Es una noticia importante para el país que, luego de un año y dos meses, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones corrigiera uno de sus más importantes errores de los últimos tiempos: el cierre de la radio La Voz de Bagua.
Este suceso ha sido el principal baldón para la libertad de expresión durante este gobierno pues, como lo señalaron diversos gremios de defensa de periodistas en el país, este caso fue una clara muestra de arbitrariedad en la actuación estatal frente a un medio de comunicación.
Seamos claros: La Voz de Bagua fue cerrada por motivos claramente políticos. La historia la resumió bien Marco Sifuentes en dostandas. Junto aquí las mismas por efectos didácticos:
Es interesante. La Voz es una de las pocas radios de la zona con licencia para operar y, sin embargo, fue cerrada aduciendo tecnicismos. También es interesante que se esté difundiendo un audio supuestamente agitador y desinformador que no le pertenece a La Voz sino a la muy respetable RPP (radio que, en realidad, no tiene responsabilidad por lo que se afirma en las llamadas al aire; es como pretender sancionar a un blog por sus comentaristas). De hecho, como el mismo Flores afirma en la entrevista, el alcance de La Voz no cubre las zonas de las masacres así que mal pudo haber sido el detonante de la violencia.
Hace un par de días, ante una pregunta de Luis Jaime Cisneros sobre el caso, el Quemier respondió que la Voz de Bagua incitó a la violencia, que su información atentaba contra la paz, que ponía en peligro la seguridad de la Nación. O sea, igualito que Chávez pero en versión mal menor.
La historia de esta pequeña emisora recorrió el mundo, tanto así que La Voz de Bagua fue premiada con el galardón Libertad de Expresión 2009 otorgado por Index on Censorship, y su caso fue materia de preocupación de la Sociedad Interamericana de Prensa. En los últimos días, la Defensoría del Pueblo habia señalado la necesidad de reponer la señal a la radio.
Se ha tratado de una lucha dura y fuerte, pero digna, en la que la mayor parte de periodistas peruanos ha estado comprometidos. Felicitaciones a don Carlos Flores, director de la emisora, y a todos quienes hicieron posible revertir una grave arbitrariedad.
Aunque el tema ya lo hemos tratado otras veces, quizás venga a cuento de este artículo volverlo a tocar, dado que el término ha sido utilizado en referencia a distintos grupos de personas. La historia la cuenta el mismo Vergara:
Itinerario. Si mal no recuerdo, a inicios de los 2000 el diario Expreso y sus satélites utilizaban la expresión “los cívicos” para aludir a un grupo de gente de izquierda proveniente de las ONG, que ingresaron a trabajar al Estado durante los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo. “Cívicos” tenía su gracia porque aludía a dos cosas. De un lado a la procedencia de personajes llegados de la sociedad civil y, en segundo lugar, al tonito moralizante y/o dolido que muchos de ellos, en efecto, muestran en sus apariciones públicas. De pronto, en algún momento de los tempranos 2000, alguien se enteró de que en Francia existía el término “gauche caviar” y, entonces, el mismo grupo de personas pasó a ser identificado como la “izquierda caviar” (por cierto, los motes varían según los países, en Suiza son los “toscana-zosi”, en Inglaterra los “champagne socialists” y en Estados Unidos Tom Wolfe los bautizó como “radical chic”).
“Izquierda caviar” ya era un concepto más cachaciento que “los cívicos” pues el contenido dejaba de ser institucional/moral para pasar a ser ideológico/social. Vale decir, no bastaba con ser rojo. Para encajar en la categoría había que ser “rojo” y pituco (lo que en el Perú, desde luego, implica ser “rojo”, pituco y blanco). Ideología, clase y raza en un solo combo. De ahí que se dijera que si había “izquierda caviar”, también había una “izquierda salchipapa”. Finalmente, en los últimos años, sintomáticamente, a la etiqueta se le retiró el elemento ideológico y sobrevivió el de clase y raza: “caviar”. Y ahora Rosa María Palacios o Augusto Álvarez Rodrich han pasado a ser caviares.
Básicamente, el término alude a la defensa de determinadas causas - derechos humanos, medio ambiente, reformas institucionales, participación política - por personas que provienen de sectores limeños altos y medios altos.
