Desde el Tercer Piso

Continua el papelón del Decreto Legislativo 1097. Ayer y hoy se registran declaraciones de Víctor García Toma (Prensa Libre y La República) y de Rafael Rey (Andina y Perú.21) que registran contradicciones, imprecisiones y algunas verdades a medias sobre una norma en camino hacia la impunidad. Veamos, tema por tema, donde están los yerros.

1. ¿DONDE SE HIZO EL DL 1097?

García Toma ha sido claro en decir que el controvertido Decreto se hizo en el Ministerio de Defensa. Es decir, la pelota en la cancha de la impunidad estuvo en las manos de un personaje que siempre se ha mostrado contrario a procesar a militares y policías por violaciones de derechos humanos y que fue uno de los propulsores de la Ley de Amnistía.

Ello, por supuesto, no le quita responsabilidad a García Toma, en tanto que el Ministro de Justicia es el asesor jurídico del gobierno y advirtió que la exposición de motivos proveniente de Defensa era reñida con la Constitución. También debió advertir que la mayor parte de la norma era inconstitucional.

Para complicar las cosas, García Toma no pudo negar la posible participación del abogado Sergio Tapia Tapia en la elaboración del Decreto. Tapia Tapia ha sido abogado de Alvaro Artaza (a) “Comandante Camión”, un ex marino prófugo acusado de graves violaciones a los derechos humanos, así como de procesados por el caso El Frontón. Durante este gobierno, Tapia ha sido asesor del vicepresidente Luis Giampietri, otro de los principales propulsores de cerrar casos por violaciones de derechos humanos que comprendan a agentes del Estado.

García Toma, por cierto, también reconoció que el jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Defensa, Luis Cobeña Navarrete, fue el encargado de sustentar la norma ante el Consejo de Ministros. Cobeña fue candidato al Parlamento Andino por Unidad Nacional en 2006.

2. COLINA Y EL SOBRESEIMIENTO

Aquí hay ciertas discrepancias entre los Ministros: García Toma dice que la norma no se puede aplicar a los miembros del Grupo Colina que han pedido que se cierren sus procesos porque sus casos están ya en juicio oral, mientras que Rey dice que casi todos están condenados y que los que no lo estén pueden interponer sus recursos de sobreseimiento.

Vayamos por partes. Sólo están condenados los miembros del Grupo Colina que se han acogido a procesos de colaboración eficaz y la mayor parte de ellos, sobre todo, los más comprometidos, están por recibir sentencia en los casos Barrios Altos, Pedro Yauri y El Santa. Hay otros procesos que se encuentran en etapa de instrucción, como los casos Mariela Barreto, Sótanos SIE y asesinato de la familia Ventocilla. Es decir, en estos últimos, los miembros de Colina si podrían quedar impunes.

En relación con el tema del juicio oral, es cierto que la norma establece que el sobreseimiento se aplica para el exceso del plazo de la instrucción. Sin embargo, la Segunda Disposición Complementaria y Final del Decreto señala que estas disposiciones se aplican a los casos por derechos humanos “en el estado procesal en que se encuentren”. Es por esto que los Colina interpusieron sus recursos de solicitud de sobreseimiento al amparo de esta norma.

¿Qué es lo que podría, entonces, evitar que esta gente quede impune? Básicamente, que la Primera Sala Penal Especial señale que el sobreseimiento por exceso de plazo en sí mismo es un obstáculo procesal que permite la impunidad, al amparo de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia. Y ello, por cierto, no sólo se aplicaría al caso de los Colina, sino a todos los casos en que se quiera presentar esto. Por tanto, García Toma y Rey quedan mal parados, porque la interpretación que serviría para evitar que los Colina queden sin sentencia es la que demuestra que el DL 1097 es inconstitucional.

3. LA IMPRESCRIPTIBILIDAD, MANTILLA Y EL FRONTON

Aquí es donde han venido las mayores discrepancias. García Toma sostiene que la imprescriptibilidad de graves violaciones de derechos humanos se basa en distintas normas y sentencias internacionales, independientemente de la interpretación que se le de a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. Rey sostiene que, como el Perú puso una declaración al momento de firmar dicha Convención que señalaba su aplicación del 2003 para adelante, la Convención no se puede aplicar a los casos ocurridos entre 1980 y 2000.

Pues Rey se equivoca y los delitos que implican graves violaciones de derechos humanos son imprescriptibles. Como dijo García Toma, diversas sentencias internacionales - entre ellas, la del caso Barrios Altos - han señalado que no se aplica la prescripción para este tipo de casos. La famosa Convención resulta ser un refuerzo más de una tendencia de la que el Perú es parte hace muchos años. Peor aún, la famosa declaración parlamentaria que menciona Rey contraviene el derecho internacional, ya que existen normas internacionales que señalan que una disposición nacional no puede ir contra el objeto de un tratado y éste es un caso claro de ello.

El problema está en que ya hay magistrados que están pensando como Rey y un caso en el que se ha aplicado esta regla. Se trata del proceso que comprende a Agustín Mantilla y a los presuntos miembros del Comando Rodrigo Franco, investigados por 5 asesinatos. Anoche se conoció que un juez suplente acogió un recurso para declarar prescrito el caso. Si bien no se puso como justificación el DL 1097 porque éste fue expedido luego de la resolución judicial, muchos de sus argumentos han sido sostenidos. Peor aún, se ha contravenido una resolución previa de la Sala Penal Nacional en este mismo caso, que lo declaraba imprescribible.

