Durante los últimos días, el Ministro de Defensa, Rafael Rey, ha vuelto a tener intercambios de palabras con representantes de organizaciones no gubernamentales. ¿El motivo? Uno bastante conocido: el procesamiento penal de miembros de las Fuerzas Armadas por violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000.
El tema sale de cuando en cuando en la opinión pública, sea cuando se dicta alguna sentencia en estos casos, sea cuando ocurre alguna incursión terrorista o cuando una mal entendida agenda castrense intenta posicionarse en el candelero.
Lejos de incrementar el fuego graneado que ha caído en estos días, me parece más importante analizar los temas de fondo en torno a estos casos. partiendo de premisas claras y directas.
1. No todos los militares que combatieron a la subversión están procesados o investigados por violaciones de derechos humanos: Este es un primer punto que debe quedar claro. Cientos de militares cumplieron con su deber sin infringir las reglas básicas del Derecho Internacional Humanitario - que rige a los conflictos armados - y sin violentar los derechos de los demás. A ellos, el país les debe un especial reconocimiento por la labor emprendida y que ayudó a derrotar militarmente a Sendero Luminoso y el MRTA. Por tanto, no se puede hablar de persecusión, como esgrime el Ministro, más aún cuando varias de las sentencias son absolutorias.
2. Los militares procesados tienen todas las garantías del debido proceso: De hecho, cualquier persona puede ir a los juicios que se llevan a cabo en la Sala Penal Nacional y comprobar que los procesados tienen abogado, ejercen libremente su derecho a defensa y sus derechos son respetados por los jueces encargados de estos procesos. De hecho, las partes en estos procesos guardan sumo respeto entre ellas, más allá de las discrepancias sobre la inocencia y culpabilidad. Y, de hecho, la mayor parte de procesados afronta estos procesos en libertad.
3. Entonces, ¿por qué los procesos duran demasiado?: Creo que la respuesta se encuentra repartida en varios factores: una Sala Penal Nacional a la que se le han añadido competencia en varios delitos y ya no tiene la misma dedicación a casos de derechos humanos, testigos que no concurren a dos o más convocatorias para presentarse y también recursos dilatorios por parte de los abogados de las defensas. Esto en lo que respecta a los juicios orales.
Pero también hay un importante conjunto de procesos que se encuentran en fase de investigación o de investigaciones fiscales. Se requiere que los fiscales y jueces especializados tengan mayores recursos para investigar estos casos, así como una mayor actividad colaborativa del Ministerio de Defensa en esta materia. Y si el Ministerio se niega a dar información, es necesario que esto sea valorado en el proceso.
Asimismo, es necesario que los encargados de la investigación tengan el máximo de celeridad posible en casos que, hay que señalarlo, son bastante complejos por el número de implicados, víctimas, pruebas, el paso del tiempo y las acciones que puedan haberse cometido para ocultar los hechos.
Es allí donde toca poner el acento desde el Estado, más que en atacar a las organizaciones de defensa de derechos humanos, que están interesadas en que estos procesos concluyan lo más pronto que se pueda, debido que la dilación no solo afecta a los procesados, sino también a las víctimas.
4. La controversia sobre las sentencias absolutorias: Este es quizás el tema que más preocupa a los miembros de las ong’s, quienes se encuentran preocupados por posibles presiones por parte de un Ejecutivo poco proclive a la defensa de los derechos humanos o del sector castrense más duro.
De lo visto en su actuación, la Sala Penal Nacional, encargada de resolver la mayor parte de estos casos, no responde en sus resoluciones a presión de ningún tipo, sino a su criterio de conciencia. Ciértamente, puede haber controversia sobre los criterios de valoración de pruebas en estos casos, pero para reducir el mismo, es necesario que los fiscales preparen acusaciones sólidas y los abogados de la parte civil sean más activos para colaborar con la actividad probatoria que realmente ayude a resolver estos casos.
Más allá de si se condena o no a alguien, lo importante, creo yo, es que la valoración de pruebas sea adecuada y la presentación del caso sea precisa, lo que ayuda a que los hechos puedan ser esclarecidos, así como las responsabilidades en estos casos.
5. La posibilidad de cerrar estos procesos a la mala: Finalmente, creo que debe quedar claro a quienes desde la prensa - sobre todo, Expreso y La Razón - apoyan medidas como “comisiones” o amnistías para intentar librar a los procesados en estos casos que la medida es inviable por dos razones centrales.
La primera, es que existen precedentes internacionales que invalidan la posibilidad de amnistías, indultos o cualquier otra medida que, de contrabando, pretenda acabar con la investigación y sanción de estos casos. Muchos de estos precedentes ya han sido acogidos en el país, por lo que legalmente está cerrada esta opción.
