Desde el Tercer Piso

En medio de su campaña de aggiornamiento, Ollanta Humala intenta olvidar los aún presentes cuestionamientos por el caso Madre Mía y presenta una serie de propuestas en materia de derechos humanos que, de un lado, son compatibles con lo que muchos de sus aliados y compañeros de partido piensan sobre la materia y, del otro, alejar lo que para muchos es un fantasma autoritario.

Veamos que propone el Plan de Gobierno de Gana Perú sobre esta materia y si cumple con ambos objetivos.

Humala, igual que Toledo, propone acompañar el proceso de seguimiento de las recomendaciones de la CVR. Pero Gana Perú es más preciso que Perú Posible en este punto. Aquí se habla de implementar las reformas institucionales en educación, justicia y defensa y orden interno; establecer un fondo para las reparaciones a las víctimas; crear un alto comisionado para las zonas aún afectadas por la violencia; reconocer el heroismo de héroes civiles y militares e impulsar el proceso de judicialización de los responsables de violaciones de los derechos humanos.

Es cierto que hace falta un poco más de detalle en el cómo, pero van en buen camino. De hecho, en la web de Gana Perú, señalan algunas medidas para los próximos 100 días que enfatizan en estas materias.

Otro punto en el que coinciden PP y Gana Perú es en el impulso a los derechos de los pueblos indígenas. Los nacionalistas enfatizan en el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT sobre esta materia, lo que incluye el derecho a la consulta, la resolución de los problemas de titulación colectiva y el reconocimiento de los derechos a la organización social y a las costumbres.

Donde sí convendría una mayor precisión acerca de lo que quieren decir es con puntos como “garantizar las condiciones para la contratacion y empleo igualitarias” (¿qué implica en términos concretos?) o “velar por una adecuada representación de los pueblos y sus culturas en los medios de comunicación” (es decir, como dilucidar entre lo que son actos claros de racismo o cuestiones que pueden entenderse como censura).

Otras medidas menos controvertidas y más claras están vinculadas con la titulación de tierras de las comunidades indígenas y nativas, la implementación de educación multicultural y multilingüe, la promoción de políticas de identificación de poblaciones nativas, entre otras.

Lo que también me parece bueno del plan es la inclusión de políticas para las personas con discapacidad, un tópico comúnmente poco tocado en documentos electorales. Aquí se contempla fortalecer el CONADIS, el impulso de la accesibilidad a los sistemas sociales y a los edificios públicos y la creación de programas de educación y empleo para estas personas.

Donde sí parece que recularon los nacionalistas es en el tema de los derechos de la comunidad LGTB. Hace unas semanas, en mi columna en Diario 16, señalé que activistas de esta causa vinculados a Gana Perú presentaron una propuesta de políticas bastante amplia. Sin embargo, semanas después, otros activistas sostienen que estos temas no fueron incluidos en el plan de gobierno o en el discurso de Humala. A ver si frente a los últimos hechos de violencia contra activistas LGTB hace unos días dice algo un candidato que enfatiza en su discurso sobre la igualdad entre los peruanos.

En suma, un saldo relativamente positivo pero Humala deberá precisar su posición sobre algunos temas expuestos en este post.

A falta de discusión sobre propuestas, los dislates que las autoridades que deben ser neutrales o de las que deben regir el proceso electoral copan la agenda mediática. En ambos casos, con razón. No es posible que hasta ahora en Palacio de Gobierno y en la Casa del Pueblo sean incapaces de explicar que pasó con un aporte de la campaña pasada en efectivo (y devuelto al cash).

Y tampoco lo es que el Jurado Nacional de Elecciones termine dando normas que despierten suspicacias sobre la buena conducción del proceso electoral - tal como pasó en la última elección municipal -, cuestión de confianza que nunca debe perderse en medio de elecciones tan importantes como éstas.

Vayamos por partes. A fines de diciembre de 2010, el JNE expidió un Reglamento del Registro Electoral de Encuestadoras, una norma que regulaba que información debían proporcionar las empresas encargadas de hacer encuestas para su fiscalización. Hasta allí no hubo problema alguno y de hecho, es bueno que estas instituciones pasen por un control general.

El problema surgió con una modificación a este Reglamento que fue emitida el último viernes. Esta modificación contemplaba que, dentro de la información que debían proporcionar, las encuestadoras debían entregar al JNE el nombre, DNI y teléfono de los encuestados. Según el Jurado, esto serviría para realizar un “submuestreo de la encuesta” que permita establecer su nivel de confiabilidad.

La modificación es cuestionable por dos razones:

1. Metodología de encuestas: Estadística 101: esta medida no serviría de nada. Los amigos del blog Ya tengo el POder lo explican sencillo:

Pero, es absurdo pensar que se pueda verificar la representatividad de una muestra, si es que de entrada se dice que no puede ser representativa, porque solo se puede encuestar a quienes entreguen DNI, teléfono y dirección. Osea, vamos a ver si dices la verdad pero no te voy a dejar averiguar la verdad.