Y tiene una fuerte carga peyorativa cuyo significado varía dependiendo de quien lo diga: desde quienes genuinamente no creen en la variable ética - política o en los mecanismos de participación que propone este sector (Melendez), pasando por zurdos radicales (Herbert Mujica y otros), medios abiertamente defensores del fujimorismo o de violadores de derechos humanos (La Razón) hasta llegar a defensores de un pensamiento de derecha abiertamente antiizquierdista - sin reconocer sus matices - (Expreso y Aldo Mariátegui).
Sin duda, como señala Vergara a lo largo de su artículo, hay varios errores en el sector injuriado. Quizás el más evidente, sea el hecho de no haber podido trascender a los sectores académicos, mediáticos o onegeros en el que se han manejado, para construir alternativas políticas más sólidas - léase, un partido - o modificar un discurso de denuncia que, si bien en muchos casos, ha sido acompañados de alternativas, tanto las protestas “cívicas” como sus propuestas no han sido bien comunicadas.
Otro error no ha sido responder efectivamente a esas críticas. En los últimos tiempos han existido intentos de aclarar varios sentidos comunes y mentiras que han ido calando en una campaña sostenida durante los últimos años, pero que no ha podido trascender a otros medios ni, sobre todo, al público en general.
Pero creo que la mayor responsabilidad se encuentra, sin duda, en los sectores que han hecho popular un prejuicio para denostar, junto con las personas que las defienden, a determinadas causas. Hace algunos años, anotaba bien Martín Tanaka:
Lo que a mí me preocupa es que la crítica a ese sector implica una crítica a las banderas con las que ese sector se identifica. Algo así como: “si el sector político que defiende y se identifica con los derechos humanos sacó muy pocos votos, entonces la agenda de los derechos humanos debería estar fuera del debate público; no vale introducirla a través de los medios, las universidades, las agencias de cooperación, etc. Sean buenos perdedores”.
El razonamiento que considera la defensa de los derechos humanos, del Estado de derecho, de los derechos de las mujeres, la preocupación por la exclusión social, etc., como banderas de un grupo político-social minoritario (“caviar”), y por lo tanto pueden ser soslayadas, me parece muy grave. Y me parece que muchos sectores políticos manejan ese criterio. Esas serían ideas que “vienen de afuera”; lo supuestamente “de adentro” sería la eficiencia en la lucha contra la pobreza, el logro del desarrollo económico. Eso sería lo que le interesa a la gente. Lo otro, solamente a los “caviares”.
Como decía más arriba, la causa de los derechos humanos y otras banderas cercanas deberían ser asumidas por todos, como patrimonio de la humanidad, y defendidas por todos, cada quien desde sus tradiciones y énfasis particulares, por supuesto (desde la izquierda o la derecha). El problema está en que quienes usan el término “caviar” generalmente menosprecian estas preocupaciones, principios, valores, y por eso satanizan a quienes se identifican con ellos.
Y finamente, esto termina entorpeciendo cualquier debate político y, a fin de cuentas, cualquier discusión racional sobre que modelo de desarrollo - integral, que pase por el crecimiento económico, pero que no se reduzca a él -. Finalmente, terminamos convirtiendo a la política en una discusión de chingana, donde predomina quien pone la mejor chapa.
Hoy tuvimos un Simulacro Nacional de Sismo, actividad que debería hacerse en forma más frecuente y en diferentes horarios, en un país que, como sabemos, siempre va a tener latente la posibilidad de un terremoto.
Por ello, resulta importante saber si es que los candidatos tienen propuestas concretas para la prevención y atención de desastres. Lima es una ciudad cuyo crecimiento no ha sido planificado, en la que conviven viviendas en mal estado con casas bien construidas, en la que tenemos varios tipos de piso, pero en la que también hemos tenido huaycos y otras emergencias.
Veamos ahora que dicen los candidatos - ya sin Roca ni De la Puente están en carrera - sobre este tema.
FLORES (PPC-UN): Se plantea el desarrollo de un Programa de Mejoramiento Urbano para que se promueva, en las zonas más pobres de la ciudad, la construcción de muros de contención para evitar deslizamientos y reducir la vulnerabilidad estructural de las viviendas en los cerros de Lima.
También se señala el fortalecimiento de las competencias de la Municipalidad de Lima en esta materia, completar el Catastro de la ciudad para desarrollar simulacros, el desarrollo de un plan agresivo de reforzamiento de la infraestructura de los hospitales, estaciones de bomberos y escuelas, impulsar la compra de acelerómetros, reforzar inmuebles sobre todo en el Cercado, Rímac y Surquillo e impulsar la construcción y organización de cinco centros de emergencia ubicados en centros estratégicos.