Pero la segunda es también importante. Y es que la mayoría de militares procesados no quiere una amnistía. Está constatación la hizo Ricardo Uceda en un reportaje para la revista Poder:
Para los voceros del sentimiento militar, especialmente los generales en el retiro, hay una conspiración izquierdista que se ha apoderado de los juicios. Hoy por hoy, esta es más una posición para el debate político, porque más allá de la actuación de ONG de derechos humanos –que tienen menos influencia y recursos que en la década pasada– lo que está avanzando son las lentas maquinarias del Ministerio Público y del Poder Judicial con su propia lógica y tradiciones, y basadas en leyes ineludibles, mientras siguen apareciendo cadáveres. Los que no aceptan esta realidad pretenderían impedir los procesos con medidas de carácter legal y político, pero no necesariamente los propios militares estarían de acuerdo.
–Sería peor –dijo un oficial del Ejército especialista en el problema–. Vendría después otro gobierno y otra correlación política que nos enmienda la plana, volvemos a comenzar de cero y alargamos el problema.
Y justamente, alargar “el problema” no conviene a nadie. Ni a los procesados que quieren aclarar su situación legal, ni a las víctimas que reclaman justicia. Por ello, más que buscar culpables fuera del Estado, en el Ministerio de Defensa debieran comenzar a reflexionar con seriedad acerca de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado y en la forma como son enviadas las Fuerzas Armadas a cumplir labores de orden interno que son excepcionales en el presente.
Más que bravatas o intentos de impunidad, se requiere que el sistema de justicia haga bien su trabajo.
Conforme va avanzando la campaña electoral limeña, se ven de modo más serio y nítido las limitaciones de Alex Kouri como político, como gestor y como candidato. En las últimas semanas, no solo las encuestas no le han sonreido, sino que también le han venido sucesivos golpes. Veamos los más recientes:
1. Fuga a la mala de pre-candidatos: Si en la mayoría de agrupaciones que postularán candidatos a Lima, las elecciones primarias han sido relativamente tranquilas, en el caso de Kouri, varios precandidatos se han ido pegando portazos en la cara y cuestionando al equipo de campaña de Kouri.
2. Alcaldes cuestionados en su lista: A los notorios casos de transfuguismo político, como los de los alcaldes Heresi, Dibós y Sierra, se han sumado a la lista de postulantes distritales por Cambio Radical a alcaldes cuya gestión no es precisamente la más aplaudida. Los casos más notorios son los de Juan Manuel del Mar en Surco y Antonio Mezarina en Barranco. A ellos se suman un conjunto de ex burgomaestres que pretenden volver, como César Gonzales en Lince, Carlos Bringas en Jesús María, Adolfo Ocampo en San Juan de Miraflores o Martín Pumar en Villa el Salvador. Y de los nombrados, tampoco es que guarden precisamente un buen recuerdo. Ya lo dijimos antes, esto le restará votos a los candidatos. (En el caso de Lourdes, blancos seguros serán Carlos Burgos en SJL y Manuel Masías en Miraflores).
3. Más vinculaciones con el entorno de Montesinos: Ayer La República indicó que, de acuerdo con fuentes confiables del gobierno regional del Callao, un abogado que lleva los casos de Vladimiro Montesinos, Carlos Dávila Valdivia, ha sido asesor externo del Gobierno Regional del Callao. Dávila es, además de patrocinante del ex asesor, hijo de Estela Valdivia, la abogada principal de Montesinos. Hasta el momento, dicha denuncia no ha sido respondida por los implicados.
4. Un auditor amenazado y con denuncias: Lo que más ha golpeado a Kouri es la serie de denuncias hecha por Dante Díaz Padilla, ex integrante de la Oficina de Control Interno del Gobierno Regional del Callao. Díaz Padilla no solo detectó licitaciones irregulares, sino también la falta de realización de obras ya licitadas y comprometidas. Eso, además de seguir abonando en la falta de esclarecimiento de denuncias, también comienza a abrir brechas en aquello que Kouri ha vendido como principal activo: las obras públicas. A ello se suma que Díaz Padilla ha recibido amenazas.
¿Y cual ha sido la respuesta de Kouri? Pues el populismo más puro y duro, al incorporar a la actriz Ivonne Fraysinett como teniente alcaldesa en su lista. No sorprende mucho, dado que Marcelo Oxenford, su esposo, trabaja en el Teatro Municipal del Callao. Pero, sin duda, es una jugada desesperada para buscar votos, dado que Fraysinett es parte del elenco del programa con más rating del país: Al Fondo Hay Sitio, popularidad que se quiere aprovechar.
Riesgo de Kouri al introducir a una excelente actriz, pero con nula presencia política y de la propia Fraysinett, que arriesga su propio capital de popularidad y reconocimiento público en una candidatura severamente cuestionada y en la que está acompañada en la lista de regidores con personajes cercanos al fujimorismo, como el esposo de Martha Chávez, Javier Ocampo.
Varios errores de campaña, sumados a los antes mencionados, están dejando, por el momento, descolocado a un candidato que, sin duda, no previó que su gestión pasada sería tan auditada y que los horrores perpetrados a lo largo de esta carrera le están pagando una factura bastante cara.
