Sobre este desmadre en específico, me robo este comentario de Heduardo:
El caso de Bayly es párrafo aparte, pues él no es solamente un divertido y distraído escritor, como quiere hacernos creer. Bayly es también un periodista muy bien informado que sabe muy bien quien es José Barba Caballero y a qué puta combi se estaba subiendo.
No tengo razones para dejar de creer que lo que Bayly busca y seguirá buscando es mas rating. Mientras su “candidatura” siga subiéndole el rating, seguirá jugando a la política. Jaime Bayly nos advierte a cada momento en su columna semanal que esto es un ejercicio lúdico y este lunes fue bastante más preciso: “No seré nunca un payaso retirado, seguiré ejerciendo mi oficio mercenario, seguiré trepando todo lo alto que pueda”.
Pero fuera del ejercicio de humor - really show político que Bayly nos ofrece cada fin de semana, creo que es importante hacer notar dos temitas sobre Cambio Radical y sobre todo, sobre lo que le ha permitido existir:
1. CR existe por una Ley controvertida emitida en este periodo parlamentario: En el 2007 se aprobó la Ley N° 29092, en la que se precisó que las organizaciones políticas que no participaron en las elecciones del 2006. Esta norma permitó que partidos que eran inexistentes en términos reales siguieran subsistiendo. Ese fue el caso del vientre de alquiler de Barba Caballero.
Como lo plantea Enrique Bernales, la norma tiene serios visos de inconstitucionalidad, por lo que el Jurado Nacional de Elecciones debe inaplicarla. Por cierto, aún hay tiempo de presentar una demanda de inconstitucionalidad sobre esta norma, aunque con la actual conformación del Tribunal Constitucional nada se sabe.
2. La Ley de Partidos no establece sanciones para su incumplimiento: Yo se que en el 2004 hubo harto entusiasta con la Ley de Partidos Políticos, que fue un avance significativo en un país en el que no habíamos regulado el tema y todos cantaban alabanzas al Señor con la valla electoral. Pero ya desde el 2006 comenzamos a oler que algo iba mal cuando se presentaron 21 partidos para las elecciones.
Pues el problema central de esta norma es que no establece sanción alguna para quienes la incumplan. Y de hecho, hay varios partidos que están en falta con los requisitos para su existencia. De esto (¿recién?) se ha percatado el Jurado Nacional de Elecciones. Informó hace unos días Perú.21:
Ante estos vacíos en la legislación, (Fernando) Rodríguez Patrón (Director del Registro de Organizaciones Políticas, nota de DTP) anunció que el JNE presentará un proyecto de ley al Congreso para que se suspenda la inscripción de aquellos partidos que no tengan en funcionamiento sus sedes políticas, que no presenten periódicamente sus estados financieros y que no actualicen su padrón de afiliados. En la actualidad, no pasa nada y un partido puede existir en la informalidad total.
Una suspensión significaría que el sancionado no pueda formar alianzas, ni cambiar de nombre, ni mucho menos participar en un proceso electoral hasta que subsane las deficiencias.
Estimó que si la propuesta es rápidamente aprobada en el Parlamento, podría incluso aplicarse para las elecciones presidenciales del 2011.
Frente a esto solo queda añadirle esto a los chicos del JNE: ¡Apúrense!
Hoy se cumplen 30 años desde que Sendero Luminoso decidió irse en guerra contra el Perú. De allí que sea un día de recuerdo sobre lo ocurrido durante muchos años en nuestro país, con peruanos matando a otros peruanos.
Más allá de las condenas necesarias desde todo punto de vista a lo que fue Sendero, entender lo que fue y porque se produjo es necesario para no quedarnos con la mera imagen de “4 locos marxistas-maoístas” - por el contrario, la finalidad política de SL hace aún más condenables sus acciones - o con la imagen que las matanzas y desapariciones eran necesarias para derrotar a la subversión, que algunos siguen esgrimiendo no solo en voz baja, sino también desde editoriales de periódicos.
Pero hoy, más que sobre las interpretaciones de la violencia, es necesario volver a las historias, a las personas, a los hechos. De allí que haya seleccionado algunos casos recogidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación - y de otras fuentes - para recordar lo que fueron esos años y lo que fue la organización más demencial que conoció el país.
Chuschi, provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho (17 de mayo de 1980). Fuente: Ricardo León para El Comercio:
Lo narrado por Julio César Conde ha sido confirmado por varios pobladores de Chuschi, incluidas las autoridades locales. La noche del 17 de mayo de aquel año, un primo de su padre (cuyo nombre se mantiene en reserva) le ofreció a don Florencio tomar una bebida alcohólica. Este aceptó.
Pasaron varias horas y este pariente había conseguido disuadir a Florencio para que siguiera bebiendo. “Toda mi familia pensó que este pariente tuvo algo que ver, que pudo haber estado metido con los “cumpas” (terroristas). Él quería embriagarlo para que dejara sin protección el material electoral”, explicó Julio César.
La madre de los menores, sabiendo que la oficina no podía quedar sin vigilancia, pidió a sus dos hijos que pasaran ahí la noche. Bernardo y Julio César acomodaron unos pellejos de animales en el piso y así durmieron.
En la madrugada despertaron con pánico: entre amenazas, unos supuestos militares les exigían abrir la puerta. Julio César lloraba acurrucado en el pellejo que le servía de cama. Bernardo, con coraje precoz, respondió en quechua: “Manan kichamuykikumanchu papaymi piñakuwanmanku” (“No puedo abrir; mi papá se molestará”). La vida les cambió tan rápido como tarda una patada en tumbar una puerta.