KOURI (Cambio Radical): Señala como medidas la implantación del Programa Integral de Defensa Civil, el fortalecimiento de capacidades en esta materia, el establecimiento de una red de gestores comunitarios con la participación de municipalidades distritales y la repotenciación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
VILLARAN (Fuerza Social): Plantea como prioridad recibir las competencias regionales, presupuestos y programas vinculados a Defensa Civil, Ordenamiento Territorial, Vivienda, Construccion y Saneamiento, a fin de contar con una política integral de ocupación del suelo, reducción del riesgo y vivienda digna. También señala la elaboración e implementación del Plan Regional de Sismos, programas de generación de capacidades para tener viviendas seguras y la elaboración y puesta en marcha de una estrategia metropolitana ante el cambio climático.
LAY (Restauración Nacional): Solo presenta como medida la construcción de cisternas subterráneas en el Centro de Lima para que los bomberos puedan tener agua en caso de incendio. De sismos, ni una palabra.
ANDRADE (Somos Perú): Revisé su plan de gobierno y no encontré una sola palabra sobre Defensa Civil.
ALEGRIA (Acción Popular): Como diría Ferrando, no tiene nada.
IBERICO (Alianza Para el Progreso): Cero goles en este punto.
Y al igual que en el post anterior, los candidatos Gonzales (Siempre Unidos) y Canelo (Fonavistas del Perú) no tienen propuestas sobre la materia.
Taxis. Son parte del paisaje de cualquier ciudad grande. Pero en Lima representan dos tipos de problemas.
El primero es la de los usuarios y ciudadanos con vehículo. Existe una fuerte sobrepoblación de taxis en Lima, lo que genera varios efectos: oferta mayor que la demanda, informalidad fuerte en un sector poco organizado, precariedad en el empleo, congestión vehícular en las arterias que son más transitadas en la ciudad y, en algunos casos, uso del vehículo para robos y asaltos. Hay por tanto, una labor de orden en un servicio necesario y que debe tener una mejor calidad, además de los problemas de seguridad que existen con algunos ladrones disfrazados de taxistas.
El segundo es la de los propios taxistas. La mayoría de ellos son personas que han perdido el empleo y, con su liquidación, han comprado su vehículo o lo alquilan. O ciudadanos que completan el mes con lo que sacan “haciendo carreras”. Hay, por tanto, un grupo de votantes que, además, tiene otro tipo de reclamos. La mayoría quiere formalizarse, pero se quejan de que el SETAME resulte sacándoles plata y ellos no tengan otros beneficios, como existía en la época de Alberto Andrade. Castañeda es para ellos una de sus dos bestias negras. La otra es Alex Kouri, por el tema de las papeletas - que muchos consideran arbitrarias - y por los límites de velocidad que, aunque para la mayoría son vistos como necesarios, consideran como ridículos y peligrosos en zonas de alta delincuencia.
Por ello, es necesario ver que dicen los candidatos sobre este problema en sus planes de gobierno. Hemos considerado a Alex Kouri, ya que su postulación no ha sido tachada definitivamente, pero no a Carlos Roca cuya postulación será oficialmente retirada hoy. Juzguen por ustedes mismos.
FLORES (PPC-UN): Señala que la Municipalidad será promotora de la organización y modernización del sistema de taxis en Lima, siendo facilitador ante el sistema financiero para la adquisición de nuevos taxis. Asimismo, la comuna brindará capacitación técnica, empresarial y de trato al cliente, así como acceso a servicios de salud para él (o ella) y su familia y un sistema de alerta para la protección de su seguridad.
KOURI (Cambio Radical): Menciona la celebración de convenios con empresas privadas para la capacitación de transportistas, así como la creación de las Casas del Taxista para la atención de este sector.
VILLARAN (Fuerza Social): Señala como medida central la racionalización del servicio de taxis, a través de taxímetros, licencias, estaciones y paraderos, así como el establecimiento de turnos de rotación. Se pone como meta reducir el número de vehículos que hacen taxis al 40% a través de incentivos y la formación de empresas sostenibles. Se dará un seguro médico a los taxistas.