Al mismo tiempo y como efecto colateral, se encarecería la forma de elaborar la encuesta, dado que no todas las personas están dispuestas a brindar a un perfecto desconocido sus datos personales y, por tanto, sería más difícil encontrar a personas dispuestas a ser entrevistados si se tiene esta obligación. Y como señala la cita anterior, al final terminas sesgando la muestra.

2. Experiencia comparada: En ningún pais democrático se pide la identidad de los encuestados. Es decir, se fiscaliza que se haya trabajado bien la encuesta, pero no se solicita en momento alguno saber quienes la respondieron. La norma dictada por el JNE recuerda, más bien, a Venezuela, donde esos datos - que se presumen secretos - son usados para amedrentar a quienes no votaron u opinaron a favor del gobierno.

¿Y quienes han sido los más entusiastas defensores de la propuesta? Pues, oh casualidad, los políticos a los que los sondeos de opinión no los vienen favoreciendo hasta el momento. Y seguro estarán felices con la anunciada huelga de encuestas caidas que los miembros de APEIM - donde están afiliadas las encuestadoras más importantes y confiables - anunciaron el día de ayer.

El argumento más sintomático de este grupo de politicos descontentos lo brindó ayer Aurelio Pastor en Correo:

Asimismo, las encuestadoras “acreditadas” han demostrado a lo largo de los últimos procesos electorales estar bastante lejos de la correcta predicción electoral y han fallado estrepitosamente en sus anuncios. Nos preguntamos: ¿qué puede hacer que un estudio bien realizado esté tan alejado de los verdaderos sentimientos del electorado? Con total justificación, se sospecha que son los intereses particulares los que condicionan el contenido de las encuestas.

El problema es que Pastor parte de una premisa errada: que las encuestas previas a las elecciones son pronósticos. Y no lo son. Son meras fotos del momento. Alfredo Torres, en su libro Opinión Pública 1921 - 2021 señala un ejemplo claro de como deben tomarse las encuestas (oido a la música, Aurelio):

Si, por ejemplo, un candidato que iba en el tercer lugar semanas antes de las elecciones consigue el segundo lugar en un proceso electoral - como ocurrió con Alan García en 2006 - es porque llevó a cabo una campaña política eficaz. Si las encuestas que lo ubicaban inicialmente en tercer lugar estaban equivocadas, entonces su campaña electoral no habría tenido ningún efecto.

(TORRES, Alfredo, Opinión Pública 1921 - 2021, Lima, Aguilar, 2010)

Asi que no hace falta cambiar las reglas de regulación de las encuestas, sino la forma de pensar sobre ellas.

MAS SOBRE EL TEMA:

La opinión legal de Iriarte & Asociados

Las columnas de Tafur, Javier Torres, AAR y Balbi en contra de la medida

En Ya tengo el POder, el Morsa y las teorías de la conspiración sobre las encuestas

Este fin de semana debe haber sido de terror en Palacio de Gobierno. Y es que lo que se inició como una denuncia desde Caretas que fue rápidamente desinflada - como tantas en el último tiempo - terminó por salpicar a los círculos más cercanos a la Presidencia.

Todo comenzó el miércoles. Como bien cuenta Álvarez Rodrich en su columna del sábado, en una reunión privada en Palacio, Alan se congratulaba de que la noticia sobre los presuntos vínculos de sobrinos de Javier Reátegui con los Sánchez Paredes que saldría al día siguiente en Caretas reventaría la campaña de Toledo. Ya sabemos que la denuncia terminó siendo un flan.

El viernes, se dio un giro de tuerca al caso. Ese día, El Comercio - con fotos y videos - sacó a la luz la relación amical y comercial entre José Antonio Nava Mendiola y Alfredo Sánchez Miranda. El segundo es miembro de la familia Sánchez Paredes, mientras que el primero es hijo de un hombre poderoso. Marco Sifuentes nos presenta de quien se trata:

Y aquí es cuando hace ingreso a escena su eminencia gris, Luis Nava Guibert, el segundo hombre de Palacio, secretario personal de García, el que decide quién despacha y quién no con su jefecito, el único funcionario que -sin ser ministro- juramentó solemnemente en el Salón Dorado junto al Gabinete Del Castillo. Para más señas: un prohombre condecorado (por Alan) con la Orden del Trabajo en el grado de Gran Oficial y actual candidato aprista al Parlamento Andino. Ah, el dato que nadie menciona: ex director de Mutual Perú durante el primer alanismo, puesto por el que estuvo un año en prisión, acusado de malos manejos en la desfalcada financiera estatal.

El tema es que, desde el viernes, en el Twitter - y el domingo, en las columnas de ocraM y de Fernando Rospigliosi - se presentaron una serie de hechos vinculados a las relaciones entre Nava Jr. con los Sánchez Paredes y con Comunicore, así como el rol que el actual ministro del Interior Miguel Hidalgo - que también investigó el caso Petroaudios (en el que Nava padre e hijo han sido mencionados)- tuvo en este intrincado rollo.

