Desde el Tercer Piso

Ayer por la noche, quienes veíamos los programas dominicales nos topamos con este nuevo horror publicitario, de los mismos creadores de Montesinos y el Paro y Azuzando los ánimos luego del Baguazo:

Resulta extraño el momento en que se lanza este spot. No hay, en este momento, ninguna gran protesta en el interior del país en contra de algún proyecto de inversión, sobre todo, vinculados a minería, que son los que más conflictos sociales generan. Las movilizaciones, más que por protestas, están en las inscripciones de candidatos a las elecciones regionales y municipales en todo el país.

Lo que si han existido en estos días son serias informaciones sobre la inconveniencia de algunos proyectos de inversión o daños ambientales causados por severos descuidos en zonas mineras y petroleras.

En el primer rubro encontramos a la central hidroeléctica de Inambari, cuestionada por los perjuicios ambientales y porque no beneficia en nada a ampliar la potencialidad de energía limpia en nuestro pais. En el segundo rubro se encuentran la grave contaminación en el Río Marañón por un derrame de petróleo y un rebalse de relaves mineros en Huancavelica, en una mina de propiedad del grupo Raffo que en 2008 tuvo un problema similar.  Ya se imaginarán que en todos estos casos el gobierno ha hecho mutis o su respuesta ha sido bastante tibia.

Al mismo tiempo, con el beneplácito de quienes están a la derecha de Genghis Khan, se intenta expulsar al hermano Paul McAuley del país. ¿Los motivos? Los explica bien Paco Bardales:

Nos preocupa que entre los motivos que se argumentan para expulsar a Paul Mc Auley  se incluyan apartados de un atestado policial, y que este documento mencione la participación en marchas de protesta o la pertenencia a una organización de defensa de los derechos ambientales como potenciales amenazas a la seguridad y la soberanía del país. Es como si, de un momento a otro, por lo menos un considerable, por no decir mayoritario, espectro de la población amazónica fuera sospechoso y estuviera en el ojo de las sospechas de los miembros de Seguridad del Estado.

Paul Mc Auley no tiene procesos judiciales pendientes por este tipo de acciones. Pero sí una experiencia de servicio a causas indígenas y medioambientales desde hace más de 20 años. Su presencia en el Perú ha incluido acciones tan nobles y generosas como el contribuir decididamente en la creación del colegio Fe y Alegría, en un asentamiento humano de Lima. Además, interactuar con grupos de voluntarios y empresarios extranjeros que dinamizaron el intercambio comercial de productos que realizaban los jóvenes peruanos, para ser vendidos luego en tiendas de Londres y con ese dinero ayudar a su educación y sostén personal o familiar.

¿Desde cuando preocuparse por el medio ambiente es causal de expulsión del país? McAuley, para quienes lo conocen bien, no era un violentista ni mucho menos. Tan es así que hasta los apristas en Loreto señalan que la medida es totalmente exagerada.

Y sorprendentemente el Quemier ha señalado que lo botaban “porque hacía política”, cuando apenas a pocos metros, tienen a Monseñor Cipriani haciendo abiertamente política - pero la que le gusta al gobierno - y a Alan besándole el anillo en cuanta recepción y misa hace gala.

Sin duda, el Presidente de la República se jacta mucho de las cifras de crecimiento y llegada de inversión privada al país. Pero creo que acciones como estas le hacen un pésimo favor a la economía de mercado y a la inversión privada - con las que yo estoy de acuerdo -, dado que la emparentan con la prepotencia, la falta de preocupación por el medio ambiente y con un Estado que parece el guachimán de las mineras. Tanto se quejan de “los antisistema” y es desde Palacio donde generan las reacciones radicales.

Lo que avanza, más que el Perú, es la ideología del perro del hortelano.

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(Imagen: Álvaro Portales)

La semana pasada, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley para transformar la elección de las autoridades universitarias.  La propuesta normativa contemplaba que se instaure el voto universal para la elección del rector y los vicerrectores, ponderando proporcionalmente los votos de docentes y estudiantes.

Para algunos, en particular, profesores o egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la norma era adecuada para acabar con los operadores políticos que pululan y que permiten que los rectores tengan el teje y maneje de la autoridad, no para mejorar las condiciones académicas y de investigación, sino para complacer a los grupos más radicales y permanecer en el poder.  En esta línea se encuentran Manuel Burga Díaz, Nicolás Lynch y Rocío Silva Santisteban. Y tienen como acompañante en el gobierno a Mercedes Cabanillas.

Los más escépticos, que están en las filas del gobierno o del conservadurismo, señalan que la norma puede llevar a una “excesiva politización” de la universidad.  En esta línea está, para comenzar, el Ministro de Educación, José Antonio Chang, por lo que se descuenta que la norma sea finalmente observada.