LAY (Restauración Nacional): Su propuesta es implementar el Sistema Metropolitano de Taxis, reprimiendo drásticamente a los taxis piratas.
ANDRADE (Somos Perú): Presenta como medidas la formalización del servicio de taxis para profesionalizarse e incrementar sus ingresos, la introducción del sistema del taxímetro para la uniformización del sistema, la promoción junto con el Gobierno Nacional del recambio de unidades a aquellas que usen gas natural, fortalecimiento del SETAME e implementación de programas de restricción vehicular en base a estudios de congestionamiento por días, zonas y horas.
ALEGRIA (Acción Popular): Reordenamiento del sistema de taxis mediante el uso de un color distintivo y creación de paraderos.
Mientras aun se define el futuro de Alex Kouri, quien hoy dio una conferencia de prensa en la que acusó a medio mundo de estar en contra de su candidatura, hoy se conoció que Miraflores es otro distrito que tiene a dos candidatos centrales en capilla.
A primera hora, se dio a conocer que Manuel Masías, alcalde que va a la reelección, tiene una tacha declarada fundada por el Jurado Electoral Especial. ¿El motivo? Los amigos del PPC interpretaron erróneamente las normas electorales en caso de invitados.
Como sabrán Masías pertenece a Solidaridad Nacional, que no está presentando candidatos. Y, en terminos generales, se pemite que un quinto de los candidatos (20%) no pertenezcan a la agrupación política. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones sacó una norma sobre democracia interna que señala que ese porcentaje no es aplicable a candidatos a Alcaldes, Presidentes y Vicepresidentes Regionales. Por tanto, Masías debía cumplir los demás requisitos del reglamento interno electoral del PPC, entre ellos, el de ser militante de la agrupación.
Revoredo tiene dos domicilios, en Magdalena y en Miraflores, pero logró acreditar el tema del domicilio múltiple en su caso. Sin embargo, Revoredo no es militante de Cambio Radical, sino de Solidaridad Nacional. Y este partido le dio autorización para postular en Magdalena. ¿El motivo? Pues el obvio, que ya le habían dado la venia a Masías para que sea el candidato a Miraflores. Es decir, Solidaridad vs. Solidaridad en Miraflores, en dos listas antagónicas. Y ya que no logró acreditar el permiso, ha quedado momentáneamente en suspenso.
Al igual que en el caso de Kouri, estos dos temas están pendientes de resolución ante el Jurado Nacional de Elecciones, que dará su opinión final sobre estos temas. Pero, de salir ambos, los reemplazarán sus candidatos a tenientes alcaldes, quienes tendrán que asumir el inesperado liderazgo de sus respectivas listas.
Carlos Iván Degregori decía, en un libro de hace una década, que la política en el Perú era una montaña rusa, debido a su alto grado de imprectibilidad. Esta semana, Alex Kouri ha sabido bien de ello.
Como reseñamos hace un par de días, esta ha sido la peor semana para Kouri: las encuestas no le han han sonreido, sus finanzas personales están en serios cuestionamientos luego de presentarlas públicamente, Carlos Roca hizo evidente el apoyo “por lo bajo” del partido de gobierno y, para poner la cereza sobre el pastel, la noticia del día de ayer fue la declaración como fundada de la tacha sobre su domicilio en primera instancia.
Pero esta segunda tacha podría tener un efecto aún peor, dado que puede sacar a toda la lista completa de Cambio Radical y no, como se ha venido especulando, dejar a Ivonne Fraysinett como candidata.
Hasta el momento, no se ha definido cual es el efecto que puede tener esto en la campaña electoral y a donde puede ir el 18 a 20% que ya había acumulado Kouri. Pero, considerando que mi país es una montaña rusa, prefiero aun no especular, hasta que las cosas sean definitivas.
Esta semana, la preocupación de la gente ha estado en el tema de seguridad ciudadana. Sin duda, es un tema que nos aqueja a todos y del que nadie esté a salvo. El hecho que una niña de 3 años termine con severas secuelas para toda su vida luego de un asalto a mano armada llama, sin duda, a la indignación y a la rabia.
Sin embargo, creo que quedarnos solo en eso no le hace bien ni al país ni termina siendo lo más adecuado para que casos como el que nos conmovió a todos esta semana se produzcan. Más bien, es necesario saber porque hemos llegado a esta situación.