Los senderistas se llevaron todo. Bernardo, dominado por un impulso irrefrenable, corrió en la oscuridad hacia su casa y despertó a sus padres. Don Florencio, zarandeado por la culpa y el miedo (y la borrachera, es cierto), corrió y rescató a su hijo menor. “Lo que más dolió fue ver que mi papá salió sin sombrero. Él jamás salía sin sombrero”, recuerda José Carlos.
Lo que vino después ya es conocido: que Florencio, acompañado por los “varayoccs” (autoridades) de la zona y del gobernador Alejandro Galindo, encontró el material que aún se incendiaba. Que juntos atraparon al principal sospechoso, el profesor Bernardo Azurza. Que este escapó. Que no podían informar sobre lo ocurrido a otros pueblos cercanos porque los senderistas habían cortado los cables del telégrafo. Que las campanas de la iglesia nunca dejaron de repicar en la noche más larga de la historia de este pueblo.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación concluye que el 3 de abril de 1983, miembros de la organización subversiva Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso incursionaron en el distrito de Santiago de Lucanamarca con el propósito de aniquilar a su población, por haberse rebelado contra esa organización. La acción fue decidida y planificada por la Dirección Central de Sendero Luminoso a cargo de Abimael Guzmán Reynoso, y ejecutada por la Fuerza Principal del Comité Zonal Cangallo-Fajardo.
La muerte de las sesenta y nueve víctimas se produjo cuando se hallaban bajo un total estado de indefensión y desventaja, en circunstancias que les resultaba imposible defenderse o resistir y que no constituían en modo alguno amenaza a la vida o la integridad de los citados elementos subversivos.
Caymito, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco (1987) - Fuente: Comisión de la Verdad y Reconciliación
En 1987, en el poblado de Caymito, distrito de José Crespo y Castillo, el agricultor Richard Martel Ponce (17) y otro joven no identificado, fueron asesinados por presuntos miembros del PCP-SL. Richard Alminco había acompañado a los senderistas en dos oportunidades, de ocho meses cada una, para apoyar en las acciones de las campañas militares. Al retorno de la segunda vez, Richard asistió a una fiesta en el pueblo, donde tuvo una pelea con otro asistente; por su comportamiento fue acusado con el PCP-SL. Al día siguiente del hecho, los senderistas llegaron a la casa de la víctima y le dijeron que uno de los líderes lo llamaba, por lo cual el joven los acompañó. A los ocho días la familia de Richard fue informada que éste había sido apuñalado y enterrado junto con otra víctima no identificada, en una loma. La familia exhumó el cuerpo de Alminco y lo enterró en Caymito.
Comas, provincia de Concepción, departamento de Junín (1989) - Fuente: Comisión de la Verdad y Reconciliación
Cerca de las 10 de la mañana del 24/10/1989, en Comas, distrito del mismo nombre, incursionaron entre 20 y 30 miembros del PCP-SL y apresaron a varios pobladores que concurrían a la feria dominical. Entre los pobladores se encontraban Ricardo Osores, presidente de la comunidad de Pusacpampa, su tío Gabino Rojas, Juan José Hilario y Justo Paitampoma. Ese día, los senderistas y las personas secuestradas recorrieron distintas comunidades hasta llegar al anexo de Pusacpampa, casi a las 10 de la noche. Allí, un grupo de senderistas apresó en sus viviendas a Samuel Andrade, secretario de la comunidad, Marcelino Rojas, el teniente gobernador Juvino Papuico, el agricultor Felipe Laura e Ignacio Crispin. Después, todos fueron conducidos a la plaza de la comunidad, donde Felipe Laura fue asesinado. Los agresores ataron de manos a Samuel Vásquez, le pusieron una soga al cuello, le cubrieron la cabeza y le quitaron la ropa. Por su parte, Ricardo Osores, Gabino Rojas, Juan Hilario, Justo Paitampoma e Ignacio Crispín fueron conducidos al interior de la iglesia donde fueron torturados. Luego, Ignacio Crispín fue liberado. Pasadas algunas horas, las víctimas fueron obligadas a caminar por la plaza dando vivas al grupo. Los senderistas también dieron una charla de adoctrinamiento. Luego, los detenidos fueron subidos junto con otras víctimas a un camión perteneciente a la comunidad de Aichana. Previamente, los senderistas secuestraron a Cerapio Aliaga para que les sirva de chofer. El vehículo se trasladó por la carretera que conduce a Andamarca y Santo Domingo de Acobamba. En el trayecto, los secuestrados fueron torturados. Hasta la fecha se desconoce el paradero de las víctimas, pero se cree que fueron conducidos al camino de herradura de Sierra Lumi, ubicada en una quebrada frente a Comas, o a la quebrada Shintilno, en el camino a Andamarca, o al puente Tullos que cruza el río Tulumayo. Ese dia Juvino Papuico fue asesinado de un balazo en la cabeza en la plaza de Comas.
La información obtenida por la Comisión de la Verdad y Reconciliación permite afirmar que el 31 de mayo de 1989, miembros de la organización subversiva Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso dieron muerte a la periodista Bárbara D’Achille y al ingeniero Esteban Bohórquez Rondón en el paraje de Huarmicocha, distrito de Huando (Huancavelica). Esta acción fue ejecutada por un destacamento de dirigido por el (c)”Rogelio”, identificado durante la investigación policial y el posterior proceso judicial, que, sin embargo, no habría sido detenido y juzgado hasta la fecha.
