Más que las declaraciones de Alan sobre la corrupción y sus adjetivos, quizás más importante sea ver las dos infografías que hoy La República presenta.
La primera de ellas tiene que ver con la denuncia sobre entrega ilegal de terrenos en Cañete por parte de funcionarios de COFOPRI, presentada originalmente por IDL-Reporteros. La investigación le ha costado el puesto a Omar Quesada, el secretario general institucional del APRA. Esta infografía nos muestran cuales eran los pasos legales que debieron darse y los que se saltearon para beneficiar a un traficante de tierras:
Ojo que no es la primera vez que el APRA está involucrado en casos vinculados a tráfico de terrenos. Ya antes se había comentado el caso de Germán Cárdenas, un militante aprista amadrinado por Mercedes Cabanillas, a quien se benefició con una norma sobre expropiaciones. Y otro caso es el de la esposa del congresista César Zumaeta, a quien hace un año se le encontró una compra de terrenos en Asia a precio de regalo.
Como vemos, no era el primer caso, por lo que en COFOFRI, que justamente es el organismo de formalización de la propiedad inmueble en un país en el que las invasiones han sido letra común en los últimos 60 años, debía tenerse mayor celo.
La segunda tiene que ver con el caso Petroaudios - Business Track. Se trata de un personaje que reaparece en la trama de los espias. Se llama Rafael Torres Franco y, como vemos en la imagen, fue compañero de promoción en la Escuela Naval de Carlos Tomasio de Lambarri, uno de los involucrados en BTR:
En dos reportajes aparecidos en enero (ver aquí y aquí, Paez exploró en el espionaje practicado a tres empresas: Empresa Agroindustrial Laredo, de capitales colombianos y vinculada al mercado azucarero, Laive, una conocida empresa peruana de productos lácteos y Cementos Otorongo, de capitales portugueses. De las tres empresas, solo de la última se tenía noticias de un posible espionaje industrial.
Al momento de ser interceptadas, las tres empresas competían contra el grupo Gloria, de propiedad de la familia arequipeña Rodríguez Banda, por posiciones en sus respectivos mercados. Gloria ha negado cualquier vinculación con estas prácticas.
Fue en ese momento que salió el nombre de Torres Franco, quien trabajó en la empresa azucarera Cartavio, que desde el 2007 es propiedad de los Rodríguez Banda. El ex marino continuó en sus labores hasta abril de 2009, que renunció. Tomasio ha señalado que le ha hecho consultorías en temas de seguridad, pero a título personal.
Hoy La República presenta otro informe en el que se indica la existencia de carpetas en los archivos incautados a Elías Ponce Feijóo bajo los títulos “Careva” (el apodo de Torres Franco) y “Cartavio”. En los archivos se halló evidencia del espionaje a Laredo, competidora de Cartavio en el mercado azucarero. Otro dato es que Pedro Rosell, fundador de BTR, estuvo en la directiva de la azucarera del Grupo Gloria cuando la misma fue comprada. También están los archivos sobre Cementos Otorongo en una carpeta llamada “Cementos 2″.
Gloria no ha hecho comentarios sobre esta nota. Pero lo cierto es que varias pistas apuntan hacia una investigación más exhaustiva sobre las empresas que encargaron parte del espionaje realizado por BTR. Y habría que preguntarle más a Giselle Giannotti sobre el tema.
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