A raíz de las graves ausencias que el tema de seguridad ciudadana tuvo en el Mensaje Presidencial (50 segundos, con reloj, dedicados al tema), Juan Briceño Pomar presentó en Espacio Compartido algunas de las constataciones por las cuales hemos llegado a la sensación que cada día andamos peor en torno a este tema. Veamos una a una las mismas.
1. La seguridad en general y la seguridad ciudadana en particular no ha ocupado un lugar relevante en la agenda del gobierno.
Cierto. Quizás un hecho constatable es que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana creado en el gobierno pasado no se ha convertido en el organismo encargado de coordinar las diversas porciones de la política en esta materia que le corresponden a las instituciones del Estado.
2. Los responsables designados por el ejecutivo para dirigir el sector y las instituciones que tienen que ver con la seguridad no han realizado un buen trabajo y los índices negativos se han disparado.
Como se decía en el juicio a Fujimori, está probado que el gobierno ha puesto a auténticas nulidades en el Ministerio del Interior. Repaso rápido: Pilar Mazzetti, que nunca conoció a fondo donde se metía y que se terminó yendo por un escándalo de compra de patrulleros. Luis Alva Castro fue un desastre tras otro, que ya seria largo enumerar, mientras que Remigio Hernani se dedicó a pelearse con los jefes policiales y terminó su gestión en medio del Moqueguazo. De Mercedes Cabanillas, solo recordar que es la responsable política de la mayor masacre de policías en los últimos años. Y bueno, de Octavio Salazar su incompetencia es ya conocida, pishtacos incluidos.
A ellos se suman, sin duda, directores de la Policía con un nivel que va de regular para abajo.
3.El problema de la seguridad no ha sido correctamente diagnosticado y se ha tratado de enfrentar únicamente desde la perspectiva del estado, sin tener en cuenta las demandas ciudadanas, ni el hecho que su origen es multicausal y su solución multidisciplinaria.
He aquí el problema de fondo. Cuando hemos hablado de seguridad, generalmente nos hemos referido solo a segmentos: la reforma policial, las penas altas que no llegan a cumplirse (a pesar que hace rato están contempladas en la Ley), la reforma del sistema penitenciario, el trabajo preventivo, iniciativas comunitarias, el serenazgo, etc.
Si el Estado - entendido éste como todos los poderes del Estado y los gobiernos regionales y locales - no abordan este tipo de problemas en toda su magnitud y de modo coordinado, pues nos seguiremos quedando en los parches o en propuestas efectistas - y jurídicamente inviables - como la pena de muerte.
Seamos claros, cuando los políticos entran en competencia de “a ver quien es más duro en el lenguaje contra el delincuente”, es señal de que nada bueno se traen entre manos y que, antes que comprender al ciudadano que sufre el robo de la cartera, la billetera, el celular o que tiene a la pandilla impidiéndole salir tranquilo en las noches, no es que se preocupen por usted, sino por los votos que puede generarle una salida efectista, debido a la indignación frente al caso de violencia y delincuencia de turno.
4. A pesar de existir normas que regulan el funcionamiento de los comités locales de seguridad ciudadana –ya hay dispositivos para la coordinación entre los municipios y la policía, lo que falta es que se cumplan- no se ha logrado implementar el sistema nacional de seguridad ciudadana.
A esto me refería cuando hablamos de la falta de un sistema nacional y coordinado. Hasta ahora seguimos debatiendo que rol debe cumplir serenazgo o una policía municipal, o vemos que el comisario solo se preocupa del área de su sector, sin importarle que el delincuente se desplace a una zona que no es de su circunscripción, en lugar de coordinar con su colega de turno. Y ello, para ya no hablar de las agencias privadas de seguridad a las que se recurre en varias zonas de Lima y del interior del país, algunas más formales que otras y con poco control sobre las mismas.
5. De acuerdo a lo visto, oído y leído en el último mes hay numerosos “expertos” en seguridad –sobre todo en seguridad ciudadana- y abundantes recetas que, según ellos, nos ayudarán a solucionar los graves problemas que tenemos.
Y también candidatos, sobre todo en época electoral. Por ello, a cada una de las personas que postulan, debemos reclamarles, cuando hablen de estos temas, metas concretas de disminución del delito, acciones que realmente les corresponda hacer, formas en cómo coordinarán su trabajo con otras entidades y cuales aspectos de este problema pueden o quieren abarcar.