Otro caso en peligro es el caso El Frontón, pues si bien para García Toma no habría prescrito, Rey sostiene que sí y desde el IDL se advierte que hay pendiente un pedido de prescripción que se vería en estos días. Ojo que el caso sigue en etapa de instrucción.

Recordemos que los dos casos antes mencionados ocurrieron en el primer gobierno del actual Presidente de la República y que, si bien no hay hasta el momento mayor evidencia judicial de su participación penal, sí entrañan para él una grave responsabilidad política y ética.

Por tanto, lo que queda cada vez más claro es que la norma resulta indefendible y que debe ser derogada o declarada inconstitucional. Y sus defensores terminan haciendo un mayúsculo papelón.

(Foto: Caretas)

La semana pasada, el gobierno emitió una serie de normas sobre temas militares y policiales. De ellos, el más controvertido es el Decreto Legislativo 1097, que bajo el inocuo título de “normas procesales para casos de violaciones de derechos humanos” termina siendo un contrabando en favor de la impunidad.

El viernes explicamos en términos bastante abogadiles los defectos de la norma. Pero creo que se puede resumir en lo siguiente: se crea una nueva causal para eximir de responsabilidad a procesados por violaciones de derechos humanos sobre la base del vencimiento del plazo formal, desnaturalizando la figura del sobreseimiento - aplicable solo a temas probatorios - y vulnerando pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre obstáculos procesales.

Como mencionamos también, el efecto era claro: el cierre de buena parte de los casos por violaciones de derechos humanos. Pero, al tratarse de un cierre inconstitucional, la cosa terminaría en un papelón mayúsculo tanto dentro como fuera del país, dado que a la larga la norma será anulada y, finalmente, los procesos que quedaron cerrados se tendrán que volver a abrir.

Peor aún, la demora existente en varios casos no es solucionada por el DL 1097, debido a que los problemas están en otro lado: dilaciones en la actuación del Ministerio Público, recursos de defensa alargados por parte de los abogados, documentos del Ministerio de Defensa que nunca son entregados y la falta de dedicación exclusiva de los jueces supuestamente especializados a estos casos.

Si ya esto hacía de la norma un mamarracho, dos sucesos ayer complicaron más las cosas:

El primero fue el pedido de los miembros del grupo Colina para que se sobresea el proceso por los casos Barrios Altos, Pedro Yauri y el Santa. Este proceso está a una audiencia de culminar en lo que se espera que sea una sentencia condenatoria, debido a la abundante cantidad de evidencia que hay en contra de los procesados, pero dicho proceso ha sido dilatado por las maniobras de los procesados. El hecho de que los primeros en acogerse al DL 1097 sean justamente los miembros de Colina, a punto de ser condenados a penas bastante altas, y cuyos crímenes están tan comprobados que ni el más fanático de los militares los defendería, deja en claro a quienes finalmente se ha pretendido beneficiar.

El segundo suceso se produjo anoche en Prensa Libre. Luego de un reportaje en dicho programa en el que se dejaba en claro el tema de los Colina y las irregularidades del Decreto, llamó uno de los aludidos (y firmantes de la norma), el Ministro de Justicia, Víctor García Toma, quien señaló que habían dos exposiciones de motivos de la norma: una hecha en el sector Justicia y la otra elaborada en el sector Defensa. Vean la sorprendente declaración:

Esto no es moco de pavo, debido a que ya se había advertido que en el sector Defensa estaban como asesores personajes que desde hace años hacen campaña en favor del cierre de estos procesos, como el abogado fujimorista Víctor Robles Sosa. García Toma sostiene que ese no era el sentido de la norma, aunque el tenor de la misma indica otra cosa. Lo cierto es que el ex presidente del TC ha terminado haciendo el ridículo.

Para completar la opereta, hoy el Premier ha tenido que declarar, señalando que la versión aprobada es la del Ministerio de Justicia y que no se buscará favorecer ni a Colina ni a violadores de derechos humanos.

Lo cierto es que la única manera que tiene el gobierno de recuperar algo de credibilidad a sus palabras en este tema es derogando un Decreto Legislativo inconstitucional y del cual se están agarrando personajes cuestionados para evitar una pena de prisión por los crímenes cometidos.

EN DIARIOS: Alvarez Rodrich, Tanaka, Rospigliosi y hasta La Seño María del Trome en contra de la norma

EN BLOGS: Ver las opiniones de Menos Canas, el Morsa, el Utero de Marita, Caviar de Cianuro, Heduardo, Mil Demonios, Entre jureles y pulpos y Spacio Libre

EL DECRETO EN SENCILLO: Una explicación en La Habitación de Henry Spencer

(Caricatura de Andrés Edery)

Si hay un tema en el que los candidatos a la alcaldía de Lima deben hacer precisiones serias es sobre el transporte limeño. Ya antes vimos el tema de los taxis, que merecía tratamiento aparte. Hoy veremos varios puntos de un problema que debe abordarse en forma integral.

Todos padecemos obras no planificadas, caos en el transporte vehicular público y privado, un Metropolitano que se ha implementado a medias y en una sola ruta, un tren eléctrico en construcción y un alto índice de informalidad en una actividad que es el sustento de vida de cientos de familias. Es decir, hay un problema social, de contaminación ambiental, horas hombres perdidas, sentido de la autoridad y mejora de infraestructura que merece ser recuperado.

Por ello, presentaremos las propuestas de cada candidato o candidata en algunos temas centrales: Autoridad, Transporte Público, Peatones, Obras de Infraestructura, Metropolitano, Metro de Lima y Otros.  Sí debo anotar que, salvo un candidato, los demás postulantes no han señalado como harán para que las futuras obras que proponen no se superpongan entre sí, razón de muchas de las molestias de los ciudadanos.