La muerte de las dos víctimas se produjo cuando se hallaban bajo un total estado de indefensión y desventaja, en circunstancias que les resultaba imposible defenderse o resistir y que no constituían en modo alguno amenaza a la vida o la integridad de los citados elementos subversivos.
El 31 de marzo de 1992, la sub oficial de 1a. de la PNP Ana Lira Chupingahua fue atacada por miembros de Sendero Luminoso cuando se dirigia a la Contraloria General de la Republica, donde se encontraba destacada. Ana Lira recibió cinco disparos de arma de fuego que le impactaron en la espalda, pecho, estómago y cabeza. A pesar de las graves heridas, Ana sobrevivió (…) sin embargo quedó con graves secuelas del atentado, entre ellas la pérdida total de la vista.
Que estas historias nos muestren lo que jamás se debe repetir.
De todas las perlas que tiene Alex Kouri en su prontuario, la que más le interesa tapar es la de la Vía Expresa del Callao. ¿Motivos? Pues los cuestionamientos a la obra que se resumen en lo siguiente:
3. Un sospechoso viaje a Argentina para ver a Daniel Scioli, el entonces vicepresidente de Nestor Kirchner. En el mismo avión iba un gerente de Convial. Ojo que varias empresas argentinas que forman parte de Convial financiaron la campaña de Nestor K.
4. Indicios razonables de vinculaciones de las cuentas de Convial Callao con las empresas del hermano del candidato, Williams Kouri. Una de las empresas era gerenciada por la ex esposa de Kouri. Y otra de ellas tenía como socio a José Talavera, quien fue parte del comité de selección de la Vía Expresa y ha sido abogado del Gobierno Regional del Callao.
En fin, podriamos seguir enumerando las perlas, pero todas ellas y otras más han hecho que Kourí esté procesado por negociación incompatible, por supuestamente favorecer a Convial con el otorgamiento de la concesión para la cuestionada obra.
Todos seguramente recuerdan este vladivideo del candidato a alcalde de Lima, Montesinos y Crousillat hijo en el que Kouri dice: “el negocio está en el peaje”:
Pues bien, hay un detalle en las fechas en el que pocos han reparado. La primera conversación en la salita del SIN sobre el tema del peaje fue el 27 de enero de 2000, la recepción de propuestas fue el 10 de febrero de 2000 y la buena pro se otorga el 28 de febrero de 2000. Esas fechas sobre la obra se consignan en el dictamen fiscal que opina en contra de la prescripción.
Peor aún, tampoco se enfatizado que en el vladivideo Kouri sugiere a Montesinos que se haga un evento en marzo de 2000, ya coordinado con las empresas participantes, para promocionar la obra. En el mismo Fujimori podría jamonearse que la Vía Expresa se hará considerando la “estabilidad del país” que el ex dictador “otorgaba”. Es decir, todos ganaban: la empresa con el peaje y Kouri y Fujimori con los réditos políticos.
Y en el segundo video, del 15 de marzo de 2000, Kouri se queja ante Montesinos porque quien irá a fin de mes al Callao ya no sería Fujimori, sino el entonces premier Alberto Pandolfi. Kouri señala que su intención no era decir “voten por Fujimori” - recuerden, era la campaña de la re-reelección - sino que aparezcan los dos juntos, con la noticia de la concesión de la obra y allí vendría el cherry mutuo. Kouri dijo que igual lo haría, resaltando el apoyo del gobierno, junto a Pandolfi.
De allí que se entienda que, como tantos otros, Kouri esté desesperado porque el caso de la Vía Expresa del Callao, que demuestra que su mentada “eficiencia” es un bluff, vaya a la prescripción.
De un tiempo a esta parte, las condiciones carcelarias de Alberto Fujimori son motivo de amplio debate, sobre todo, en torno a las gollerías que tiene a diferencia de cualquier reo sentenciado por asesino y por ladrón. Aquí un resumen de la cárcel dorada:
4. Marzo de 2010. Fujimori asiste al matrimonio de su hija Sachi, que se hizo en la DIROES para que el reo pueda ir. Si bien los derechos de un reo no se conculcan, llamó la atención que se le diera este beneficio que no se permite a otro delincuente. Partes de la fiesta - contradictoriamente pomposa con la situación del padre - fueron “cedidas” por el fujimorismo (léase, Carlos Raffo) para que se pasen.
a) Fujimori maneja la campaña desde la cárcel. Su estrategia en sectores populares se basa en clubes de madres y comités del vaso de leche que desde hace tiempo manejan, con condecoraciones de Martha Moyano incluidas. En las fotos se ve a varias dirigentas de estos programas sociales, muchas de las cuales han armado marchas contra este gobierno por recortes presupuestario.
b) El otro cogollo: Además de su séquito de parlamentarios (donde están su hija, su médico, su publicista, su abogado, su hermano, su última presidenta del Congreso y siguen firmas), Fujimori mantiene vínculos estrechos con algunos personajes que lo vistan desde el 2007 que está en la cárcel. Dos nombres son claves:
- Germán Krugër Espantoso: Presidente del ICPNA, ex alcalde de Miraflores y una de las personas más cercanas a Fujimori en los últimos tiempos. Fue una de las personas que aconsejó al Chino viajar a Chile.