La próxima semana, en DTP, analizaremos las propuestas en esta materia de los candidatos a la alcaldía provincial de Lima.
Es cierto que en el Perú nunca se puede decir que un candidato está muerto hasta el mismo día de las elecciones. Y menos aún uno que ya ha tenido tres triunfos electorales, de hecho, Alan García pudo volver luego del desastre que supuso su primer gobierno.
Sin embargo, Alex Kouri no las tiene todas consigo en esta semana, quizás una de las más difíciles de la campaña. Al hecho que las encuestas señalan que el “efecto Cataño” no lo ha beneficiado, se le han sumado tres problemas graves.
1. ROCA DESESTABILIZA POSIBLE TRASVASE DE VOTOS APRISTAS:
La aparición ayer del Roca-video, en el que el ex candidato aprista acusa al Comité Ejecutivo Nacional de retirar su candidatura para “apoyar por lo bajo” a Kouri, ha supuesto un sismo de buena intensidad dentro de las filas apristas.
El principal aludido, el secretario general interino Javier Morán, señaló que no se dará un respaldo directo o indirecto a Kouri e indicó que “dejarán en libertad a la militancia” para optar por alguien. Mientras que, en La Hora N, Javier Velásquez Quesquén señalaba lo mismo sobre la libertad del voto, indicaba que “Lourdes y Kouri estaban en duelo de insultos” y que “habían muchos evangélicos en el partido”, en alusión a Humberto Lay. Incluso Jorge del Castillo ha ido más lejos en una columna en La República que, sintomáticamente, se llama Voto en Blanco.
Lo cierto es que, al margen de estas opiniones, el aprista de base tiene serias dudas en votar por Kouri. Como señala Mirko Lauer:
En cuanto al destino de los votos apristas, el caso Roca va a dificultar el endoso hacia cualquier candidato, si esa fuera la intención. A juzgar por las encuestas el voto aprista que el Apra no está recibiendo viene repartiéndose entre los principales candidatos, y explica parte de los altos niveles de indecisión.
2. LAS DECLARACIONES DE INGRESOS DE KOURI
El lunes, Kouri se dio una vuelta por Prensa Libre y le dejó una serie de documentos a Rosa María Palacios que no pudieron ser analizados a profundidad en la entrevista.
Pero si lo fueron al día siguiente, en que Palacios desmenuzó varios de los vacíos del candidato: desde la no presentación de las declaraciones juradas tributarias, pasando por la ausencia de su lista de clientes, hasta llegar a la no justificación de un estilo de vida bastante holgado.
3. EL DOMICILIO DEL CANDIDATO
Este es el punto que ha quedado aún más en el limbo y que le puede costar más a Kouri, a tal punto que su candidatura puede quedar fuera.
¿Qué ocurre? Pues que la dirección que ha dado el postulante de Cambio Radical para acreditar su residencia en Lima es su “dirección fiscal”, es decir, donde tributa. Pero no es su domicilio real, dado que se trata de una casa que vendió a su jefa de prensa, Irene Sánchez.
En términos jurídicos la cosa se le complica a Kouri. El Comercio es claro en señalar las normas aplicables a este caso:
El artículo 6 de la Ley de Elecciones Municipales señala que para ser elegido alcalde se requiere: “Domiciliar en la provincia o el distrito donde se postule, cuando menos dos años continuos. En caso de domicilio múltiple rigen las disposiciones del artículo 35 del Código Civil”.
Y este artículo únicamente señala: “A la persona que vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares se la considera domiciliada en cualquiera de ellos”.
Ya está comprobado que Kouri no vive allí. Y lo de las ocupaciones habituales -es decir, que esa es su oficina de abogado y donde tributa - queda desmentido por los mismos papeles que don Alex le dejó a Rosa María y en los que consta que no ha ejercido la profesión de abogado desde el 2007, dado que no tiene recibos de honorarios emitidos por este concepto.
Por tanto, en un país normal, Kouri debería ser tachado por la autoridad electoral. Veremos si, finalmente, el imperio de la Ley que tanto reclamamos se llega a cumplir.
Hace más de un año, Marco Sifuentes contaba una sabrosa historia de apristas e Internet:
Desde hace unos meses, los periodistas políticos que andan en Internet tienen un nuevo amigo: el compañero Jaime Carhuavilca. Cada cierto tiempo, el c. Carhuavilca nos actualiza con las últimas novedades del Partido Aprista Peruano, en especial de la generación cuarentona (los filo-mantillistas de la manchita de Carlos Arana), a través de documentos, fotografías y vídeos.
