La señora de la foto se llama Giselle Gianotti y es una de las implicadas en el caso Business Track. Cuando fue capturada en enero pasado, también le fueron decomisados varios USBs y computadoras. El problema ahora es que parte de su contenido está perdido desde hace varios meses. Informa La República:
La madrugada del lunes 4 de mayo del 2009 un “intruso” ingresó al despacho de la jueza María Martínez Gutiérrez, en el cuarto piso de Palacio de Justicia, y borró 592 archivos (audios y correos electrónicos) de dos USBs incautados a Giselle Giannotti Grados, funcionaria de Business Track (BTR).
La intrusión y borrado recién se conoció esta semana, a insistencia del fiscal especial Walter Milla, luego de que el 5 de marzo último, durante la audiencia de visualización, escucha y transcripción de los USBs de Giannotti, detectó que las copias que tenían los peritos informáticos no coincidían con lo que tenía registrado en su archivo personal.
Hay varias cosas graves aquí y que merecen una investigación:
1. Como indica el diario, desde el 4 de abril de 2009, se trasladó el despacho de la jueza María Martinez al cuarto piso de Palacio de Justicia. Esta medida fue tomada por el propio presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, con el fin de preservar su seguridad. Como lo indica un reciente informe de IDL-Reporteros sobre otro tema vinculado a la judicatura, “Martínez trabaja en un espacio protegido por rejas, detectores de metales, cámaras de vigilancia, policías y una bóveda asegurada. Es la única jueza en el Perú en ese piso”.
2. La jueza Martinez tomó decisiones que merecerían una explicación convincente. El 18 de febrero de 2009, la magistrada decidió paralizar la audición del material incautado a los chuponeadores, acogiendo un pedido de Gianotti. Ello se produjo cuando el fiscal Milla había pedido que el material contenido en los USBs de la procesada. Y el 24 de abril de 2009, Martínez indicó que el material de Gianotti se examinaría al final. Días después, ocurrió la sustracción y borrado de los archivos.
3. Establecer quien o quienes estuvieron detrás del borrado debería ser sencillo y debería hacerse público. El fiscal Milla posée la lista de los archivos que fueron eliminados, dado que todo lo que llegó a su despacho consta en las actas de su investigación. Queda en manos de la Fiscalía de la Nación, hacer las indagaciones correspondientes y señalar que archivos fueron borrados.
4. Gianotti no es un personaje cualquiera dentro de Business Track. El libro de Gustavo Gorriti sobre este caso indicó que entre los archivos incautados a Gianotti se hallaban evidencias de seguimiento y espionaje a varios de los personajes involucrados en los Petroaudios, Asimismo, en el 2006, Gianotti y el padre de sus hijos, el directivo de Forza, Wilson Gómez Barrios, le venden a Alan y a las Fuerzas Armadas la idea de un supuesto atentado presidencial de un grupo de chavistas, que terminó en detenciones preventivas y un papelón mayúsculo, porque nunca existió.
Además, Gianotti y Gómez Barrios anduvieron por casas de políticos, reuniones con periodistas y con miembros de las Fuerzas Armadas en la que se alertaba sobre supuestas vinculaciones entre grupos de izquierda radical y las FARC, a través de la llamada Coordinadora Continental Bolivariana. En sus descargos sobre las llamadas de Elías Ponce Feijoó, el jefe de BTR, Mercedes Cabanillas indicó tenía a Ponce como informante en temas internacionales y que los datos proporcionados tenían que ver con la Coordinadora Continental Bolivariana.
Hace un tiempo, Roberto Bustamante hizo notar una declaración de Ponce en la que señala tener un infiltrado en esta organización. Luego se supo que BTR y otra de sus conexiones, Giselle Gianotti, como hemos indicado, andaba por medio Lima difundiendo información sobre la CCB y que dos medios de comunicación - El Comercio y La Ventana Indiscreta - difundieron informes errados en base a esta información.
Como vemos, este robo resulta ser todo un escándalo. ¿Qué dirán las autoridades judiciales al respecto?
ACTUALIZACIÓN (08:15 PM):
Hablaron las autoridades judiciales. De un lado, la OCMA le abrió una investigación a la jueza Martinez. Dado que se trata de una magistrada provisional, de comprobarse alguna inconducta o responsabilidad, Martinez puede quedar fuera del Poder Judicial, ser suspendida en el cargo o simplemente ser amonestada.
De otro lado, el Poder Judicial emitió un extraño comunicado en el que señalan que ningún elemento fue sustraido de la bóveda, pero no hacen referencia al borrado de archivos, lo que es el centro de la denuncia hecha hoy. De hecho, el periodista de La República César Romero, a través de Twitter, informó que los fiscales a cargo del caso confirmaron que hay información borrada.
Como vemos, hay mucho por investigar en este tema.
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