Esta noche fue publicada una nota de prensa del Instituto de Defensa Legal. La misma contiene una versión sobre quienes habrían sido las personas que hicieron la evaluación al Fiscal Avelino Guillén. De confirmarse todo el contenido de la misma, significaría un hecho grave en la evaluación de magistrados, dado el conflicto de intereses evidente de uno de los evaluadores.
Durante el día, este blog ha podido corroborar algunas de las informaciones que hoy aparecen en esta nota de prensa. Los hechos centrales mencionados por el IDL son los siguientes:
1. Abogados litigantes se encargaron de la elaboración de exámenes de magistrados y calificación de los mismos.
2. Según IDL, se convocó inicialmente al abogado Raúl Ferrero Costa. Este a su vez, habría recomendado para que lo apoyaran a sus colegas Leysser León y Mario Amoretti Pachas.
3. Para la ong, el caso de Amoretti es el más grave, dado que es abogado patrocinante de casos de violaciones de derechos humanos y corrupción. (De hecho, según pudimos corroborar en la web del SEACE, Mario Amoretti ha sido abogado de varias causas sobre violaciones de los derechos humanos). Sus socios, los abogados Luis Roy Freyre y Luis Roy Gates, defienden a Rómulo León. Y, peor aún, Amoretti litigó (y perdió) ante Guillén por los casos vinculados al ex testaferro de Vladimiro Montesinos, Alberto Venero Garrido.
4. Asimismo, IDL considera que existen demasiadas irregularidades en todo el proceso, más allá del caso de Guillén, que lo invalidan: permitir la postulación de magistrados que se presentan como abogados, postulantes declarados aptos sin haber realizado el curso obligatorio de la Academia de la Magistratura, entre otras.
5. Frente al tema puntual de Guillén, se sugieren dos opciones: la corroboración del examen por parte de Amoretti y el fiscal y una segunda opinión de un penalista de nota.
Con relación a la declaración del fiscal Tomás Aladino Gálvez Villegas sobre las reuniones con el Consejero Efraín Anaya Cárdenas, el Consejo Nacional de la Magistratura en sesión continuada de la fecha, a mérito de lo actuado y estando a los Informes de la Oficina de Asuntos Legales del CNM N° 035 y 036-2010-OAL-CNM, a los aspectos tratados durante la sesión y a la propia solicitud del Consejero Anaya Cárdenas ha acordado:
Primero: Remitir todo lo actuado en esta sede al señor Presidente del Congreso de la República y a la Fiscalía de la Nación para los fines de ley, de conformidad con el artículo 99° de nuestra Carta Constitucional y la ley 27399.
Segundo: Aceptar el pedido de abstención que formuló el Consejero Efraín Anaya Cárdenas de seguir participando en el Concurso 003-2009-CNM para la provisión de plazas de Jueces y Fiscales Supremos.
Tercero: Reprogramar las entrevistas de los postulantes en la Convocatoria 003-2009-CNM para Jueces y Fiscales Supremos hasta nueva fecha, a efecto de un mejor estudio de los expedientes y atender los procesos de Evaluación y Ratificación en trámite.
A las pocas horas, en RPP, Mario Amoretti Pachas reconoció que fue parte de la evaluación, aunque señaló que no supo quien lo recomendó. Negó haber desaprobado al fiscal Guillén con intencionalidad. También indico que el CNM deberá presentar los documentos para saber si la evaluación es correcta. Y señaló claramente que desde hace 5 años interviene en los procesos del Consejo Nacional de la Magistratura.
Finalmente,según Prensa Libre, el estudio Oré Guardia descartó de plano su participación en el proceso de evaluación, pero hay otros abogados involucrados. El abogado Julio Rodríguez Delgado, -quien fue abogado en el caso de Manuel Delgado Parker ante el sistema anticorrupción - reconoció que participó en la evaluación de los candidatos al CNM, en lo que se refiere a la revisión de la memoria de los magistrados. Esto implica otro reconocimiento que abogados litigantes participan en el proceso de evaluación. Raúl Ferrero Costa ni negó ni confirmó su participación en el proceso de evaluación. Otros abogados mencionados fueron José Luis Castillo Alva y Mario Amoretti Pachas.
