Desde el Tercer Piso

En Business Track, estamos en el momento del juego del Gran Bonetón. ¿El motivo? La desaparición de parte de los archivos incautados a Giselle Gianotti, una de las procesadas por el espionaje.

Las primeras sospechas apuntaron hacia el Poder Judicial, en el que no todos los mecanismos de seguridad no funcionaron. Luego apareció una copia espejo de seguridad que tenía el fiscal Walter Milla y hasta allí todo parecía ir normal. Hasta que Javier Villa Stein, presidente del Poder Judicial, dijo que los USBs de Gianotti que llegaron al Poder Judicial no eran los mismos que encontró la Policía y señaló un complot en su contra. Todos inmediatamente voltearon a acusar tanto al Ministerio Público y a la Policía Nacional por este tema. Y a las pocas horas, fue un fiscal a la oficina de la jueza María Martinez a investigar el tema, pero fue impedido de hacer la diligencia.

Gladys Echaíz no se ha quedado callada y descartó que el Ministerio Público intentara boicotear su propio caso y que buscan investigar el tema porque son los primeros interesados. Para complicar más las cosas, desde el Congreso, el congresista fujimorista Rolando Souza quiere que anulen el proceso y que saquen a la jueza María Martinez. Y ayer se presentó en Prensa Libre con argumentos dignos de los abogados de Gianotti, que parece ser la única beneficiada con la posible anulación de pruebas.

Para continuar con el enredo, hoy La República señala que el ex auxiliar jurisdiccional Aldo Suxe Llempen fue hallado con otro funcionario manipulando los USBs. El hecho fue advertido por la jueza Martinez y constó en un acta, pero se refundió con el resto del expediente. Pero también se advirtieron otras fallas de seguridad:

El referido informe policial  advirtió que había una puerta anexa al corredor de las vocalías supremas, por donde salía y entraba el personal del juzgado, que no tenía  arcos de seguridad, que el personal entraba a la Sala de Audiencias con USBs no registrados y que al término de las audiencias no se lacraba el material que se estaba utilizando ni regresaba a las bóvedas.

Si esto es así, ¿por qué Villa Stein ha tirado la pelota hacia otro lado? César Romero, editor de judiciales de LR, tiene una hipotesis:

El juez supremo Javier Villa Stein parece olvidar que él es el presidente del Poder Judicial.  De otra manera, no se comprende que,  temeraria e imprudentemente, afirme que la fiscalía le entregó pruebas  falsas a la jueza María Elena Martínez.

Imprudente, porque la falsedad de esas pruebas es  la tesis de defensa de Giselle Giannotti, sobre lo que la jueza Martínez y luego la Corte Suprema tendrán que pronunciarse, y  él ya adelantó opinión.

Temerario, porque  determinar si se cambió o manipuló los USB está en manos de la OCMA y la fiscalía y, con sus palabras, él niega  una investigación imparcial.

La otra explicación es la que se repite en los pasillos de Palacio de Justicia: Villa pretendía utilizar la información de los USB y el caso BTR como trampolín para un cargo político, y al cuestionarse la labor de Martínez siente que lo están atacando.

Pero hay otra pregunta flotando en el ambiente, ¿qué archivos se han borrado y que se busca ocultar? Dadas las actividades y clientela de Business Track, hay varios interesados - entre políticos y empresas - para que esa información desaparezca. Pero lo curioso es que los archivos tocados sean los de Gianotti y no los de otros involucrados. ¿Por qué?

Una pista parte de algo que reveló la periodista Paola Ugaz hace un año:

La sala del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) donde Vladimiro Montesinos grabó a todos los que fueron o querían ser importantes en la década del 90, tuvo su réplica en la suite que alquiló el empresario dominicano, Fortunato Canaan, a donde acudieron desde el ex Primer ministro, Jorge del Castillo; los ministros de salud, Carlos Vallejo y Hernán Garrido Lecca, hasta presidentes de gobiernos regionales.Tras el “Petrogate”, las revelaciones que hemos encontrado junto al periodista Gustavo Gorriti en sus pesquisas sobre el chuponeo (pinchaje telefónico para los que leen este post y viven fuera del país) y los chuponeadores, es que HAY AUDIOS de las reuniones en la suite de Canaan, (porque se sembraron tres micrófonos dentro del lugar), así que por ende, conoceremos tarde o temprano, que se dijo en esas reuniones y que otros faenones nos encontraremos en el camino.

