Desde el Tercer Piso

COFOPRI debería ser una entidad modelo en el país. Su función central no es moco de pavo: regularizar la propiedad informal con títulos de propiedad, en un país donde la propiedad urbana, rural y nativa sigue siendo muy precaria en varios sitios del país.

Sin embargo, la investigación de IDL-Reporteros sobre la entrega de terrenos playeros en Chilca a un traficante de tierras, así como otros antecedentes apristas en la materia - como Germán Cárdenas, a quien se benefició con una norma sobre expropiaciones y la esposa del congresista César Zumaeta, a quien hace un año se le encontró una compra de terrenos en Asia a precio de regalo - implican que el negocio inmobiliario parece ser pingüe en Alfonso Ugarte. Eso, para no mencionar a Alan vendiéndole su casa de playa a su ministro de Educación o la fabulosa permuta de la casa de Jorge del Castillo.

Pero volvamos al presente. El escándalo de la venta de playas ha destapado la olla de denuncias. El viernes se habló de otorgamiento de terrenos irregulares en Paracas a un compañero, mientras que el sábado se habló de otro regalo aprista en Ica, así como se recordó la entrega de terrenos en la época en que Del Castillo era alcalde de Lima y sobre la que quedan varias dudas, entre ellas, porque su ex cónyuge fue favorecida.

La situación parece ser descentralizada. Hoy El Comercio registra la renuncia del jefe de COFOPRI - Cuzco, compañero Sandro Villanueva. ¿El motivo? El beneficio a 7 personas con la titulación de terrenos destinados a comunidades campesinas. Como se imaginarán, los beneficiarios no hacían actividades agropecuarias ni eran parte de la comunidad.

Pero si hay un caso que eleva más la indignación es el ocurrido en Ayacucho. Un terreno destinado a la construcción de un centro comunal artesanal, que era parte del Programa de Reparaciones Colectivas para las víctimas de la violencia, también fue parte del faenón. Informa Ideele Radio:

El coordinador regional de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) en Ayacucho, Roberto Rojas Neyra, denunció nuevas irregularidades en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), esta vez afectando a las víctimas de la violencia política de la Comunidad Campesina de Andamarca. (…)

Explicó que Cofopri no realizó un adecuado trámite para el empadronamiento y registro del terreno, donde la Municipalidad Provincial de Huamanga construyó un local “comunal artesanal”, como parte del programa de reparaciones colectivas, por un monto de 166,000 nuevos soles. (Cien mil soles del CMAN y el resto de la municipalidad).

“El empadronamiento y el registro se ha hecho cuando la obra se estaba construyendo. Es decir, cuando la obra ya estaba techada se hace el registro y eso tampoco le comunican a la comunidad, ni siquiera verifican [si tenía dueño]. Entonces de hecho creemos que es un documento irregular”, puntualizó.

“La comunidad presentó esta documentación diciendo que ellos son propietarios de este predio [tal como figura en la partida Nº 11002946 del Registro de Personas Jurídicas] y de la misma forma la Municipalidad Provincial de Huamanga dice que la comunidad es propiedad de este predio desde hace muchos años”, indicó.

En ese sentido, el coordinador regional de la CMAN en Ayacucho demandó una investigación inmediata sobre esta supuesta irregularidad que afecta a las víctimas de la violencia política. “Acá ha habido una mala intención de querer manchar porque si tu vez la documentación que presenta el señor Rodrigo Quispe (ex jefe de Cofopri - Ayacucho, nota de DTP) señala claramente que la persona que hizo la verificación, no trabajaba acá, es totalmente irregular”, cuestionó.

A estos extremos hemos llegado en el gobierno del faenón.

Se vienen cerrando los 25 años de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), el gremio de los gremios empresariales. La institución ha tenido un balance de luces y sombras sobre el que es necesario reflexionar.

Sin duda, la CONFIEP ha sido un agente importante para la defensa de la propiedad, que es un derecho humano fundamental. El rol que tuvo en momentos críticos en esa materia, como fue la estatización de la banca que pretendió hacer Alan García en su primer gobierno, fue fundamental para parar lo que era una iniciativa peligrosa para el país, como se mostró en su momento.

También lo ha sido en la promoción de la inversión y de reformas de mercado que, en términos de crecimiento económico, han sido realmente importantes en los últimos 20 años. Y en los últimos años, la visión del gremio ha buscado acercarse a los mercados regionales y las cámaras de comercio de cada departamento, así como a propuestas en la búsqueda de una mejor competividad para el país.

Sin embargo, tengo una visión más critica de la actuación de la CONFIEP en tres temas.