LOURDES FLORES (PPC-UN):

Autoridad: Desarrollar el capítulo correspondiente en el Plan de Desarrollo Urbano de Lima, integrando el COSAC y el Tren Eléctrico como ejes de los sistemas masivos de transporte. Adecuar inversiones a recursos propios y obtener colaboración del gobierno central en materia de financiamiento. Tener como eje central el incentivo de los viajes en transporte público. Las decisiones tendran como entes a la Gerencia Municipal de Transporte Urbano, el Consejo Metropolitano y la Asamblea Metropolitana de alcaldes. Además, se planteará una Superintendencia para Lima Metropolitana, Callao y Región Lima.

Transporte Público: Racionalización de rutas y renovación de flota en forma progresiva. Concesión de rutas por 10 años. Impulso empresarial para modernización de rutas, créditos y capacitación.

Peatones: Respeto al peatón mediante adecuación de infraestructura, señalización, mejora de calidad del aire y fomento de educación vial.

Obras de Infraestructura: Mejoramiento de la Av. Pachacútec entre puente Atocongo y hospital María Auxiliadora. Mejoramiento Malecón Checa. Mejoramiento de los puntos críticos con orden en semáforos e impedimento de voltear a la izquierda. Corredores económicos en avenidas La Molina, Gambetta, Canta - Callao, Faucett, Tomás Valle, Argentina y Colonial (ver más en sección Metropolitano). Construcción de Periférico Vial Norte, vía Perirubana Puente Piedra - San Bartolo. Ampliación autopista Ramiro Prialé. Mejoramiento carretera Canta - Callao. Extensión de Vía Expresa por tramo original, con parte en túnel. Mejoramiento Av. Universitaria.

Metropolitano: Complemento y reforma del sistema con las siguientes rutas de corredores económicos: Paseo de la República, Grau - Próceres, Petit Thouars, Wilson - Tacna, Javier Prado, Riva Agüero, Venezuela - Carretera Central, Brasil, Universitaria, Panamericana Norte, Circunvalación, Evitamiento, Panamericana Sur, Ejército - Angamos, La Molina. Esto se hará por etapas, hasta llegar a sistemas similares al del Metropolitano 1 (Zanjón), lo mismo ocurrirá con los otros corredores económicos.

Metro: El sistema de metro se equipara al Tren Eléctrico en sus vías ya planteadas, con colaboración de la Municipalidad y ejecución del gobierno central.

Tren Eléctrico: El gobierno central deberá terminar las etapas de esta obra ya proyectadas (Atocongo - Grau, Grau - Bayovar y Carretera Central - Callao, cuyos costos pueden ser menores si se usa el ferrocarril existente). El gobierno central deberá evaluar la ruta 3 del Tren, Javier Prado - Callao, considerando un diseño por vía subterránea.

Otros: Activar Bonos de Chatarreo. Fomentar campañas para caminatas y uso de ciclovías. Implementación de Sistema Metropolitano de Semaforización Computarizada y Gestión del Tráfico

SUSANA VILLARAN (FUERZA SOCIAL)

Autoridad: Creación de la Superintendencia de Control de Tránsito Urbano, que regulará las rutas de Lima y Callao y reordenando el sistema del pago por pasajero al pago por recorrido. Esta entidad integrará las tareas de fiscalización y control, así como la subordinación de la policía de tránsito a través de convenios. También coordinará con sus pares de la Región Lima para ordenar las interacciones (Huarochirí y Cañete).  Articulación con programas de vivienda para saber en que lugares aplicar programas de transporte de alta capacidad y corredores. Reestructuración del cuerpo de inspectores municipales de transporte.

Transporte Público: Ordenamiento y regulación de rutas a través del Nuevo Plan Regulador de rutas, que abarca a transporte público, privado, taxis, mototaxis y transporte pesado. Establecimiento de estándares de servicio y concesiones entre 10 a 5 años. Racionalización de unidades: 12,000 buses articulados, 15,000 microbuses y 5,000 camionetas rurales como meta. Transición a un sistema empresarial a través de la formación de gestion asociativa con regímenes de horarios y compra de grandes unidades. En todos los corredores habrá orden en horarios, paraderos, semáforos y carriles exclusivos.

Peatones: Los inspectores de transporte se encargarán de la educación al peatón.

Obras de Infraestructura: Plan de recuperación y ampliación de veredas y pistas en las vías de carácter metropolitano y zonas de alta peatonización. Construcción de ciclovías. Inversiones en el funcionamiento de los corredores más importantes. Concesión del Periférico Vial Norte. Culminación de autopista Ramíro Prialé. Continuación de Vía Expresa en Paseo de la República.  Implementación del Proyecto Integral Costa Verde.

Metropolitano: Señala problemas técnicos, de transparencia, aumento de costos, de estudios técnicos y de articulación con el resto del sistema de transporte. La obra debe ser terminada, bien administrada y articularse con una política integral de administración del transporte de la ciudad.

Metro: Inicio de estudios de factibilidad técnica y económica, así como del esquema de financiamiento en colaboración con el gobierno central.

Tren Eléctrico: No menciona nada sobre la materia en el plan, aunque ha declarado que continuará con la obra.