El drama se completó el sábado, cuando, en La República, Alfredo Sánchez Miranda dijo que había puesto 5,000 dólares para la campaña de Alan en el 2006. El dinero fue entregado a Mirtha Cunza, secretaria personal de AGP y, hasta hace 48 horas, se sabía que la gestión la había hecho Humberto Abanto Verástegui, abogado de los Sánchez Paredes, militante aprista y ex asesor de Luis Alva Castro en el Congreso.

Ante la bomba, Alan dijo que devolvería la plata y hasta incluso llegó al punto de hacer bromas como: “Pero, francamente, si ha dado esas enormes cantidades, cinco mil dólares, es un narcotraficante de pacotilla entonces. No son muy generosos” (incomprensiblemente secundadas hoy por el “son muy avaros” de PPK).

Y de hecho, García devolvió la plata, pero no sin incidentes. Alfredo Sánchez Miranda se quejó porque el presidente lo llamó narco y, más tarde, dijo que no hará aportes monetarios en esta campaña, pero que sí lo hizo en el 2006 a varias personas, sin mencionar nombres. Casi un mensaje en clave.

Para complicar más la situación del Presidente, hoy el abogado Abanto Verástegui confesó que la plata donada por Sánchez Miranda fue entregada en efectivo y devuelta por Alan en efectivo.

Todo este rollo ha motivado estas preguntas bastante acuiciosas de Paola Ugaz:

1-.¿De que cuenta salió la plata para el pago de #los5000?
2-.¿El entorno del presidente García no sabía de los lazos de Humberto Abanto con la familia Sánchez Paredes?
3-. ¿También se devolverá la plata de la camioneta que vendieron a Sánchez Paredes?
4-.¿Hay fotos o video de la entrega de #los5000 al abogado Humberto Abanto?
5-. Una operación de 5,000 dólares debe pasar por un banco de acuerdo a la Ley de Bancarización, ¿hay algún voucher de esta operación a la que podemos acceder por la Ley de Transparencia?

Abogados tributaristas, ¿el Presidente y Sánchez Miranda olvidaron pagar el ITF?

Durante muchos años, le guardé respeto a Caretas. Durante los años del fujimorato, fue uno de los pocos medios que se dedicó a investigar y hacer preguntas incómodas a un régimen autoritario. La misma faena la cumplieron - con clausuras y censuras - durante las dictaduras militares de Manuel Odría, Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez. Y varias de las plumas más notables del periodismo peruano han pasado o iniciado su carrera en la revista.

En los últimos años, no me he encontrado de acuerdo - en la mayor parte de los casos - con la línea editorial que ha tomado la revista - explícita en esta entrevista a Marco Zileri en Ideele -, en particular, en lo que respecta al gobierno o al caso Petroaudios. Pero hay situaciones que escapan a la mera discrepancia de pareceres y que implican otro tipo de reflexión.

Dos errores serios de la revista, en los últimos tiempos, han sido una denuncia contra Cecilia Valenzuela y José Ugaz basada en una entrevista que nunca se realizó, o los intentos vanos de involucrar a Rosa María Palacios y a su esposo sin pruebas en el caso de los Petroaudios (y de aminorar la responsabilidad de Jorge del Castillo). Sobre ambas cuestiones, la revista, a pesar de las evidencias presentadas sobre sus afirmaciones, nunca se rectificó y menos aún pidió disculpas.

Pero en estas últimas semanas, ya en campaña electoral, Caretas ha protagonizado dos patinadas de campeonato.

La primera de ellas no ha sido muy comentada y se produjo hace tres semanas. En la nota que daba cuenta de la existencia de la enfermera de Fujimori como postulante al Congreso, cometieron un error grave en relación con la ex congresista Luz Salgado:

El retorno de Luz Salgado, Carmen Lozada y Martha Chávez provocó la renuncia del congresista Rolando Sousa, quien pidió “no manchar la lista llevando a personas vinculadas con parientes envueltos en escándalos judiciales”. Los esposos de Salgado y Lozada, son prófugos por delitos cometidos durante la década del ’90.

La afirmación en el caso del esposo de Luz Salgado es falsa. Domingo Paredes, cónyuge de la ex congresista fujimorista y candidata al Congreso, jamás estuvo procesado por hecho doloso vinculado a la década de 1990. Y hay que decirlo también, Salgado salió absuelta de los cargos en su contra. La revista cometió un error en un dato clave. Como imaginarán, Paredes envió una carta a la revista y Caretas tuvo que pedir disculpas, aunque claro, no lo hicieron en un artículo sino en la respuesta a la misiva.

Como bien saben, en este blog tenemos abiertas discrepancias con el fujimorismo, pero no podemos dejar de anotar lo que es un error del tamaño de una catedral. Peor aún, cuando Caretas señaló que el reportero encargado de la nota “no cruzó la información”. Y más aún cuando el afectado es una persona absolutamente libre de cualquier responsabilidad política o penal.

