Desde el Tercer Piso

Golpe de Estado. Eso fue. Y repudiable como todos los golpes de Estado. Necesario recordarlo ahora que los jóvenes que nacieron en el año del golpe podrán votar o que muchos que no supieron las infamias de una autocracia participaran en la elección presidencial del 2011. Y también porque muchos peruanos avalaron en su momento que la democracia se fuera al carajo.

Aun se escuchan voces que señalan que “el golpe era necesario”. Las excusas: el modelo económico y la lucha antiterrorista. Ambas respuestas son falaces.

Sobre el tema económico, hay que mencionar que mucho de la liberalización económica de la década de 1990 se produjo antes del golpe, mediante Decretos Legislativos que fueron convalidados por el mismo Congreso al que Fujimori acusó de obstruccionista. También hay que decir que Fujimori no era un convencido de las reformas de mercado, tan es así que no introdujo correctivos al modelo en la segunda mitad de los años noventa, lo que generó que el país entrara en recesión en 1998 hasta el final de su periodo, debido a que el país no estuvo preparado para afrontar la crisis internacional.

Sin duda, el autoritarismo de Fujimori le hizo un daño perverso a la economía de mercado. La forma como hizo las reformas, el derroche del dinero de la privatización en compras de armas y corrupción, así como el despojo de derechos laborales provocó que un importante sector de peruanos tenga animadversión a la liberalización económica, que es asociada a mano dura, represión sindical, carencia de diálogo, excesivas ventajas a las empresas y corrupción. Hasta ahora el país sigue polarizado en torno a esas imágenes sobre reformas que eran necesarias para que el país se insertara al mundo y que, en los años siguientes, fueron corregidas, aunque no en modo suficiente para que seamos más competitivos y el crecimiento sea más inclusivo.

En cuanto a la lucha contraterrorista, el golpe no fue gravitante para el desarme de Sendero Luminoso ni del MRTA. Por el contrario, el autoritarismo del régimen le restó autoridad moral al Estado peruano para combatir a un enemigo totalitario y sanguinario. Las violaciones de derechos humanos, aunque menores en número, fueron más selectivas y, peor, con un escuadrón de la muerte dependiente de la Presidencia de la República, poco efectivo en combatir al terrorismo y asesino de inocentes. Y la legislación antiterrorista, años después, tuvo que ser invalidada por el Tribunal Constitucional, se tuvieron que hacer nuevos juicios en democracia, que han permitido la condena a penas bastante severas a las cúpulas de SL y MRTA.

Peor aún, los factores que permitieron la derrota militar del senderismo - las rondas campesinas, el cambio de estrategia de las Fuerzas Armadas y, sobre todo, la labor de inteligencia policial - ya habían sido adoptados a finales de la década de 1980. La captura de Abimael Guzmán no fue obra de Fujimori, que estaba pescando en la selva. Por tanto, el cuento de que “Fujimori nos dio la paz” es un mito fácilmente destruible.

Menos aún, el principal logro histórico de Fujimori, la paz con Ecuador, no se debió al golpe. Tuvo que pasar una ignominiosa derrota en 1995, así como una ardua negociación de la Cancillería peruana, que no tuvo nada que ver con el autoritarismo del régimen.

Entonces, ¿qué queda como legado golpista? Un ex autócrata condenado por violación de derechos humanos y corrupción - en algunos de los casos, por confesión propia -, un ex asesor que corrompía y mandaba matar en nombre de su jefe, poderes del Estado, funcionarios y empresarios que terminaron corrompidos, medios de comunicación y periodistas que - salvo honrosas excepciones - fueron emputecidos, un movimiento de seguidores fanáticos en el que el cogollo principal parece más cerca a un shogunato que a un partido democrático y, finalmente, ningún arrepentimiento por los actos cometidos.

Si bien la responsabilidad histórica de Fujimori es innegable, también es cierto que miles de peruanos estuvieron dispuestos a trocar la democracia por seguridad, orden y mejoras económicas. El costo no solo fue alto en términos económicos, penales y éticos, sino también que nos ha conducido a contar con un tránsito desordenado, una cultura de la prepotencia, el avalar autocracias en nombre de un “bien mayor” y candidatos a herederos de un dictador.