El primero es la defensa de la democracia. Muchos de los presidentes de CONFIEP de los años noventa no dudaron en aplaudir a un autócrata que ofrecía inversión privada, sin importar el daño que le hizo a la institucionalidad un gobierno como el de Fujimori. Hasta el momento, no se hizo una autocrítica sobre este importante lastre. Y tampoco se ha reflexionado sobre el daño que, al apoyar a una autocracia, se le ha hecho a la imagen del libre mercado en el Perú, al asociarse reformas importantes para el país con el gobierno más corrupto de la historia republicana y encabezada por un condenado por asesinato.

El segundo es la defensa de los derechos humanos. Como lo registro el Informe de la CVR - que la CONFIEP rechazó sin haberlo leido en un comunicado digno de mejor causa -, la actuación de los gremios empresariales no fue precisamente la más feliz. Veamos dos conclusiones del capítulo sobre sindicatos y gremios de empresarios:

La visión que tuvo el empresario sobre la violencia política se circunscribió a la ausencia de una adecuada represión por parte del Estado y, en ningún momento, intentó enfocar el problema como una evidencia de problemas sociales y políticos. En el mejor de los casos, la presencia de elementos subversivos en los sindicatos fue visto como una cuestión que podía resolverse con mayores flexibilidades en el ámbito laboral y con la reglamentación del derecho a la huelga.

Tanto los sindicatos como los gremios empresariales fueron organizaciones que presentaron muchas debilidades, manifestadas en su representatividad y legitimidad. Fue evidente que entre ellos primaron prácticas antidemocráticas que, dado el caso, servían como justificación para desprestigiarse mutuamente.

Hasta hace unos años, se podía decir lo mismo en materia ambiental y, de hecho, varias empresas siguen siendo excesivamente torpes para tratar el tema o explicar las bondades de sus proyectos a las comunidades que se encuentran cerca de los mismos. Pero también han habido gestos a favor de este tema, como sacar a Doe Run de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo.

Finalmente, el último tema tiene que ver con corrupción. No faltará el radical que diga que todas las empresas privadas grandes son intrínsecamente corruptas, cuando no todas lo son. Pero creo que en el gremio de gremios, más allá de los buenos discursos de su presidente, Ricardo Briceño, y del establecimiento de códigos de ética en todos los gremios integrantes de CONFIEP - lo que es un gran paso -, debe tenerse una reflexión y acciones mayores a partir de un caso reciente.

Me refiero al caso Petroaudios. En el mismo hemos visto a espias dando charlas sobre seguridad nacional en la propia CONFIEP, con dos ex presidentes del gremio empresarial como padrinos; hemos visto espionaje industrial en medio de disputas en mercados reducidos; y a un ex presidente de CONFIEP chuponeado así como a varios abogados del estudio en el que es socio.

Estos son temas en los que CONFIEP, que en estos últimos años tiene un discurso más proactivo hacia un modelo de desarrollo que no tenga como único centro al crecimiento económico, deberá reflexionar. La falta de democracia, la violación de derechos humanos y la corrupción son temas que, a la larga, además de ser nocivos para el país en general, terminan siendo perjudiciales para la inversión privada. Y al final, terminan haciendo que el país crezca menos y, por supuesto, siga en el subdesarrollo.

A pesar que Alan García ha querido bajarle el tono, lo cierto es que el APRA está en una crisis mayor que las puyas que se han soltado en Alfonso Ugarte este fin de semana.

Para comenzar, tenemos el tema coyuntural: esta suerte de APRA RBD en torno a la no salida de sus secretarios generales cuestionados, en un blindaje digno de mejor causa. Recordemos cual es la causa de su posible salida: serias denuncias sobre corrupción y lobbies indebidos.

La cuestión no va solamente por decirle “reyezuelo” y “desleal” a Alan, sino también hacia afuera, achacando cualquier denuncia a una campaña mediática a favor de Alejandro Toledo. Este último punto no es solo atribuible a ciertos comentaristas de este blog, sino también a Aurelio Pastor, cercano a Jorge del Castillo. En el fondo, el mensaje es este: “si los secretarios generales salen, es como si admitieran su culpabilidad”.

Si bien coincido con que la corrupción no es un patrimonio exclusivo del aprismo - basta ver a Fujimori, representante del gobierno más corrupto de la historia republicana o leer a Basadre sobre los casos del guano y los consignatarios de la deuda de la independencia - lo cierto es que el impacto de la misma ha sido fuerte dentro del partido. De hecho, que muchas de las bases de provincias estén movidas en torno a este tema denota que hay un sector dentro del APRA que está en contra de estas prácticas.

Pero tambien es cierto que el impacto ha sido mayor en un sector de la población - sobre todo, clase media y alta - por una razón en particular explicada ayer por Marco Sifuentes:

Pero si una desventaja tiene este gobierno con respecto a los anteriores es que todos sus faenones, desde los más célebres hasta los más guardaditos, están registrados casi hasta el mínimo detalle en Internet. Es cierto que ya otros regímenes han visto documentadas sus corruptelas en la web, especialmente el toledismo (y, siendo justos, comparada con la actual la corrupción de la era Toledo casi enternece por lo amateur). Sin embargo, García asumió la presidencia durante el auge de la web 2.0 en el Perú, es decir, en una etapa en la que potencialmente cada ciudadano con acceso a Internet podría denunciar -o al menos dar pistas de- corruptelas.