Octavio Salazar ha hecho varios méritos para irse del cargo. Un rápido repaso de su trayectoria al frente del Ministerio del Interior nos da cuenta de esto:
- La alucinada historia de los pishtacos en el Huallaga, que fue impulsada desde la DINICRI con la anuencia del Ministro.
- Una serie de cantinfladas sobre Sendero, la seguridad ciudadana y el narcotráfico en apenas pocos meses. Gustavo Carrión las resumió muy bien:
Ya Ministro, “dijo y no dijo” que Sendero no era un peligro. Planteó con gesto adusto que debería penalizarse el consumo de drogas, sin decir por supuesto, donde y como cumplirían sus penas la legión cada vez más grande de consumidores. Ideó la mágica respuesta de los policías de aproximación, colocados al costado de un panel y que supone serían los receptores de las demandas ciudadanas por atención policial. Todavía se ven por la ciudad, lo que no se ha reportado es el nivel de eficiencia y resultados de esta modalidad. Hemos escuchado al Ministro, curiosas explicaciones sobre la procedencia de banderas con la hoz y el martillo, decía que si estos símbolos no estaban bien dibujados y en el sentido correcto, entonces no se podían atribuir a Sendero Luminoso. De haberlo sabido en las épocas duras de la subversión, ¡cuánto esfuerzo de análisis y de inteligencia se hubiese economizado!
El resultado ya lo saben: hay el peligro de perder los avances de inteligencia policial en el Huallaga frente a Sendero, ya sabemos lo que pasa con la seguridad ciudadana y ayer se robaron una aeronave en Nazca
- Ponerse a sí mismo como responsable de una investigación de hechos ocurridos cuando era Director General de la Policía, específicamente, un supuesto robo de gasolina.
Hasta aquí, teníamos a un ministro decididamente incompetente, en la misma línea de sus antecesores en el cargo durante este gobierno. Si en algo puede ganar la Copa del Mundo el Perú es, gracias a Alan García, en la cantidad de ministros ineptos en temas de seguridad.
Pero el despacho del cuarto piso del antiguo aeropuerto de Limatambo ya no solo tiene el aroma de la ineficiencia, sino de algo más turbio. Dos son los motivos.
El primero es el ya conocido caso de los portatropas, develado gracias a una paciente y prolífica investigación de IDL-Reporteros. El caso, en su esencia era bastante simple: se le quería vender al Estado peruano una serie de portatropas para el VRAE que habían sido rechazados en el 2007 por sobrevaloración, cambiándoles la marca.
¿Cuál es el papel que tuvo el ministro del Interior, Octavio Salazar, en esta operación? Salazar se ha mantenido astutamente al margen de la controversia, y logró convertir a su viceministro Torres en el bonzo designado, pero él es el responsable de toda decisión central en su sector, y todas las informaciones coinciden en que tuvo un papel fundamental en la operación cancelada. Salazar se ha hecho invisible durante la crisis y todo indica que hace lo posible por sobrevivirla. Cualquier otro ministro ya hubiera salido a estas alturas; pero no Salazar. ¿Confía en que su bien conocida cercanía con Luis Nava lo ayude a sortear la crisis?
Nava, como sabemos, es el secretario general de Palacio de Gobierno, un hombre de absoluta confianza del Presidente y que en anteriores ocasiones ha tenido especial interés por temas de ascensos en Corpac.
El segundo tiene que ver con una extraña reunión producida en el Ministerio del Interior, cuando estaba por terminar la investigación sobre la familia Sánchez Paredes, algunos de cuyos miembros están actualmente involucrados en un proceso por lavado de activos del narcotráfico. IDL-Reporteros tiene el resumen de lo que ocurrió hace algunos meses en el despacho de Salazar:
Pero poco antes que finalizara dicha investigación, el ministro del Interior, Octavio Salazar, llamó al director general de la PNP, general Miguel Hidalgo, y le pidió que fuera a su oficina, en el cuarto piso del ministerio. Hidalgo subió desde la Dirección General de la PNP, que queda en el tercer piso, para ver al ministro quien además, es su compañero de promoción en la ex Guardia Republicana.
Al entrar en la oficina del ministro, Hidalgo vio, según refirieron a IDL-Reporteros fuentes con conocimiento de causa, que Salazar no estaba solo. Lo acompañaba el congresista fujimorista Rolando Sousa.
Después de los saludos, Salazar se levantó súbitamente, dijo “creo que ustedes dos tienen que hablar” y se fue de su oficina. Sousa e Hidalgo quedaron solos.
Fuentes confiables plenamente informadas sobre el evento, coinciden en afirmar que Hidalgo se puso muy incómodo. Como se sabe, Hidalgo comandó la Dirandro en plena investigación a los Sánchez Paredes y a Valdez Villacorta.
El ahora jefe de la PNP sabía bien que Sousa es socio de César Nakazaki, defensor tanto de Orlando Sánchez Paredes como de Valdez Villacorta.