Carhuavilca no es un compañero desleal con el partido. Al contrario, leyendo su blog uno pensaría que es incluso más aprista que Alan García (aunque eso no es tan difícil últimamente). Simplemente resulta que Carhuavilca no ha terminado de entender cómo es que los límites de lo público y lo privado se difuminan en Internet.
Jaime es el administrador online de la “Red Internacional PAP 80 - 90” y se encarga de subir al Internet fotografías y vídeos de las actividades sociales de un grupo bastante influyente de apristas. Él cree que su red está dirigida a “apristas y amigos de 23 países”, pero la cruda realidad es que cualquiera con un poco de paciencia puede acceder a su material y encontrar de todo.
Pues bien, la activa cuenta HAYADELATORRE del c. Carhuavilca hoy nos depara otra sorpresa. Se trata de una entrevista a Carlos Roca que comenzó a ser un viral desde que se colgó en la cuenta de Facebook del sociólogo Rodrigo Barrenechea. En la entrevista, Roca se manda con todo contra sus compañeros, denunciando la falta de apoyo y reafirmando que no renunciará “para no favorecer a los candidatos de la derecha” (Lourdes y Kouri).
La bomba está en el minuto 3:30, cuando acusa al secretario general interino Javier Morán de querer apoyar “por lo bajo” a Alex Kouri, por lo que el APRA no debía tener candidato, según manifestó en una reunión del CEN aprista. Vean el Roca-Video, filmado el lunes 9 de agosto:
Sin duda, esta grabación es una auténtica bomba dentro de Alfonso Ugarte y revela cuales son las indecisiones y dudas dentro del APRA, no solo en torno a la elección municipal, sino también en lo que debe ser un partido de gobierno y la línea actual del mismo. Como para pensarlo dentro de la Casa del Pueblo.
ACTUALIZACION (12.08.2010): Como dicen por allí, la venganza es un plato que se come frio. Hoy Carlos Roca la debe haber disfrutado. Vía La República:
Se salió con la suya. El Jurado Especial Electoral Lima-Centro declaró improcedente el pedido del Partido de gobierno para retirar la candidatura de Carlos Roca a la Alcaldía de Lima.
Con ello, Carlos Roca mantendría su posición de continuar con su postulación a pesar de que la dirigencia del partido le ha quitado su respaldo. Aunque se conoce que la posición de Roca cuenta con el respaldo de al menos 20 de los candidatos distritales e igual número de secretarios generales distritales, quienes pidieron a la Dirección Política reconsidar su decisión.
Con esto y la decisión pendiente sobre la tacha a Kouri, esto se pone bueno, esto se pone caliente…
Anoche, el Instituto de Defensa Legal hizo pública una seria denuncia sobre un documento falso presentado por el ex jefe del SIN, Julio Salazar Monroe, en el juicio que se le sigue por los casos Barrios Altos, Pedro Yauri y El Santa, cometidos por el destacamento Colina. Veamos los detalles:
El doctor Coronel Augusto Martínez Cueva del Hospital Militar Central emitió un certificado médico falso a Julio Salazar Monroe con la finalidad de que pueda seguir ausentándose de la última etapa que atraviesa el juicio que lleva en su contra por los casos de Barrios Altos, Yauri y el Santa (Exp. Nº 0028-2001) en la Primera Sala Penal Especial Anticorrupción.
El certificado se presentó durante la audiencia el día de hoy, donde se señaló que Salazar Monroe fue atendido en el área de ‘Neurocirugía A’, el 31 de julio del presente. Sin embargo, cuando personal de la Primera Sala Especial quiso confirmar esta información en los registros de entrada y salida del Penal Sarita Colonia, lugar donde purga condena Salazar Monroe, así como en el referido Nosocomio, se constató que el procesado no ha salido de prisión desde el 25 de julio hasta la fecha.
Por esta razón, la Primera Sala Anticorrupción presidida por la vocal Inés Villa Bonilla, ordenó citar a Salazar Monroe para el miércoles 11 de este mes y, en caso de no acudir, prescindir de su alegato final. Además, se derivó estas irregularidades a la Fiscalía para su investigación.
