Hace algunas semanas, alteramos sobre algunos problemas serios que tiene Osiptel, el regulador de las telecomunicaciones en el país. Sobre todo, una historia que reportó El Comercio hace poco tiempo.
En noviembre último, Osiptel tenía que decidir la reducción tarifaria en la renta básica y el precio por minuto en llamadas de teléfono fijo. Telefónica presentó una propuesta para mantener las cosas como están y los técnicos de la reguladora estaban a favor de bajar las tarifas. Así las cosas, los miembros del Consejo Directivo de Osiptel tenían que votar. El sistema de voto que tienen es vía correo electrónico.
Cuando se tomó la decisión, por 2 votos a 1, la favorecida fue Telefónica del Perú. Pero ocurrió un nada pequeño detalle. Uno de los miembros del Consejo Directivo, Marco Antonio Torrey Motta, miembro del APRA, había hecho trampa: de acuerdo con la versión de El Comercio, tal como se comprobó al verificar las propiedades del documento, el voto favorable a Telefónica no había sido elaborado por él, sino por por el entonces director de Estrategia y Regulación de la trasnacional española, el abogado José Juan Haro Seijas. Y que dicho documento fue elaborado en la empresa.
A Torrey lo cesaron y, tiempo después, se descubrió que Rómulo León Alegría había mandado cartas a Alan para presionar por el nombramiento de este funcionario.
Pues bien, ahora Torrey pretende volver. Informa El Comercio:
El pasado 19 de enero, el 4° Juzgado Constitucional de Lima admitió la demanda de Torrey contra la Presidencia del Consejo de Ministros y Osiptel, por “violar los derechos fundamentales del trabajo y el debido proceso”.
La demanda detalla que Torrey ha solicitado anular la Resolución Suprema N°319-2009-PCM, que dispuso removerlo de su cargo como director de Osiptel, “en tanto culmine el proceso administrativo”, es decir, la investigación en curso originada por esta denuncia.
En otras palabras, Torrey pretende volver vía un amparo. Habrá que ver si es que se afectaron derechos constitucionales o no en ese caso, pero lo cierto es que su situación sigue siendo complicada. De hecho, el Cuarto Juzgado Penal Anticorrupción abrió instrucción por el delito de concusión contra Torrey y Haro por estos hechos. Y el Procurador Jorge Caldas quiere que el proceso se amplíe por el delito de cohecho.
Sin duda, esto es uno de los extremos de lo que los expertos en regulación llaman captura del regulador. Pero hay que también atacar sus causas.
En un reportaje para Perú Económico, Gonzalo Carranza señala las causas de este problema, que, a su vez, permitieron la venta de Telefónica al precio elevado que tuvo: “las características del contrato de concesión que se le otorgó a Telefónica y cómo éstas influyeron en la actual estructura del mercado de telecomunicaciones local, en el cual una sola empresa, integrada vertical y horizontalmente, es claro líder en todos los servicios ofrecidos”.
Frente a ello y dado que la empresa ya es difícil de partir a estas alturas del partido - ya han pasado 16 años -, se propone esta solución:
Si bien ha habido esfuerzo para un despliegue de redes propias por nuevos jugadores –notorio y exitoso en la telefonía móvil, incipiente y trabado en las redes fijas residenciales– la regulación se ha topado una y otra vez con las dificultades asociadas a tratar de imponer a una empresa dominante e integrada vertical y horizontalmente la obligación de compartir infraestructura. Las medidas tradicionales, como el establecimiento de cargos de interconexión sobre la base de costos o la realización de pruebas de imputación para evitar prácticas de estrechamiento de márgenes, han demostrado ser de una complejidad que no va de la mano con la rapidez del cambio tecnológico y de las estrategias comerciales de las empresas.
El cambio de enfoque regulatorio, aun manteniendo la estructura de mercado actual, podría darse en el marco de la adecuación a los capítulos de competencia de los tratados de libre comercio, como el firmado con Estados Unidos, que establecen la obligatoriedad de la compartición de infraestructura y la determinación de proveedores importantes a los que se aplica ésta. Si bien a nivel normativo y formal estos avances se vienen dando, un vigoroso enforcement de parte del regulador –apoyado política y presupuestalmente por el Estado– podría darle un nuevo aire a la competencia.
A ver si hacemos esto en lugar de producir comerciales. ¿Ocurrirá un lunes cualquiera?
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