Sousa, en efecto, empezó a hablarle a Hidalgo sobre el tema de los Sánchez Paredes. “Habló sobre procedimientos en casos de lavado de activos”, relacionados con el caso, dice una fuente bien enterada.
Hidalgo, alarmado e incómodo, le dijo a Sousa que él ya no veía investigaciones de la Dirandro, que se encontraba ahora en otro nivel y que aún cuando comandó esa unidad no discutía sobre investigaciones en desarrollo. Luego se levantó, se despidió y se fue apenas pudo hacerlo.
Salazar hasta ahora no desmiente esta versión, como tampoco lo ha hecho el congresista Souza. Esto requiere de una investigación pronta, pues aquí hablamos de un caso en el que el propio Alan García ha tenido interés en su esclarecimiento. ¿Por qué motivo una persona que enfrenta directamente en dos temas de relevancia al Presidente se mantiene en su puesto?
Varias noticias de una campaña que empieza a calentar:
LOURDES DEFIENDE LO INDEFENDIBLE: A esta altura del partido, va quedando claro que traer a Carlos Burgos de vuelta al PPC es un error bastante serio. Y lo peor es que Lourdes lo defiende:
“No (me arrepiento de aceptarlo). Yo valoro lo que ha significado un gesto de reconocimiento, respecto a una actitud de una conducta que no fue la mejor. En la vida he aprendido que hay gestos que valen la pena ser reconocidos”, manifestó la lideresa pepecista.
En esa línea, minimizó la responsabilidad de Burgos en el desplome del Puente Las Lomas en San Juan de Lurigancho pues, según dijo, “voces experimentadas” ya determinaron que el derrumbe se debió a una falla humana.
La lider del PPC debió aprender que la defensa a capa y espada de personajes cuestionados es justamente uno de los temas que la deja mal parada.
Mientras tanto, Alvarez Rodrich desliza la posibilidad que Alan García esté calculando un debilitamiento mayor de Kouri como espacio para un candidato aprista, en el entendido que pueda convencer al ex presidente regional chalaco de retirarse y a Mercedes Araoz de postular. Yo veo bastante dificil que Kouri se retire, que Araoz postule y que el espacio de Kouri sea llenado por el APRA, a pesar de su maquinaria. Lima, no olvidemos, tradicionalmente no es aprista.
CANDIDATO POLEMICO DEL APRA EN TACNA: Es cierto que toda persona que viene siendo procesada tiene el derecho a la presunción de inocencia. Pero si el APRA quiere ganar en Tacna hubieran elegido a un candidato menos controvertido que el que La República presenta a continuación:
Enrique Melgar Moscoso, el candidato del Apra a la presidencia de la Región Tacna, afronta desde el año pasado un juicio por homicidio y secuestro, delitos que cometió como miembro del comando paramilitar Rodrigo Franco (CRF) que encabezó el ex ministro del Interior Agustín Mantilla Campos.
A Enrique Melgar, quien se desempeña en la actualidad como secretario regional del Apra y jefe de Cofopri de Tacna, las autoridades judiciales le atribuyen participación en los asesinatos del letrado Manuel Febres Flores, abogado del senderista Osmán Morote Barrionuevo, perpetrado el 28 de julio de 1988; de los “tupacamaristas” Luis Pasache y Sócrates Porta, el 12 de agosto de 1988; y del líder de los trabajadores mineros, Saúl Cantoral Huamaní, y la activista Consuelo García Santa Cruz, el 13 de febrero de 1989.
El 28 de mayo del 2008, el juez Segismundo León Velasco abrió proceso penal por delitos de lesa humanidad contra Agustín Mantilla, su brazo derecho, Jesús “Chito” Ríos Sáenz, y otras nueve personas, entre quienes se cuenta el militante aprista Enrique Melgar, quien, en el periodo de los hechos, trabajaba para Mantilla en el Ministerio del Interior.
El caso se encuentra pendiente de acusación, luego de incluir la etapa de investigación. El partido de gobierno deberá meditar si mantiene esta controvertida postulación.
MEIER NO VA EN SAN ISIDRO: El actual alcalde de dicho distrito limeño, Antonio Meier, no postulará debido a que Renovación, el partido al que pertenece, no presentará listas y tampoco irá como invitado en ninguna otra.
Dado que Meier no postulará, de acuerdo con los datos de Raúl Mendoza Cánepa, quedarán como postulantes ya lanzados Luis Alfonso Morey por Adelante (el partido de Rafael Belaúnde, hijo del ex presidente), Richard Amiel y el ex jefe de la SUNAT Manuel Velarde por movimientos vecinales independientes y Jorge Salmón, ex alcalde de este distrito, por Somos Perú. Mientras que en las filas del PPC se habla de Raúl Cantella como postulante por confirmar en las elecciones internas. La vez pasada la elección fue bastante cerrada.
