EL CEMENTO Y EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Escrito por: Jose Alejandro Godoy en Uncategorized
Nuevamente, como es costumbre en los últimos años, el Tribunal Constitucional nos ha legado una sentencia bastante controvertida por sus alcances judiciales y políticos.
La semana pasada, el TC emitió una sentencia bastante controvertida sobre el arancel del cemento, a partir de una demanda de amparo interpuesta por la empresa Cementos Lima. El Tribunal indicó que se había afectado el derecho a la igualdad ante la Ley de esta empresa y que el arancel (el impuesto que pagamos cada vez que importamos un producto), que había sido bajado a 0% debía ser restituido al nivel que tenía antes, es decir 12%. Semanas atrás, el diario Perú.21 había alertado sobre esta posibilidad.
Desde el punto de vista jurídico, la sentencia es cuestionable desde cuatro puntos de vista: 1. Fundamentar que se debe proteger al productor nacional, cuestión que no está contemplada en la Constitución actual, 2. la fundamentación sobre la existencia de un derecho ante la igualdad ante la Ley y sus alcances, 3. la falta de análisis de la norma arancelaria desde las funciones constitucionalmente asignadas (es decir, si se dictó bien o no la norma) y 4. subir el arancel como parte de la sentencia, dado que es una función exclusiva del Poder Ejecutivo.
A ello se han sumado cuestionamientos de otro tipo. Jaime de Althaus y Ricardo Lago han señalado la existencia de un presunto plagio de una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, mientras que los economistas de distinto signo discuten sobre la conveniencia de la medida en el contexto de apertura comercial de la economía peruana. A ello se suman los problemas que puede traer al país esta sentencia, en relación con acuerdos comerciales que ya tienen aranceles comerciales consolidados, o con los tratados de libre comercio.
Incluso se ha recordado la guerra comercial entre Cementos Lima y Cemex, época en la que la empresa peruana contrató a Business Track, aunque la misma ha desmentido que dicho contrato haya implicado actividades ilegales. De hecho, la hipótesis que tuvieron los periodistas Fernando Ampuero y Pablo O’Brien era que Cemex habría sido favorecida indebidamente por Hernán Garrido Lecca, entonces Ministro de Vivienda y Construcción y que ello habría generado el espionaje industrial que abarcó a varias actividades. Esta hipótesis tampoco ha podido ser demostrada hasta el momento.
Para añadir más castañas al fuego, el Presidente de la República dijo que era necesario delimitar las funciones del Tribunal Constitucional y hasta insinuó presiones económicas sobre el TC para dictar la controvertida sentencia.
Mi opinión sobre todo este caso es que la conveniencia económica de la rebaja de aranceles no es materia constitucional y que se notan forzados los argumentos del Tribunal. Es decir, jurídicamente me parece una pésima sentencia. Sin embargo, ello no debe implicar, sin pruebas, la acusación a los miembros del TC de haberse sometido a una presión económica indebida y menos aún, una “delimitación” de funciones que suena a lo que muchos legisladores han pretendido hacer desde hace años: cortarle las alas a un Tribunal que otrora utilizó sus facultades de interpretación para excelentes sentencias y que ejerce una labor de control del poder político.
En ello, le doy la razón al constitucionalista Samuel Abad, quien señala que lo deben hacer los otros poderes del Estado es mejorar la calidad de los miembros del TC, es decir, poner más ojo en la selección de los magistrados. El proceso anterior, en el que se eligió a 4 magistrados, tuvo un funesto papel de Aurelio Pastor y Mercedes Cabanillas, que no solo culminó en escándalo, sino también en una mala elección de personas.
Por cierto, hoy el Congreso deberá elegir, entre tres juristas, a dos nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Esperemos que los escogidos sean los idóneos.
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23 Marzo 2010 a las 11:45 am
Ante la insinuación del “Presidente de la República”, me dá la opción de pensar que la lluvia de Millones se estaría trasladando de lugar?.
Señor este caso es asunto de Derechos humanos, porque de no tomar esta decisión el TC, se estaría favoreciendo a la mano de obra extranjera, desamparando por ende a trabajadores nacionales, por lo tanto muy valiente y justo la decisión de nuestro TC. Que se quiere que nuestro pauperrimo desarrollo se minimice a la minima expresión?, por lo visto todos ustedes se están alineando al pensamiento tirano y clasista de Jaime de Althaus como diría el popular Cacho ¡Que asco!!!!!!!