Yo, por mi parte, tengo algunos reparos con la norma, distintos a los del Ministro de Educación. Considero que es importante establecer un nuevo mecanismo de elección de autoridades, pero no estoy tan convencido que la votación universal sea ese mecanismo para romper con operadores experimentados. Las normas ayudan a limitar algunas conductas, pero no a eliminarlas del todo. Incluso si se llega a aprobar esta norma - lo dudo - se tendría que dictar un Reglamento de Elecciones bastante claro para reducir al mínimo el riesgo de manipulación.

Mi segundo reparo se encuentra en los problemas que puede acarrear para las universidades a las que supuestamente dice ayudar la norma. Eduardo Villanueva ha reseñado bien las dificultades:

Prueba número 1: ¿realmente creen que los niveles de incapacidad y desgobierno que ha mostrado la actual administración sanmarquina podrían haberse evitado con elección universal? Probablemente habría habido más posibilidades de discutir y de condenar, pero con un manejo hábil de alianzas y prebendas, es posible paralizar un proceso democrático, salvo que haya un árbitro imparcial con respaldo político para mantenerse así. Es altamente posible que esto no sea posible, y también es posible que las universidades se resistan a tener supervisión de cualquier cuño para realizar sus procesos electorales.

Pero mi principal reparo es que hemos aprobado un parche. Las carencias de la universidad peruana no solo se limitan a la pobre calidad de las autoridades de muchas casas de estudio - hay excepciones, felizmente -, sino que tienen que ver con problemas mayores: la carencia de un sistema de acreditación, mejores incentivos para la investigación, mayor presupuesto, un mejor régimen de los docentes y una mayor conexión con las necesidades regionales. En suma, una reforma integral del sistema universitario.

En esa misma línea, ha surgido un nuevo problema en estos días, que reseña bien Patricia del Río:

Como ya todos sabemos, en el año 1996 se permitió la creación de universidades privadas con fines de lucro. La iniciativa legislativa buscaba cubrir la enorme demanda insatisfecha por educación superior. Sin embargo, debido a la laxitud de los mecanismos de control del nuevo marco legal, hemos asistido, a lo largo de estos años, a un crecimiento desordenado de la oferta educativa, sin mayor control de la calidad. Así, pasamos de tener 35 universidades en el año 1982 a más de 90 en la actualidad. Si a estas les sumamos las filiales que funcionan con y sin autorización, la cifra se vuelve inmanejable y ya nadie sabe a ciencia cierta dónde y cómo se ofertan especialidades como las de Derecho o Administración en nuestro país. La situación es grave porque, cada año, miles de peruanos reciben títulos basura, a nombre de la Nación, por los que han pagado con el esfuerzo de sus familias. Son graduados que tienen cartones que los acreditan como abogados, médicos o ingenieros pero que, en la práctica, carecen de los conocimientos necesarios para ejercer sus profesiones con eficiencia.

Justamente para acabar con esta sobreoferta de pésima calidad, se prohibió la creación de filiales o sedes universitarias; sin embargo, esta semana, el Tribunal Constitucional, en uno de sus más polémicos fallos, acaba de autorizar nuevamente su apertura y, además, ha planteado nuevos mecanismos de control que sabe Dios cuándo se implementarán.

Por tanto, la creación de parches para solucionar los problemas de la universidad peruana, más allá de los entusiasmos que suscita en algunas personas bien intencionadas, puede terminar siendo contraproducente para lo que se desea. No solo porque las propuestas terminarán siendo observadas por un gobierno que no quiere cambios de fondo, sino porque terminan siendo salidas que no responden a un desafío mayor. Y en algunos casos, como este, parece no haberse medido las consecuencias de la norma, considerando la realidad de las universidades públicas a las que supuestamente beneficiaría.

Es en la discusión integral y abierta de una Ley Universitaria moderna donde podemos comenzar a encontrar soluciones integrales a problemas que tienen un trasfondo más profundo.

Hace una semana, comentamos algunos de los detalles del Informe del fiscal Walter Milla, encargado de la investigación del caso Business Track.

Entre sus hallazgos y confirmaciones, habíamos señalado los posibles delitos de los miembros de BTR, que iban más allá del mero delito de interceptación, así como la existencia de espionaje político y contra abogados de estudios top de Lima.