Hace pocos días venció el plazo para que los presidentes regionales puedan renunciar a sus cargos y así postular a la reelección en sus respectivos cargos. Luego de terminado el plazo, serán 13 los presidentes regionales que postulen a la reelección. La lista la tiene La República:
Los presidentes regionales que irán a la reelección son el de Arequipa, Juan Manuel Guillén; Áncash, César Álvarez; Huancavelica Federico Salas; Ica, Rómulo Triveño; Lima provincias, Nelson Chu; Loreto, Yván Vásquez; Madre de Dios, Santos Kaway; La Libertad, José Murgia; Piura, César Trelles; San Martín, César Villanueva; Tacna, Hugo Ordóñez; Ucayali, Jorge Velásquez; y Tumbes, Wilmer Dios Benítez.
Como vemos, hay de todo en la lista. Dos presidentes apristas (Murgia y Trelles) que quieren repetir el plato - en el caso de Trelles, quiere el tercer periodo -, personajes que han tenido presencia nacional en los últimos años (Guillén y Salas), presidentes cuestionados por su actuación pública (Álvarez en Ancash, con varias denuncias y un inolvidable aporte a la caída del dólar y Triveño en Ica en relación con la reconstrucción de las ciudades afectadas por el terremoto) y también presidentes con una actuación importante, como Ordoñez de Tacna y Villanueva de San Martín.
También hay que poner mucho ojo en los nombres de los que no se van a la reelección:
Los que se quedaron son los presidentes de Amazonas, Óscar Altamirano; de Ayacucho, Ernesto Molina; de Apurímac, David Salazar; de Cajamarca, Jesús Coronel; del Cusco, Hugo Gonzales; de Junín, Vladimiro Huároc; de Lambayeque, Nery Saldarriaga; de Moquegua, Alberto Rodríguez; de Puno, Hernán Fuentes; de Pasco, Félix Rivera; y de Huánuco, Jorge Espinoza.
Veamos posibles causas: En el caso de Amazonas, la actuación del presidente regional Altamirano fue de clara y notoria ausencia en la solución de los sucesos de Bagua, lo que lo dejaba mal parado para postular. En el caso de Ernesto Molina y David Salazar, no han conseguido el respaldo de sus respectivas agrupaciones regionales para postular y tampoco del fujimorismo, al que alguna vez adhirieron. Salazar también quedó mal por las disputas entre Abancay y Andahuaylas. Hugo Gonzáles Sayán de Cuzco quedó bastante debilitado luego de su mal manejo del tema Camisea y de acusaciones de corrupción.
En Huánuco y Pasco han buscado la sucesión familiar, mientras que en Lambayeque, la señora Saldarriaga ya sabía que el jefe de su partido Yehude Simon, tenía otras preferencias de candidatura. Será Marco Cardoso el candidato “oficialista” en la tierra del señor de Sipán.
Llama la atención que no postulen a la reelección Vladimiro Huaroc y Jesús Coronel, dos presidentes regionales de alto perfil. En el caso de Huaroc, como reportó Perú Económico, parece que ha sido la falta de ejecución de obras de infraestructura lo que lo ha frenado. En el caso de Coronel, han sido las disputas con el vicepresidente regional y la desconfianza mutua lo que han hecho que el presidente de Cajamarca no quiera dejar finalmente el cargo, a pesar de no tener una mala imagen.
Finalmente, Hernán Fuentes, el chúcaro presidente regional del Puno que propone el federalismo en el Perú, no va a la reelección, para alegría de Aldo Mariátegui. ¿Querrá ir a un puesto de nivel nacional el próximo año? (Pregunta que se hace extensiva a varios de los nombrados aqui).
El señor de la foto se llama Anibal Torres Vásquez. Ha sido Decano del Colegio de Abogados de Lima y actualmente es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, la entidad que se encarga de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales de todo el país.
Ayer por la mañana, fue detenido José Luis Chávez Andrade, oficial de mar destacado en inteligencia naval. ¿El motivo? Practicar un reglaje a este funcionario. Los detalles del mismo vía La República:
La intervención se produjo cerca de las 7 a.m. en la intercepción de las avenidas Pershing y Salaverry, por el hotel Meliá, San Isidro. Según Aníbal Torres, el viernes se percató de que lo seguían en el recorrido de su casa, a la Universidad de Lima y a la sede del CNM. Eran dos hombres en un auto de placa A4I-618.
Luego, el fin de semana, una persona cuya identidad está en reserva le informó que el lunes se iba a repetir la “operación” en dos vehículos de placas A4I-618 y SOV-899.
“Efectivamente, hoy (lunes) a las 5:30 a.m. ,los vehículos pasaron frente a mi casa. La Station Wagon SOV-899 se estacionó cerca, el conductor bajó y aparentaba limpiar el parabrisas”, contó.
Luego de coordinar con su hijo, a las 6:25 am Torres salió de su casa y realizó su recorrido habitual por Dos de Mayo. Detrás de él partió el SOV-899, y más atrás el hijo del jurista. Tras breve recorrido, Torres giró a la derecha, ingresó a Javier Prado y retornó a casa. En cuanto su hijo vio que el SOV-899 repitió el recorrido, llamó al serenazgo y juntos intervinieron el auto.