Y en el libro Petroaudios, se publicaron algunas de las transcripciones de las interceptaciones con micros que se encontraban con el título del archivo “Archivo 001: Las Ranas del Caballo”.  Se trataron de conversaciones de Rómulo y Bieto en las que mencionaron al secretario de Palacio de Gobierno, Luis Nava Guibert y a Luis Alva Castro para hacerle llegar documentos sobre posibles negocios.  Esos archivos estaban en poder de Gianotti.

De allí que sea importante que toda esta información sea pública. De una vez sepamos quien es quien en este caso y que archivos se borraron.

Ayer, Ollanta Humala y la bancada nacionalista presentaron una moción para la vacancia del presidente Alan García. La causal invocada ha sido la de “incapacidad moral permanente” y se sustenta, para los nacionalistas, en los 70 fallecidos en protestas sociales durante este gobierno.

El nacionalismo ha estado solitario en este camino. Ya deben haber oido todo el recital de epítetos que les han proferido a los humalistas. Lo cierto es que los propios Humala’s boys and girls saben claramente que esto no prosperará. Ayer, en un gesto de honestidad, Daniel Abugattas - lo mejor de dicha bancada, de lejos - reconoció que la presentación de la moción era un gesto político de rechazo ante una forma ciertamente reprobable de manejar los conflictos sociales y no algo que prosperaría para dejar a García fuera de su cargo.

A pesar que esta medida no prosperará y que - tampoco se hagan los locos los nacionalistas - también pretende recolocar en un segmento radical del electorado a Ollanta Humala, es interesante analizar la figura de la vacancia presidencial, para entender su contenido, alcances y límites. Así que ahorita entramos en mode de Derecho Constitucional 1 para no abogados.

1. ¿Qué es la vacancia presidencial? Es una figura jurídica para destituir al Presidente de la República. Mejor dicho, es la única forma de sacar al Presidente, en un sistema constitucional que lo blinda, dado que es el actor central del elenco de instituciones. Nuestra Constitución, históricamente, le ha dado más peso al Presidente y, por tanto, evita que sea vulnerable. De allí que la responsabilidad por los actos del Poder Ejecutivo la tienen los Ministros y no él. Ello hace que los Ministros sean fusibles y que no se pueda sacar al Presidente.

2. ¿Cuáles son las causales que pueden generar la vacancia presidencial? Están definidas en el artículo 113 de la Constitución y son las siguientes:

a) Muerte del Presidente

b) Aceptación de su renuncia por el Congreso

c) Salir del territorio del país sin permiso del Congreso o no volver en el plazo fijado

d) Destitución, luego de comprobarse que el Presidente cometió alguna de las siguientes conductas: traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso (salvo que el Congreso haya censurado dos gabinetes); o por impedir las reuniones o funcionamiento del Congreso, Jurado Nacional de Elecciones, ONPE y RENIEC.

e) Incapacidad física permanente, declarada por el Congreso.

f) Incapacidad moral permanente, declarada por el Congreso.

3. ¿Se ha vacado a un Presidente por una causal que no sea muerte? Sí. Fue el caso de Alberto Fujimori, cuando se fugó del país y renunció por fax. Allí el Congreso estimó que se había producido una incapacidad moral permanente, en un debate que evaluó tanto el gesto de largarse como todo su periodo. Si bien los fujimoristas duros no votaron a favor de la vacancia, como pueden ver aquí, sí rechazaron la renuncia por fax. Viendolo con 10 años de distancia, era la salida constitucional ante una situación realmente grave.

4. ¿Qué reglas se tiene para la vacancia presidencial por incapacidad física o moral permanente? Hace ya varios años, el Tribunal Constitucional señaló que debía tenerse una votación calificada para declarar la vacancia por incapacidad física o moral permanente. Esta votación ha sido establecida por el Congreso en 80 votos. Dado que la interpretación sobre cuando se ha presentado la incapacidad moral permanente responde a un momento político en particular, se coloca este requisito de votos para que el consenso sea amplio y el Presidente no sea vacado por cualquier cosa.

