Archivo de 14 Abril 2010

No se si a ustedes les pasara lo mismo, pero siento que estamos ante un mar de confusión a partir de la información que Giselle Gianotti, la Policía, Jorge del Castillo, Rómulo León y demás personas que están implicadas con el caso Petroaudios vienen diciendo en estos dias.

A pesar de esa confusión surgida del mar de voces que aparecen cual torre de babel, varias cosas me van quedando claras en estos días. La principal de ellas, que hay distintos intereses en juego para que no se conozca la verdad sobre este caso, intereses que van desde los financiadores del espionaje - que abarcó tanto chuponeo como reglaje - hasta a los políticos que están involucrados en las conversaciones escogidas, así como a aquellos que están en esa línea poco clara entre el periodismo y el manejo de imagen empresarial, que pueden ver su modus vivendi en peligro.

Pero también el hecho que se han querido presentar por aquí cosas falsas: correos manipulados, intentos burdos por vincular a una empresa y a un directivo de la misma con el chuponeo con el objetivo de afectar a una conocida periodista opositora al gobierno y para ponerle la cereza al pastel, las excusas que las entidades encargadas de la custodia del material del espionaje han dado para no aceptar la responsabilidad que al menos le cabe a alguna de ellas por la pérdida de información.

Así, mientras todos estamos viendo este carnaval de acusaciones - en las que, dicho sea de paso, vemos que todos actuan defendiéndose -, creo que perdemos de vista el norte de lo ocurrido. Y dicho norte ha sido bien contado hoy por Alvarez Rodrich:

En el follón de los petroaudios es evidente que el origen del problema radica en el interés de alguna empresa que todavía no ha sido cabalmente identificada –pero que, sobre la base de indicios abundantes, muchos ubican en el sector del cemento– de conseguir resultados empresariales a través de iniciativas en la arena política y de mecanismos ilícitos.

Cambiar una ley para beneficiarse; ganar una concesión gracias a una coima; corromper a un magistrado para elevar el arancel; contratar a un chuponeador para saber en qué anda el competidor; reclutar directores por su cercanía al poder; pagarle a un periodista para que hable bien de uno; poner en la nómina  –con formas encubiertas– a congresistas; citar al ministro en la suite; o elegir al abogado por sus malas artes, son solo algunas formas sucias con que ciertas empresas diseñan su ‘estrategia competitiva’ como si su benchmark fuera Trafa S.A.

Con frecuencia, la decisión de algunas empresas de incurrir en comportamientos oscuros como esos se ve incentivada por la actitud promiscua de políticos encumbrados que, a través de biombos como sus hijos, socios, cajeros o amigos, les ofrecen un mecanismo fast track para conseguirles lo que ellas debieran lograr compitiendo en el mercado.

Básicamente, lo que hemos visto es una forma de hacer negocios que se ha mezclado con una forma de hacer política y manejo del mercado desde el Estado, teniendo como operadores a ex marinos y allegados que querían ganarse alguito tanto en el manejo de la seguridad pública y privada, como para intereses ideológicos y crematísticos particulares. Por cierto, varias de las “revelaciones” de estos días ya habían salido antes en blogs (como los casos del cemento y del Banco Azteca, así como las mentiras en torno a Petrotech), en portales como Semana Económica y en el libro de Gustavo Gorriti sobre este caso.

Y la pregunta de fondo sigue: ¿Quién mandó a espiar?

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