El hecho, sin duda, merece una exhaustiva investigacion, pero los indicios presentados por Torres Vásquez y su hijo, así como las excusas posteriores del detenido - primero dijo que iba a su casa, luego se presentó como taxista - llaman a varias preguntas y sobre todo, preocupaciones.
Sorprende que un miembro de inteligencia naval esté espiando a un alto funcionario público vinculado al sistema de justicia. Sobre todo, porque Torres Vásquez ha cumplido un digno papel en el CNM, pues ha denunciado e investigado casos realmente importantes. Indica El Comercio:
Fuentes judiciales revelaron, de otro lado, que el reglaje contra el consejero ocurre mientras este investiga el caso del fiscal supremo José Peláez Bardales, quien fue grabado conversando con un socio del abogado Alberto Quimper sobre un proceso reservado.
Torres Vásquez, que el año pasado pidió la destitución de los vocales Francisco Távara y Jorge Solís por recibir pasajes de la Universidad Alas Peruanas, también fue uno de los consejeros que impulsó la denuncia formulada por el fiscal supremo adjunto Tomás Gálvez en contra del cuestionado integrante del CNM, Efraín Anaya, por pedirle un beneficio económico para ayudarlo en el concurso para ascender como fiscal supremo titular.
La Marina de Guerra ha descartado mediante un comunicado que ellos hayan ordenado esta práctica ilegal. Pero ello no debe ser óvice para que hagan una investigación ante la hipótesis que inmediatamente surge: un trabajo encargado a una empresa privada de seguridad, ejecutado por miembros en actividad de inteligencia naval. Los casos de Business Track y Andrick Service, en los que también estuvieron involucrados miembros en actividad de la Marina, demuestran que hace falta un mayor control de las actividades que los oficiales y suboficiales de inteligencia vienen desempeñando, sobre todo, luego de los antecedentes de los casos antes mencionados.
Peor aún, El Comercio revela otra noticia preocupante, en torno a seguimiento:
El Comercio conoció ayer que la comisaría y el serenazgo de La Molina recibieron la semana pasada reportes sobre presuntos actos de vigilancia en la calle Los Cedrones 250. Urb. Sirius, La Molina. El caso llama la atención porque esta dirección pertenece a la casa del marino Manuel Ponce Feijoo, procesado en el Caso BTR. En los últimos días se vieron a personas que se identificaron como policías y que dijeron estar realizando “labores especiales”.
El tufillo de vuelta a los noventas está en el ambiente.
Ayer en el Twitter, debatía con varias personas sobre cuales eran los límites de una cobertura de un suceso policial, a raíz del asesinato de Stephany Flores, cuyos detalles a estas alturas ya deben conocer ampliamente.
Una primera pregunta es si esto es una cortina de humo para tapar otras cosas. Considero que no. La cortina de humo implicaría la existencia de un gran titiritero o de una gran conspiración. Fernando Vivas señala los límites de este pensamiento:
El pensamiento conspirativo, el que bautiza todas las cortinas, es un pensamiento acomplejado porque cuando somos presas de él los humanos asumimos que los demás sí tienen la capacidad de planificar, calcular y manipular, de la que nosotros —pobres mortales enyucados— carecemos. Y lo peor es que, aunque la lógica conspirativa surge de la duda y la desconfianza (buenos métodos de tanteo e investigación), esta se trastoca bruscamente en fe ciega en la existencia del complot. Y tal convicción puede contagiarse a otros hasta que se arma una verdadera conjura de necios tratando de desbaratar la presunta conjura de los malvados.
Creo yo que el caso en cuestión sí debía ser tratado, dadas las circunstancias del caso - el perpetrador del crimen había cometido el mismo hecho en otro país, en la misma fecha, el año pasado -, pero lo que si cabría criticar es la carencia de otros enfoques para tratar la noticia. Salvo excepciones como las de El Comercio - en donde ví algo más de análisis sobre el contexto juvenil que había como telón de fondo en este caso - los demás medios se han limitado a repetir los mismos datos proporcionados por la Policía o por el cable, sin un análisis más a profundidad.
Otro aspecto que puede ser criticable es dejar de lado otras noticias de relevancia por solo cubrir este caso. Ayer en todos los programas dominicales faltó una reflexión más profunda sobre el tema Bagua. Si bien los programas políticos de la semana - sobre todo La Hora N y Prensa Libre - ya habían cubierto el evento, dado el aniversario del mismo, sí merecía una cobertura especial. Pero aquí, nuevamente, antes culpar a una supuesta llamada de Alan diciendo “no me saquen esta vaina”, cabría el jalón de orejas a productores y directores de estos espacios por no tener este tema en su pauta.