Más allá del caso de Avelino Guillén, esto es grave y tiñe de suspicacias el proceso de selección de magistrados. No es posible que abogados litigantes evaluen a quienes van a resolver sus casos. Esto es un sistema realmente perverso. Y como es obvio, el concurso, además de suspendido, debería ser anulado.
Si el concurso para jueces y fiscales supremos ya era cuestionado a raíz del caso del fiscal Avelino Guillén, lo que hoy destapa El Comercio es una auténtica bomba:
Lo que era un extendido rumor en las altas esferas del sistema judicial parece confirmarse. El actual integrante del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) licenciado en enfermería Efraín Javier Anaya Cárdenas (50) habría incurrido en graves actos de corrupción al pedirle “incentivos económicos” a un alto funcionario del Ministerio Público a cambio de apoyarlo y favorecerlo en el concurso que dicho organismo viene realizando, desde fines del año pasado, con la finalidad de elegir a los próximos tres integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, proceso que se encuentra en la recta final y que estaría plagado de irregularidades y malos manejos.
El Comercio conoció que este hecho ha provocado un terremoto en el corazón del CNM, la institución encargada de fiscalizar, nombrar y destituir a fiscales y jueces en todo el país. La gravísima denuncia, que en las próximas horas podría derivar en el inicio de una investigación contra Anaya, fue realizada la semana pasada por el fiscal supremo adjunto en lo penal Tomás Aladino Gálvez Villegas (50), quien actualmente ocupa uno de los primeros lugares en la competencia para convertirse en fiscal supremo titular, y quien al parecer estaría siendo sometido a fuertes presiones para retractarse de su acusación inicial.
La historia es la siguiente: Galvez Villegas se contactó con el consejero Anaya y el viernes 5 de febrero se habría producido lo siguiente:
El fiscal Gálvez comenzó a preguntarle al consejero Anaya sobre sus posibilidades en el concurso y las opciones del resto de candidatos que se encuentran en carrera para ganar uno de los tres cupos en la fiscalía suprema. Anaya respondió que la competencia ya estaba casi decidida y que habían magistrados favoritos que tenían el puesto asegurado, no obstante que el proceso concluye a fines de mes. Sin embargo, Tomás Gálvez volvió a la carga y le preguntó si podía apoyarlo con su voto para cuando llegara la etapa crucial del proceso. Las fuentes revelaron que el consejero Anaya le dijo de forma poco sutil que el proceso se ganaba con incentivos económicos. “Acá se elige a los magistrados por su poder político o por su poder económico. ¿Cuál de los poderes tiene? Creo que usted no tiene el primero, pero sí el segundo”, le dijo Anaya, según lo narrado por Gálvez ante el CNM.
Según corrobora La República, hasta el momento Gálvez Villegas lidera el ranking por las plazas a fiscales supremos. Obtuvo la nota más alta en la prueba escrita (96 de 100 puntos). Y parece que aun así no estaba en el bolo de elegidos. De allí que la propuesta de Anaya denote que hay algo que no está corriendo bien en este proceso. Y claro, Galvez tampoco debió acercarse a uno de los consejeros que está en la Comisión de Nombramiento de Magistrados para interceder por su caso.
En declaraciones a Ideele Radio, Mansilla indicó que la denuncia había sido presentada inicialmente por el fiscal Galvez ante dos consejeros, de modo verbal. El Presidente del CNM hizo constar la denuncia por escrito y la comunicó a todos los miembros del Consejo, que rechazaron lo ocurrido. El caso es que Anaya estaría a un tris de salir del CNM, dado que ya se está evaluando la forma de procesarlo.
A ello se suma la grave denuncia hecha ayer por Rosa María Palacios, quien indicó que entre los abogados evaluadores de jueces y fiscales - el CNM ha semi tercerizado su labor - habrían algunos con conflictos de intereses serios con algunos de los evaluados.
El grave problema es que, a la luz de estas evidencias, el concurso para vocales y fiscales supremos ha quedado empañado. Y no nos quedan dudas que debe volver a hacerse. La credibilidad del Consejo Nacional de la Magistratura ha quedado en entredicho y lo ocurrido nos debe hacer repensar, no sobre el mecanismo de nombramiento en sí, que sigue siendo lo óptimo, sino en la poca importancia que le estamos dando a una entidad que nombra a los magistrados que resolverán nuestros conflictos judiciales.