- Pedro Rejas Tataje, un ex militar vinculado a Nicolás Hermoza Ríos, que organiza a los famosos “carapintadas fujimoristas” en sus protestas en la puerta de la DIROES y que es parte de una empresa de seguridad vinculada a Kenji Fujimori, llamada Mak Force.
c) Nuevos personajes: Llama la atención la presencia de Rofilio Neyra, candidato a la Presidencia Regional de Ayacucho. Neyra aparece con movimiento propio en dicha zona del país, debido a pugnas con Carlos Raffo, pero esta presencia en la DIROES da mucho que pensar. Para los aficionados al fútbol, este fujimorista es el dueño del Inti Gas.
También está presente Miguel Ramírez Huamán, ejecutivo de Proínsa, una importadora de materiales para minería (¿?); los representantes de una empresa de serigrafía y offset llamados David Ojeda y Lili Loyola (¿que hacían allí, decidiendo los paneles de la campaña?) y el ex congresista Virgilio Gutiérrez, activo militante de Fuerza 2011.
A todo esto, ¿que dirá el Ministro de Justicia Víctor García Toma?
Seguramente habrá visto, dilecto lector, toda una serie de titulares acerca del tema de Camisea, su explotación y su posibilidad de salida para la exportación.Y seguramente, como yo, debe haber estado perdido entre tanto número, ida y venida, lenguaje jurídico, político e ideológico de por medio.
En 1984, la empresa Shell, que venía haciendo labores de exploración de petróleo, descubre los yacimientos del gas de Camisea. En 1986, la empresa procura negociar con el gobierno de ese entonces, es decir, el primer gobierno de Alan para poder hacer las labores de explotación del recurso y están en tiras y aflojas hasta 1988, cuando el Estado peruano finalmente le dice a Shell que no negociarán.
El motivo formal que el gobierno de Alan I tuvo en ese momento para no firmar era que no había mercado interno para el gas y que no había el contexto internacional para que Shell pudiera obtener el financiamiento para explotar el gas. Pero muchos recuerdan la oposición fuerte de Izquierda Unida para que se explote el gas. Ya se imaginan los términos que iban de “entreguismo” para abajo. Y claro, un Alan debilitado ya para 1988, con el fiasco de la estatización de la banca encima, ya no quería comprarse más líos. Esta posición de la zurda ha sido un fantasma en este caso, dado que muchas de las decisiones tomadas sobre Camisea en las décadas siguientes tienen que ver con la posibilidad de un nuevo boicot al proyecto.
Con Fujimori, se retomaron las negociaciones, Shell explora pozos e invierte plata. Pero finalmente en 1998 abandona el proyecto. ¿El motivo? La empresa holandesa comenzó a poner una serie de peros y, además, prefirió un proyecto importante en Europa en alianza con una empresa rusa. Así fue que el Estado peruano tuvo las manos libres para negociar con empresas más pequeñas, que se unieron en un consorcio para sacar adelante el proyecto.
¿CUAL ES EL PROBLEMA ACTUAL CON CAMISEA?
El problema central es el destino final del gas de Camisea. De un lado, se plantea mandar todo hacia el mercado interno, para desarrollar nuevas formas de energía, industrias e integrar al sur del país. Del otro, se plantea que, además del tema interno, se exporte parte del gas hacia otros mercados que necesitan de energía, lo que nos podría generar, en teoría, más plata en el Tesoro Público. Coyunturalmente, el tema surge porque la exportación va a comenzar en junio de 2010.
Todo este tema tiene varias aristas a tomar en cuenta:
1. Camisea no es un todo integrado. Se trata de varios lotes y de un consorcio donde conviven empresas con varios intereses, muchas veces hasta contrapuestos.
2. El tema de las reservas: En lo que hay discrepancias dependiendo del medio y del actor involucrado es si existen reservas suficientes para garantizar el mercado interno del gas. Y aquí es bien difícil saber a quien creerle y a quien no, dado que si bien aún no queda muy claro si tenemos reservas suficientes, del otro también hay presiones por gas barato, sobre todo de empresas generadoras de electricidad. Eso se deriva del punto 1 (gas de distintos lotes, con precios diferenciados).
3. Presiones políticas: De un lado, el gobierno no quiere aparecer cediendo al toque en este tema “para garantizar un clima de inversiones” y todo el rollo que ustedes conocen. Del otro, tenemos a presidentes regionales en campaña electoral con miras a su reelección y que agitan una bandera radical en zonas del país donde eso da bastantes votos.
4. Un contrato inconveniente sobre la exportación: El tema de la exportación fue muy mal manejado en términos de contrato (en el gobierno de Toledo, por cierto). De hecho, se hizo una negociación así porque no se sabía la dimensión de nuestro mercado interno, por una serie de errores. La gente del IPE lo explica mejor:
Funcionarios del gobierno peruano firmaron y renegociaron un contrato de exportación de gas que, en las circunstancias actuales, es claro que no le conviene al país. No era así de evidente en su momento, cuando se dudaba de que hubiera suficiente demanda local para justificar una inversión tan importante. No obstante, pensamos que estas dudas reflejaban en buena parte un inadecuado entendimiento de la demanda y una pobre proyección de las posibilidades futuras del mercado, las que se plasmaron en una inadecuada política energética. Además, el pobre diseño original de Camisea generó graves distorsiones en el mercado eléctrico. La tributación a los combustibles más contaminantes tampoco contribuyó -ni contribuye- a incrementar la demanda de gas. Estos factores, entre otros, agravaron la percepción de la relativa pequeñez de la demanda interna, relativa a las reservas de gas.