Ayer, Prensa Libre presentó más detalles: desde la posible conexión de Alex Kouri con los marinos de BTR, hasta cuestiones que implican a Del Castillo (la supuesta versión sobre plata para la campaña y cartas y mails directas entre Canáan y él), Daniel Saba (un correo enviado por Rómulo en febrero de 2008 sobre el interés de los noruegos de Discover y una visita de él y Quimper por esas fechas sobre ese tema) y Garrido Lecca (sobre materiales de construcción - ¿el cemento? - y su visita a la suite de Canáan) en este asunto. Vean el reportaje de Carlos Hidalgo:

Pero un detalle del reportaje me llamó más la atención. Y es la existencia de correos enviados por Wilson Gómez Barrios al Presidente de la República sobre vigilancia a congresistas nacionalistas y supuestos vínculos de éstos con Venezuela.  Los correos son del segundo semestre del 2006. Este detalle es importante por varios motivos:

1. Las charlas sobre Venezuela: En el libro de Gustavo Gorriti sobre el caso Petroaudios, se señala que Wilson Gómez Barrios - quien era presidente de la asociación de empresas privadas de seguridad y tuvo asiento en la directiva de la CONFIEP durante varios años - y su ex esposa Giselle Gianotti daban charlas sobre un inminente peligro bolivariano contra la seguridad nacional. Las charlas eran dictadas a periodistas, políticos y empresarios.

2. La falsa alerta de atentado contra Alan: En diciembre de 2006, hubo una alerta de un supuesto atentado contra el Presidente. Edmundo Cruz dio a conocer la historia en junio de 2007:

Esta contrastación ha permitido establecer que pocos días antes de la fiesta de Navidad, el entonces jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), vicealmirante José Aste Daffós, recibió en su despacho a dos ejecutivos de la empresa de seguridad privada Forza: Wilson Gómez-Barrios Rincón y Aldo Schwarz Cossu, ambos oficiales de la Armada Peruana en situación de retiro. Los directivos empresariales asistieron acompañados de una dama, cuya identidad nos reservamos.

En la reunión también estuvo presente el general de división EP Otto Guibovich Arteaga, quien desde el 5 de diciembre pasado se desempeña como comandante general de la Región Militar Centro.

La cita fue promovida para hacer escuchar al CCFFAA un informe reservado sobre un probable ataque al Palacio Presidencial, al Palacio Legislativo y al de Justicia. El ataque tenía como objetivo atentar contra los más altos funcionarios.

La expositora fue la dama acompañante de los ejecutivos de Forza.

Como es norma, los reportes de esta naturaleza a la más alta instancia militar son competencia del órgano de seguridad del Estado o del sistema de inteligencia nacional. Pero esta vez la información de alerta corrió a cargo de una empresa privada.

La dama, luego se supo, fue Gianotti. La alerta fue falsa y los dos detenidos por el supuesto atentado fueron liberados a las pocas horas. Jamás existió un peligro real.  Cruz señala que la reunión se produjo a instancias de Luis Giampietri quien, además de primer vicepresidente de la República, es marino en retiro.

Ello ya nos indicaba que en altas instancias del gobierno confiaban más en la inteligencia privada que en la generada por los servicios de inteligencia de los institutos armados, llamados a la producción de la misma de acuerdo a la legislación vigente.

3. Vínculos de ex directivos de Forza con este gobierno: Dos ex directores de Forza, ahora llamada Securitas, fueron Julio Favre y Ricardo Vega Llona, quienes han sido bastante cercanos al Presidente de la República. Favre estuvo en una frustrada gestión en Forsur, mientras que Vega Llona presidió la organización de la cumbre América Latina - Unión Europea. Ambos, además, acostumbran reunirse con García en Palacio constantemente, para intercambio de ideas sobre política.

4. El seguimiento a la CCB: Roberto Bustamante detectó un pasaje de una declaración de Ponce Feijóo en la que reconocía que hacía seguimiento a gente de la llamada Coordinadora Continental Bolivariana. Lo mismo ocurrió con Forza, de acuerdo a lo visto en el reportaje. En realidad, siguiendo la línea de argumentación de Gorriti, esto formaba parte de una agenda particular que compró el gobierno: conspiración chavista, ir en contra de los casos de derechos humanos y espiar a activistas como el padre Marco Arana.

Al final, ¿cuál termina siendo la consecuencia para la gobernabilidad? Carlos Melendez la comentaba hace unos meses:

La privatización de los servicios de espionaje y de manejo de la información no sólo genera casos de corrupción, sino el predominio de medidas represivas en la relación entre inversiones privadas y los ciudadanos afectados por ellas. Si un minero asume a un ex agente como su asesor en temas sociales, creo que tendremos mayores y más serios desencuentros (por decirlo del modo menos duro). El Perú post-SIN no sólo está en la suite de Canáan, sino también en la comunidad más alejada de las ciudades, ahí donde el espionaje vale quizás tanto como el oro que se extrae de esas tierras.

Y por ello, el Presidente debe darnos una seria y sincera explicación sobre este tema. Creo que ya no puede seguir callando sobre un tema que, conforme se acerque el final de su mandato, se le complicará aún más.