5. ¿Cómo debe interpretarse la figura de “incapacidad moral permanente”? Desde el punto de vista legal y constitucional, las causales de vacancia presidencial deben interpretarse de la manera más restrictiva. El término “vacancia por incapacidad moral” es bastante difuso, por lo que se debe dar la interpretación más restringida posible y no forzar la figura. Más aún, esta casual debería ser reemplazada por el término propuesto en el Proyecto de Reforma Constitucional: “conducta incompatible con la dignidad del cargo”, que si bien sigue siendo difusa y presta a interpretaciones, es más precisa para la intención que se tiene con esta figura.

Pero sea cual fuere su denominación, la vacancia sólo deberá emplearse si existen causas que involucren directamente al Presidente en una conducta realmente grave. Bajo esta interpretación, el planteamiento del humalismo, independientemente de la condena política a las acciones de García, no podría sostenerse, pues ni siquiera tenemos indicios que García haya ordenado las muertes en estos casos.

Así que, más allá de la indignación natural que nos suscita el actual gobierno, es necesario saber cuales son los alcances y límites de las instituciones que se utilizan. Más allá de enunciar una norma, es necesario explicarla y analizarla. Y por ahora, Alan puede respirar tranquilo. Pero que no olvide que muchos peruanos, con o sin apoyo a la vacancia, no aprueban sus acciones.

MAS SOBRE EL TEMA:

El Morsa: La vacancia (inaugurando su Tumblr)

Perú.21: Toledo se pronuncia en contra de la vacancia, pero si pide interpelar a Velásquez Quesquén

Aunque el sol no se termina de ir del todo, bien vale la pena esta época del año para repasar lo que pasa con nuestros principales actores políticos:

ALAN GARCIA: Continua con un estilo que varía entre el canto en el velorio de Jesús Vásquez, el mutis ante los muertos entre las protestas sociales, apariciones públicas para inaugurar obras y lanzar declaraciones políticas, así como la seguridad que cada día que pasa no cambiará absolutamente nada. Parece estar calentando motores para la campaña electoral: el único preciandidato aprista a Lima es Fernando Barrios, presidente de Essalud, hombre de su entera confianza.

OLLANTA HUMALA: Usa tan irresponsablemente como lo hacía Alan García con Alejandro Toledo el pedido de vacancia presidencial. Si bien no tendrá exito alguno (no llegará jamás a los 80 votos), lo cierto es que lo vuelve a la imagen de “radical antisistema” con la que se hizo conocido y le fue bien electoralmente. La gran duda es si ese tipo de posiciones le ganarán algo más en las encuestas.  Con Marco Arana dudando entre Cajamarca y la candidatura presidencial, sigue siendo el único en ese lado del espectro.

ALEJANDRO TOLEDO: Entre la recordación de su marca y subirse al coche anticorrupción, así como ser el opositor claro de Alan García, ha logrado reposicionarse políticamente. Deberá estar preparado para todos los recuerdos de los escándalos de su familia, así como de las cosas que dejó de hacer durante su gobierno, que es lo que se le vendrá en las siguientes semanas.

LOURDES FLORES: Le ha venido bien el motor anticorrupción y antifujimorista de su primer rush de campaña. Deberá estar preparada para los recuerdos de su entorno pasado y presente, pero sobre todo, demostrar que puede gobernar una ciudad y que tiene ideas para cambiar mucho de lo nefasto de la gestión de Castañeda Lossio.

ALEX KOURI: Ya comenzó con el sanbenito de “no creo en las encuestas” ante su segundo puesto en las mismas. Está más concentrado en la selección de candidatos municipales en los distritos. Más que el recuerdo del montesinismo y sus visitas al SIN, sus fallas en la gestión del Callao, su entorno de campaña y sus acompañantes distritales le pueden restar votos.

KEIKO FUJIMORI: A un año de la sentencia que condenaba como asesino y secuestrador a su padre, sigue manteniendo un importante sector de la población a su favor, pero no ha crecido más. Ex seguidores suyos comienzan a cuestionar en público sus facultades para gobernar el país y hasta ahora no se vislumbra una idea suya que vaya más allá de liberar a su padre. Las pocas entrevistas que ha dado la muestran limitada y con pocos argumentos. Pero aún así, el recuerdo de las obras del viejo y el trabajo en provincias le siguen dando opciones.