A los precios internacionales actuales del gas, el contrato es aún menos favorable para el país de lo que algunos de sus detractores sospechan. El precio del gas exportado en boca de pozo y, por tanto, las regalías pagadas al Estado, sería hoy menor al precio (y las regalías) que se pagan por otros usos del gas. Estimamos que, a US$4.1/MMBtu, el precio al que los futuros del gas se cotizaban esta mañana en el mercado americano, el operador del proyecto de exportación estaría recibiendo menos que el precio que requiere para recuperar su inversión. En estas condiciones, los socios y financistas actuales del consorcio exportador tampoco estarían felices con los resultados del contrato, pero al haber invertido ya US$3,800 millones, les parece más ventajoso seguir adelante con la operación. Este hecho deja en claro que, independiente de la calidad de la negociación del contrato, a los inversionistas no se les dio una perita en dulce, sino un proyecto de alto riesgo con elevada inversión. Quizás habría hasta algún inversionista a quien le gustaría que Pampa Melchorita estuviera en un país más inestable: los expropiarían, acudirían a tribunales internacionales y zafarían del bulto, todo pagado por el gobierno peruano.
5. La pateada de tablero: Justo por este tema de la inversión, por candados legales y por la posibilidad de que nos lleven a un centro internacional de arreglo de diferencias comerciales en el que perdamos, es que patear el tablero - es decir, mandar el contrato al diablo - no nos conviene. Una cosa es que seinvestigue si hubo algo irregular, tonto o delictivo por parte de quienes negociaron y otra zurrarse en el contrato. De allí que haya que explorar otras salidas.
¿QUE SALIDAS TENEMOS?
Una es la solución que viene explorando el gobierno: declarar el mercado del gas en emergencia, para poder intervenir en él mediante la compra de este hidrocarburo a las empresas explotadoras del gas a precios internacionales. Luego el Estado le vendería a las empresas distribuidoras del producto para que lo distribuyan en el mercado interno, sobre todo en el sur.
Más allá de cuestiones ideológicas sobre si debe hacerse o no este tipo de intervenciones, el principal obstáculo estaría en que el MEF no tendría mayor sustento para avalar una medida como esta, en tiempos en que acabamos de recortar el gasto fiscal para evitar que nos afecte la crisis griega.
La otra salida es renegociar el contrato. El tema es que ya dos veces se ha intentado hacer esto con la consiguiente negativa del consorcio, en parte porque no le conviene - como ya vimos -, en parte por los lios internos de las empresas del consorcio. De allí que la propuesta del IPE de incorporar a los organismos multilaterales que financian el proyecto para poder forzar una renegociación me parezca, al momento, la salida legal más viable para poder desenredar un lio que, como vemos, tiene muchas aristas por resolver.
Y espero que así hayamos podido comprender este “bonito” lío en el que estamos metidos.
De acuerdo con las cifras presentadas, existen 260 conflictos sociales en el país, de los cuales 179 están activos y 81 están latentes. La mayor cantidad de conflictos está en los departamentos de Cusco (21), Puno y Lima (20), Junín y Piura (18), así como 20 conflictos de escala nacional.
¿Cuáles son los temas que generan mayor conflictividad? Más de la mitad de los conflictos (132) son socioambientales, seguidos por temas de gobierno local y laborales. Básicamente es la misma dinámica que hemos visto durante los últimos años.
También es interesante comprobar con datos la dinámica de buena parte de conflictos sociales. El 52% de conflictos activos (93) están en proceso de diálogo, de los cuales, el 55% (es decir, 51 conflictos) entró en esta fase luego de hechos de violencia. Y en el 42% de los casos registrados en total se registraron hechos de violencia.
Ojo que el Informe Defensorial, además de explicar conflicto por conflicto en todo el país, señala 4 movilizaciones que se vienen en estos días: paro regional en Loreto por los centros de comercio y navegación entregados a Ecuador,paro en Juliaca para tener nuevas fuentes de luz, los chicos del SUTEP que rechazan la norma que permite a profesionales de otras carreras acceder a la docencia escolar y los transportistas reclamando que se les baje el impuesto selectivo a los combustibles.
En suma, el Informe en cuestión confirma lo que desde hace años venimos diciendo: la poca capacidad del Estado en prevenir conflictos, la puntualidad de las demandas que no son articuladas entre sí, la variedad de grupos con los cuales el Estado tiene que negociar y el empleo de mecanismos violentos de protesta para que las demandas sean escuchadas. El mismo círculo vicioso en el que andamos desde inicios de la década.
Y eso que aun no contamos lo que se viene con el gas. Un contrato sin duda mal negociado pero al que estamos amarrados por la Constitución y por una serie de candados legales. Y ahí van a pretender ganar todos: desde políticos hasta azuzadores, pasando por presidentes regionales. Ojo con ese pleito y a manejarlo bien. Es un potencial conflicto.
¿Cuánto sabemos los peruanos de la II Guerra Mundial? Probablemente, conozcamos los personajes centrales, el inicio y el desenlace de la guerra. Y también tendremos una idea ligera de lo que fue el Holocausto contra el pueblo judío durante aquellos años.
Pero quizás no conozcamos que pasó con el Perú en la II Guerra Mundial. De hecho, los gobiernos de Oscar R. Benavides y Manuel Prado Ugarteche han sido de los menos estudiados, a excepción de sus obras públicas, los problemas limítrofes, su relación con el APRA y la declaratoria de guerra a las potencias del Eje en 1942.