El segundo hecho “no corroborado” vino en paquete en las últimas dos ediciones de la revista. A través de dos artículos bastante ambiguos, Caretas intentó mostrar presuntos vínculos de Perú Posible con el narcotráfico, a través de indicios bastante endebles. La semana pasada, la revista presentó una foto tomada al vuelo a Alejandro Toledo con Manuel Sánchez Paredes en 2006, en lo que luego se supo fue una de varias tomas en una reunión de la Asociación de Criadores de Caballos de Paso. La revista incluso habló de una supuesta investigación conjunta de la DEA y el Ministerio del Interior sobre el tema, cuestión que fue desmentida tanto desde La Encalada como en Corpac.

Ayer, la revista presentó los supuestos vínculos de dos sobrinos de Javier Reátegui - candidato a la segunda vicepresidencia por PP - con los Sánchez Paredes. Pero la presentación del reportaje tenía una serie de fallas que El Comercio reseñó en su página web (énfasis y links añadidos de DTP):

El periodista argumentó que su publicación descubrió que “un chico de apellido Reátegui” era dueño de un auto que visitó la minera de los Sánchez Paredes: “A partir de ahí se fueron estableciendo una serie de relaciones”. Sin embargo, tal y como acepta Zileri, estas relaciones familiares no fueron corroboradas con el mismo Javier Reátegui.

Más grave aún, en caso de haberse comprobado dicho parentesco, la publicación no aclaró de qué forma —a través de los Reátegui Reyna y luego a través de Reátegui Roselló— el dinero de los Sánchez Paredes había llegado a las arcas de la campaña de Perú Posible.

Ante esta afirmación, formulada por la periodista Patricia del Río, Zileri respondió: “Tienes razón. (Pero) La semana pasada el rechazo era total (al informe sobre presuntos nexos entre Alejandro Toledo y Manuel Sánchez Paredes), (dijeron que) era una patraña absoluta y que era inducido por Palacio. De no tener nada qué ver, ahora tenemos que hay unos Reátegui cerca de los Sánchez Paredes. Nos acercamos bastante. Esperemos que no sea su familiar”.

Zileri aclaró que “no decimos que hay aporte del narcotráfico (en PP) sino inquietud a nivel de inteligencia policial”.

Acerca de por qué “Caretas” no daba cuenta más bien de las relaciones del hijo de Luis Nava, secretario de Palacio de Gobierno, con el clan Sánchez Paredes, Zileri indicó: “Estamos en la coyuntura electoral”, olvidando que Nava es, justamente, candidato aprista al Parlamento Andino y que podría salir electo este 10 de abril. Antonio Nava, hijo de Luis Nava, es gerente de una empresa que transportó varias veces insumos químicos a la minera Comarsa, propiedad del referido clan.

Luego vino el desmentido de Reátegui, los intentos de Zileri de defender la “investigación” y una entrevista a una de las personas que era sindicada como “sobrino” de Reátegui y no tenía relación con el ex ministro. Al final, Marco Zileri ha reconocido errores y ha señalado su voluntad de rectificar la información. Veremos si cumple con ello.

Sin embargo, como hemos visto, más allá de un error puntual, hay errores en la verificación de datos que han afectado a personajes que se encuentran en las antípodas tanto en el periodismo como en la política. Y Caretas llegó a ser una revista respetada por muchos de sus 60 años de existencia fue, además del buen humor de la revista, la rigurosidad en el dato y en la investigación.

Si Caretas quiere volver a ser Caretas, tiene que volver a su esencia, antes descrita. Y más allá de amistades o preferencias políticas, ello implica que sea una ilustración de la realidad peruana, como lo dice su propio subtítulo. De lo contrario, Caretas será, como en los últimos años, una languideciente costumbre antes que un aporte.

(Foto extraída de aquí)

La campaña avanza, al igual que la publicación de encuestas, los insultos, las descalificaciones y los bailes. Y dado que los candidatos aún no se ocupan mucho de sus propuestas, creo que sería bueno que, antes de pasar a esa etapa, esclarezcan algunos puntos pendientes de esta primera parte del juego electoral.

Sería interesante que el hasta ahora cómodo puntero, Alejandro Toledo, nos explique porque tres empresas constructoras brasileñas financian su campaña. Una de ellas, Camargo Correa, tuvo a varios de sus directivos investigados por lavado de activos, evasión de impuestos y sobornos. No queremos tener otro caso Petroaudios en el próximo gobierno, así que convendría una aclaración sobre este aportante.

Keiko Fujimori podría respondernos como llegó, en pocas semanas, a desperdiciar una de las fortalezas de su grupo político: una bancada monolítica, con la cual se podía discrepar, pero que ha terminado con siete bajas antes de su inscripción. La bancada que consigan – salvo excepciones - apunta al rápido transfuguismo, al papelón y a la lucha a favor de la impunidad. (Ver más en una buena columna de Renato Cisneros)

Luis Castañeda Lossio, en lugar de seguir fomentando cortes de cabello que no sirven de nada, podría decirnos – si se le ocurre decir más de dos palabras – porque su gestión retrocedió lo avanzado por su antecesor Alberto Andrade en materia de comercio ambulatorio y dejó a la actual alcaldesa una bomba de tiempo con este tema. Curiosamente, ahora que Villarán se puso a ordenar el Centro, la golpean desde un diario que defiende a Castañeda con caricaturas que recuerdan a los ataques que el fujimontesinismo daba al fundador de Somos Perú.