SUSANA VILLARAN: 6% para un partido poco conocido en la ciudad y con la novedad de que es candidata a la alcaldía no es un mal comienzo. Sin embargo, es insuficiente para romper con el sentido común que ya van teniendo varios sobre el carácter de “pelea de a 2″ de esta elección municipal. Cómo posicionar su imagen con un sello propio y la elección de candidatos distritales sin anticuerpos es su principal reto.

LUIS CASTAÑEDA LOSSIO: Líder en todas las encuestas presidenciales, sobre todo en Lima. Dispuesto a iniciar un rush inicial de inauguraciones de final de gestión municipal que lo sigan ubicando en lo más alto. Ante las varias denuncias que se le vienen, ya armó una bancada parlamentaria propia con sobrevivientes de varios lados que ya lo ven como posible boleto de reelección segura en el Congreso. Comienzan las dudas sobre si aguantará una contienda que se prevé como muy dura.

JAIME BAYLY: Transcurrida la novedad de su candidatura y ya sin enemigos en su propio canal, parece que las dudas están en si seguir siendo un candidato de television que “con el simple ánimo de joder” mete temas y críticas o si hacer algo en serio. Pepe Barba, el dueño de su vientre de alquiler, está ahora más ocupado en hacerle la campaña de guerra sucia contra Lourdes Flores, de la mano de Pepe Olaya.

LIDERES DE CONFLICTOS SOCIALES: Aquí los dejo con Conflictividad sin Dueño y Elecciones y Conflictos de Carlos Melendez, que muestran los alcances y limitaciones de liderazgos puntuales, con reclamos específicos y con poca vinculación con el elenco estable de la política nacional o con imagenes que desde izquierdas y derechas se proyectan sobre ellos.

Yo pensé que el gobierno de Alejandro Toledo no sabía manejar conflictos sociales. Y de hecho, la debilidad que tuvo su lustro gubernamental fue la que generó este círculo vicioso de “protesta social ignorada - toma de carretera - gobierno que cede e instala mesa de diálogo”.

Se pensaba - ilusamente - que Alan García, con un partido en todo el país, con operadores políticos, tendría más muñeca para poder persuadir sobre sus ideas. Pero García no solo no supo salir del círculo vicioso, sino que también le añadió un componente peor: un manejo pobre del orden interno, con Ministros del Interior realmente deficientes y que a todos le han estallado conflictos sociales con muertos en su haber. Tenemos lo ocurrido en Pomac, Moquegua y Bagua como muestra de este saldo lamentable.

Esto se ha vuelto a repetir en Chala y Madre de Dios este fin de semana, donde el gobierno cometió varias torpezas. Tenía una buena norma en términos generales para parar los efectos nocivos de la minería informal en Madre de Dios, pero olvidó - como bien lo señala José de Echave - conversar con los mineros y con las autoridades locales, para persuadirlos de las bondades de la norma y para perfeccionarla, a fin de poder resolver lo que es un problema ambiental de grandes dimensiones.

A ello se le sumó su poca pericia para separar lo que ocurría en Madre de Dios, de los reclamos de los mineros artesanales que quieren que se les adjudique denuncios mineros abandonados, pues temen que, al igual que en Madre de Dios, haya una veda de concesiones.  Al no ser hábil para manejar ambos temas, terminó dejando a los dirigentes más radicales con un discurso con medias verdades y, finalmente, con el repertorio ya conocido: tomo la carretera para que me hagan caso.

Y allí vino la tercera torpeza. El gobierno tenía el derecho de desbloquear la carretera (para los fans de este tipo de medidas, aquellos que dicen que desbloquear la carretera es “reprimir al pueblo”, lean lo que ocurre en un bloqueo de carretera), pero lo hizo del modo más torpe, primitivo e ineficiente. Y frente a los seis fallecidos, el mutis de todas las autoridades o los intentos de justificar los disparos de bala es elocuente. Preservar la vida es algo que se tiene, por cierto, como guía, en los manuales de actuación policial. Pero claro, al Presidente y a los ayayeros que le llegan por Correo les importa poco este tipo de normas.