En los últimos años, se han escrito trabajos que intentan cubrir este vacío, como los estudios de Tirso Molinari sobre el partido Unión Revolucionaria y sus vínculos con el fascismo, o los capítulos sobre lo ocurrido con la colonia nikkei en distintas investigaciones sobre la inmigración japonesa al Perú.Y en los últimos años, también se han realizado trabajos sobre lo ocurrido con la colonia judía en nuestro país.
En estos días, estoy leyendo Estación Final, un trabajo de Hugo Coya que cubre uno de los vacíos centrales de la historia peruana: ¿Hubo peruanos que fallecieron en los campos de concentración judíos? Coya, gracias a una investigación que combinó contactos en redes sociales, fuentes bibliográficas y archivos europeos, establece los nombres de un puñado de peruanos y sus familiares que fueron enviados a los campos de concentración de Sobibor y Auschwitz.
Hay varias peculiaridades en este libro que me interesa resaltar. Más que un tratado sobre el Holocausto, Coya apuesta por el testimonio, dar a conocer quienes fueron las personas cuya vida cambió radicalmente con la persecusión a los judíos, así como el itinerario y destino de los trenes que transportaban a nuestros compatriotas. Ello es importante en todo texto que procura rescatar la memoria.
Como bien señala Roberto Bustamante, en los trabajos sobre la memoria del conflicto armado interno peruano - incluyendo al propio informe final de la CVR - ha faltado rescatar más los testimonios que permiten visibilizar la magnitud de lo ocurrido y a las víctimas concretas de la violencia. Y es que, más que con cifras o interpretaciones de un lado o de otro, el ser humano termina generando mayor empatía con este discurso a través de casos específicos o del arte. En este libro este objetivo se cumple con creces y también contribuye a ello las fotos tomadas por Marina García Burgos en los campos de concentración.
El libro de Coya no solo se queda allí, sino que también rescata historias de heroísmo como las de los hermanos Eleazar y Jabijo Assa, pertenecientes al grupo que encabezó la rebelión en Sorbibor, la única insurrección dentro de un campo de concentración que tuvo éxito y que permitó sobrevivir a muchas personas. O la vida de Magdalena Truel, una limeña que terminó sirviendo a la Resistencia francesa ante la invasión nazi, colaborando con la falsificación de documentos que servían a la causa de la libertad.
Pero también el trabajo de Coya es una apelación a recordar algunos sucesos bochornosos del gobierno peruano durante aquellos años. No solo se trata de las normas restrictivas de la inmigración o de miradas de costado que encubrían en realidad simpatías por el fascismo como sinónimo de orden, sino también de atrocidades como ésta:
Pero el hecho más vergonzoso y repudiable ocurrió en octubre de 1942, cuando el Congreso Judío Mundial, con sede en Portugal, pidió a la comunidad residente en el Perú que gestionara ante nuestro gobierno el envío de niños huérfanos desde la zona no ocupada de Francia. Estados unidos ya había concedido cinco mil visas; Canada, doscientas; y Chile, cincuenta. El gobierno peruano, en cambio, se negó a conceder visa alguna a esos niños, a pesar de que no le iba a costar un solo centavo, pues serían adoptados y mantenidos por familias judías residentes en el país. Los pequeños - entre los 4 y los 10 años - murieron luego en las cámaras de gas de Auschwitz, pues, al nadie hacerse responsable de ellos, resultaron siendo enviados por los nazis al campo de tránsito de Draney
En tiempos en que los derechos humanos y sus defensores son denostados, o aparecen columnistas con simpatías fascistas nada escondidas, leer Estacion Final no es solo un ejercicio de memoria histórica, sino también tener presentes los hechos que la humanidad no debe repetir jamás.
Algunos dicen que los abogados enredan las normas de tal manera que no se cumplan. Pero quizás sean los encargados de llevarlas a cabo las que las terminan enredando más. O mejor dicho, incumpliendo sistemáticamente. De allí que se presente el fenómeno del partido “vientre de alquiler”.
No digamos que el partido “vientre de alquiler” tiene como característica central el llegar al poder sin importar la ideología. A estas alturas del partido, ni siquiera el APRA podría decir que se excluye de esta característica de la política peruana.
Sin duda, los tiempos en que se discutía abiertamente sobre ideas completas de lo que es el país, rígidas y contrapuestas a otras, parecen haber desaparecido. Ello no implica que no se deba exigir un mínimo de ideas comunes, programas realizables y de decencia. Que los proyectos nacionales no sean vistos desde una mirada unívoca no quiere decir que no deban existir, por el contrario hacen falta.
Tampco se puede decir que el partido “vientre de alquiler” sea el cumplimiento de aquella máxima dicha por Luis Bedoya Reyes hace cerca de 50 años: “los técnicos se alquilan”. No hablamos de los partidos de cuadros de los años 80s, como el SODE, del que salieron varias figuras destinadas a hacer ajustes económicos, o, ya en esta década, a manejar entuertos económicos (Silva Ruete) o en seguridad nacional (Loret de Mola). Tampoco de los grupos políticos sin gran arraigo popular que tienen técnicos eficientes que participaron en los gobiernos de Paniagua y Toledo (el ejemplo más claro: Fuerza Social). Este segundo tipo de partidos son agrupaciones más destinadas a formar parte de un proyecto socialdemócrata o liberal que hasta ahora no cuaja en el Perú.