Otros: Creación de la Defensoría del Usuario de transporte, para dejar quejas sobre calidad del servicio y la actuación de la Policía e inspectores en su regulación.  Recuperación de la facultad de revisiones técnicas. Programa de educación vial para todos los actores y controles de alcoholemia.  Fortalecer a los gobiernos distritales en materia de regulación y fiscalización de vehículos menores como mototaxis, incentivando su formalización a través de la Ley de Mypes y regulando su recorrido a 2 a 3 kilómetros como máximo.

CAMBIO RADICAL

Autoridad: Establecimiento de una autoridad centralizada liderada por la Municipalidad de Lima Metropolitana. Generación de un Proyecto Integral de Ordenamiento de Transporte Público y Privado en coordinación con actores involucrados.

Transporte Público: Convenios con empresas privadas para capacitaciones. Concesiones de 10 a 15 años.

Peatones: No menciona nada sobre la materia

Obras de infraestructura: Priorización de vías principales: Costa Verde, Javier Prado, La Marina, Carretera Central, Paseo de la República, eje Venezuela-Arica-Paseo Colón-Grau-Ayllón-Carretera Central, malecón Rímac, Panama-Marsano-Pachacutec. Ejecutar o concluir proyectos viales con estudio ya aprobado.

Metropolitano: Continuación del proyecto, priorizando ruta norte y readecuando flujos.

Metro: Gestionar ante el gobierno central los recursos para su implementación

Tren Eléctrico: Gestionar ante el gobierno central la culminación del tramo Av. Grau - San Juan de Lurigancho

Otros: Promover políticas para el reordenamiento de mototaxis, en coordinación con este sector. Incorporación a las personas con movilidad reducida a mejoras de infraestructura y servicios de transporte urbano.

HUMBERTO LAY (RESTAURACION NACIONAL)

Autoridad: Implementación de la Comisión Técnica Mixta en Transportes, con participación de todos los actores involucrados.

Transporte Público: Actualizar y aplicar el Plan Maestro de Transporte Urbano, reordenando rutas. Rediseño del transporte urbano en diálogo con transportistas, priorizando unidades no contaminantes y de alta capacidad de pasajeros.

Peatones: No menciona nada sobre la materia

Obras de Infraestructura: No menciona nada sobre la materia

Metropolitano: Señala que debe concluirse

Metro: Iniciar el proyecto de Metro

Tren Eléctrico: Señala que debe concluirse

Otros: Demandar la implementación del Bono de Chatarreo. Ampliar y mejorar el sistema de revisiones técnicas en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Concesionar e implementar Sistema de Terminales Terrestres. Implementar sistema integral de seguridad de tránsito.

FERNANDO ANDRADE (SOMOS PERU)

Autoridad: No menciona nada sobre la materia

Transporte Público: Reorganización de las rutas de transporte, de acuerdo a la demanda por zona y racionalización de su número. Regulación sobre la base de empresas formales que respeten derechos laborales y determinación de estándares de calidad. Desarrollo de un programa de capacitación y reconversión laboral para quienes se afecten por reducción de rutas.

Peatones: Implementar zonas seguras, tanto en carreteras como en avenidas transitadas. Por cada obra vial que se haga, habrá areas peatonales y áreas verdes.

Obras de Infraestructura: Continuación de la vía expresa de Javier Prado hasta el Estadio Monumental. Uniformización de la altura de los rompemuelles. Concluir la concesión para la construcción del Periférico Vial Norte. Proyecto de conexión Panamericana Norte - Av. Túpac Amaru. Ampliación a 3 carriles y culminación de autopista Ramiro Prialé, con apoyo del gobierno central. Ampliación de Av. Javier Prado hasta Carretera Central (Ceres). Intercambio Vial Huachipa. Ampliación de Av. Metropolitana hasta Carretera Central. Ampliación, mejoramiento y señalización de Carretera Central hasta Chosica.

Metropolitano: Ejecutar la segunda etapa del Metropolitano en los siguientes ejes: Lima Centro - San Juan de Lurigancho, Lima Centro - Santa Anita, Lima Centro - Callao, San Isidro - Villa el Salvador.

Metro: No menciona nada sobre la materia

Tren Eléctrico: No menciona nada sobre la materia

Otros: Semáforos inteligentes en las 500 intersecciones más congestionadas de la ciudad. Programas de restricción de circulación vehicular en zonas, rutas y horas más afectadas por la contaminación ambiental. Programas de motivación para uso de ciclovías, diseño de ciclovías en varias zonas y alquiler de bicicletas por horas en el Centro Histórico, para turismo recreacional. Implementación de un órgano consultivo en materia de seguridad vial. Creación de Observatorio Metropolitano del Transporte Urbano. Regulación de circulación de mototaxis en Lima Sur.

LUIS IBERICO (ALIANZA PARA EL PROGRESO)

Autoridad: Las mancomunidades urbanas de Lima diseñarán el plan de infraestructura vial

Transporte Público: Racionalización de rutas y concesión de las que no pasen por los Corredores Segregados de Alta Capacidad (Cosac - Metropolitano). Reducción de las rutas a 200. Fomento de la inversión con concesiones a largo plazo. Renovación de flota de servicio. Programa de reconversión laboral.

Peatones: No menciona nada sobre la materia

Obras de Infraestructura: No menciona nada sobre la materia

Metropolitano: Implementación del COSAC 1: Comas - Chorrillos

Metro: No menciona nada sobre la materia

Otros: Rediseño del sistema de terminales de transporte interprovincial en Lima y concesión a privados. Implementación del Bono de Chatarreo.