Tambien demuestran que no conocen nada sobre el costo de reposición porque estarían dejando en desventaja a los productores peruanos, toda vez que para fabricar sus productoas utilizan insumos importados y que si son castigado por aranceles. Que bonito no???? entonces investiguemos a todos los entornos y los que intervienen en ésta danzas de millones y nos vamos ha dar con la comica realidad, de que éste gobierno cada movimiento que haga se va hundiendo mas en la corrupción de la arena movidiza.
También nos dá que pensar, que pasará si se analiza los acuerdos comerciales donde no han dejado que intervengan los del congreso Nacional. Ayayay jurídicos de pacotilla, ya es hora que se pongan los pantalones y rescatemos algo de nacionalidad para poder obtener una mejor calidad de vida no es cierto? arriba el peru carajos………….
23 Marzo 2010 a las 5:48 pm
Concuerdo contigo en eso, una cosa que las personas fallen y otra que la institución esté mal planteada. La consecuencia de esto es responsabilidad sea política o penal.
Pero yendo al tema del agua, el caso es simple, algunos tributaristas, nose si con intereses, le han querido dar legitimidad a esta sentencia; pero la lógica es simple.
El derecho el agua es considerado hoy un derecho humano. Consecuentemente es obligación del TC protegerlo sobre manera, esa es su función constitucional.
Pero al contrario de eso, en la sentencia STC 1837-2009-PA/TC, ha exonerado del pago por el uso del agua subterránea a la Empresa Gloria y otras empresas papeleras, por el uso del agua.
El caso se resume así, en 1982 sale el Decreto Legislativo 148, decreto deficiente dicho sea de paso, que establecia el pago por el tributodel uso de agua subterránea.
Deficiente porque mediante un Decreto Supremo se estableció los sujetos, la base imponible y la alícuota, entonces aparentemente vulnera el principio de reserva de ley. Digo aparentemente, porque otras leyes, como la de recursos hídricos vigente, sí establecen estos elementos, en consecuencia no hay vulneración del principio de reserva de ley. Sumado a eso el TC tiene la obliagación de proteger derechos fundamentales, tendría que haber ponderado constitucionalmente la trascendencia del derecho al agua; pero, al contrario, ha inaplicado este decreto legislativo, es decir ha interpretado solitariamente esta norma defectuosa´.
Cabe precisar que según Sedapal se perderán bastantes milllones de soles.
23 Marzo 2010 a las 11:45 pm
Este caso, es parte del legado del segundo alanismo. Si en el primero nos dejó con la soga al cuello por la inflación y el desmadre terrorista, en esta segunda oportunidad tienen el deber ineludible de fregarnos para dejar constancia de su paso para la posteridad, es decir para la historia.
Este desmadre es el resultado de la debilidad institucional en que estamos, no es casualidad en casi todas las instituciones se debaten entre su ser y su conciencia. El Poder Judicial su organismo de control y casi toda la institución está corroída por los apristas de viejo y nuevo cuño con la ayuda inestimable de los restos montesinistas. La educación continua igual como la dejó Fujimori, mal ya subastaron el local y lo único que hacen es administrar la crisis, algo común en los apristas. El congreso ídem a la parrilla, ahora hay mas transfugas que antes, pero sin montesinos. La seguridad es tan insegura que hasta el jefe de la policía lo chantajean y extorsionan.
El Tribunal Constitucional desde hace rato las garras del aprismo monrrero y mediocre, le pusieron el ojo apenas llegaron al gobierno, porque es una institución clave para ejercer la justicia y corregir los fallos del PJ. Infiltrado por apristas y gente de medio pelo, no se puede esperar mucho de esa institución.
A este paso no se necesitara el PJ., para que si el TC todo lo resuelve.
Alan García no se ira sin antes terminar de devastar lo poco de institucionalidad que queda.
24 Marzo 2010 a las 9:56 am
Señor Godoy:
1. El problema, señor Godoy, es que en el Perú hay una clara intención de debilitar lo más posible las estructuras legales porque solo así es cómo un poderoso o un rico puede imponer su voluntad.
