Son realmente preocupantes los últimos sucesos violentos ocurridos en Ancash en torno a políticos de la región. La semana pasada fue asesinado Jose Luis Sánchez Milla, encargado de la presidencia de la región Ancash. Y esta semana quisieron asesinar al consejero regional Ezequiel Nolasco - candidato a reemplazar a Sánchez Milla - y secuestrar a la hija del parlamentario nacionalista por dicha región, Fredy Otárola. Realmente, un panorama de órdago en plena campaña electoral.
Los móviles en los tres casos tienen diferencias, pero también coincidencias. Desde delincuencia común (Sanchez Milla), pasando por líos sindicales en Construcción Civil (Nolasco) para llegar a la posibilidad del crimen con implicancias políticas. Nolasco ha señalado desde su lecho de hospital que “la bestia” tuvo que ver en este tema, insinuando, con su apodo, al presidente regional César Álvarez, quien abandonó el cargo para postular a la reelección. Sobre él también recayeron algunas sospechas en el caso de su vicepresidente, que ha procurado desmentir. Mientras que Otárola habla de “enemigos políticos” en su región, debido a casos de corrupción que ha denunciado sobre autoridades ancashinas.
Independientemente de si las sospechas sobre Álvarez resultan ser ciertas o no - hasta el momento, hay que decirlo, no se han presentado mayores pruebas -, esta serie de crímenes ha destapado la olla de grillos que era el gobierno regional de Ancash. Tanto Sánchez Milla como Nolasco estaban dispuestos a investigar a la gestión de su precedesor, a quien de hecho, se han encontrado ya algunas perlas. Perú.21 las recuerda:
Uno de los más grandes escándalos de corrupción que envuelve a César Álvarez es, sin duda, el relacionado con el procesado ex ministro aprista Rómulo León y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), al que apelan las entidades que quieren burlar la fiscalización, aduciendo convenios internacionales.
Antes de pedir licencia, Álvarez dio luz verde a diversas obras por 840 millones de soles, impulsadas por la OEI, y que estarían sobrevaloradas. Se trata, principalmente, de los hospital de Huaraz y de Chimbote, así como de la pavimentación de las carreteras Carhuaz-Chacas y Caraz-San Luis.
A todo esto, se suma la denuncia penal que la Fiscalía Anticorrupción presentó contra dicho político por las irregularidades en la adquisición sobrevaluada de 79 ambulancias rurales por más de 16 millones de soles.
De hecho, en este blog habíamos comentado la relación entre la familia León y Álvarez (ver aquí y aquí). El propio Álvarez admitió que buscó a Rómulo para que lo ayude a evitar que en el Congreso se les quite a las regiones el monto de los remanentes mineros. Y también se ha visto a Luciana León junto a Álvarez en la presentación de otra obra, la reconstrucción del estadio Rosaspampa de Huaraz, cuya licitación estaría a cargo de la OEI, la misma entidad que León Alegría y Canaán querían para el tema de los hospitales del Ministerio de Salud, por tener menos controles que el Estado para las contrataciones públicas.
Así, tenemos dos graves casos que investigar aquí. De un lado, detectar los móviles exactos que han llevado a los atentados contra autoridades regionales. Del otro, indagar a fondo sobre las graves acusaciones que pesan sobre un presidente regional que postula a la reelección. Esperemos que ambos hechos puedan resolverse cuanto antes.
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