GONZALO ALEGRIA (ACCION POPULAR):

Autoridad: No menciona nada sobre la materia

Transporte Público: Política concertada de reordenamiento y modernización de líneas urbanas

Peatones: No mencionada nada sobre la materia

Obras de Infraestructura: Construcción del Intercambiador de Transportes, una macroestación en la que se unirán el Tren Eléctrico, el Tren de Cercanías Callao - Chosica y una estación de autobuses urbanos. No indica donde estará la misma.

Metropolitano: No menciona nada sobre la materia

Metro: No menciona nada sobre la materia

Tren Eléctrico: Señala la ampliación hasta el Intercambiador de Transportes

Otros: Implementación del Tren de Cercanías, con doble vía, mejora de vagones y construcción de apeaderos. Señala también como medida un “abono - transporte” para abaratar tarifas de transbordo y el establecimiento de descuentos o gratuidad de tarifas para escolares, minusválidos y adultos mayores.

RAUL CANELO (FONAVISTAS DEL PERU)

Autoridad: No menciona nada sobre la materia

Transporte Público: Política de reemplazo de licencias por concesión del servicio de transporte, mediante asociaciones público - privadas.

Peatones: No menciona nada sobre la materia

Obras de Infraestructura: Se harán mediante mecanismos de asociación público - privada. No se mencionan ni mecanismos ni rutas.

Metropolitano: No menciona nada sobre la materia

Metro: No menciona nada sobre la materia

Tren Eléctrico: No menciona nada sobre la materia

Otros: Emisión de una Ordenanza Municipal para coordinación de cierre de calles por obras viales.

ALEX GONZALES (SIEMPRE UNIDOS)

Autoridad: Autoridad Autónoma en la que estén representadas autoridaes municipales, transportistas y usuarios.

Transporte Público: Orden y priorización de rutas en función de demanda existente e iniciativas de mejora del parque automotor. Estabilidad jurídica para los transportistas, para incentivar formalización y renovación de unidades.

Peatones: No menciona nada sobre la materia

Obras de Infraestructura: Construcción o adecuación de principales ejes viales. No menciona cuáles.

Metropolitano: Fortalecimiento para que beneficie a más personas

Metro: Construcción de un Metro Subterráneo

Tren Eléctrico: Integración al sistema de transporte metropolitano

Otros: Implementación de un bono de chatarreo, campaña intensiva de seguridad vial, desarrolllo de semáforos inteligentes, impulso de ciclovías y masificación de su uso.

Sin duda, el caso Cataño supone para Lourdes Flores Nano su principal baldón y ha pretendido ser utilizado como el principal boomerang para su candidatura, sobre todo, en lo que se refiere a las contrataciones por servicios profesionales, a las que ya nos hemos referido.

Sin embargo, un tema que quedó flotando en el ambiente fue el de la cercanía partidaria de César Cataño con el PPC. Alex Kouri insinuó algo al respecto en el programa de Bayly y también se había comentado cuando Cuarto Poder reventó el caso, pero Rafael Yamashiro dio la siguiente respuesta:

Según una denuncia de ‘Cuarto Poder’, la Procuraduría Antidrogas investiga a Cataño Porras por lavado de activos dado su vínculo con el narcotraficante Carlos Olivas, a quien la Policía lo califica como un barón de la droga por dedicarse al tráfico ilícito en Tacna.

El informe periodístico reveló que Cataño quiso postular a la presidencia regional de Tacna por UN y entregó dos camionetas a Flores Nano para su movilización.

“Cataño era un independiente y respondía a la convocatoria que hacía Unidad Nacional por ser un ciudadano reconocido, empresario y con una trayectoria de más de quince años”, manifestó Yamashiro al explicar el por qué de la candidatura del personaje.

La candidatura de Cataño no prosperó debido a que no residía en la región fronteriza.

En efecto, entramos al Infogob del Jurado Nacional de Elecciones y comprobamos que la candidatura de Cataño fue, en efecto, tachada. El PPC compitió con lista incompleta y quedó noveno en dicha elección.

Pero lo otro que vimos en Infogob es que César Cataño aparece como afiliado válido del Partido Popular Cristiano. Habla la imagen:

Sobre esta evidencia oficial, Lourdes Flores Nano debería aclarar rápidamente cual es la situación de su controvertido ex cliente dentro del partido que ella preside.

ACTUALIZACION: Otra fuente del JNE señala lo mismo, vía Marco Sifuentes:

ACTUALIZACION 2 (04.09.2010): Dos versiones distintas se han dado sobre el tema desde el PPC. Mientras que Juan Carlos Eguren negó que Cataño sea militante porque nunca lo ha visto - aunque señaló nadie podía impedir su afilación -, en La República se menciona que fuentes del PPC señalan a Cataño como ex integrante de dicha agrupación desde enero de 2010, cuando renunció mediante carta. Se requiere una versión final sobre este tema.

ACTUALIZACION 3 (06.09.2010): La respuesta de Lourdes vía Willax TV: Renunció hace meses, aunque desconocía que fuera militante.