Convendría que Ollanta Humala, en lugar de acusar ataques a su persona, responda a la denuncia presentada por Cuarto Poder en estos días, acerca de la presencia del ex custodio de su legajo personal – al mismo que se le extraviaron documentos – como jefe nacional de personeros de Gana Perú. Sobre todo, cuando el caso Madre Mía se cerró por falta de pruebas, entre ellas, el legajo perdido.

Finalmente, PPK debería decir porque su alianza de derecha democrática no presenta propuestas en materia de derechos humanos. También debería mencionar porque ha dejado de lado uno de sus caballitos de batalla: el agua. Y finalmente, valdría la pena que nos cuente porque un liberal como él apoya una norma que está en las antípodas de su pensamiento, como la Ley Oviedo.

(Columna publicada en Diario 16 el 10.02.2011)

(Imagen extraída de aquí)

Llegó la hora de comenzar a ver las propuestas de los candidatos presidenciales, para tomar una decisión que vaya más allá del espectáculo lamentable de estas semanas. De hecho, ya otros colegas bloggers me han tomado la delantera con esta materia y han comenzado a presentar sus visiones sobre los planes de gobierno en determinados temas.

Por ejemplo, el amigo Mildemonios ha hecho toda una saga sobre el tema de infraestructura vial. Y ha comenzado otra sobre educación hoy, en la que presenta las propuestas de PPK sobre la materia. Mientras que Ben Solis ha desarrollado los temas de tributación y deporte en Homo Económicus. Y antes de que me ganen los temas (y por cuestión de tiempos) aquí presentaré lo que los candidatos proponen en justicia, reforma política y derechos humanos. Con este último punto arranca la saga.

Y comenzamos con Alejandro Toledo, no sólo por ser puntero en las encuestas, sino porque, como constatan en la foto de arriba, ya fue gobierno y sus propuestas pueden ser contrastadas con lo que hizo o dejó de hacer. A ver sí en este tema “al Perú no lo para nadie”.

Toledo incluye sus propuestas en la materia bajo el título de Inclusión Social. Y comienza con un enunciado genérico de “respeto, defensa e promoción de los derechos humanos en todas sus dimensiones”, para que las violaciones ocurridas en el pasado no vuelvan a repetirse. Hasta allí un buen punto de partida en comparación con otros partidos con anticuchos en esta materia.

Acto seguido, el plan de Perú Posible indica que fortalecerán la “comisión de seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad”. Intuyo que se refieren a la CMAN, vinculada sobre todo al tema de reparaciones pero que no ha enfatizado mucho en las demás propuestas del informe final de la CVR.

Hasta allí, es congruente con el apoyo de Toledo a la CVR durante su gobierno, pero el plan no señala cómo y en qué materias se fortalecerá el seguimiento. Y sería bueno saberlo porque, salvo por el programa de reparaciones colectivas, el gobierno anda en debe en este aspecto. Punto como para una repregunta.

El plan se detiene más en lo que se refiere a políticas en favor de determinados grupos humanos. Por ejemplo, en el caso de los afroperuanos, se establecerán programas específicos de apoyo a su inclusión en la vida nacional. Y nuevamente la interrogante: ¿cuáles programas?

En lo que se refiere a pueblos indígenas, los chakana boys sí son más específicos y, sobre todo, algo más concretos. Se propone la reglamentación e implementación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, un tema que quedó pendiente con los sucesos de Bagua sólo en lo que se refiere a la implementación de mecanismos de consulta. También indican que concluirán con el proceso de titulación de comunidades campesinas y nativas y que revisarán la legislación que afecten a estos grupos. Hasta aquí todo muy bacán, aunque podrían explicarnos si el tema de la consulta a pueblos indígenas se quedará en el Ministerio de Cultura.

También se propone reflotar el INDEPA, entidad creada durante el gobierno de Toledo y que durante este gobierno no sirvió para mucho o sirvió sólo para algunos. El tema a aclarar es si ese reflotamiento vendrá acompañado del pensamiento de Eliane Karp, que fuera criticado por sociólogos como Fernando Vivas - y en este blog - por una visión demasiado contemplativa e idealizada de los pueblos indígenas.

Tres temas adicionales están en la agenda de Toledo: la ya comentada unión civil de parejas homosexuales, la creación de una Superintendencia de Derechos Civiles encargada de la protección para la discriminación (convendría saber que facultades tendría) y facilitar el aprendizaje de lenguas nativas en los colegios.