Si el gobierno sabía que se le venía un paro por varios sitios e incluso mandó policías a Madre de Dios, donde hubo una actuación sobria de los agentes del orden, ¿por qué no actuó de la misma manera en Chala? Y peor aún, ¿por qué no previno el paro haciendo trabajo político?

De allí que se me haga actual algo que escribimos por aquí hace un par de años:

Con lo que, como resultado final, podríamos concluir que debe haber sanción a los delitos cometidos en la protesta, pero la aplicación de la represión policial, como primer paso para la misma, debe ser aplicada con inteligencia, cosa contraria a la que el gobierno hizo en este caso. También tenemos claro que la identificación de los líderes de la protesta no es importante por la estigmatización a la que el gobierno los somete, sino para saber con quien se negocia y para definir responsabilidades en el éxito o fracaso de dicha solución pacífica.

La lección de Bagua no ha sido aprendida.

P.D.: Hoy Aldo Mariátegui me atribuye mayordomías y le reclama a medio mundo que “no dicen nada” sobre la minería informal. Es la misma persona que olvida su paso por como asesor del MEF en el periodo de Goldenberg o el despido de un columnista por contrariar a Hernando de Soto. Y el que olvidó revisar este blog y el comunicado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ayer, en el que decimos claramente los efectos nocivos para el medio ambiente de la actividad minera informal en Madre de Dios, así como el saldo lamentable de fallecidos del fin de semana y el pobre manejo del gobierno en este tema. El doble rasero lo tiene él, que no ha dicho ni una sola palabra sobre los 6 peruanos fallecidos. Pero claro, el solo ve “fijaciones caviares” donde otros hablan de violaciones de derechos humanos. Es la última vez que me refiero a este personaje, dado que, como un periodista dijo, “frente a esa pobre gente que vive con la mierda revuelta, es mejor no hacerles caso y dejar que se sigan revolviendo en ella”.

MAS SOBRE EL TEMA:

Del archivo, un buen post del Utero sobre minería informal en Tambogrande

El Morsa: La minería artesanal

Golpe de Estado. Eso fue. Y repudiable como todos los golpes de Estado. Necesario recordarlo ahora que los jóvenes que nacieron en el año del golpe podrán votar o que muchos que no supieron las infamias de una autocracia participaran en la elección presidencial del 2011. Y también porque muchos peruanos avalaron en su momento que la democracia se fuera al carajo.

Aun se escuchan voces que señalan que “el golpe era necesario”. Las excusas: el modelo económico y la lucha antiterrorista. Ambas respuestas son falaces.

Sobre el tema económico, hay que mencionar que mucho de la liberalización económica de la década de 1990 se produjo antes del golpe, mediante Decretos Legislativos que fueron convalidados por el mismo Congreso al que Fujimori acusó de obstruccionista. También hay que decir que Fujimori no era un convencido de las reformas de mercado, tan es así que no introdujo correctivos al modelo en la segunda mitad de los años noventa, lo que generó que el país entrara en recesión en 1998 hasta el final de su periodo, debido a que el país no estuvo preparado para afrontar la crisis internacional.

Sin duda, el autoritarismo de Fujimori le hizo un daño perverso a la economía de mercado. La forma como hizo las reformas, el derroche del dinero de la privatización en compras de armas y corrupción, así como el despojo de derechos laborales provocó que un importante sector de peruanos tenga animadversión a la liberalización económica, que es asociada a mano dura, represión sindical, carencia de diálogo, excesivas ventajas a las empresas y corrupción. Hasta ahora el país sigue polarizado en torno a esas imágenes sobre reformas que eran necesarias para que el país se insertara al mundo y que, en los años siguientes, fueron corregidas, aunque no en modo suficiente para que seamos más competitivos y el crecimiento sea más inclusivo.

