Es cierto que las prisiones no deben ser mazmorras para el sufrimiento de quienes están allí internos y que la privación de libertad en sí misma no conlleva la restricción de otros derechos. Sin embargo, ello no significa que la cárcel sea sinónimo de hacer lo que allí a uno le plazca. Y por ello, para mí, son tan condenables las reyertas que cada cierto tiempo ocurren en Lurigancho - como la semana pasada - como la serie de beneficios extralegales que tiene Alberto Fujimori en el Establecimiento de Reclusión Barbadillo.
A estas alturas queda claro que, bajo el argumento de que fue ex presidente de la República, Fujimori no será llevado a una prisión común a cumplir las penas impuestas por el Poder Judicial peruano en juicios impecables. Es una decisión legalmente posible, pero que políticamente no se tomará, sea porque se quieran dar ciertos beneficios penitenciarios no contemplados por la Ley a modo de dádiva política - como parece ocurrir en este gobierno -, o porque no se pretenda dar el carácter de víctima a alguien que, definitivamente, no lo es.
Sin embargo y entendiendo dicha situación de facto, la cárcel no se puede convertir en un lugar en donde se haga lo que nos venga en gana. Y eso es lo que ha venido pasando con Fujimori desde hace varios años: desde visitas que infringían el régimen especial cerrado en el que estaba, pasando por un rápido cambio de condiciones penitenciarias, su permanencia fuera del área del penal - infringiendo el reglamento del Código de Ejecución Penal -, la ampliación de su prisión de modo inexplicable, y ahora, la cada vez más evidente transformación de un centro de reclusión en un centro de campaña electoral.
Se trata de una situación inédita en el mundo: un reo dirige activamente su partido desde la cárcel, maneja la campaña electoral y hasta designa quien va y quien no va en las listas parlamentarias. Evidentemente, hay derechos que no pueden ser conculcados, como el de la militancia partidaria, pero creo que se olvida que este señor viene cumpliendo una pena por homicidio y secuestro y que, por tanto, tampoco es que pueda convertir su cárcel, por cuestiones elementales de orden público, en una sucursal de su partido.
Por tanto, en medio de este carnaval, al INPE le caben hacer dos cosas: 1. Evaluar el efectivo cumplimiento del régimen carcelario de Fujimori, si los beneficios otorgados de modo extraoficial van de acuerdo con la Ley y, en tanto sentenciado por delitos graves, verificar si merece un cambio de régimen penitenciario. Y 2. establecer de modo claro y público las reglas del Establecimiento de Reclusión Barbadillo a fin que detractores y seguidores del ex presidente tengan en claro que puede y que no puede hacer, con el doble fin de evitar su victimización o de restringir derechos que mantiene aún como el reo sentenciado que Fujimori es.
Y a ver si los candidatos dicen algo sobre este caso en particular, como sobre la política penitenciaria en general.
Entradas (RSS)