De acuerdo a lo que IDL pudo verificar, el referido inculpado desde el 5 de mayo del 2010 hasta la fecha, no se presenta al juicio oral que se viene desarrollando debido a un malestar lumbar (dolo lumbagia). Esta situación ha retrasado de manera irrazonable el proceso que está ad portas de culminar, dado que tal inasistencia se produce en el momento en que Salazar Monroe debía presentar sus declaraciones finales.
En efecto, desde hace varias semanas, el diario La República venía registrando las continuas ausencias de Salazar Monroe, que dilataban indebidamente el fin de un proceso que hace rato debió acabar. Se trata, ojo, del mismo caso en el que viene siendo procesado - además de Vladimiro Montesinos y los Colina - el general Juan Rivero Lazo, defendido en el discurso por el Día de la Bandera pronunciado por el Ministro de Defensa, Rafael Rey Rey.
Por ello, la denuncia termina siendo bastante grave, dado que la dilación de los casos, de la que tanto se ha quejado Rey, se debe, en este juicio en específico, a las maniobras de un procesado que, ojo, ya ha sido condenado por el caso La Cantuta a 25 años de prisión (ver sentencias de primera y segunda instancia).
Pero, además del escándalo que ya supone la presentación de un documento fraguado, resulta aún más indignante que personas cercanas al Ministerio de Defensa estén en una defensa a ultranza de Salazar Monroe.
Hace unos meses, el blog Reportaje al Perú de Paola Ugaz, contó la historia de Víctor Robles Sosa, un periodista fujimorista que se ha convertido en asesor externo del Ministerio de Defensa (ver pagos aquí y aquí), a la par de ser columnista del diario naranja La Razón y director de una ong auspiciada por el vicepresidente Luis Giampietri.
Entre los defendidos de Robles Sosa en su blog se encuentra, además de su jefe, nada menos que el general Salazar Monroe. Es decir, un asesor externo del Ministro de Defensa sale a sacar cara por un sentenciado por corrupción y violaciones de derechos humanos. ¿Y qué dice el Ministro? Sobre esto, no dice absolutamente nada.
Con lo visto, una interrogante clave a dilucidar es por qué se intenta proteger al ex jefe del SIN de la época de Fujimori y Montesinos, incluso desde altas esferas.
ACTUALIZACION (06:00 PM)
Parte de la respuesta a la interrogante planteada al final de este post la tienen Carlos Rivera y Antonio Salazar del IDL, quienes han investigado más el caso y tienen algunas novedades. Cito los párrafos más importantes:
El día de hoy hemos tomado conocimiento que el propio médico que aparece como firmante del referido Certificado Médico habría señalado que nunca ha atendido a Salazar Monroe y menos aún ha firmado dicho documento. Si esto es así resultaría que el mencionado Certificado, e inclusive los anteriores, fueron elaborados por el propio Salazar Monroe o por personas vinculadas al Ejército que pretenden ayudarlo de manera indebida para que evada la acción de la justicia.
Pero ¿cuál es el objetivo de Salazar Monroe que ya tiene una sentencia confirmada de 25 años por el delito de homicidio en agravio de los estudiantes de la universidad La Cantuta?, no es otra que lograr que se considere su recurso de Habeas Corpus, presentado contra las vocales que integran la Primera Sala Penal Especial, por el supuesto de exceso en el plazo de carcelería sin tener sentencia -la misma que ya habría sido votada en el Tribunal Constitucional, (Expediente Nº 05350-2009-HC) y todo parece indicar que el TC habría decidido declarar fundado el Habeas Corpus y excluir a Salazar Monroe del caso Barrios Altos, tal como en su momento ocurrió con el general EP (r) Walter Chacón Málaga, procesado por delito de corrupción por el mismo tribunal que juzga a Salazar Monroe.
De esta manera Salazar Monroe se estaría librando de que de que le apliquen una sanción penal debido a su grave responsabilidad en crímenes contra los derechos humanos.
A mi criterio, lo que en el fondo Salazar Monroe quiere hacer es una leguleyada. Porque la supuesta “infracción al plazo razonable” en el caso Barrios Altos ha sido causada por él, dado que las dilaciones en el juicio han sido causadas por ausencias que, a la luz de las evidencias recopiladas por la propia Primera Sala Penal Especial, son injustificables. ¿Triunfará la impunidad?
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