El último viernes, Ollanta Humala presentó a su plancha presidencial, conformada por la congresista Marisol Espinoza y el abogado Omar Chehade.
Este lanzamiento se produce en momentos en que la candidatura del Partido Nacionalista - al que se bautizará ahora como Gana Perú - no atraviesa la mejor de sus etapas, dado sus bajos porcentajes en las encuestas de opinión y varios análisis que coinciden en que Humala tiene serias dificultades para repetir la performance del 2006.
Pero pasemos a revisar a la plancha, que algunas sorpresas tiene.
Espinoza es una de las parlamentarias más conocidas del nacionalismo. De hecho, hace algún tiempo protagonizó un debate con la hoy candidata del APRA Mercedes Araoz, acerca del TLC con Estados Unidos. Digamos, no le resta votos, pero tampoco le aporta muchos. Quizás la intención de Ollanta para escogerla sea brindar un rostro femenino que desmilitarice la imagen del ex comandante del Ejército Peruano y que pueda debatir con las mujeres en campaña, como Araoz y Keiko Fujimori.
El caso de Chehade merece mayor análisis, dado su veloz paso de procurador adjunto anticorrupción a acompañante de la plancha humalista y miembro de la comisión anticorrupción del Gana Perú.
Mucho de la imagen de Chehade se debe a como se movió mediáticamente en los tramos finales del proceso de extradición de Alberto Fujimori. De hecho, Chehade publicó un libro sobre el tema, atribuyéndose el mérito de la extradición y Umberto Jara también le reconoció muchos méritos en la segunda edición de su libro Ojo por Ojo.
El problema es que existe otra versión acerca de los méritos de dicho logro. Hace algún tiempo, el ex procurador Antonio Maldonado señaló en un artículo a los verdaderos artífices de dicha acción provechosa para el país: el equipo de la Procuraduría Ad Hoc para los casos Fujimori Montesinos de los años 2005 y 2006, la Comisión de Extradiciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y el abogado chileno Alfredo Etcheverry.
En el mismo artículo, Maldonado indica:
Se han alzado voces oportunistas que se auto atribuyen la extradición de Fujimori. Nada más falso. La extradición de Fujimori fue definida por las abundantes y solidas pruebas que integraban los trece Cuadernos de Extradición; la tesis de la imputación criminal de la Autoría mediata sostenida contra Fujimori, particularmente en los meses de noviembre y de diciembre del año 2005 dentro de la fase de extradición activa; la solidez de la solicitud de extradición que acompañaba a los Cuadernos presentados en enero del 2006 y el estratégico papel del doctor Alfredo Etcheberry. Aparte de ello, y ya fuera de mi gestión, hay que reconocer el aporte de quien sostuvo la efectista tesis de la “mano negra”, como única contribución relevante aunque estrictamente mediática pero que no significo ningún replanteamiento de la estrategia jurídica ya trazada en noviembre y diciembre del 2005.
Otro problema con Chehade está en su defensa de personajes que anteriormente tuvieron procesos en el sistema anticorrupción, como Genaro Delgado Parker. Si bien los procesos de Delgado Parker fenecieron por prescripción, el ex procurador debió cuidar mejor su cartera de clientes, considerando que su defensa de la controvertida permanencia de GDP en Panamericana era un flanco que podría ser sacado en campaña. Peor aún, cuando el mismo Ollanta Humala ha tenido expresiones poco gratas con el broadcaster.
El día de hoy, el diario Correo también apuntó sus miras contra Chehade y señaló que Iván Torres La Torre, abogado de Julio Salazar Monroe, es su socio en un estudio jurídico, cuestión que el diario critica como un tema ético.
De hecho, ya en este blog habíamos contado que Torres la Torre ejercía la defensa de Salazar Monroe. También habíamos señalado que en noviembre de 2009 se realizó una conferencia en el Pentagonito organizada por la ong de Víctor Robles Sosa, columnista de La Razón y ex asesor de Rafael Rey en el Ministerio del Interior, en cuya mesa final sobre “persecusión judicial y seguridad nacional” intervinieron tanto el periodista como el abogado antes mencionado. Recordemos que Salazar Monroe ha sido procesado por el sistema anticorrupción por violaciones de derechos humanos, con dos condenas ya dictadas - una pendiente de confirmación.
No es el único caso en que Torres La Torre ha defendido a procesados por el sistema anticorrupción. Como pueden ver en el documento colgado en La Azotea del Tercer Piso, el socio del candidato a la segunda vicepresidencia por Gana Perú ha sido abogado de Claus Corpancho, procesado por venta de armas de modo irregular durante la década de 1990.
En términos generales, no tendría que haber problema alguno con el patrocinio legal. De hecho, toda persona tiene derecho a que se le brinde una adecuada asesoría para que pueda ejercer plenamente el derecho a la defensa, así sea responsable de grandes crímenes, así como los abogados tienen el legítimo derecho a escoger a sus clientes. Hasta allí, la defensa de Chehade esgrimida esta mañana tiene algo de sustento, al mencionar que su socio es libre de defender a quien desee.
El problema está en un tema ético. Tanto Torres La Torre como Chehade en algún momento formaron parte del equipo de la Procuraduría Anticorrupción - como consta en dos pantallazos que se pueden ver aqui - y, a mi criterio, el estudio que ambos abogados formaron no debió defender a procesados en el sistema anticorrupción del cuál antes formaron parte. Chehade señala que es su socio quien ser encarga de la defensa pero, al haber una relación de sociedad, de todas maneras debió existir bastante cuidado al asumir este tipo de casos.
Finalmente, como dijimos en el caso de Lourdes Flores y César Cataño:
Todo abogado tiene el legítimo derecho a escoger la clientela que quiera. De hecho, la Constitución garantiza el derecho a la defensa de toda persona, por impresentable que nos pueda parecer. Y por ello, el abogado tiene el derecho de escoger el patrocino de las causas y personas que mejor le parezca. En tanto y en cuanto sepa y sea consciente de los límites de su encargo y lo ejerza con solvencia profesional, no habría algo criticable.
Sin embargo, este dilema ético que está en manos de todo abogado litigante o patrocinante independiente o de estudio, es aún mayor cuando quien ejerce el Derecho también ha tenido una trayectoria política, más aún cuando ésta ha sido importante. El potencial cliente no solo puede tener en mente los servicios profesionales, sino también la imagen, el prestigio y el poder del abogado - político, aunque no necesariamente el patrocinante ejerza estos últimos para ganar un caso o elaborar un informe legal.
De Chehade y una clara aclaración con estos tópicos de índole ética dependerá que el discurso anticorrupción de Ollanta Humala pueda ser creible.
Entradas (RSS)