
En las últimas semanas, el destino del gas que produce el país, sea derivado del petróleo o natural, ha estado en discusión, tanto por la posibilidad de exportar algunas de las reservas de un lote de Camisea como por la actual escasez de gas licuado de petróleo en Lima.
Sobre el primer punto, Martin Tanaka ha resumido bien el debate:
El debate se ha centrado, primero, en un tema jurídico: ¿es legal o no la exportación del gas? No debería ser un tema: si se considera ilegal habría que recurrir a los tribunales, lo que nos lleva a una controversia muy enredada. Segundo, en un tema geológico: ¿cuánto gas hay en el subsuelo? Según los cálculos hay más o hay menos, alcanzará o no para satisfacer los estimados de la demanda interna, que también son parte de la materia en controversia. En realidad, es imposible tener certezas respecto a las cantidades de gas; lo importante es la mirada que tenemos respecto a ellas: o las consideramos una cantidad fija que hay que preservar, o una cantidad variable que resulta de la inversión en exploración. Si pensamos lo segundo, los contratos y su estabilidad resultan fundamentales; si pensamos lo primero, se justifica modificarlos para no perder recursos “estratégicos”. Estas miradas son resultado de los marcos ideológicos que manejamos: o pensamos que el gas es “estratégico” para promover un proceso de industrialización desde el Estado, o pensamos que es el mercado y sus precios relativos los que deben orientar las actividades económicas. Así, los primeros piensan que los segundos son “entreguistas”, y los segundos piensan que los primeros defienden propuestas fracasadas e inviables.
Tiene razón Tanaka en que la discusión ha sido harto ideológica, pero también tiene que ver con las expectativas bastante altas que se tiene sobre el gas y sus posibilidades de desarrollo para el país, así como en la esperanza de tener un recurso relativamente barato para el consumo doméstico.
Creo yo que, además de cuestiones ideológicas sobre “recursos estratégicos”, este punto del precio es clave para la formación de la opinión pública sobre el destino del gas, más aún cuando los gobiernos de Toledo y García nos machacaron las bondades del Proyecto Camisea. Por ello es que ambos discursos, dependiendo de quien sea el destinatario de los mismos, ganan adeptos.
En ese contexto de discusión, al ciudadano común y corriente le ha caido como bomba la escasez del gas licuado de petróleo. El Comercio ha explicado bien a quienes impacta más:
3 Los usos del GLP son varios. Es uno de los combustibles más extendidos para uso doméstico. El gas que se expende en balones para su uso en cocinas es de esta clase. En algunos edificios también se distribuye a través de tuberías que conectan a un tanque de mayor tamaño. En cambio, el combustible que se distribuye mediante tuberías conectadas a la calle es gas natural, todavía mucho menos común. Este no escasea.
(…)
5 En los últimos años también se ha popularizado el uso del GLP para vehículos, previa adaptación de un sistema dual, que no elimina la posibilidad de abastecerse de gasolina. También en este caso es importante no confundirse con el gas natural vehicular (GNV), que no sufre escasez alguna.
Es decir, el impacto se está produciendo en la mayoría de hogares que usan balones de gas y en las personas que usan GLP para que sus vehículos circulen, en su mayoría, taxistas. Es decir, son sectores medios y populares los que sufren más con este problema.
¿Y que se ha debido este embrollo? Muy simple, a que el transporte del gas para Lima se hace desde Pisco por barco. Y cuando hay mal tiempo en el mar y al no contarse con diques rompeolas, estamos fritos si es que no hay las suficientes reservas de emergencia o éstas se agotan. Recién ahora que se ve el impacto real de esta crisis es que se aceleran los planes para construir un gaseoducto entre Pisco y Lima, que, como es lógico, es la salida de mediano plazo para asegurar que la capital no se quede sin gas.
Y por ello, creo que el editorial de El Comercio acierta al remarcar un horror que impacta en el ciudadano de a pie y de auto:
Es una incongruencia y una falta de respeto a los transportistas, objeto de fuertes campañas publicitarias para convertir sus vehículos de gasolina a gas, que no se haya previsto ni la construcción del ducto ni medidas de real emergencia. Unos 150 mil vehículos en el Perú tienen el sistema dual de combustible (gasolina y GLP), y la mayoría son automóviles que circulan en Lima. ¿Y qué pasará con la demanda del gas para uso doméstico, que se usa en las cocinas de centenares de miles de hogares?
Así como con los TLC se requieren medidas para que el impacto de un negocio de exportación bien encaminado pueda llegar a más personas, lo mismo ocurre con Camisea y los demás proyectos vinculados al gas. Como vemos, las expectativas son altas, pero también las tareas pendientes de un proyecto que nos prometía mejoras pero que, como varias cosas en el Perú, se ha hecho - en algunos de sus puntos - a la diabla.




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