Que los fiscales o los jueces en el Perú sean respetados es casi una situación excepcional. En realidad, abogados y no abogados aconsejamos no resolver problemas en el Poder Judicial por las razones que ustedes conocen: básicamente, que el problema demorará en resolverse un tiempo más largo que el que evocamos en el Himno Nacional.
1. El examen escrito tuvo como contenido el caso Kouri - Montesinos, en el que Guillén fue fiscal, ganó el caso y no fue refutado por César Nakasaki. Además, Guillén obtuvo en el 98% de casos que ha seguido por corrupción una sentencia condenatoria.
2. Las reglas del concurso señalan que la prueba escrita es incinerada y que solo queda el informe final elaborado por el abogado encargado de la evaluación, a quien el evaluado no conoce. Digamos, la transparencia queda de lado en este tipo de concursos.
3. Guillén ha recibido información confiable sobre declaraciones de un líder aprista que indicó que algunos sectores del gobierno no estaban de acuerdo con su labor. ¿Será temor por procesos que vengan luego del 2011?
Como que en el Consejo Nacional de la Magistratura deberían repensar cual es el modelo de magistrado que quieren. Si uno servil y poco capacitado o alguien que ejerza el oficio con solvencia, probidad y profesionalismo. Tal parece que quisieran quedarse con el primer modelo.
A todos nos caben pocas dudas que la corrupción es el mayor problema que tiene este gobierno. De allí que no solo no tenga vocación para enfrentarla, sino que también no se duda en sacar, por cansancio o a la brava, a quienes denuncian estos casos o luchan con ellos desde el Estado o desde fuera.
Algunas cosas raras vienen pasando en relación con América Televisión. El canal quiere ser recuperado por el irregularmente indultado José Enrique Crousillat, a pesar que legalmente no puede volver a tener la emisora. Y aquí comienza lo raro. Informa El Comercio:
En una decisión sorprendente, el presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega, sacó al juez Domingo Sánchez Medina, quien veía una acción de amparo interpuesta hace unos días por los propietarios de América TV y que busca frenar una amenaza contra el canal por una eventual acción en contra de la administración y la propiedad del canal, denunció ayer el programa “Prensa Libre”.
Según el programa, el sábado pasado se publicó en “El Peruano” una resolución del titular de la Corte de Lima en la que remueve a Sánchez Neyra (el cambio fue en plenas vacaciones judiciales). En su reemplazo, Vega Vega colocó a Carlos Isidoro Solano Tenorio, un juez suplente suspendido por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), debido a presuntas irregularidades funcionales, ya que se había parcializado en favor de los hermanos Samuel y Mendel Winter en un proceso que le interpusieron al propietario de Frecuencia Latina, Baruch Ivcher.
Además de irregular, esta cuestión constituye un deja vu de otra resolución que Vega Vega tomó en noviembre de 2009. Así informó (con otros datos del CV del juez) La República:
César Vega Vega, presidente de la Corte de Lima, concedió licencia con goce de haber a Carlos Isodoro Solano Tenorio, juez supernumerario del 10º Juzgado Constitucional de Lima, pese a que el magistrado fue suspendido por la Oficina de Control de la Magistratura por presunta inconducta funcional.
Precisamente, Solano Tenorio tiene dos investigaciones preliminares en la Ocma, la primera por ordenar al Registró Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) restituir la identidad y DNI al corredor de autos y dueño de la aerolínea Peruvian Airlines, César Ricardo Cataño Porras.
La otra es por conceder una medida cautelar a favor de los hermanos Winter Zuzunaga. Asimismo, el juez ha sido cuestionado por suspender la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que el Grupo Wong iba a realizar sobre las acciones de la compañía Industrial Andahuasi S.A., empresa azucarera ubicada al norte de Lima.
Claro, ante la denuncia, Vega Vega tuvo que dejar sin efecto la licencia. Pero sorprende el sistema que emplea de los llamados “jueces supernumerarios”:
Según la Ocma, el juez Solano Tenorio por ser supernumerario (suplente) es rotado de acuerdo al criterio de la Corte y da la casualidad que siempre llega a resolver casos picantes y luego es cambiado nuevamente.