En cuanto a la lucha contraterrorista, el golpe no fue gravitante para el desarme de Sendero Luminoso ni del MRTA. Por el contrario, el autoritarismo del régimen le restó autoridad moral al Estado peruano para combatir a un enemigo totalitario y sanguinario. Las violaciones de derechos humanos, aunque menores en número, fueron más selectivas y, peor, con un escuadrón de la muerte dependiente de la Presidencia de la República, poco efectivo en combatir al terrorismo y asesino de inocentes. Y la legislación antiterrorista, años después, tuvo que ser invalidada por el Tribunal Constitucional, se tuvieron que hacer nuevos juicios en democracia, que han permitido la condena a penas bastante severas a las cúpulas de SL y MRTA.

Peor aún, los factores que permitieron la derrota militar del senderismo - las rondas campesinas, el cambio de estrategia de las Fuerzas Armadas y, sobre todo, la labor de inteligencia policial - ya habían sido adoptados a finales de la década de 1980. La captura de Abimael Guzmán no fue obra de Fujimori, que estaba pescando en la selva. Por tanto, el cuento de que “Fujimori nos dio la paz” es un mito fácilmente destruible.

Menos aún, el principal logro histórico de Fujimori, la paz con Ecuador, no se debió al golpe. Tuvo que pasar una ignominiosa derrota en 1995, así como una ardua negociación de la Cancillería peruana, que no tuvo nada que ver con el autoritarismo del régimen.

Entonces, ¿qué queda como legado golpista? Un ex autócrata condenado por violación de derechos humanos y corrupción - en algunos de los casos, por confesión propia -, un ex asesor que corrompía y mandaba matar en nombre de su jefe, poderes del Estado, funcionarios y empresarios que terminaron corrompidos, medios de comunicación y periodistas que - salvo honrosas excepciones - fueron emputecidos, un movimiento de seguidores fanáticos en el que el cogollo principal parece más cerca a un shogunato que a un partido democrático y, finalmente, ningún arrepentimiento por los actos cometidos.

Si bien la responsabilidad histórica de Fujimori es innegable, también es cierto que miles de peruanos estuvieron dispuestos a trocar la democracia por seguridad, orden y mejoras económicas. El costo no solo fue alto en términos económicos, penales y éticos, sino también que nos ha conducido a contar con un tránsito desordenado, una cultura de la prepotencia, el avalar autocracias en nombre de un “bien mayor” y candidatos a herederos de un dictador.

Por ello, no solo hay que recordar lo ocurrido, sino también denunciar a quienes quieren la vuelta del peor gobierno de la historia del Perú:

Y claro, también entender porque hay gente que prefiere hipotecar su libertad ante un autócrata. (A ello nos referiremos próximamente).

MAS SOBRE EL TEMA:

Economía de los Mildemonios: La verdad es una sola (2)

El Comercio: Un hecho que no debe repetirse

Augusto Álvarez Rodrich: Apología de la corrupción

Blog del Paki: El autogolpe cumple mayoría de edad

Menos Canas: No sufro de amnesia

Ricardo Vásquez Kunze: Tratamiento para KK

La Bitácora de Hobsbawn: No uno, sino varios 5 de abril

(Ilustración: El Otorongo) (Foto de Cara & Sello: Jona Castro)

Desde hace varios meses, se dan importantes alertas sobre los efectos de la minería informal en Madre de Dios. Quien tiene el resumen más claro es Carlos Basombrío:

De la mano de la depredación viene la violación a todos los derechos humanos. Huepetue, los ‘Deltas’ y, en los últimos años, ‘Guacamayo’ son lugares sin ley, en los que se han refugiado fugitivos de la justicia, donde no se paga impuestos y se produce una acumulación salvaje que no deja nada para la región ni para el país. En ellos conviven el trabajo infantil y adulto en condiciones inhumanas con la trata de personas y la prostitución. Allí mueren cientos de seres humanos cada año –según estimados de los sacerdotes de la región–, principalmente por accidentes, dadas las pésimas condiciones de la explotación, pero también por asesinatos. Todos son enterrados en el sitio, sin más.

La minería ilegal en Madre de Dios está muy lejos de ser el escenario de la sobrevivencia de migrantes trabajando en ‘microempresas’. Puede que hace décadas empezase así, pero hoy es una industria ilegal que mueve grandes capitales y que explota inmisericordemente a sus trabajadores. (¿Quién les vende las enormes máquinas con que operan? ¿Quién les da mantenimiento?).