2. Así como el tener un policía mal pagado y hambriento, lo mismo que a un funcionario o a un juez, facilita que el que tiene dinero incline la ley a su favor, lo mismo pasa en las altas esferas: la debilidad de las instituciones es lo que permite que las grandes empresas, nacionales y extranjeras, hagan las leyes a su voluntad.
3. Le confieso, señor Godoy, que en lo que va de mi vida, que no es corta, y de mi experiencia profesional diaria, compruebo tajante y contundentemente que la norma principal básica en el Perú es actuar de esta manera. Si usted, amigo, pretende hacer negocios o trabajar a cierto nivel es IMPOSIBLE que eluda esta máxima.
4. No conozco a nadie que en nuestro país haga empresa o algo importante que no tenga que meter mano a la ley. Se lo digo porque lo he visto con mis propios ojos. Por ponerle un ejemplo clásico de cómo se hacen los negocios: el SOAT. ¿Qué hace una compañía de seguros (que no voy a citar) para lograr que TODOS LOS PERUANOS le pagan una prima obligatoriamente? Pues se acude al Congreso, habla con ciertos políticos y ministros, les da su parte y… ¡listo! Gracias a la unicameralidad tiene usted, de la noche a la mañana, su faenón que le reporta más o menos unos 200 millones de dólares anuales limpios de polvo y paja (que es el monto de este negociado).
5. Y no se moleste por lo que digo pues, como usted es joven, supongo que aún cree en la existencia de ciertas cosas “limpias” o en personajes “honestos”. Pero le puedo poner un sinfín de casos emblemáticos más, como el de las placas: alguien bien vinculado trae su “máquina” de hacerlas e inmediatamente mueve al Congreso para dar la ley que obliga a que TODOS LOS PERUANOS tengan que hacer sus placas con él. El instituto José Pardo sale del juego y el dinero entra a un solo bolsillo (previa “coordinación” con los colaboradores).
6. No voy a alargar la cosa porque todo, todo, es así. ¿Por qué se sorprende usted de lo que pasa con el tema entre Cementos Lima y Cemex? Esto es solo un lío entre dos empresas igualmente corruptas. Lo que pasa es que usan las leyes peruanas como si fueran sus juguetes, sabiendo que todo allí se arregla con cuatro centavos.
7. Por supuesto que a veces me pregunto si algún día podría darse una ley que no correspondiera a un interesado detrás, a un faenón. Pero estaríamos hablando de ingresar a una etapa principista, donde las normas fueran mecanismos de control para evitar que los grandes hagan lo que les dé la gana, y eso hasta ahora sigue siendo un sueño.
8. A no ser que entrara un gobierno como el de Humala, que sé que a usted le parecerá una herejía que lo diga, pero que, le confieso, no deja de despertar simpatías entre ciertos empresarios quienes, sin ser santos ni honestos, preferirían unas reglas de juego donde no solo los más grandes (las transnacionales) impusieran sus intereses sino que los chicos también tuvieran oportunidades para participar en el negocio.
9. Espero que interprete bien esto último que digo. No se trata de poner a un dictador por ponerlo; de lo que se trata es de limpiar, oxigenar un poco el panorama a través de normas duras pero que abrirían el abanico de posibilidades para más gente (para más empresarios) y no solo para unos cuantos. Saque usted sus conclusiones de por dónde voy y verá que la inclinación de ese gran sector empresarial hacia el cambio tiene un buen asidero.
Muchas gracias.
24 Marzo 2010 a las 9:07 pm
“Le doy la razón al constitucionalista Samuel Abad, quien señala que lo deben hacer los otros poderes del Estado es mejorar la calidad de los miembros del TC…”
Godoy me parece un argumento muy simplista.
Es como que los humalistas quieran eliminar el poder judicial y el legislativo, y ante la interrogante de quien controlaría al ejecutivo se responda: “el problema se soluciona eligiendo a un buen presidente, que sea tan bueno que no necesite que lo controlen”.
Las funciones del Tribunal Constitucional deben ser claramente LIMITADAS y NORMADAS, eso no es “cortarle las alas”, al contrario, dejar a un TC que actúe como lo venga en gana (porque eso es lo que ha estado haciendo últimamente, a pesar de las buenas sentencias que haya tenido en el pasado) es sumamente peligroso y ANTIDEMOCRÁTICO, ya que estamos criando a un megapoder del estado que no rinde cuentas ante nadie y que no es elegido por el pueblo.