A inicios de la década, en medio de la debilidad del gobierno de Alejandro Toledo y de protestas sociales en varios lugares del país, varios analistas hablaban sobre como “el ruido político” no afectaba el crecimiento económico. Y comenzaba por allí cierto sentido común, en el cual los escándalos políticos no afectarían la performance económica y que, mientras el país siguiera creciendo, no tendríamos mucho de que preocuparnos.
El problema es que la afirmación anterior es falaz. La forma como se manejan las instituciones económicas y como el Estado maneja la llegada de inversiones al país determina la forma como los inversionistas llegan al país y como los empresarios se desenvuelven con el Estado, lo que, a la larga, repercute tanto en el clima de negocios como en el bolsillo del ciudadano.
El caso de los Petroaudios demostró que era importante que los políticos no se reunieran, en la medida de lo posible, con los inversionistas privados, sino que la promoción de nuevos negocios debía estar en manos de instituciones como Proinversión o de los viceministerios de cada sector. De allí que Augusto Townsend haya recordado hace meses lo pernicioso de estas reuniones sin control:
Como ha evidenciado el caso de los “petroaudios”, en el Perú es absolutamente normal que los políticos (presidentes, ministros, congresistas) se reúnan con las empresas, incluso fuera de sus despachos y sin dejar constancia alguna en sus agendas oficiales. También intercambian correos electrónicos y se hacen recomendaciones mutuas, que en los casos extremos –como en el “Petrogate”- terminan por dar pie a beneficios otorgados al margen de la ley (por ejemplo, cambios en las bases de una licitación pública para favorecer a una empresa en particular).
A veces ocurre lo contrario, y a estas reuniones entre políticos y empresarios se les da, más bien, figuración mediática para evidenciar que el gobierno está apoyando a la inversión. Por más loable que resulte esto último (si efectivamente es el caso y no hay, más bien, un interés velado del político por obtener apoyo financiero o de otro tipo para una posterior campaña electoral), lo que no debe soslayarse es el impacto que genera sobre las otras dependencias del Estado. ¿Se animaría un funcionario de rango medio a rechazar –aunque haya suficientes razones para hacerlo- una solicitud de autorización o concesión efectuada por una empresa que acaba de reunirse con el presidente en Palacio de Gobierno?
Ese es sin duda, un caso extremo de mal manejo de las relaciones Estado - empresas, que llega incluso a ser pasible de una investigacion fiscal, con miras a un juicio penal en el que se dilucide la comisión de delitos.
Pero existen otros casos en los que, sin llegar a pagos o a corrupción, el Estado termina desvirtuando su rol de árbitro. Veamos tres eventos recientes en lo que esto ocurre.
1. Puertos y consulta a políticos: En estas semanas se han recibido diversas propuestas para la modernización del Muelle Norte del puerto del Callao, una de las inversiones necesarias para mejorar nuestra competitividad. Hasta allí todo bien.
El problema vino cuando el ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo dijo que consultaría a los partidos políticos sobre este tema, debido a que la inversión portuaria y la forma como se haría era una política de Estado. Gremios empresariales como CONFIEP y AFIN pitearon porque, según ellos, esto demoraba más las cosas. En respuesta, Cornejo les recordó que en un estado democrático se podía consultar a los partidos - como no entendieron esto en Bagua -.
Aquí hizo bien el ministro, dado que es mejor persuadir a los otros grupos políticos de la conveniencia de la medida, sobre todo, cuando la inversión se hará en el siguiente quinquenio gubernamental.
2. Olmos: Uno de los proyectos de inversión que esperan más los lambayecanos es el de las irrigaciones de cultivos en Olmos. El proyecto ha avanzado en estos años, pero ahora espera una decisión final del gobierno para completar uno de los tramos. Álvarez Rodrich ha resumido los argumentos de este match entre el MEF y la PCM:
Durante el gobierno de Alejandro Toledo se dio el paso decisivo para la fase del túnel de trasvase, pero faltaba que el MEF –a través de Proinversión– tomara una decisión sobre las dos siguientes (etapas, nota de DTP), lo cual se estuvo postergando.
Con dicho fin, contrató a la consultora Nippon Koei para que diseñe un esquema que fuera viable y asegurara que el componente de irrigación repague la ejecución de la garantía soberana por el trasvase Olmos. El MEF cree en este proyecto, pero debe tomarse el trabajo de ir a explicarlo a los lambayecanos.
En el camino, sin embargo, Odebrecht planteó una iniciativa privada –mecanismo previsto en la ley– pero con un esquema que al MEF le produce desconfianza porque, entre otros aspectos, abre opciones de renegociación futura que podrían hacer que, al final, la lavada salga más cara que la camisa al Estado.
A pesar de ello, se ha lanzado un tremendo lobby por el plan de la empresa brasileña. El premier Javier Velásquez Quesquén –chiclayano que sabe que aquí está su reelección perpetua en el Congreso– casi se ha vuelto un agitador de masas por esta alternativa, mientras que el Parlamento aprobó ayer una moción de respaldo al plan de Odebrecht en Olmos.
En suma, se teme que Alan termine como la caricatura de Andrés Edery, con el consiguiente perjuicio al erario nacional, solo para comprometer votos norteños:
3. El Código de Consumo: Uno de los pocos anuncios del aburridísimo mensaje de 28 de julio del año pasado que se movió fue el de la creación de un Código de Consumo. Se convocó una comisión al respecto, que elaboró un proyecto que fue presentado en octubre último.
Abogados como Mario Zuñiga y Freddy Escobar y anallistas como AAR cuestionaron la norma por diversos motivos que van desde su propia necesidad - salvo mejorar criterios de Indecopi en sus precedentes, así como su refuerzo institucional - la inclusión de criterios difíciles de plasmar en la realidad como “precio justo” y la no consulta del proyecto a Indecopi y al sector privado. Todas ellas, observaciones que hasta cierto punto eran atendibles. (Yo sí considero que debemos tener una mejor norma de protección del consumidor).
Frente a todas estas críticas, el gobierno revisó el proyecto y le ha metido varias modificaciones. Las mismas no han estado exentas de dificultades. Desde las asociaciones de defensa del consumidor, ya hay críticas diciendo que el proyecto “se ha suavizado” en sectores como el bancario y El Comercio ha editorializado en contra de la no inclusión de la información sobre productos transgénicos en las etiquetas de los mismos. Se supone que mañana en Palacio se aprueba el proyecto. Parece que terminamos yendo de un extremo a otro.
Desde la visión del ciudadano común y corriente, Fernando Vivas observa:
Con un código prociudadano no se va a redefinir la lucha de clases, ni siquiera se va a incidir seriamente en la distribución del ingreso, pero sí habría un efecto democratizador que coadyuve a la reforma del Estado.
Que queden en el pasado los mercantilistas de la “mecida” en cláusulas enanas, del “spam”, de las ofertas de gato por liebre y del ingenio al servicio del engaño, para que venza la transparencia en la publicidad, en las etiquetas, en los contratos y en la propia relación humana entre consumidor y proveedor. Que “el cliente tiene la razón”, sabiendo que todos somos clientes, no sea una frase hipócrita, sino una máxima de la igualdad en la democracia.
Ya sabe, la próxima vez que le digan que la política no afecta a la economía, tiene a un interlocutor candidato a Pinocho.
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