La mayor omisión que tiene el plan de PP en esta materia es la no alusión al Plan Nacional de Derechos Humanos, documento generado durante el gobierno de Toledo y que sería renovado por el Estado peruano con miras al periodo 2012-2016. Curiosamente, ese tema si es abordado en el plan de acción parlamentaria del candidato Ronald Gamarra, postulante invitado por la chakana que está comprometido por muchos años en el tema y que vá más allá en sus planteamientos sobre DDHH. Convendría, entonces, además de las precisiones antes señaladas, que parlamentarios y equipo de plan de gobierno afinen bien sus propuestas, a fin de mejorarlas.

(Foto: Comisión de la Verdad y Reconciliación)

PPK anda en serios problemas. Las tres últimas encuestas - Datum, PUCP y CPI - confirman que su candidatura no levanta ni con grua. Y no con cierto humor, Fernando Vivas señala que la postulación de PPK - para desesperación de sus aliados - tiene todas las de perder en un país que no es fanáticamente capitalista, a pesar de los indudables méritos técnicos del candidato.

Pero esa “falla de origen” de la candidatura respaldada por Alianza Para el Gran Cambio bien pudo ser contrarrestada de no mediar el uso al pie de la letra, por parte de los integrantes de APCG y del propio Kuczynski del “Manual Lourdes Flores para perder elecciones”. Veamos paso a paso como ha sido empleada la misma:

1. EQUIVOCATE EN LA PLANCHA PRESIDENCIAL

2001: Lourdes lleva a un dirigente comunista confeso como parte de un proyecto de continuidad de un modelo económico capitalista. 2006: Lourdes lleva a un empresario muy vinculado al grupo económico más importante del país y refuerza el sanbenito de “candidata de los ricos”.

2011: PPK lleva a Máximo San Román, un reconocido empresario que comete el disparate de acusar sin pruebas a un competidor de consumo de cocaína.

2. CONFIA MUCHO EN EL ENDOSE DE TUS ALIADOS

2006: Lourdes renueva su alianza con Solidaridad Nacional, en el entendido que la abrumadora aprobación a Luis Castañeda Lossio le ayudará a ganar la elección. Craso doble error: en el Perú nadie endosa votos - ni el APRA - y Lima ya era una plaza ganada por LFN.

2011: PPK intenta hacer lo mismo con el PPC - cuando los votos de quienes tradicionalmente votan por ese partido lo tenía en parte - y se alía con Acuña y Simon para conquistar el norte, pero olvida que ninguno de los dos tiene organización más allá de sus allegados (y en el caso de Acuña, de sus negocios).

3. NO TENGAS UNA IDEA FUERZA EN LA CAMPAÑA

2001, 2006 y 2010: Lourdes no puso ni un solo tema fuerte en la campaña electoral, ni siquiera sus lemas pegaron (eso de poner “el Perú en manos firmes” casi inmediatamente despúes de la caída de Fujimori es un dislate semejante al cometido por el APRA en 1980 con “Armando tiene fuerza”). Las ideas fuerza de sus competidores sí pegaron: “Toledo más trabajo”, “el cambio responsable”, “por una Lima para todos”.

2011: PPK incurre en lo mismo. Y aún peor, se olvida del tema bandera durante sus cuatro años anteriores: el agua.

4. PRIORIZA EL SHOW (Y, SOBRE TODO, EL QUE TE RESTA VOTOS O ES POCO CREIBLE)

2001: Para intentar sacarse el mote de “cucufata”, Lourdes va al programa de Beto Ortiz, donde la entrevista remata con un baile de un grupo de strippers alrededor de la candidata.

2006: Mientras Lourdes esperaba agónicamente pasar a segunda vuelta, Jaime Bayly le sacó una imagen demoledora, al bañarse en la piscina de la casa de Javier Bedoya de Vivanco, en medio del cogollo partidario. Más “candidata de los ricos” imposible.

2010: ¿Qué es lo que puede recordarse de la campaña de Lourdes? Pues una de las cosas que queda más en la retina es la aparición de Tongo o la versión de “El Embrujo” para darle un empate popular. ¿Funcionó? Miren nomás quien está en el Palacio Municipal.

2011: ¿Y que recuerdas más de la campaña de PPK: su baño en Agua Dulce, su corte de cabello para hacerse el examen toxicológico, sus conferencias con Miguel Angel Cornejo o alguna idea fuerza de su campaña?

5. COMETE EL ERROR DE PEGARTE MUCHO A UN GRUPO ECONOMICO

Si tienes el sanbenito de cercano “a los ricos” o “a las grandes empresas”, debes tener cuidado con tu entorno o a quien apoyas. Lamentablemente, eso pasó con LFN y el grupo económico más importante del país en el 2006. Y le viene ocurriendo a PPK al apoyar la prórroga de la polémica Ley Oviedo, una norma cuestionada incluso por defensores del libre mercado.

Podríamos seguir enumerando puntos en el Manual, pero creo que quedó claro el punto. Si PPK sigue persistiendo en estos errores - y en otros más que su ahora aliada ha cometido en sus tres campañas últimas -, incluso el pasar la valla electoral se hará bastante complicada. Puede que tenga recursos técnicos, pero si no los demuestra o si no da mensajes claros, esta candidatura seguirá siendo más una animadora del debate antes que una posibilidad real de gobierno.