Este sistema de Vega Vega me recuerda mucho al de los jueces suplentes en la última parte del fujimorato. Se ponían a magistrados cuya permanencia pendía de un hilo y que tenían denuncias para resolver papas calientes en donde el gobierno tenía algún interés.
De allí que no sorprenda que medios afines al gobierno o que han querido bajarle la llanta al tema de los Petroaudios desde el vamos, como Caretas y Correo, ataquen a la directora y conductora de Prensa Libre. Y que dichos ataques incluso implicaron al diario La Razón, que inventó una falsa fuga de Rosa María Palacios y su esposo hace un año. Y mientras más cosas saque Prensa Libre - o Cuarto Poder, el programa en el que fueron difundidos los primeros petroaudios - van a ajustarlos más.
Entre tanto, IDL-Reporteros obtuvo la siguiente foto de José Francisco Crousillat con su hija Marisol, en la playa Las Lagunas, donde pasaron las fiestas de fin de año, celebrando la estupenda salud del magnate de las coimas montesinas.
Cada vez que Alejandro Toledo viene a Lima, alborota el escenario político. Esta vez lo ha hecho con un “estoy pensando mi candidatura” que suena a futuro lanzamiento a la carrera presidencial. Y más allá de factores familiares, Toledo está pensando en si su candidatura puede tener la fuerza necesaria.
¿Que factores pueden ayudar a que Toledo pueda tener opciones? Para comenzar, el hecho de no ser primero en las encuestas en este momento le ayuda a calcular mejor sus pasos, a tener menos reparos en ser más táctico y con menos presiones. El ex presidente, además, ha sido un candidato que ha remontado situaciones bastante difíciles y capaz de ser dúctil con cada segmento al que se dirige. De hecho, ha sido el único en ganarle una elección a Alan García, cuestión que éste no perdona.
Otra cuestión que Toledo consideraría entre los pro de su candidatura es la imagen que deja su gobierno vista desde la distancia. Para un sector importante de la población, la estabilidad económica, el crecimiento, los precios de los productos de primera necesidad sin mayores alzas y un mayor compromiso que el gobierno actual con fortalecimiento democrático y derechos humanos podría ayudarle, sobre todo, en sectores medios. A ello debe sumarse que no despertaría mayores sobresaltos entre los empresarios, dado que sabemos que en política macroeconómica se mantendría el esquema actual, con algunos ajustes.
Aquí el dicho del “malo conocido…” puede convencer a una parte del electorado de ser “el mal menor” en esta elección, dado que no se vislumbra a alguien de “fuera del sistema” que tenga mayor vuelo o recambio. (Bayly parece estar, en estos momentos, amarrado por su peor enemigo: él mismo).
¿Dónde están las debilidades de Toledo? El hecho que, a pesar de los logros de su gobierno, el mismo haya sido bastante impopular, debido al tratamiento de temas personales - el tardío reconocimiento de su hija Zaraí o cada vez que su esposa Eliane daba alguna declaración polémica -, a malos ministros (por cada PPK o Rospigliosi había también un Javier Reátegui) y a torpezas que ganarían el campeonato mundial de la frivolidad política.
Todo ello es cierto y creo que Toledo es indefendible en estas cosas que constituyen su principal pasivo. Pero Alberto Vergara introduce un factor a considerar, ¿desde dónde se evalúa a Toledo?:
Así, desde el inicio sembró antipatías a partir de su frivolidad, pero, para ser justos, también recibió una evaluación bastante frívola. Se le juzgó por huachafo, por engolar la voz, por dar vueltas en el avión parrandero, porque según se decía no pagaba las cuentas en los restaurantes, porque se escapaba cada vez que podía a Punta Sal, por coger los hielos del whisky con la mano, por la corbata verde, por su amargada mujercita y por su familia digna de Al fondo hay sitio.
Pero otro punto que menciona Vergara es otro factor que puede reducir las opciones toledistas:
A Toledo, entonces, se le ha pituqueado el electorado. Los nostálgicos de hoy son ideológicamente moderados y socialmente pudientes. Su potencial elector, en definitiva, se parece al de Valentín Paniagua, y si Toledo no desarrolla una estrategia sólida puede terminar pareciéndose también a don Valentín en el resultado electoral final. Así, la futura candidatura de Toledo tiene un destino abierto.