En medio de las pullas electorales, el Poder Ejecutivo promulgó las normas dictadas al amparo de las facultades delegadas por el Congreso de la República hace algunos meses. Dentro de los cuatro Decretos Legislativos dictados - que tienen todos aspectos cuestionables - el más cuestionable es el Decreto Legislativo 1097, una norma que contiene severos inconvenientes que señalaré a continuación:

1. EL ALCANCE DE LA DELEGACION DE FACULTADES: Un primer aspecto a contemplar es que el Poder Ejecutivo pidió facultades para algunas materias y el Congreso se las dió con algunas variaciones. Christian Donayre resumió esto en Enfoque Derecho:

Así, si contrastamos lo planteado en el proyecto de ley y lo que aprobó el Congreso, caemos en la cuenta que ha decidido que el Ejecutivo, por un lado, en vez de adecuar la legislación del Fuero Militar Policial a la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional, dé más bien un nuevo Código de Justicia Militar Policial y optimice la ley que regula su organización y funciones a los parámetros constitucionales vigentes (obviamente dar un nuevo código y optimizar la ley que regula el fuero son palabras mayores), y, por otro lado -sin que se lo haya pedido-, dé normas procesales y penitenciarias relacionadas exclusivamente al personal militar y policial que ha sido procesado o condenado por delitos que implican violación de derechos humanos.

Para Donayre, este exceso en las materias delegadas podría ocasionar un vicio de inconstitucionalidad, tanto en la norma de delegación como en la legislación vinculada a las normas procesales para personal militar y policial sobre violaciones de derechos humanos. Otros abogados estiman que esto no sería así. Es, por tanto, un primer tema sujeto a interpretación.

Un tema conexo con éste es que la otorgación de facultades se refería a “normas procesales y penitenciarias relacionadas exclusivamente al personal militar y policial que ha sido procesado o condenado por delitos que implican violación de derechos humanos”, pero al leer la norma, la misma no señala que solo se aplica a militares o policías. Por tanto, hay aquí otro tema de forma que debería ser analizado.

2. DESNATURALIZANDO EL SOBRESEIMIENTO: El artículo más polémico del DL 1097 es el 6°. Dicho artículo dispone el sobreseimiento de los casos que hayan vencido los plazos establecidos por el nuevo Código Procesal Penal, dictado en 2004 y que viene siendo implementado de a pocos en todo el país.

El tema es que los plazos que pone para las etapas de investigación preparatoria e instrucción son bastante bajos: 8 y 16 meses para casos simples y complejos respectivamente, lo que ocasionaría el inmediato cierre de los procesos que se encuentran en estas etapas. Solo en el caso de los procesos que se abrieron a raíz del Informe Final de la CVR, estamos hablando de alrededor de 30 casos que quedarían en la impunidad.

Peor aún, se desnaturaliza la institución del sobreseimiento, que abogados como Yván Montoya y Wilfredo Pedraza han recordado que se aplica solo para los casos en que haya inconsistencia en el caso o la denuncia sea falsa, no para el tema del plazo. Por ello Montoya ha recomendado que los jueces inapliquen, vía control difuso y utilizando los precedentes existentes en el sistema interamericano sobre el tema del plazo, este artículo. ¿Cuántos jueces se atreverán a ello?

3. LA POLEMICA CON EL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL:

Vuelvo al tema del plazo. El Código Procesal Penal, como hemos visto, establece plazos bastante cortos para la investigación, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial. Esto que resulta efectivo para casos de delitos menores, pero el Tribunal Constitucional, en una reciente sentencia sobre plazo razonable, ha dicho lo siguiente:

Al respecto, es del caso señalar que la complejidad puede venir determinada no sólo por los hechos mismos objeto de esclarecimiento, sino también por el número de investigados más aún si se trata de organizaciones criminales nacionales y/o internacionales, la particular dificultad de realizar determinadas pericias o exámenes especiales que se requieran, así como la complejidad de las actuaciones que se requieran para investigar los tipos de delitos que se imputan al investigado, como por ejemplo, los delitos de lesa humanidad, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, etc. También debe considerarse el grado de colaboración de las demás entidades estatales cuando así lo requiera el Ministerio Público.

En la sentencia antes linkeada, el TC señala que, para delitos complejos como los antes mencionados, tanto por la complejidad teórica de los casos, como por la realidad, los plazos actuales del Código Procesal Penal de 2004 resultan irreales e impracticables, por lo que exhortó al Congreso para modifique el tiempo de investigación preparatoria, sin vulnerar los derechos de los procesados. El DL 1097 petardea esta necesaria modificación normativa.

A ello sumemos que el CPP solo se aplica para un grupo de personas, cuando se han recortado fondos para su implementación normativa.

4. LA IMPRESCRIPTIBILIDAD:

Otro punto controvertido es el de la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad. El Perú suscribió en el 2003 una convención internacional sobre la materia, a la cual le añadió una reserva sobre su aplicación. Para el Estado, la norma debía aplicarse para los casos cometidos luego de la aprobación del tratado, cuestión que es reiterada en el DL. Sin embargo, existen normas internacionales que señalan que una norma interna no puede traicionar el objeto y fin del tratado, que es evitar la impunidad en estos casos, por lo que ni la reserva ni este punto del Decreto podrían ser aplicables.

Además, parte de la solución a este punto controvertido pasa por aplicar las diversas sentencias existentes en el sistema interamericano sobre la imprescriptibilidad de violaciones de derechos humanos, así como la ponderación entre derechos fundamentales y un instrumento de política criminal - no es un derecho - como es la prescripción.

5. LOS CASOS DE LA POLEMICA:

¿Y que casos podrían caerse abajo con esta norma? Hay de todo. Desde algunos de los crímenes cometidos por el destacamento Colina, como el asesinato de Mariela Barreto, pasando por violaciones a los derechos de la mujer, como las violaciones sexuales ocurridas en las bases de Manta y Vilca, hasta casos ocurridos durante el primer gobierno aprista, como la matanza de los penales o los casos vinculados al mal llamado comando Rodrigo Franco.