(Imagen extraída de aquí)

Es cierto que las prisiones no deben ser mazmorras para el sufrimiento de quienes están allí internos y que la privación de libertad en sí misma no conlleva la restricción de otros derechos. Sin embargo, ello no significa que la cárcel sea sinónimo de hacer lo que allí a uno le plazca. Y por ello, para mí, son tan condenables las reyertas que cada cierto tiempo ocurren en Lurigancho - como la semana pasada - como la serie de beneficios extralegales que tiene Alberto Fujimori en el Establecimiento de Reclusión Barbadillo.

A estas alturas queda claro que, bajo el argumento de que fue ex presidente de la República, Fujimori no será llevado a una prisión común a cumplir las penas impuestas por el Poder Judicial peruano en juicios impecables. Es una decisión legalmente posible, pero que políticamente no se tomará, sea porque se quieran dar ciertos beneficios penitenciarios no contemplados por la Ley a modo de dádiva política - como parece ocurrir en este gobierno -, o porque no se pretenda dar el carácter de víctima a alguien que, definitivamente, no lo es.

Sin embargo y entendiendo dicha situación de facto, la cárcel no se puede convertir en un lugar en donde se haga lo que nos venga en gana. Y eso es lo que ha venido pasando con Fujimori desde hace varios años: desde visitas que infringían el régimen especial cerrado en el que estaba, pasando por un rápido cambio de condiciones penitenciarias, su permanencia fuera del área del penal - infringiendo el reglamento del Código de Ejecución Penal -, la ampliación de su prisión de modo inexplicable, y ahora, la cada vez más evidente transformación de un centro de reclusión en un centro de campaña electoral.

Se trata de una situación inédita en el mundo: un reo dirige activamente su partido desde la cárcel, maneja la campaña electoral y hasta designa quien va y quien no va en las listas parlamentarias. Evidentemente, hay derechos que no pueden ser conculcados, como el de la militancia partidaria, pero creo que se olvida que este señor viene cumpliendo una pena por homicidio y secuestro y que, por tanto, tampoco es que pueda convertir su cárcel, por cuestiones elementales de orden público, en una sucursal de su partido.

Por tanto, en medio de este carnaval, al INPE le caben hacer dos cosas: 1. Evaluar el efectivo cumplimiento del régimen carcelario de Fujimori, si los beneficios otorgados de modo extraoficial van de acuerdo con la Ley y, en tanto sentenciado por delitos graves, verificar si merece un cambio de régimen penitenciario. Y 2. establecer de modo claro y público las reglas del Establecimiento de Reclusión Barbadillo a fin que detractores y seguidores del ex presidente tengan en claro que puede y que no puede hacer, con el doble fin de evitar su victimización o de restringir derechos que mantiene aún como el reo sentenciado que Fujimori es.

Y a ver si los candidatos dicen algo sobre este caso en particular, como sobre la política penitenciaria en general.

En medio de sus bluffs periódisticos, sí algo bueno le queda a Caretas es la columna de Gustavo Gorriti. Y creo que la columna de esta semana merece un comentario mayor, debido a como va la campaña electoral.

El centro de la columna de Gorriti son los dos principales hechos que volvieron a convertir a Alejandro Toledo en la piñata preferida de la política peruana, en parte por esa costumbre tan tolediana de convertir a la contradicción en el eje de su propio discurso - y a veces, a llegar a contradecirse en lapsos menores que hacen ver a Cantinflas como un orador comparable a Alan García - y en buena parte porque (erradamente) sus rivales políticos consideran que el cargamontón hará que Toledo no llegue a segunda vuelta.

Es cierto, nadie tiene asegurado aún su pase, pero quizás algunos periodistas y políticos deberían revisar algunas lecciones aprendidas de la campaña electoral municipal pasada, sobre todo en el rubro “denunciología y demonización del rival”. Pregúntenle sino a Susana Villarán.

Volvamos a la columna. El primer suceso presentado por Gorriti es la denuncia de los padres de una menor operada por sirenomelia contra Castañeda Lossio y Luis Rubio por aprovechamiento de imagen y descuido del tratamiento de la niña - cuestión aparentemente cierta, pero que recién se denunció “para no perder apoyo” -, un tema en el que todos los involucrados han utilizado a una menor de edad, en uno de los episodios más bajos de la campaña electoral. La cuestión también fue usada por Solidaridad Nacional para atacar, con argumentos lógicos que harían retorcer en el cajón a Aristóteles:

En una radio, Menchola asumió una retórica fiscal: “¿El señor Del Castillo haacudido a la casa de los padres? Está probado. ¿Hay una relación entre el señor Del Castillo y el señor Carlos Bruce? Hay una relación”. Ergo, “no nos queda la menor duda de que Alejandro Toledo está detrás de todo esto”,concluyó.

