Archivo de 23 Marzo 2010

Nuevamente, como es costumbre en los últimos años, el Tribunal Constitucional nos ha legado una sentencia bastante controvertida por sus alcances judiciales y políticos.

La semana pasada, el TC emitió una sentencia bastante controvertida sobre el arancel del cemento, a partir de una demanda de amparo interpuesta por la empresa Cementos Lima. El Tribunal indicó que se había afectado el derecho a la igualdad ante la Ley de esta empresa y que el arancel (el impuesto que pagamos cada vez que importamos un producto), que había sido bajado a 0% debía ser restituido al nivel que tenía antes, es decir 12%.  Semanas atrás, el diario Perú.21 había alertado sobre esta posibilidad.

Desde el punto de vista jurídico, la sentencia es cuestionable desde cuatro puntos de vista: 1. Fundamentar que se debe proteger al productor nacional, cuestión que no está contemplada en la Constitución actual, 2. la fundamentación sobre la existencia de un derecho ante la igualdad ante la Ley y sus alcances, 3. la falta de análisis de la norma arancelaria desde las funciones constitucionalmente asignadas (es decir, si se dictó bien o no la norma) y 4. subir el arancel como parte de la sentencia, dado que es una función exclusiva del Poder Ejecutivo.

A ello se han sumado cuestionamientos de otro tipo. Jaime de Althaus y Ricardo Lago han señalado la existencia de un presunto plagio de una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, mientras que los economistas de distinto signo discuten sobre la conveniencia de la medida en el contexto de apertura comercial de la economía peruana. A ello se suman los problemas que puede traer al país esta sentencia, en relación con acuerdos comerciales que ya tienen aranceles comerciales consolidados, o con los tratados de libre comercio.

Incluso se ha recordado la guerra comercial entre Cementos Lima y Cemex, época en la que la empresa peruana contrató a Business Track, aunque la misma ha desmentido que dicho contrato haya implicado actividades ilegales.  De hecho, la hipótesis que tuvieron los periodistas Fernando Ampuero y Pablo O’Brien era que Cemex habría sido favorecida indebidamente por Hernán Garrido Lecca, entonces Ministro de Vivienda y Construcción y que ello habría generado el espionaje industrial que abarcó a varias actividades. Esta hipótesis tampoco ha podido ser demostrada hasta el momento.

Para añadir más castañas al fuego, el Presidente de la República dijo que era necesario delimitar las funciones del Tribunal Constitucional y hasta insinuó presiones económicas sobre el TC para dictar la controvertida sentencia.

Mi opinión sobre todo este caso es que la conveniencia económica de la rebaja de aranceles no es materia constitucional y que se notan forzados los argumentos del Tribunal. Es decir, jurídicamente me parece una pésima sentencia.  Sin embargo, ello no debe implicar, sin pruebas, la acusación a los miembros del TC de haberse sometido a una presión económica indebida y menos aún, una “delimitación” de funciones que suena a lo que muchos legisladores han pretendido hacer desde hace años: cortarle las alas a un Tribunal que otrora utilizó sus facultades de interpretación para excelentes sentencias y que ejerce una labor de control del poder político.

En ello, le doy la razón al constitucionalista Samuel Abad, quien señala que lo deben hacer los otros poderes del Estado es mejorar la calidad de los miembros del TC, es decir, poner más ojo en la selección de los magistrados. El proceso anterior, en el que se eligió a 4 magistrados, tuvo un funesto papel de Aurelio Pastor y Mercedes Cabanillas, que no solo culminó en escándalo, sino también en una mala elección de personas.

Por cierto, hoy el Congreso deberá elegir, entre tres juristas, a dos nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Esperemos que los escogidos sean los idóneos.

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