En efecto, la actividad minera informal en esa zona se dejó crecer hasta límites insospechados. José de Echave ha anotado que hay corresponsabilidad de los distintos gobiernos que se hicieron los locos.

Sin duda, Madre de Dios ha sido el lugar donde esto se ha producido con mayor razón, pero hay otros donde la situación también es bastante seria.  De hecho, en estos días se ha recordado al congresista aprista Tomás Cenzano, dueño de varias minas informales en Puno, en las que se han producido 25 fallecidos por derrumbes y accidentes de trabajo, amen de las deudas cuantiosas que tiene con la SUNAT.

Como ustedes pueden darse cuenta, era necesario el dictado de normas que pudieran controlar la minería informal. Así, se dictó el Decreto de Urgencia 012-2010, que busca establecer los lugares en los que se puede hacer minería en Madre de Dios respetando los estándares ambientales.  Con lo expuesto, creo que era indispensable que se tome una medida como ésta.

Sin embargo, el gobierno olvidó un detalle: dialogar con los mineros informales y explicarles las medidas a tomar, pues las mismas claramente tendrían un impacto en el trabajo que venían haciendo. Asimismo, ello evitaba - o aminoraba - el riesgo que algunos dirigentes o empresarios del sector minero informal señalaran que la medida era general o que dijeran que era para favorecer a la gran minería, como he venido escuchando durante estas horas.

El desenlace ya lo conocemos: 6 fallecidos en el desbloqueo de la carretera Panamericana Sur, a la altura de Chala. Los mineros informales estaban protestando en solidaridad con sus compañeros en Madre de Dios y bloquearon la carretera. Ciértamente, era deber de la Policía despejar la carretera - recordemos, la toma de carreteras es un delito, por más que el gobierno ceda a las mismas - y, según indica La República, se dieron varios pasos previos para intentar hacerlo. Ello no justifica el uso de balas para dispersar una protesta, como se terminó haciendo del modo más inepto y merece todo el rechazo.

Entre la intransigencia de los dirigentes y la torpeza policial para salvaguardar el orden hemos terminado con 6 fallecidos. Resulta lamentable el manejo de los conflictos sociales del gobierno, que no ha aprendido las lecciones de Bagua. Ello debe condenarse y señalarse cuantas veces sea necesario. Pero también resulta preocupante que se sigan apelando a mecanismos violentos para protestar, en un país que ya suficiente violencia ha padecido.

Los únicos ganadores en este tipo de sucesos son los azuzadores de la violencia, sean de un lado y de otro, así como los compradores de los recursos obtenidos informalmente. El país sigue perdiendo.

Esta parodia de la política peruana, publicada ayer por el suplemento de humor El Otorongo, del diario Perú.21, le ha parecido bastante ofensiva al ministro de Defensa, Rafael Rey, quien sigue pensando que es ministro de Culto. Vía El Comercio:

“La portada y algunas caricaturas por Viernes Santo son una gravísima ofensa a nuestro Señor, además precisamente el día en el que conmemoramos su pasión y muerte”, manifestó Rey, quien dijo hablar a título personal y no como ministro.

Rey, quien pertenece al Opus Dei, refirió que se trata de “una blasfemia en todo el sentido de la palabra”.

El ministro le ha pedido a todos los católicos que no guardemos silencio ante “el ultraje” sufrido. Pues bien, ya que le tomamos la palabra al señor Rey Rey, pues no nos quedaremos callados, pero no en la forma que el pretende indicarnos pensar.

Durante años, el suplemento El Otorongo se ha publicado todos los viernes. Y ya durante varios años ha salido publicado en Viernes Santo. El año pasado, por ejemplo, Semana Santa coincidió con la condena a Alberto Fujimori. Y hubo varias caricaturas que hacían la conexión entre el evento religioso y la política peruana. Allí el señor Rey no dijo nada, como tampoco lo manifestó en los años que fue Ministro de la Producción.

Tampoco dijo nada el ministro Rey ante este trabajo de Heduardo:

Por tanto, no llego a entender porque el ministro salta en este momento, sí, como hemos visto, el recurso religioso ha sido utilizado en múltiples ocasiones en este semanario, así como por otros humoristas, como Álvaro Portales, quien incluso ha ido más allá que los amigos del Otorongo.  Un medio de comunicación no es confesional salvo que lo sea por opción propia, como “El Pan del Alma” que aun regalan en el templo de María Auxiliadora, en Breña.