Donde sí le cabe una responsabilidad al Estado es en el pésimo manejo que tiene la Policía Nacional de este tipo de coberturas. En su columna de hoy, Vivas anota:
La percepción de un país cuyas autoridades políticas y policiales aprovechan cualquier noticia de impacto para lanzarse de animadores de circo y distraer de sus problemas locales ha llegado clarísima a las redacciones de los medios que nos visitan. Tal vez ellos no lo critiquen, sino que lo agradezcan porque se les facilita el trabajo, pero sus audiencias van a toparse con un país jocoserio, cuya policía pasea al sospechoso por carretera, permite que la gente le dé mochilazos y lo hace desfilar más de una vez ante la prensa, como si la presa y sus captores fueran comediantes que merecen más de una tanda de aplausos.
Ojo que esto no esto no ocurrió solo en este caso, sino que también se ha presentado cada vez que tenemos un caso policial de impacto entre manos. De hecho, el anterior jefe de la DINICRI fue criticado por privilegiar la dosificación de pistas en este tipo de hechos. La situación se complica al ser la fuente policial la privilegiada, tanto por acceso a información sobre el caso, como por su veracidad (o verosimilitud) en este tipo de sucesos.
Por tanto, más que en Palacio, busquemos en Corpac a uno de los responsables de como se maneja la cobertura de sucesos policiales, que busca ahora pasar piola con el casote de los portatropas. Pero también le cabe a la prensa una reflexión sobre el manejo de sus fuentes y presentación de la información cuando se hace crónica roja.
Sí, esa es la cruda y triste verdad. 34 peruanos, policías y civiles, morían a manos de otros compatriotas.
Hasta el día de hoy siguen las preguntas.
Sigue persistente la interrogante de por qué muchos no han sido capaces de condolerse por todos los fallecidos. Unos, como el Presidente, solo hablan de los polícías; otros, a pesar de las evidencias, siguen hablando de genocidio de indígenas. Felizmente hay a quienes le importan las familias de los 34 fallecidos y que considera esta fecha como dolorosa para todos los peruanos.
Sigue abierta la pregunta de porque durante muchos años ignoramos a la selva y la miramos como simple objeto de exotismo o sinónimo de juerga o calentura. Olvidamos que allí viven miles de peruanos, con formas diversas de sentir, vivir, pensar y de entender lo que significa el desarrollo.
Aun sigo pensando en como hemos metido tanta interpretación ideológica a lo ocurrido. Desde Hernando de Soto tratando de vender “el misterio del capital” bajo el mito del “buen salvaje al que hay que meter al capitalismo”, pasando por los políticos del oficialismo que en pleno siguen esgrimiendo la teoría falaz del complot y la manipulación, para terminar en los seudo idílicos que desde la izquierda radical siguen pensando que Bagua fue un hito para acabar con “la hegemonía neoliberal” en el Perú. (Eso, para no hablar de los casi fachos que pedían meter bala o napalm) Todos tratando de jalar agua para su molino. Como me recuerdan a los políticos en la época del conflicto armado interno: apristas, fujimoristas, izquierdistas, populistas y pepecistas de la manito en procurar entender todo para atacar al enemigo político y no para solucionar el problema.
Sigue flotando en el aire varias preguntas: ¿por qué el Gobierno fue tan obtuso en no darse cuenta que tenía que consultar las normas que afectaban a las comunidades nativas? ¿por qué manejó tan mal el conflicto social y terminó, con sus respuestas, activando a los sectores más radicales de la protesta? ¿por qué no se comprendió que las comunidades nativas no son un todo, sino que cada una tiene su propio estilo e idiosincracia? ¿por qué tuvimos que esperar 34 muertos y un año para tener una Ley de Consulta Interna ad portas de ser promulgada?
Independientemente de juicios penales y de responsabilidades políticas - que deben aclararse en su totalidad - Bagua nos mostró como la desconfianza, la incomprensión, la imposición y finalmente, la carencia de institucionalidad (¿que fue del INDEPA?) nos llevan a días tan tristes como los de hace un año.
Hace un año, 34 peruanos morían a manos de otros peruanos. Por eso hoy sigue doliendo lo que ocurrió.
Este es el triste desenlace de un proceso de elección de magistrados que, si bien corrigió errores anteriores del desastre que fue el trabajo comandado por Aurelio Pastor, al final no ha permitido elegir a los reemplazantes de César Landa y Juan Vergara Gotelli, cuyo plazo en el cargo terminó en diciembre pasado.
Ayer, solo faltaron pocos votos para que el abogado Carlos Ramos Nuñez, un académico reconocido y especialista en Historia del Derecho peruano, sea uno de los elegidos. ¿Qué ocurrió?
1. Los apristas se abstuvieron: Y por una razón dicha crudamente por Mauricio Mulder hace algunas semanas (vía El Comercio):
El ex secretario general del Partido Aprista Peruano y congresista Mauricio Mulder lo dijo ayer con todas sus letras: los 36 votos del oficialismo solamente participarán en la próxima renovación de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) cuando llenar los cupos vacantes redunde en beneficio de su propio partido.