El problema, como señala Gorriti, es que olvidaron que Del Castillo hijo es hijo de Del Castillo padre, es decir, el Tio George. Y que éste, el mayor operador político del Congreso, influyó en Menchola y en en la congresista Fabiola Morales en una votación clave: la reciente elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Gorriti cita un pasaje de una nota de El Comercio:

De pronto, en medio de la expectativa multipartidaria, el vocero aprista José Vargas cruzó sigilosamente la mitad del hemiciclo para llegar donde estaba sentado el vocero de Alianza Nacional, Walter Menchola. En medio del griterío general que clamaba: “¡No arrugues, Menchola!”, Vargas le alcanzó un recado, según se comentó, del congresista Jorge del Castillo, quien en todo momento coordinaba la votación oficialista.Acto seguido Menchola se retiró del hemiciclo. Antes lo había hecho su colega Fabiola Morales.

No era la primera vez que Morales - cuyos comentarios desatinados sobre la comunidad gay datan del 2008 - votaba con el gobierno. Entre otras oportunidades, como bien se señaló en el útero de Marita, la parlamentaria, junto a buena parte de su bancada, votó para salvar a Yehude Simon de sus responsabilidades políticas en el tema Bagua. Y luego no quieren que les digan “candidatos del gobierno”.

El segundo suceso estuvo en la serie de declaraciones imprecisas de Toledo sobre temas como el matrimonio de parejas homosexuales, el aborto y el debate sobre la despenalización de las drogas, que, como sabemos, le han traido críticas y reacciones de diverso tipo. Entre ellas, la del Cardenal, quien desde su púlpito lanzaba un discurso encendido que no parecía el de un defensor de la moralidad católica, sino el de un propagandista de Fuerza 2011. Comenta Gorriti:

“El que quiera matar niños no está preparado para gobernar el país”… ¿verdad que sí? Tampoco la Iglesia, ¿no cierto? ¿Y qué hizo Cipriani frente a las atrocidades contra los derechos humanos que se perpetraron en Ayacucho, incluyendo las muertes de niños (como fue, entre varios otros, el caso de Putis)? ¿Lo recordamos en detalle?

Y todo ello se produjo en una semana en donde, para el fujimorismo, el tema de derechos humanos ha sido su cruz. Tuvieron que retirar, ante la andanada de críticas, al controvertido abogado Sergio Tapia de la lista parlamentaria por Lima, pero mantienen a otro personaje de la misma línea, como Víctor Robles Sosa. Y a la par que Keiko revivía el tema de la pena de muerte sin mayor sustento jurídico, Martha Chávez postulaba una amnistía que incluía hasta a los miembros del grupo Colina. Todo pudor sobre la materia se perdió sin ningún remordimiento.

En este caso, ¿el Cardenal, también dirá que “en defensa de la vida”, esta candidatura está descalificada?

(Imagen extraída de aquí)

A inicios de año, el Presidente de la República observó un proyecto de Ley que extendería, por un año más, la imposibilidad que las empresas azucareras con accionariado del Estado puedan ser embargadas, sin importar el monto o condición de la deuda que las mismas tuvieran.

La norma, conocida en diversos medios como “Ley Oviedo” – en alusión al grupo económico que administra las empresas arriba aludidas -, fue observada por el gobierno al considerar que es discriminatoria frente a las demás empresas, en particular, las del sector azucarero.

Asimismo, en opinión del Poder Ejecutivo, este proyecto de Ley perennizará el dominio de grupos con escasa participación en el capital social, poca inversión para mejorar la productividad de la empresa y, a la vez, con posición privilegiada para la comercialización del producto a través de empresas que son de su propiedad.

Esta semana, Ricardo Uceda presentó una extensa investigación en la revista Poder que permitió corroborar las afirmaciones brindadas por el gobierno en el documento de observación. El reportaje señala porque la norma debería ser rechazada, al extender por en un año más un régimen “temporal”, que no permite embargar por deudas – a pesar que las mismas se han incrementado – y que no incentiva la inversión, a pesar que Oviedo sigue ganando.

En el fondo, lo que tenemos en el referido proyecto de ley es un régimen paralelo a las normas de procedimiento concursal, creadas justamente para viabilizar la recuperación de una empresa en problemas o brindarle una salida ordenada del mercado. Con ello, la autoridad de INDECOPI quedaba mellada.

También se ha esgrimido como argumento la aprobación de la “Ley Oviedo” una de sus disposiciones más controvertidas: la suspensión de la venta de las acciones del Estado en las azucareras para evitar una posición de dominio en el mercado de un grupo empresarial (el conglomerado aludido es el grupo Gloria).

Pero con esta disposición se vulneraba otra de las facultades de INDECOPI: la protección de la libre competencia a través del control del abuso de posición de dominio. Si Gloria adquiere finalmente estas empresas y, con ello, controla buena parte del mercado azucarero del país, cualquier empresa que se sienta afectada por sus acciones puede acudir ante la entidad competente para iniciar un procedimiento administrativo sancionador.

Como vemos, flaco favor le hace a la institucionalidad y a la regulación económica una norma como esta.

(Columna publicada en Diario 16 el 04.02.2011)

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(Foto: El Comercio)