En otros sectores, menos conectados a lo digital, el impacto de los audios, sumada a los recuerdos del primer gobierno aprista y a los vladivideos, dejan de nuevo en entredicho al partido más antiguo del país. Cierto es que hay un grupo importante de personas que sigue pensando como máxima en el “no importa que robe, mientras que haga obra”, pero que otro sector importante del país tenga menos tolerancia a los faenones - y a la impunidad frente a los mismos - también explica porque la aprobación del gobierno sigue siendo baja. De hecho, el problema detectado como el principal en esta gestión es el de la corrupción.

Si a ello le sumamos la poca claridad que el aprismo de base tiene sobre cual es la orientación económica o social del gobierno - cuestión soslayada en Alfonso Ugarte y Palacio de Gobierno -, lo cierto es que hay una crisis más de fondo en el APRA, que, más que en esta coyuntura, probablemente García tenga que enfrentar con mayor fuerza el 29 de julio de 2011.

MAS SOBRE LOS CASOS VINCULADOS A PETROAUDIOS:

Nidia Vilchez: Plenario verá la suerte de Del Castillo y Quesada

Perú.21: Quimper pone en aprietos a fiscal José Antonio Pelaez

La República: Giannotti tenía mails de 10 abogados de 3 influyentes estudios

Hoy es Día del Trabajo y más que un post lleno de links y cifras, creo que es necesaria una reflexión.

Quizás lo que más me viene a la mente este día es el debilitamiento de los sindicatos en el Perú. Muchos factores jugaron para que desde finales de los años ochenta los gremios de trabajadores fueran sacudidos: la crisis económica del final del gobierno de García dejó a mucha gente sin trabajo y ello debilitó su base social, las reformas laborales y el discurso del fujimorato lo dejaron como un actor satanizado y sin muchos recursos para su repertorio de protesta, a lo que se suma la poca flexibilidad de algunas dirigencias sindicales para adaptarse a los nuevos tiempos o un discurso que sigue revindicando “el cambio del modelo económico” antes que la mejora laboral en sí misma.

Veinte años después de la introducción de reformas de liberalización de la economía, queda claro que el sindicato es un actor fundamental para el desarrollo del país. Lo es al ser el transmisor de las demandas de los trabajadores, quienes desean condiciones de empleo digno y seguro. Al ver como se comportan algunas empresas, ya no solo con los sueldos, sino también con las medidas de seguridad y salud en el trabajo, el rol del sindicato es fundamental para colocar en la mesa cuestiones que no son más que el cumplimiento de las normas laborales actuales y que muchos en las empresas no quisieran reconocer.

Para ello es necesario que ambas partes en la relación laboral tengan en claro que tienen que convivir y que muchas veces dicha convivencia no será precisamente feliz, pero sigue siendo convivencia al fin y al cabo. Nuestros empresarios y empleadores en general (porque no solo nos referimos a la empresa privada, sino también a la organización sin fines de lucro), que tanto hacen referencia a la competitividad y a la necesidad que el país siga avanzando, deben entender que tienen en el sindicato no a un cuco, sino a un actor que permita canalizar las demandas de los trabajadores, tanto en la exigencia de reclamos salariales, sino también en la mejora de las condiciones laborales e incluso de la productividad y clima laboral de los que tanto se habla hoy en día.

Mientras que los sindicatos deben apostar a que el fin no es la huelga o el reclamo airado. Es la forma de hacer valer un derecho cuando la negociación ha fracasado. Es la negociación colectiva el instrumento que los trabajadores y empleadores deben potenciar más. E independientemente de los colores políticos que tengan - y que no está mal que los tengan - los dirigentes sindicales deben tener en cuenta que representan a todos los trabajadores, incluyendo a aquellos que no comparten su línea política. Ese discurso de apertura es el que debería primar en algunas dirigencias sindicales que han quedado debilitadas por sectarias.

Finalmente, le corresponde un rol central al Estado en esta problemática. Desde la modificación de normas laborales que permitan un mejor y mayor ejercicio de los derechos colectivos, pasando por la difusión de los derechos laborales y el control del cumplimiento de los mismos en el sector privado - con o sin fines de lucro -, sin olvidar de las tareas laborales que tiene en casa y que, muchas veces, son las más incumplidas en el ámbito laboral.

Por ello, en un día en el que algunos llaman a la revolución y otros a flexibilizar más las normas laborales, sea momento de revindicar al actor que puede canalizar las demandas laborales. La sindicalización no es un anacronismo, es un derecho que bien ejercido puede llevar a que el país realmente avance.