Entonces, ¿que es un partido “vientre de alquiler”? Quizás, a la usanza del Dicccionario de la Real Academia Española, podriamos definirlo así: Agrupación política inscrita debido a que el Jurado Nacional de Elecciones no hizo la chamba de verificar si sus comités partidarios no eran más que casas de particulares que prestaron la dirección o que simplemente no existían, que tiene un dirigente que maneja al grupo con miras a colocar a su gente - y a él mismo -en un puesto expectante en la siguiente elección (así como para mantener la inscripción), con operadores dispuestos a manejar la campaña y financistas dispuestos a poner billete en un candidato con “buena imagen” o “con opciones”.
Ejemplos sobran y los ha relatado el amigo Bobsparz:
Felipe Castillo, ex-fujimontesinista, es el actual alcalde de Los Olivos y dueño de la inscripción de la “agrupación política” Siempre Unidos. Hace poco Castillo le ofreció al presidente regional y amigo de Montesinos, Alexander Kouri Bumachar, postular a la alcaldía de Lima por su franquicia política. Esta inscripción está vigente desde el 2002 y si bien no postuló a ningún candidato a las presidenciales del 2006 pudo mantenerse vigente al no haber postergado su participación en las elecciones lo cual no inhabilitaba la inscripción del grupo político.
Además de los problemas que ya se denotan con la descripción de estos grupos, está el tema de la negociación de puestos, candidatos, logos y programa. De allí que las alianzas duren solo una elección. Ahi nomás vea a Ollanta Humala divorciado de UPP apenas iniciado el periodo parlamentario.
En el año 2007, la empresa estatal Petroperú benefició a la compañía Petrolera Monterrico con dos contratos que superaban los 50 millones de dólares. Esta firma es de propiedad de Julio Vera Gutiérrez, amigo personal de Jorge del Castillo, quien en ese entonces se desempeñaba como primer ministro del gobierno aprista. (…)
Según el informe de la citada revista, en el año 2005, Petrolera Monterrico apenas tenía un contrato con Petroperú por 5,114 soles para brindar un servicio de mantenimiento de un enfriador.
Pero la suerte de la empresa cambió a partir del año 2007, coincidentemente –señala Juez Justo– durante la gestión de Jorge del Castillo como premier del Gobierno.
El 11 de enero de ese año, Monterrico ganó un primer contrato por suministro de crudo por US$4’752,000 y, en mayo, le fue renovado, esta vez por US$50’929,000. Según la publicación, Petrolera Monterrico habría obtenido US$5 millones de utilidad en la segunda operación.
Para obtener el segundo contrato, Petroperú había convocado en ese mes de mayo a un concurso público que se resolvió con una rapidez inaudita.
Sin embargo, 11 días antes de haberse efectuado ese concurso, es decir, el 27 de abril del mismo año, Petroperú ya había tomado la decisión de continuar trabajando con Petrolera Monterrico. Es así que un documento denominado “Hoja de Acción’, de la compañía estatal, decidió aprobar la compra directa de 744,600 barriles de petróleo crudo a la firma del amigo de Jorge del Castillo.
Por tanto, aquí hay otra pista para investigar la vinculación entre Del Castillo y Vera Gutiérrez, que incluyeron conversaciones con Quimper y habrá que ver si lo mismo pasó con el ex presidente de Petroperu, César Gutiérrez, otro implicado en el caso de los petroaudios. Todo esto se conoce en el marco de una operación limpieza que hoy tuvo como protagonista a PPK en RPP, que cada día más parece Radio Del Castillo.
OTRO AUDIO DE QUIMPER
Esto salió en La Primera. Se trata de la transcripción de un audio entre Don Bieto y el ex vocal supremo Roger Ferreira. En octubre de 2009, comenzaron a circular las versiones que fiscales y vocales supremos tenían audios con Quimper, los cuales no salieron en ese momento. Y a los pocos días, Ferreira renunció sin mencionar causa.
El audio tiene que ver con un proceso entablado por los hermanos Leguía Puente, quienes pretendían seguir como directores de Red Global, a través del reconocimiento de Astros S.A. como acreedor de la empresa. El caso estaba en la Suprema. En la transcripción, Quimper le señala a Ferreira que irá a informar sobre el caso, da el número de expediente y le dice que “luego conversarán”, con la anuencia del entonces vocal supremo. Otro caso que, sumado al del fiscal Pelaez, merece una exhaustiva investigación.
Dentro de los numerosos indicios de corrupción hallados por el titular de la Fiscalía Provincial Penal 58 de Lima, Juan Manuel Fernández Castillo, al ex ministro Francis Allison y otros por los presuntos delitos de concusión, peculado y lavado de activos, figura una relación de licitaciones realizadas en la segunda gestión municipal.
La Fiscalía, con el apoyo de Sunat, descubrió que esas licitaciones de menor cuantía fueron adjudicadas por el entonces alcalde Francis Allison a cuatro personas que no registran actividad empresarial.
La carencia de sustento de la entrega de estas licitaciones marcan un derrotero fuerte contra el ex ministro que quiere volver a ser alcalde de Magdalena y, como en otros casos de gente embarrada ante el cuello, denuncia una venganza política en su contra.
LOS MISILES DEVUELTOS Y UN DATO ADICIONAL
En un rapto de sensatez, el Ejército devolverá los tristemente célebres misiles Spike, aquellos cuya falla casi le cuesta más que una operación a Mercedes Cabanillas y a otras autoridades. Hasta aquí una decisión correcta de Rafael Rey y del jefe del Ejército, Otto Guibovich. Pero más interesante es el dato que aporta Angel Paez:
Tanto para el ministro Rafael Rey como para el general Otto Guíbovich, no ha dejado de ser llamativo que el representante limeño de la firma israelí Rafael sea Hugo Carrillo Chávez, dueño de la empresa Fortis. En el 2006, Carrillo, que había propuesto la venta de tanques Leopard de segunda mano del ejército holandés, pagó los pasajes y gastos de los generales EP Urías Prado La Rosa y Roberto Vértiz, con sus respectivas esposas, con las que visitaron Holanda y Alemania y asistieron a un partido del mundial de fútbol. Carrillo logró que en el 2007, el entonces comandante general del Ejército, Edwin Donayre, aprobase la compra de los Spike.