Y ya que estamos hablando de blasfemias y ofensas, tal vez haya que recordar dos hechas por Rafael Rey en los últimos años.  La primera fue esta “ocurrencia” de regalar una botella de Pisco a los extranjeros que colaboraron con ayuda cuando se produjo el sismo:

La segunda, como olvidarlo, es este ejemplo de “amor al prójimo” expresado sobre las víctimas de la matanza de Putis en 1984:

“Nos preocupan mucho más las muertes de ahora que un entierro de cosas que sucedieron en el pasado“

En lugar de perseguir caricaturistas, ong’s de derechos humanos y hasta censurar a sus propios colegas en el Gabinete, debería ocuparse de un sector que él mismo ha reconocido que desconoce (Por eso nuestras Fuerzas Armadas están como están). Y como católico, solidarizarse más con el dolor ajeno. No hacerlo ofende muchísimo más que una caricatura.

Como toda institución humana, la Iglesia Católica tiene muchos defectos, pero también varias virtudes. Como creyente, creo que me cabe recordar el rol fundamental que tuvieron sacerdotes y laicos comprometidos durante el conflicto armado interno, a través de una actividad pastoral que no se eximía del compromiso social ni del rechazo a toda forma de violencia.

Y como creyente también, creo que los católicos peruanos - sobre todo limeños - en cinco años, deberemos examinar el nefasto rol que ha cumplido Juan Luis Cipriani como Arzobispo de Lima y Cardenal. Digo cinco años, porque ese es el tiempo que falta para la jubilación de este personaje.

No voy a enumerar aquí todas las cosas que ha hecho Cipriani durante su arzobispado, pero si señalo las principales: el maltrato a congregaciones religiosas, el cierre de un colegio centenario en Lima, sus intentos por controlar la PUCP, la defensa del fujimorato en sus peores tiempos, su poca autocrítica ante sus dichos y acciones durante los tiempos del conflicto y sobre todo, la poca comprensión que ha tenido sobre la separación constitucional entre el Estado y las confesiones religiosas.

En este último tema, su último hito ha sido el pedido de renuncia al ministro de Salud Oscar Ugarte, por el reinicio del reparto del anticonceptivo oral de emergencia (la famosa píldora del día siguiente), gesto que el ministro tomó con el respaldo de Alan García y Javier Velásquez Quesquén. Y salvo el propio Velásquez Quesquén, ocupado en poner paños fríos en la relación con el Cardenal, varios representantes del gobierno le han recordado a Cipriani la separación entre Iglesia y Estado.

Por supuesto que Cipriani tiene todo el derecho de opinar lo que se le venga en gana y de discrepar de varias políticas del gobierno. Es el derecho que le cabe como ciudadano. El problema está en que la opinión que da lo hace como Cardenal y Arzobispo, lo cual vulnera el artículo 50° de la Constitución. Esto se agudiza más cuando muchos creen que este personaje es la voz oficial de la Iglesia Católica, que en realidad está en la Conferencia Episcopal Peruana (aunque en este caso, sin pedido de renuncia, el resto de obispos discrepa abiertamente de la última acción de Ugarte).

Pero, además de todo lo señalado, Cipriani termina haciendole un daño a los creyentes que no pensamos como él y que terminamos expuestos a los ataques de personas ateas u agnósticas quienes merecen todo el respeto del mundo por no tener una creencia, pero que a veces olvidan que el mismo respeto que reclaman hacia su elección personal deben tenerlo con quienes no creen, pues terminan atacando a todos los creyentes, metiendo a Cipriani en el mismo saco que todos los católicos.

Y como este post lo comprueba, no todos los católicos pensamos como el Cardenal. A no generalizar. Y Monseñor, tiene una Semana Santa para reflexionar sobre sus pasos.

PD: Este blog regresa el sábado.

MAS SOBRE EL TEMA:

Augusto Alvarez Rodrich: Ciudadano Cipriani, ¿monaguillo García?