¿Cómo hará Toledo para reenganchar con ese sector que ahora lo vería como alguien que es más de lo mismo? Es una buena pregunta. Hasta el momento, el ex presidente no ha salido más allá en sus definiciones y en como convencerá a varios de que es una persona con más sensibilidad social que su sucesor, al que ahora, a su vez, quiere reemplazar. De hecho, las críticas de sus ex colaboradores que ahora están en el coche humalista apuntan a ese sentido.
Mientras tanto, el ex presidente sigue apostando a ser un candidato sin decirselo a nadie, aunque todos en el fondo sepamos que se lanzará.
Ese tribunal tenía partida de nacimiento en 1979, pero en realidad nació en 1982, con otro nombre. Y fue un nacimiento comatoso, dado que, salvo pocas veces en que daba muestras de vida, no cumplió con la misión para la que fue encomendada. Vino un golpe (de Estado) y entró en estado vegetativo. Le dieron otra partida de nacimiento en 1993 y volvió a la vida en 1996.
Al año siguiente, como tres de los muchachos que lo hacían operar osaron decir que el emperador de aquel tiempo - aunque hacía acordar a los tiempos del shogunato - no se podía reelegir por segunda vez, un constitucionalista beodo encabezó la salida de los tres magistrados, destituidos por el Congreso más servil que ese país vio en mucho tiempo (y eso que había visto varios). Durante 3 años, el TC estuvo cojo.
Cuando el emperador se fugó a Japón (viaje del que solo volvería para pisar una prisión), los tres destituidos fueron repuestos. Y al poco tiempo, el Congreso nombró a cuatro magistrados más. Si bien hubo algo de cuoteo político, lo cierto es que los elegidos eran hombres justos y que desempeñaron su cargo no sin cierta dosis de audacia. De comatoso, el Tribunal Constitucional pasó a ser el organismo con más vida de todos los que existían: resolvía conflictos de años, defendía derechos constitucionales y, no lo olvidemos nunca, hizo que los juicios por terrorismo del conflicto que asoló el país andino aquel se comenzaran a conducir con reglas de país civilizado, lo que trajo buenos resultados.
Hasta que vino otro emperador. Uno que antes había llevado al país a la ruina y que ahora, por paradojas del destino - y de un apoyo caraqueño - se convertía en el mal menor. Y durante su periodo se tenían que reemplazar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.
Al final, todo tuvo que volver a fojas cero. Se eligieron a cuatro nuevos magistrados, pero el TC perdió el activismo que tenía e incluso comenzó a retroceder en su jurisprudencia.
El señor de la foto (not Sedapalito) se llama Guillermo León Suematsu. Hasta hace un par de días, era Viceministro de Saneamiento y Presidente de Sedapal. Pero un par de escándalos lo han mandado a su casa, con resolución de aceptación de renuncia y una denuncia del propio gobierno ante el Ministerio Público.
Pero este no es el único caso que merecería la atención de las autoridades. Hace tres años, Roberto Bustamante, Marco Sifuentes y este blogger dimos a conocer la trama que vinculaba a Abraham Levy con un falso Fenómeno del Niño y algunas cosas raras que pasaron en el 2007. El resumen del caso, vía Utero.pe:
Si bien Levy no concretó su convenio con el Ministerio de Vivienda, si tuvo un premio consuelo. Y ese premio consuelo tuvo que ver con Sedapal. Del archivo de este blog (27 de abril de 2007):
Según se puede apreciar en el portal del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Compras del Estado (SEACE), SEDAPAL contrató los servicios de Información para la Acción, asociación civil dirigida por el consultor en temas agrarios Fernando Cilloniz Benavides y que cobija a Infoclima, la consultora meteorológica dirigida por Abraham Levy - que no tiene personería jurídica propia. El monto de lo pagado: S/. 10,000.00.
Hay algunas cosas bastante extrañas en todo esto.
