Archivo de 15 Febrero 2011

A falta de discusión sobre propuestas, los dislates que las autoridades que deben ser neutrales o de las que deben regir el proceso electoral copan la agenda mediática. En ambos casos, con razón. No es posible que hasta ahora en Palacio de Gobierno y en la Casa del Pueblo sean incapaces de explicar que pasó con un aporte de la campaña pasada en efectivo (y devuelto al cash).

Y tampoco lo es que el Jurado Nacional de Elecciones termine dando normas que despierten suspicacias sobre la buena conducción del proceso electoral - tal como pasó en la última elección municipal -, cuestión de confianza que nunca debe perderse en medio de elecciones tan importantes como éstas.

Vayamos por partes. A fines de diciembre de 2010, el JNE expidió un Reglamento del Registro Electoral de Encuestadoras, una norma que regulaba que información debían proporcionar las empresas encargadas de hacer encuestas para su fiscalización. Hasta allí no hubo problema alguno y de hecho, es bueno que estas instituciones pasen por un control general.

El problema surgió con una modificación a este Reglamento que fue emitida el último viernes. Esta modificación contemplaba que, dentro de la información que debían proporcionar, las encuestadoras debían entregar al JNE el nombre, DNI y teléfono de los encuestados. Según el Jurado, esto serviría para realizar un “submuestreo de la encuesta” que permita establecer su nivel de confiabilidad.

La modificación es cuestionable por dos razones:

1. Metodología de encuestas: Estadística 101: esta medida no serviría de nada. Los amigos del blog Ya tengo el POder lo explican sencillo:

Pero, es absurdo pensar que se pueda verificar la representatividad de una muestra, si es que de entrada se dice que no puede ser representativa, porque solo se puede encuestar a quienes entreguen DNI, teléfono y dirección. Osea, vamos a ver si dices la verdad pero no te voy a dejar averiguar la verdad.

Al mismo tiempo y como efecto colateral, se encarecería la forma de elaborar la encuesta, dado que no todas las personas están dispuestas a brindar a un perfecto desconocido sus datos personales y, por tanto, sería más difícil encontrar a personas dispuestas a ser entrevistados si se tiene esta obligación. Y como señala la cita anterior, al final terminas sesgando la muestra.

2. Experiencia comparada: En ningún pais democrático se pide la identidad de los encuestados. Es decir, se fiscaliza que se haya trabajado bien la encuesta, pero no se solicita en momento alguno saber quienes la respondieron. La norma dictada por el JNE recuerda, más bien, a Venezuela, donde esos datos - que se presumen secretos - son usados para amedrentar a quienes no votaron u opinaron a favor del gobierno.

¿Y quienes han sido los más entusiastas defensores de la propuesta? Pues, oh casualidad, los políticos a los que los sondeos de opinión no los vienen favoreciendo hasta el momento. Y seguro estarán felices con la anunciada huelga de encuestas caidas que los miembros de APEIM - donde están afiliadas las encuestadoras más importantes y confiables - anunciaron el día de ayer.

El argumento más sintomático de este grupo de politicos descontentos lo brindó ayer Aurelio Pastor en Correo:

Asimismo, las encuestadoras “acreditadas” han demostrado a lo largo de los últimos procesos electorales estar bastante lejos de la correcta predicción electoral y han fallado estrepitosamente en sus anuncios. Nos preguntamos: ¿qué puede hacer que un estudio bien realizado esté tan alejado de los verdaderos sentimientos del electorado? Con total justificación, se sospecha que son los intereses particulares los que condicionan el contenido de las encuestas.

El problema es que Pastor parte de una premisa errada: que las encuestas previas a las elecciones son pronósticos. Y no lo son. Son meras fotos del momento. Alfredo Torres, en su libro Opinión Pública 1921 - 2021 señala un ejemplo claro de como deben tomarse las encuestas (oido a la música, Aurelio):

Si, por ejemplo, un candidato que iba en el tercer lugar semanas antes de las elecciones consigue el segundo lugar en un proceso electoral - como ocurrió con Alan García en 2006 - es porque llevó a cabo una campaña política eficaz. Si las encuestas que lo ubicaban inicialmente en tercer lugar estaban equivocadas, entonces su campaña electoral no habría tenido ningún efecto.

(TORRES, Alfredo, Opinión Pública 1921 - 2021, Lima, Aguilar, 2010)

Asi que no hace falta cambiar las reglas de regulación de las encuestas, sino la forma de pensar sobre ellas.

MAS SOBRE EL TEMA:

La opinión legal de Iriarte & Asociados

Las columnas de Tafur, Javier Torres, AAR y Balbi en contra de la medida

En Ya tengo el POder, el Morsa y las teorías de la conspiración sobre las encuestas

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