6. CON EL DL 1097, NO SE RESUELVEN LOS PROBLEMAS DE LOS PROCESOS PENALES SOBRE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS:

Dicho todo lo anterior, no hay que negar que existe un serio problema con la duración de los procesos penales por violaciones de derechos humanos que debe resolverse. Pero un decreto que, de porrazo, declara la impunidad, no es la manera de resolverlo.

Para ser más claro: ¿Dónde están los problemas en la duración de estos procesos?. Recordemos lo que dijimos en DTP hace algún tiempo:

Creo que la respuesta se encuentra repartida en varios factores: una Sala Penal Nacional a la que se le han añadido competencia en varios delitos y ya no tiene la misma dedicación a casos de derechos humanos, testigos que no concurren a dos o más convocatorias para presentarse y también recursos dilatorios por parte de los abogados de las defensas. Esto en lo que respecta a los juicios orales.

Pero también hay un importante conjunto de procesos que se encuentran en fase de investigación o de investigaciones fiscales. Se requiere que los fiscales y jueces especializados tengan mayores recursos para investigar estos casos, así como una mayor actividad colaborativa del Ministerio de Defensa en esta materia. Y si el Ministerio se niega a dar información, es necesario que esto sea valorado en el proceso.

Asimismo, es necesario que los encargados de la investigación tengan el máximo de celeridad posible en casos que, hay que señalarlo, son bastante complejos por el número de implicados, víctimas, pruebas, el paso del tiempo y las acciones que puedan haberse cometido para ocultar los hechos.

Es allí donde toca poner el acento desde el Estado, más que en atacar a las organizaciones de defensa de derechos humanos, que están interesadas en que estos procesos concluyan lo más pronto que se pueda, debido que la dilación no solo afecta a los procesados, sino también a las víctimas.

Es decir, hay una corresponsabilidad de actores que el DL ni siquiera se atreve a tocar, mencionar o corregir. En otras palabras, se intenta dar una salida rápida pero que como veremos, nos va a costar más dilaciones a la larga.

8. UNA VUELTA A LOS AÑOS NOVENTA:

Va a pasar lo mismo que en la época de Fujimori: gobierno saca norma inconstitucional o controvertida, gritería desde algunos sectores, interposición de denuncias en fuero interno e internacional, papelón del gobierno, declaración de inconstitucionalidad de la norma o sentencia en el sistema interamericano y, finalmente, volver a hacer los procesos que quedaron pendientes.

En otras palabras, se mece a las víctimas y se mece a los procesados, pues el tema no termina de tener solución, más aún, cuando varios de ellos ya tienen avanzada edad.

Otro “bonito” lío en el que nos mete este gobierno, en lo que quizás sea la peor de sus decisiones.

Lejos de pasar a un debate de ideas y propuestas sobre Lima, luego de la salida de Alex Kouri, ha continuado el fuego graneado de acusaciones y de campañas de demolición a las dos principales candidatas a la alcaldía de Lima.

De un lado, Lourdes Flores ha recibido toda serie de críticas por su relación profesional con César Cataño, a quien patrocinó durante varios años en temas civiles y administrativos. Cataño, como sabemos, viene siendo investigado por lavado de activos presuntamente provenientes del narcotráfico. Además, el empresario es un conocido importador de autos usados. Este flanco débil ha servido para que le endilguen el sanbenito de “candidata del narcotráfico”. Fernán Altuve y Humberto Lay lo han dicho con algo de sutileza, pero apuntando hacia ella.

En la otra acera, y durante los últimos días, a Susana Villarán le ha caido de todo por su alianza con el Movimiento Nueva Izquierda, cuyo integrante principal es el partido Patria Roja. Desde acusaciones de vínculos con las FARC de una regidora - en una patinada monumental de Cecilia Valenzuela, solo comparable a la de Melissa Patiño -, la situación de un regidor que tuvo que renunciar por problemas judiciales y, finalmente, la serie de cuestionamientos ante el manejo e ideas de PR sobre la educación peruana. Aquí ya le han puesto el sanbenito de “Caperucita Roja” y “candidata del terrorismo”.

Lo cierto es que las groseras caricaturas que ambas han tenido que aguantar son falsas. Ni Lourdes es una narcotraficante o cómplice del narcotráfico ni Susana es una terrorista o una roja dispuesta a emprender la demolición de la burguesía que no terminó Velasco. Se trata, en el caso de ambas, de competidoras de una derecha y una izquierda con ánimo de aggiornamiento y que, aunque seguramente intercambiarán puyas y ataques en medio de la campaña (aprovechando estos flancos débiles), representan a un sector de la política que no es deshonesto, ni fanático y que, a pesar de todo, ofrece algunas ideas.

Dicho esto, sí es cierto que ambas señoras han cometido algunos errores. En el caso de Lourdes Flores, si bien tiene la libertad de elegir a sus clientes, debió cuidar mejor su cartera de patrocinados, no solo por su prestigio como abogada, sino, sobre todo, porque es una política y sabe que en estos temas se aplica la máxima de la mujer del César, en particular, en un tema tan sensible como el narcotráfico. Además, el tema de Cataño la complica con el tema del transporte, debido a las importaciones masivas de autos usados, uno de los males que le toca a Lima.