La primera, es la fecha de otorgamiento de buena pro: 22 de agosto de 2006. Exactamente 18 días después que Infoclima iniciara su campaña mediática en el diario Correo, a contracorriente de lo que decían los entes estatales que ven el tema climatico y del Fenómeno del Niño. Ello explica porque la consultoría no la paga el SENAHMI o el Equipo multisectorial encargado del Estudio del Fenómeno del Niño, sino una empresa estatal, que está a cargo, adivinen, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es decir, del Ministro amigo de Abraham Levy.
La segunda, tiene que ver con la persona que actualmente está a cargo de SEDAPAL: Guillermo León Suematsu.
León ha sido Gerente General de SEDAPAL y su Presidente desde el gobierno anterior. Sin embargo, desde la llegada de Garrido Lecca a Vivienda, también ha aumentado sus funciones: hasta ayer, que se le aceptó la renuncia (26 de abril de 2007, nota de DTP), fue el Director General de Saneamiento del Ministerio de Vivienda y Construcción. De esta Dirección depende Agua Para Todos, el programa donde se ubicó al cuestionado Carlos Arana Vivar.
León tiene algunas cosas que explicar. Por ejemplo, La Ventana Indiscreta reveló, en febrero de 2005, que León fue uno de los promotores del proyecto Marca II, que fuera cuestionado por innecesario durante el Gobierno de Valentín Paniagua.
Otra cosa que tendrá que explicar León es su firma en el cuestionado contrato de publicherrys hechos por los diarios fujimontesinistas de la familia Wolfenson a favor del Ministerio de Vivienda y Construcción. Contrato por el que seguramente será invitado a la Comisión de Fiscalización del Congreso, encargada de hacer la investigación del caso.
Y, en relación con nuestra denuncia de hoy, quizás León tenga que explicar la pasada de franela que le hace Abraham Levy, el beneficiado por el contrato hecho por la empresa que dirige, en una columna de hace unos días:
“Al igual que el casi clandestino anuncio de Marca IV que mi amigo Guillermo León, presidente de SEDAPAL, ha hecho de conocimiento público“.
El rollo en resumen: el Congreso aprobó en diciembre un bono extraordinario para militares y policías con una porción del saldo no gastado del presupuesto; la ministra Mercedes Aráoz criticó el proyecto; el ministro de Defensa, Rafael Rey, criticó a Aráoz; Rey retrocedió al saber que el premier Javier Velásquez y el presidente García respaldaban a Aráoz; igual, la comisión permanente del Congreso aprobó la ley; plantón militar-policial en el MEF; anuncio de la observación de la ley con tremendo aviso del presidente en el que le demanda al Congreso “responsabilidad económica para servir a los más pobres”.
Se equivocaron los que creyeron que ahí terminaba el tango. Anteayer, la Comisión de Defensa del Congreso aprobó –trece votos a favor, uno en contra– proponer al Pleno que insista en la ley del bono, lo que requeriría el voto de 61 parlamentarios en la Legislatura que empieza en marzo. Lo insólito es que entre los trece estaban Luis Giampietri –justo cuando también era presidente interino por el viaje de García a Quito–, Luis Negreiros, Edgar Núñez (el de Alas Peruanas) y Mercedes Cabanillas, quien preside, nada menos, la comisión política del Apra.
A su vez, el presidente del Congreso, Luis Alva Castro, hizo ayer una extraña declaración para “descartar cualquier confrontación con el Ejecutivo por el bono a la fuerza armada” –¿y cómo le llamamos a este sainete, don Lucho? ¿‘maniobras de entrenamiento militar’?– y justificar la insistencia en la ley.
De los cuatro parlamentarios mencionados, tres son “defensores ad hoc” de “temas militares y policiales”. Y pongo el entrecomillado porque los mismos abarcan materias tan diversas como el aumento de sueldos a militares y policías, búsqueda de amnistías en casos de derechos humanos del pasado, aumento del presupuesto para la renovación de armamento y su oposición a toda reforma dentro de los institutos armados. Como vemos, allí se juntan revindicaciones legítimas con cuestiones inaceptables para una democracia o para el control democrático de las Fuerzas Armadas. Me refiero, claro está, a Giampietri, Nuñez y Cabanillas.
El caso del voto de Negreiros se debe tanto a que es el actual presidente de la Comisión de Defensa como un usual revindicador de los aumentos de sueldos de los funcionarios públicos, dado su pasado como dirigente sindical.