Ojo con Vértiz, que ya tiene otras denuncias sobre compras de armas y estuvo en el famoso almuerzo de Mantilla con Oscar López Meneses y Javier Ríos Castillo, el magistrado por unas horas del TC.
Y FINALMENTE, OTRA DE COMUNICORE
El remate tiene que ver con otro de los cuestionamientos a la gestión Castañeda Lossio: Comunicore. Hoy Perú.21 se aporta otro dato adicional que enciende más las sospechas:
Perú.21 ha informado que, para octubre de 2005, el municipio ya había determinado que iba a pagarle los S/.35.9 millones a Relima en un plazo de 10 años. Pero, de pronto, el 20 de diciembre, apareció Comunicore adquiriendo esa acreencia a un valor de S/.14.6 millones, para ser sorprendentemente pagada en su totalidad (los 35.9 millones) al contado y a los 15 días.
Sin embargo, Comunicore ya sabía que compraría esa deuda desde mucho tiempo antes. El 15 de agosto, al mismo tiempo que la municipalidad le renovaba el contrato a Relima, los nuevos dueños de Comunicore –vinculados a Miguel Garro, gerente financiero de la transnacional– aprobaron, en sesión de directorio, que Rafael Santiago Ruiz Contreras suscribiera un contrato de cesión de derechos con la citada firma, es decir, acordaron comprarle la millonaria deuda a Relima.
Y no fue lo único que aprobó el nuevo directorio. Seguidamente, le otorgaron facultades para que “suscriba toda documentación, contrato privado y/o público de negociación… ante las autoridades municipales que conlleve a la ejecución del contrato y del cobro de la deuda de la Municipalidad Metropolitana de Lima a nuestro favor”.
¿Cómo se explica que, mientras Relima y el municipio capitalino negociaban ese pago, Comunicore ya sabía meses antes que Relima le iba a ceder la deuda y que, además, iba a cobrarle los S/.35.9 millones a la comuna de Luis Castañeda Lossio? ¿O es que la negociación que realizaron Relima y el municipio durante casi todo el 2005 fue pura formalidad?
En estas semanas, la campaña electoral municipal ha seguido calentando, sobre todo, entre los personajes que lideran la carrera electoral.
Para comenzar, se oficializó la candidatura de Lourdes Flores Nano a la alcaldía de Lima y ha procurado combinar en sus mensajes tres cosas: una visión de ciudad con varios centros y con énfasis en los temas de espacios públicos, seguridad ciudadana y transporte; seguir teniendo la campaña en términos de corrupción vs. la decencia y, como no lo hacía antes, responder a las puyas y ataques con gestos audaces, como convocar a un debate municipal para el 14 de septiembre, fecha que recuerda al primer vladivideo.
Del otro lado, Kouri ha respondido con más puyas y ataques, procurando ubicar a Lourdes - tal como lo hizo con éxito Alan García - como la candidata de los ricos (o de los pitucos). Pero también lo ha hecho con gestos populistas, como con la colocación de azúcar a precios más baratos cuando el precio del producto se ha encarecido, cuestión que ya había hecho en el 2007 en el Callao. Kouri intenta aplicar la misma fórmula que le ha rendido ciertos resultados en el primer puerto: regalos o abaratamiento de costos de ciertos productos y servicios para sectores populares, sin explicar de donde salen esos fondos.
Lo que ninguno de los dos ha hecho es tocar a Luis Castañeda Lossio. Sin duda, ambos candidatos no pretenden chocar con un alcalde que tiene severos cuestionamientos, pero también una amplia votación. Este hecho no solo dice mucho de la táctica de ambas candidaturas - ver comentario en Menos Canas al respecto - sino también de un electorado limeño que no ha marcado mucho a su alcalde o sólo se ha conformado con el cemento como visión, sin que le importen otras cosas o como se hizo la obra.
Mientras que en el pelotón de los de abajo, quizás la que haya querido sobresalir más es Susana Villarán. Para analistas como Mirko Lauer, quizás lo que le falte sea mayor exposición para que venza el fuerte sentido común de “no desperdiciar el voto” que puede primar si es que siguen las cosas como están en la campaña electoral.
Creo yo que, además de ello, si Villarán realmente se la quiere jugar en serio por esta candidatura, más allá de posibles alianzas con otros competidores de bajo porcentaje en las encuestas (como Luis Iberico), debería tener un mensaje más claro en materia municipal - hasta ahora, sus propuestas no son tan claras -, así como un lenguaje más directo hacia la gente. Recomienda Milton Vela:
Entre muchas cosas, tiene que adaptar su mensaje para que despierte el interés de los lectores de El Trome, por ejemplo, y este diario tendrá que considererla popular, también, como para darle un titular. Esto que digo es serio eh, si no baja su discurso a ese plano y llega a las multitudes que creen que Castañeda es un excelente alcalde, correrá la misma suerte que en otras contiendas.
En ese tono va la carrera municipal, que veremos si calienta aun más el clima de invierno de la capital del Perú.
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