Desde el Tercer Piso

Sin duda, es una muy buena noticia que el Presidente haya anunciado el aumento para miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, una medida esperada durante varios años y que se debe complementar con la reforma del sistema de pensiones militar - policial, cuyo informe técnico final se espera para fines de agosto. Todos los funcionarios públicos deben ser bien remunerados y los militares y policías no deben ser la excepción de ello.

Lo que no me termina de cuadrar del todo es el discurso que, desde hace varios años, algunos civiles - sobre todo, los políticos que tratan de ganar sus votos - tienen sobre las fuerzas armadas o el mundo castrense.

En primer lugar, se sigue tratando a las Fuerzas Armadas como “instituciones tutelares de la Patria”. El término “tutela” alude a una situación de protección frente a seres humanos que no pueden valerse por si mismo. De hecho, en términos jurídicos, la tutela se aplica a menores de edad y a personas que son declaradas como incapaces. Y creo que estamos entre adultos que no merecemos tutela de nadie. Hablar de “ciudadanos uniformados” es quizás un término más correcto, sobre todo ahora que tienen derecho a voto.

En segundo lugar, se les pretende otorgar en la práctica privilegios que otras personas no tienen. De hecho, ese discurso es el fundamento central de porque varios civiles intentan “salvarlos” de procesos judiciales por violaciones de derechos humanos. Sin embargo, como lo señaló Ricardo Uceda en una investigación sobre la materia, los militares piensan de otra manera:

Para los voceros del sentimiento militar, especialmente los generales en el retiro, hay una conspiración izquierdista que se ha apoderado de los juicios. Hoy por hoy, esta es más una posición para el debate político, porque más allá de la actuación de ONG de derechos humanos –que tienen menos influencia y recursos que en la década pasada– lo que está avanzando son las lentas maquinarias del Ministerio Público y del Poder Judicial con su propia lógica y tradiciones, y basadas en leyes ineludibles, mientras siguen apareciendo cadáveres. Los que no aceptan esta realidad pretenderían impedir los procesos con medidas de carácter legal y político, pero no necesariamente los propios militares estarían de acuerdo.

–Sería peor –dijo un oficial del Ejército especialista en el problema–. Vendría después otro gobierno y otra correlación política que nos enmienda la plana, volvemos a comenzar de cero y alargamos el problema. Algo hay que hacer, pero aún no sabemos qué.

Finalmente, se intenta justificar la compra de armamento en su nombre. Como ya lo hemos señalado varias veces aquí, más que la compra de más armas, en lo primero que deberíamos pensar es en reconocer cuales son nuestras reales - no ficticias o basadas en prejuicios - amenazas a la seguridad nacional, internas y externas y, sobre esta base, organizar las Fuerzas Armadas y las compras de armamento.

Como vemos, además de una reforma militar trunca que deberíamos retomar, es necesario que los civiles - sobre todo los políticos que intentan apropiarse de la “agenda militar” - repiensen su discurso, a fin de acercar a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas al respeto a la Constitución, a los derechos humanos y, por supuesto, a una buena política de defensa.