En el caso de Susana Villarán, si bien Patria Roja tiene 30 años participando en elecciones, se ha enfrentado a Sendero Luminoso tanto en el magisterio como en otros ámbitos de la política peruana y maneja eficientemente los recursos de la Derrama Magisterial - con un estilo harto capitalista -, lo cierto es que esta agrupación tiene una pésima imagen en un sector de la población, debido a las oposiciones a una reforma educativa en serio de parte de los dirigentes del SUTEP, además de los comentarios que asocian a PR con revolución, un modelo económico fracasado y velasquismo. Antes que sumarle, le representaba un lastre a sus opciones, sobre todo en una ciudad que tiene mucho de conservadora aún.

Sin duda, la prensa tiene el legítimo derecho de hacer preguntas, tomar postura y señalar defectos, vacíos e interrogantes válidas - y bien harían ambas candidatas en ser directas en responder ante estas preguntas -, tampoco puede caer en el lodazal que han venido cayendo, en particular, algunos medios de comunicación. Hoy anotaba esto en su columna Augusto Álvarez Rodrich:

Este es un oficio que, contra lo que reclaman algunos, y gritan otros, dista de ser ‘objetivo’ pues tiene –especialmente en épocas electorales– una fuerte carga subjetiva. Pero la subjetividad nunca puede  ser el camuflaje para la mentira. Opinar, que es una función fundamental del periodismo, no es patente para la farsa y la mentira, como algunos se empeñan en demostrar.

Por un lado, la maquinaria fujimorista a cargo de operadores desprestigiados como Carlos Raffo. Por el otro, el elenco ya experimentado en estas lides de demolición que reclaman medallas por supuestos servicios prestados a la patria pero que no es otra cosa que cazadores de un buen negocio, un buen puesto o una red de protección para cuando pierdan el que tienen ahora, para lo cual usan la mentira como espada y el acomodo como escudo.

Yo les recomendaría a mis amigos lectores que se den una revisión a lo que Correo, Expreso y La Razón han publicado en los 3 últimos meses sobre Flores y Villarán. Y verán que allí, lejos de la pregunta válida, se concentran la diatriba, la media verdad y las campañas de demolición, además de ciertas patologías y obsesiones que, antes que un comentario en este blog, merecerían un diagnóstico serio en el Noguchi. Ahí se percatarán que los mismos que antes rajaban de Lourdes, han pasado al chisme de callejón con Susana.

Finalmente, una nota personal. Creo aún en que puede haber algo de debate de ideas en esta campaña. Por ello, seguiré publicando nuestros posts resumiendo los planes de gobierno de los principales candidatos, sin prestarme a las campañas de demolición en contra de ninguno de ellos. Las elecciones son un tema lo suficientemente serio como para contribuir al clima de barro con ventilador que se vendrá en las siguientes semanas.

Si un distrito limeño ha acapatado portadas y posts en los últimos años, se trata de Barranco. Y no por la movida cultural, la juerga, o las actividades que se realizan allí, sino por el maltrato que ha sufrido el vecino gracias al Metropolitano, obra hecha sin estudio de impacto ambiental, sin respetar el trazo original del Zanjón y que, en la práctica, ha partido en 2 al distrito. Luis Castañeda Lossio no es precisamente el alcalde más querido en el distrito.

Pero, siendo sinceros, no todo lo malo de Barranco se debe a Castañeda. El distrito ha padecido a varios malos alcaldes en los últimos años: Fina Capriata, Martín del Pomar y, ahora, Antonio Mezarina.

Cierto es que Mezarina - no desde el inicio, sino cuando ya la cosa era evidente - se subió al coche de las protestas barranquinas frente a la forma que se hacía el Metropolitano. Pero hay varias perlas en su gestión ya registradas: poco respeto a los comerciantes del distrito, un frustrado intento de concesión del Estadio Unión a una universidad cuestionada para un centro de salud, la venta de parte del acantilado para hacer edificios, en fin, una gestión que ha mirado poco al vecino, le ha dado pocas explicaciones y ha hecho poco por preservar un distrito que en varias partes es zona monumental.

Esta semana, el ya candidato Mezarina - va por Cambio Radical, aunque entró por Restauración Nacional, transfuguismo, ejem, ejem, cof, cof - ha protagonizado dos perlas más. La primera fue contra Luis Carlos Burneo a.k.a. Henry Spencer, quien fue a cubrir, como cualquier comunicador, un debate de candidatos en Barranco en CPN y lo sacaron “a pedido de Mezarina”. Hablan las imágenes:

Lo segundo es la continuación de una historia que se venía cocinando hace tiempo: la controvertida construcción del proyecto Infinity en el malecón de Barranco, en lo que era la Casa Dasso.  El Morsa reporta las responsabilidades de la gestión Mezarina en la permisividad frente a lo que se ha producido hoy: el cierre del malecón para una construcción privada:

Cuando el día lunes, en el programa de Valia Barak, al alcalde Mezarina se le preguntó por el permiso que un gerente de la Municipalidad que él dirige le dio al Proyecto Infinity, respondió que fue sorprendido y que luego botó al gerente respectivo. Una de dos. O simplemente deja que las cosas ocurran a su espalda o sabía de todo y ahora se hace el defensor. Claro, imposible hacerle repreguntas o nada, porque su actitud va a ser la de Castañeda. La táctica del mudo.

El tema es que hay un serio problema de transparencia en la Municipalidad de Barranco, tal como se puede apreciar en la web de la comuna. No hay información alguna sobre los permisos que otorga ni nada. Es así que el gerente de entonces, el arquitecto Alfred Silva, no solamente autorizó las obras del Malecón, sino que participó en la presentación del nuevo proyecto habitacional.

Si con Capriata y Del Pomar, Barranco estaba al borde del abismo, con Castañeda y Mezarina ha dado un gran paso adelante.