Durante los últimos días, el Ministro de Defensa, Rafael Rey, ha vuelto a tener intercambios de palabras con representantes de organizaciones no gubernamentales. ¿El motivo? Uno bastante conocido: el procesamiento penal de miembros de las Fuerzas Armadas por violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000.
El tema sale de cuando en cuando en la opinión pública, sea cuando se dicta alguna sentencia en estos casos, sea cuando ocurre alguna incursión terrorista o cuando una mal entendida agenda castrense intenta posicionarse en el candelero.
Lejos de incrementar el fuego graneado que ha caído en estos días, me parece más importante analizar los temas de fondo en torno a estos casos. partiendo de premisas claras y directas.
1. No todos los militares que combatieron a la subversión están procesados o investigados por violaciones de derechos humanos: Este es un primer punto que debe quedar claro. Cientos de militares cumplieron con su deber sin infringir las reglas básicas del Derecho Internacional Humanitario - que rige a los conflictos armados - y sin violentar los derechos de los demás. A ellos, el país les debe un especial reconocimiento por la labor emprendida y que ayudó a derrotar militarmente a Sendero Luminoso y el MRTA. Por tanto, no se puede hablar de persecusión, como esgrime el Ministro, más aún cuando varias de las sentencias son absolutorias.
2. Los militares procesados tienen todas las garantías del debido proceso: De hecho, cualquier persona puede ir a los juicios que se llevan a cabo en la Sala Penal Nacional y comprobar que los procesados tienen abogado, ejercen libremente su derecho a defensa y sus derechos son respetados por los jueces encargados de estos procesos. De hecho, las partes en estos procesos guardan sumo respeto entre ellas, más allá de las discrepancias sobre la inocencia y culpabilidad. Y, de hecho, la mayor parte de procesados afronta estos procesos en libertad.
3. Entonces, ¿por qué los procesos duran demasiado?: Creo que la respuesta se encuentra repartida en varios factores: una Sala Penal Nacional a la que se le han añadido competencia en varios delitos y ya no tiene la misma dedicación a casos de derechos humanos, testigos que no concurren a dos o más convocatorias para presentarse y también recursos dilatorios por parte de los abogados de las defensas. Esto en lo que respecta a los juicios orales.
Pero también hay un importante conjunto de procesos que se encuentran en fase de investigación o de investigaciones fiscales. Se requiere que los fiscales y jueces especializados tengan mayores recursos para investigar estos casos, así como una mayor actividad colaborativa del Ministerio de Defensa en esta materia. Y si el Ministerio se niega a dar información, es necesario que esto sea valorado en el proceso.
Asimismo, es necesario que los encargados de la investigación tengan el máximo de celeridad posible en casos que, hay que señalarlo, son bastante complejos por el número de implicados, víctimas, pruebas, el paso del tiempo y las acciones que puedan haberse cometido para ocultar los hechos.
Es allí donde toca poner el acento desde el Estado, más que en atacar a las organizaciones de defensa de derechos humanos, que están interesadas en que estos procesos concluyan lo más pronto que se pueda, debido que la dilación no solo afecta a los procesados, sino también a las víctimas.
4. La controversia sobre las sentencias absolutorias: Este es quizás el tema que más preocupa a los miembros de las ong’s, quienes se encuentran preocupados por posibles presiones por parte de un Ejecutivo poco proclive a la defensa de los derechos humanos o del sector castrense más duro.
De lo visto en su actuación, la Sala Penal Nacional, encargada de resolver la mayor parte de estos casos, no responde en sus resoluciones a presión de ningún tipo, sino a su criterio de conciencia. Ciértamente, puede haber controversia sobre los criterios de valoración de pruebas en estos casos, pero para reducir el mismo, es necesario que los fiscales preparen acusaciones sólidas y los abogados de la parte civil sean más activos para colaborar con la actividad probatoria que realmente ayude a resolver estos casos.
Más allá de si se condena o no a alguien, lo importante, creo yo, es que la valoración de pruebas sea adecuada y la presentación del caso sea precisa, lo que ayuda a que los hechos puedan ser esclarecidos, así como las responsabilidades en estos casos.
5. La posibilidad de cerrar estos procesos a la mala: Finalmente, creo que debe quedar claro a quienes desde la prensa - sobre todo, Expreso y La Razón - apoyan medidas como “comisiones” o amnistías para intentar librar a los procesados en estos casos que la medida es inviable por dos razones centrales.
La primera, es que existen precedentes internacionales que invalidan la posibilidad de amnistías, indultos o cualquier otra medida que, de contrabando, pretenda acabar con la investigación y sanción de estos casos. Muchos de estos precedentes ya han sido acogidos en el país, por lo que legalmente está cerrada esta opción.
Pero la segunda es también importante. Y es que la mayoría de militares procesados no quiere una amnistía. Está constatación la hizo Ricardo Uceda en un reportaje para la revista Poder:
Para los voceros del sentimiento militar, especialmente los generales en el retiro, hay una conspiración izquierdista que se ha apoderado de los juicios. Hoy por hoy, esta es más una posición para el debate político, porque más allá de la actuación de ONG de derechos humanos –que tienen menos influencia y recursos que en la década pasada– lo que está avanzando son las lentas maquinarias del Ministerio Público y del Poder Judicial con su propia lógica y tradiciones, y basadas en leyes ineludibles, mientras siguen apareciendo cadáveres. Los que no aceptan esta realidad pretenderían impedir los procesos con medidas de carácter legal y político, pero no necesariamente los propios militares estarían de acuerdo.
–Sería peor –dijo un oficial del Ejército especialista en el problema–. Vendría después otro gobierno y otra correlación política que nos enmienda la plana, volvemos a comenzar de cero y alargamos el problema.
Y justamente, alargar “el problema” no conviene a nadie. Ni a los procesados que quieren aclarar su situación legal, ni a las víctimas que reclaman justicia. Por ello, más que buscar culpables fuera del Estado, en el Ministerio de Defensa debieran comenzar a reflexionar con seriedad acerca de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado y en la forma como son enviadas las Fuerzas Armadas a cumplir labores de orden interno que son excepcionales en el presente.
Más que bravatas o intentos de impunidad, se requiere que el sistema de justicia haga bien su trabajo.
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