A la fecha hay dos candidatos seleccionados por una comisión ad hoc del Congreso: Carlos Ramos y Óscar Urviola. Pero ayer fue el propio ex secretario general del partido de gobierno Mulder quien confesó públicamente a sus colegas de las otras bancadas políticas —quienes se encontraban reunidos en el hemiciclo del Parlamento— que ninguno de los dos aspirantes responde a sus intereses políticos.
En diálogo con El Comercio, Mulder dijo que la estrategia política del oficialismo es esperar hasta fines de este año, cuando concluirá el mandato del magistrado constitucional Carlos Mesía —de reconocida filiación aprista— para tener una vacante más —además de las dos ya vencidas hace cinco meses correspondientes a los magistrados Juan Vergara y César Landa— para, a partir de allí, empezar una nueva ronda de negociaciones multipartidarias y tener opción a copar uno de esos tres asientos en el TC.
2. Dos parlamentarios afines a Castañeda le hicieron el juego al APRA: Este ha sido un punto poco resaltado. El Comercio detalla que ocurrió en la votación de ayer:
De pronto, en medio de la expectativa multipartidaria, el vocero aprista José Vargas cruzó sigilosamente la mitad del hemiciclo para llegar donde estaba sentado el vocero de Alianza Nacional, Walter Menchola. En medio del griterío general que clamaba: “¡No arrugues, Menchola!”, Vargas le alcanzó un recado, según se comentó, del congresista Jorge del Castillo, quien en todo momento coordinaba la votación oficialista.Acto seguido Menchola se retiró del hemiciclo. Antes lo había hecho su colega Fabiola Morales.
Menchola dijo después a El Comercio que dejó su escaño porque “alguien” le informó que Ramos tenía conexión con el ex presidente Alejandro Toledo. Fabiola Morales, por su parte, dijo que había dejado por escrito su voto antes de abandonar el hemiciclo, porque tenía una entrevista pendiente y una cita médica.
¿Lindos, verdad? Es decir, el Tio George coordinó la votación y frustró que saliera elegido Ramos para que entre alguien “más afín”. No sorprende tampoco la actitud de Menchola y Morales, que estuvieron entre quienes salvaron a Mercedes Cabanillas y Yehude Simon de la censura por el Baguazo. Por cierto, Ramos es un académico independiente, que, hasta donde sabemos, no está vinculado al ex presidente Toledo, como ha señalado Menchola como excusa.
3. El Hermanón ausente: Y otro ausente, a pesar que había marcado asistencia, fue Ricardo Belmont, quien se supone es de una bancada de oposición, pero termina casi siempre del lado del gobierno, se ausentó de la votación, aduciendo motivos de salud. Lo curioso es que estuvo en el Pleno de la mañana de ayer.
Luego de este panorama, creo que los calificativos de Víctor Andrés García Belaúnde se quedaron cortos: lo de ayer no solo fue indigno, sino francamente vergonzoso.
En términos noticiosos, sin duda, lo más resaltante es que Lombardi señala responsabilidades políticas en los ex ministros Yehude Simon, Mercedes Cabanillas y en la actual Ministra de Economía y Finanzas, Mercedes Araoz. Esta fue la explicación que le dio a Rosa María Palacios anoche:
Pero además de estos datos, en los que se concentrará el debate y la discusión política, el informe va más allá. Martín Tanaka ha resumido el contenido central:
Lombardi hace un recuento muy completo de las causas de largo plazo, que están en un Estado que abandonó a la población de la amazonía, cuando no la utilizó, la agredió o subordinó para privilegiar a empresas mineras. En lo inmediato, se sostiene que iniciativas legislativas inconstitucionales, impulsadas por el Poder Ejecutivo sin ser consultadas ni debatidas suficientemente, que tampoco fueron controladas o fiscalizadas por el Congreso, generaron un amplio rechazo en la amazonía. Esta población tiene altos niveles de fragmentación y una cultura y valores que hicieron difícil el diálogo, cosa que el gobierno pareció intentar aprovechar para no hacer concesiones, antes que esforzarse en entablar un diálogo intercultural. Luego está un operativo de desalojo mal planeado y ejecutado, una respuesta descontrolada de la población, en la que liderazgos radicales desplazaron a liderazgos negociadores.
Una de las cosas que enfatizó Lombardi es el desencuentro entre el Estado y los pueblos amázonicos. Mejor dicho, la desconfianza que se ha desarrollado entre ambas partes, producto de los factores antes mencionados. Y más allá de las responsabilidades políticas y públicas a señalar, es este el factor central a resolver.
Lejos de las imágenes bastante maniqueas que tuvimos en los primeros días - entre “indígenas manipulados”, “genocidas de policías” y “el inicio de la revolución contra el neoliberalismo” -, tanto los informes de Lombardi como el elaborado por Manacés y Gomez terminan dando un cuadro más completo y complejo a sucesos como los de Bagua, que enlutaron a 34 familias peruanas.}
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