Por ello, no solo hay que recordar lo ocurrido, sino también denunciar a quienes quieren la vuelta del peor gobierno de la historia del Perú:

Y claro, también entender porque hay gente que prefiere hipotecar su libertad ante un autócrata. (A ello nos referiremos próximamente).

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(Ilustración: El Otorongo) (Foto de Cara & Sello: Jona Castro)

Desde hace varios meses, se dan importantes alertas sobre los efectos de la minería informal en Madre de Dios. Quien tiene el resumen más claro es Carlos Basombrío:

De la mano de la depredación viene la violación a todos los derechos humanos. Huepetue, los ‘Deltas’ y, en los últimos años, ‘Guacamayo’ son lugares sin ley, en los que se han refugiado fugitivos de la justicia, donde no se paga impuestos y se produce una acumulación salvaje que no deja nada para la región ni para el país. En ellos conviven el trabajo infantil y adulto en condiciones inhumanas con la trata de personas y la prostitución. Allí mueren cientos de seres humanos cada año –según estimados de los sacerdotes de la región–, principalmente por accidentes, dadas las pésimas condiciones de la explotación, pero también por asesinatos. Todos son enterrados en el sitio, sin más.

La minería ilegal en Madre de Dios está muy lejos de ser el escenario de la sobrevivencia de migrantes trabajando en ‘microempresas’. Puede que hace décadas empezase así, pero hoy es una industria ilegal que mueve grandes capitales y que explota inmisericordemente a sus trabajadores. (¿Quién les vende las enormes máquinas con que operan? ¿Quién les da mantenimiento?).

En efecto, la actividad minera informal en esa zona se dejó crecer hasta límites insospechados. José de Echave ha anotado que hay corresponsabilidad de los distintos gobiernos que se hicieron los locos.

Sin duda, Madre de Dios ha sido el lugar donde esto se ha producido con mayor razón, pero hay otros donde la situación también es bastante seria.  De hecho, en estos días se ha recordado al congresista aprista Tomás Cenzano, dueño de varias minas informales en Puno, en las que se han producido 25 fallecidos por derrumbes y accidentes de trabajo, amen de las deudas cuantiosas que tiene con la SUNAT.

Como ustedes pueden darse cuenta, era necesario el dictado de normas que pudieran controlar la minería informal. Así, se dictó el Decreto de Urgencia 012-2010, que busca establecer los lugares en los que se puede hacer minería en Madre de Dios respetando los estándares ambientales.  Con lo expuesto, creo que era indispensable que se tome una medida como ésta.

Sin embargo, el gobierno olvidó un detalle: dialogar con los mineros informales y explicarles las medidas a tomar, pues las mismas claramente tendrían un impacto en el trabajo que venían haciendo. Asimismo, ello evitaba - o aminoraba - el riesgo que algunos dirigentes o empresarios del sector minero informal señalaran que la medida era general o que dijeran que era para favorecer a la gran minería, como he venido escuchando durante estas horas.

El desenlace ya lo conocemos: 6 fallecidos en el desbloqueo de la carretera Panamericana Sur, a la altura de Chala. Los mineros informales estaban protestando en solidaridad con sus compañeros en Madre de Dios y bloquearon la carretera. Ciértamente, era deber de la Policía despejar la carretera - recordemos, la toma de carreteras es un delito, por más que el gobierno ceda a las mismas - y, según indica La República, se dieron varios pasos previos para intentar hacerlo. Ello no justifica el uso de balas para dispersar una protesta, como se terminó haciendo del modo más inepto y merece todo el rechazo.

Entre la intransigencia de los dirigentes y la torpeza policial para salvaguardar el orden hemos terminado con 6 fallecidos. Resulta lamentable el manejo de los conflictos sociales del gobierno, que no ha aprendido las lecciones de Bagua. Ello debe condenarse y señalarse cuantas veces sea necesario. Pero también resulta preocupante que se sigan apelando a mecanismos violentos para protestar, en un país que ya suficiente violencia ha padecido.

Los únicos ganadores en este tipo de sucesos son los azuzadores de la violencia, sean de un lado y de otro, así como los compradores de los recursos obtenidos informalmente. El país sigue perdiendo.