De todos, a quien le ha caido el fuego más graneado es a Giampietri. Miembros del gobierno y aliados mediáticos usuales del mismo le han dado de alma por votar a favor de la controvertida norma. El habitualmente ponderado José Antonio García Belaúnde lo ha llamado “vicepresidente de la oposición”, Nidia Vilchez lo ha acusado de traidor al país y a la confianza del Presidente y el diario Correo lo criticó por no abstenerse en la votación, dado que él sería uno de los beneficiados con el bono, debido al régimen de cédula viva que tienen los policías y militares en situación de retiro. (En esto último, por cierto, el diario de Aldo M termina teniendo la razón).
Pero también pesa el hecho que Alan haya prohibido las peleas públicas entre compañeros. Si bien en Alfonso Ugarte están con ganas de sacarse los ojos, el Presidente les ha dicho que no apoyará a nadie que postule a cargos partidarios y que comience a sacar cosas de la interna aprista. Dado que de los cuatro parlamentarios de la bancada que votaron a favor del bono, el único que no es aprista es Giampietri. Y por más que sea el primer vicepresidente de la República, se ha convertido en la piñata de turno.
Y más allá del vicepresidente, ¿qué hará el gobierno con el tema del bono y de los sueldos militares y policiales? Esa interrogante recibirá respuesta en los próximos dias.
Esta foto de Pamela Acosta, que nos muestra lo que en vida fue el Ovalo Balta, le termina dando la razón al Morsa:
Las carreteras en medio de la ciudad además no ayudan a la integración de la ciudad, dividen los distritos, no permite que Lima se habite y más bien fuerza a la gente a vivir en sus casas o en un vehículo. Lo que va a pasar en Barranco con la vía rápida en la Avenida Bolognesi va a ser el mejor ejemplo: un distrito con una carretera por el medio. Así, ¿quién querrá cruzar la autopista? Lista la vía, muerto el pollo.
¿Cuál es el problema con las obras del Metropolitano en Barranco?
Que no se tomó en cuenta que Barranco no estaba preparado para recibir ese volumen de transporte.
¿La construcción de las estaciones o paraderos perjudica al distrito?
Por supuesto que sí. Los paraderos (del Metropolitano) que cruzarán el distrito representan un daño. Se trata de una zona de casonas, de valor histórico y cultural.
A ello, por cierto, añadámosle algo que hemos dicho aquí hasta el hartazgo: el Metropolitano se ha hecho sin un estudio de impacto ambiental aprobado. Es decir, la obra se ha hecho sin que al alcalde y candidato presidencial Luis Castañeda Lossio le importe los efectos que su magna obra tenga en el transporte, en el entorno social, en los vecinos y claro, en el tema de la contaminación ambiental.
Peor aún, Castañeda no ha dado la cara y la Municipalidad Metropolitana de Lima viene entorpeciendo ha dinamitado la Mesa de Diálogo para solucionar el tema. Ojo, los vecinos no se han quedado solo en la protesta, sino que también han presentado tres alternativas para solucionar el impacto del Metropolitano en Barranco.
Lo ocurrido con Barranco es la más seria afrenta que Castañeda ha tenido con Lima. Pero no es la única. Hace tres años y medio, ad portas de su reelección, Caretas criticaba así la gestión de Castañeda, sobre todo, en cuanto a costos de las obras que ahora quiere exhibir como principal haber:
La Vía Expresa de la Av. Grau ha costado S/. 106,5 millones cuando originalmente estaba presupuestada en S/. 59,5 millones, según denunció Gino Costa. La semaforización de la Av. Canadá S/. 1,5 millones en lugar de S/. 1 millón. El intercambio vial de Puente Piedra, S/. 20,9 en lugar de S/. 15 millones.
Pero la obra que se lleva las palmas, son las memorables piletas en el Parque de la Reserva.
La remodelación del Parque costó la bicoca de S/. 62 millones, cuando originalmente tenía la comuna presupuestados S/. 15 millones.
Desafiante Castañeda Lossio respondió: “Son las piletas más grandes y bellas del mundo”. E insólitamente afirmó durante el debate que no le habían costado “ni un solo centavo a la ciudad”. Entonces, ¿quién fue el generoso y huachafo donante?
Entradas (RSS)
