Archivo de 16 Marzo 2010

Vía Andina:

El Gobierno dio por concluido hoy el nombramiento de Aurelio Pastor como ministro de Justicia, mediante Resolución Suprema Nº 075-2010 PCM firmada por el Presidente de la República, Alan García Pérez.

“Se ha visto por conveniente dar por concluido el mencionado nombramiento”, indica la Resolución Suprema.

La referida norma, recordó que mediante Resolución Suprema Nº 168-2009-PCM de fecha del 11 de julio de 2009, se nombró al señor Aurelio Pastor Valdivieso, Ministro de Estado en el Despacho de Justicia.

La Resolución Suprema que también lleva la firma del Presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, le da las gracias a Aurelio Pastor por los importantes servicios prestados a la Nación.

Es la primera vez en lo que va del gobierno que botan a un Ministro de Estado. Todos los anteriores que salieron lo hicieron por renuncia o por cambios ministeriales conjuntos.

Horas antes de que lo sacaran, Pastor emitió su bravata frente al grupo El Comercio, al que acusó de presionar para su salida del cargo. A las pocas horas, minutos antes de su salida, Jorge del Castillo y Omar Quesada dijeron que dichas declaraciones fueron a título estrictamente personal, lo que lo dejó sin piso, por lo menos, en público.

Mientras, Crousillat sigue prófugo y su abogado sigue lanzando bravatas.

¿Quién reemplazará al Ministro de Justicia? Hasta ahora, esta es la gran duda. Mientras esperamos, un video de La Mula como despedida para Pastor:

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Hace algunas semanas, comentamos por aquí el comunicado de un grupo de intelectuales y profesionales que apoyaron a Ollanta Humala.  Dicho comunicado inició un debate en el que han intervenido dos de los firmantes de dicho documento, Alberto Adrianzén y Nicolás Lynch, en posiciones un tanto divergentes con las de Martín Tanaka, Alberto Vergara y Eduardo Dargent. También han participado Nelson Manrique, Carlos Melendez y Gonzalo Gamio desde otras perspectivas.

He seguido este debate con atención, debido a que, luego de mucho tiempo se han procurado discutir ideas sobre el rol de los científicos sociales y su vinculación con la política. Era un debate pendiente desde los años ochenta cuando, tanto en izquierdas como en derechas, varios de los científicos sociales se adhieron a partidos o proyectos políticos. Aunque creo que por momentos se ha visto entrampado por adjetivos que han llevado a respuestas bastante cargadas.

Desde el punto de vista del lego, creo que las conclusiones a las que se pueden arribar son las siguientes:

1. El intelectual y la militancia: Para mi, este es un punto con una conclusión más o menos fácil de arribar. Ciertamente, al estar inserto dentro de una sociedad, el científico social puede tener o no preferencias políticas y está en su derecho de adherirse o no a determinada postura política.

Pero creo que la misma debe ser hacia un proyecto y no a un personaje. El error de Adrianzén, Lynch y otros fue adherir a un caudillo antes que intentar construir un proyecto político y las explicaciones que han dado hasta ahora parecen ser la excusa para abordar lo que parece ser un tren de “la última oportunidad” que una generación tendría para alcanzar el poder y llevar a cabo sus ideas. Y también creo que Tanaka tiene el pleno derecho de no ser militante de partido alguno, dado que ninguno se amolda a sus ideas. Ser político no implica adherir necesariamente a un partido.

2. El rigor académico y la militancia: Coincido aquí con un comentario de Eduardo Dargent: la mejor forma de evaluar la producción de un académico es revisando lo que ha publicado. Y es allí donde se puede ver sí, independientemente de ideas, el científico social - y en general, cualquier académico - cumplió la chamba de tener conceptos claros, un método y, en el caso de sociólogos y politólogos, si es que han analizado la realidad o han tratado de calzarlas en sus esquemas mentales. Un ejemplo de ello es lo que ha hecho Dargent al analizar los recientes libros de Adrianzén y Lynch, indicando ideas con las que está de acuerdo y otras con las que no.

Pero también se puede aplicar a libros del otro lado del espectro político. Roberto Bustamante ha señalado varias veces los defectos de los libros de Hernando de Soto (ver aquí y aquí) y Julio Cotler ha hecho lo mismo con el libro de Jaime de Althaus sobre la “revolución capitalista”. Tan igual que en el lado zurdo, aqui tenemos a dos intelectuales que procuraron, antes que emplear un método, adecuar los hechos a sus ideas. Como vemos, es en este terreno sobre se debe conducir el debate, antes sobre si “el intelectual comprometido” es mejor o peor per se.

3. El concepto de democracia y la transición: Finalmente, creo que es sobre este punto donde se han presentado las mayores divergencias. Desde las críticas de Adrianzén y Lynch, se señala que la transición peruana debía comprender también un cambio en el modelo económico y que los presidentes siguientes traicionaron ese compromiso. Y se indica que el parámetro para medir la democracia que emplean los politólogos Vergara y Dargent es una mera justificación de desigualdades sociales o su compromiso con la economía de mercado.

Considero que, a diferencia de la transición de los años setenta, donde el componente económico y social era importante, en la del 2000, fue la reacción frente a una dictadura de nuevo cuño como la de Fujimori - o autoritarismo competitivo, que parece ser el término más preciso en ciencia política, lo que no quita para nada sus atrocidades -, tanto desde dentro como fuera del país lo que precipita su caída, sumado a una recesión que Fujimori no puede controlar debido a sus intentos reeleccionistas.

De allí que los componentes centrales de la transición fueran esencialmente políticos - corrupción, derechos humanos, eliminación de la reelección inmediata, descentralización -. Y sus componentes económicos fueran, antes que la búsqueda de un nuevo modelo, reformas puntuales que apuntaran a la mejora de los mecanismos de mercado.  Obviamente me refiero aquí a Paniagua y a Toledo, García ya sabemos que se le fue la mano, como a todo converso.

Finalmente, como aclara bien Dargent, el concepto empleado para medir cuando un Estado es democrático o no implica una serie de mínimos sobre la materia, no una valoración sobre si se deben valorar o no los estándares sociales. Y en ese concepto, se concluye claramente que el gobierno de Fujimori no fue democrático.

Pero ciertamente, el punto que rescato de Adrianzén y Lynch es que la democracia debe ser eficaz en resolver los problemas de las personas y es en ello donde al Estado peruano le ha faltado más ímpetu en estos años. De allí que comparta parte de sus críticas, pero creo yo que, más que en el mercado, deben estar vinculadas a la forma como el Estado se vincula con los ciudadanos.  Y de allí que, además de las cruzadas anticorrupción y los deslindes necesarios con el fujimorismo y la corrupción, sea necesario que nuestros políticos nos digan como harán para que el Estado no nos genere más problemas y colabore - ojo, no haga  todo - para que los nuestros comiencen a solucionarse.

MAS SOBRE EL TEMA:

Roberto Bustamante: Whatever happened to the intelectual comprometido

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