de fuentes policiales, para hacer un mejor control del trabajo de la policía. Además, esta información permite establecer las causas de la criminalidad, más allá de un enfoque estrictamente represivo.
c) Las ya esgrimidas críticas de abuso policial y represión a los derechos ciudadanos.
En esa línea, hoy Carlos Basombrío destaca en su columna la Primera Encuesta Nacional Urbana de Victimización, que tiene datos como los siguientes:
Por ejemplo, que el 41% de los hogares ha sido víctima de algún delito en el último año, lo que es altísimo. Confirma, a la vez, cosas que ya sabíamos, como que la mayoría de los delitos son patrimoniales, en particular robos al paso. Rompe algunos esquemas: Trujillo no es donde la gente está más asustada (es Piura), ni la de más alta victimización (son Tacna y Huaraz).
Finalmente, ¿cómo queda en este panorama el asesor Marco Miyashiro, ex miembro del GEIN, ex jefe de la Policía y ex viceministro del Interior, que colaboró en la captura de Abimael Guzmán con un enfoque basado en la inteligencia? Pues sobre ello ni Fujimori ni su equipo han sido claros, como en muchas cosas durante esta campaña.
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