Los hechos ocurridos en el Consejo Nacional de la Magistratura y que hemos cubierto esta semana, más que una reflexión sobre un caso específico, debe motivar una inmediata revisión de la forma como esta institución ha venido llevando los concursos de nombramiento de magistrados.
Antes de comenzar, solo unas líneas finales sobre el caso del fiscal Avelino Guillén. Considero que tanto los defensores y detractores a ultranza hacen mal en concentrarse únicamente en este caso. Lo ocurrido con este fiscal puso sobre la mesa varias de las irregularidades ocurridas en el proceso. La central, para mi, es la incineración de su examen, que impide saber a ciencia cierta si es que rindió o no una buena evaluación. Si se hace una nueva evaluación, con mejores mecanismos de transparencia, se verá quien tiene o no la razón en torno a las condiciones de Guillén (si se presenta). El caso del fiscal ha sido el síntoma de que algo se ha venido pudriendo en el CNM desde hace mucho tiempo.
En el fondo, el fujimorismo pretende convertir a Guillén en un personaje inepto, para decir que la sentencia contra su líder fue inválida. (Repeat after me: Perdieron ante jueces transparentes, se acabó). Del otro, también se le pretende convertir en héroe con super poderes, cuando estamos hablando de una actuación destacada de un magistrado con defectos y virtudes. Guillén es un magistrado reconocido, de allí la extrañeza por su desaprobación, pero de allí a santificarlo o a tirarle piedras, me parece un severo error de concepto.
Ahora sí, vayamos a los temas de fondo de este proceso, que me parece mal llevado por los siguientes motivos:
1. PONER A ABOGADOS LITIGANTES A EVALUAR JUECES: Esto implica un severo conflicto de intereses. Y estaría igual de mal que Carlos Rivera o César Nakasaki se pongan a evaluar magistrados por encargo del CNM. ¿Por qué es un conflicto de intereses? Porque estos abogados van a resolver un conflicto ante uno de los magistrados al que examinan, haciendo o calificando el examen o su currículo.
2. PONER A JUECES A EVALUAR JUECES: Esta revelación, brindada hoy por El Comercio, pone otra irregularidad en la palestra. ¿Cómo magistrados van a evaluar a magistrados si es que el sistema pensado por la Constitución es que lo haga un organismo independiente y autónomo como el CNM?
3. SALTARSE REQUISITOS: Existen varias denuncias sobre postulantes que no han hecho el curso obligatorio de la Academia de la Magistratura para ascender o que, siendo magistrados, se presentan como abogados para no tener algunos requisitos. Y varios siguen en carrera.
Estas cuestiones de principio, sumadas a la denuncia por corrupción de uno de los miembros del CNM, deberían motivar que el concurso se tenga que volver a hacer con otras reglas.
¿Qué implican estas reglas mínimas? Mantener el sistema de evaluación mediante un caso práctico, pero que la misma tienda a ser oral, debido a que el proceso tiende a la oralización, y con un componente escrito de alegatos. Obviamente, garantizar que las pruebas escritas no se incineren y sean publicadas y las pruebas orales puedan ser filmadas y los videos colgados para observar la performance de cada postulante. También implica que sean los propios consejeros los que asuman su labor de evaluación y que el personal del CNM, ajeno a conflictos de intereses, sea quien elabore las evaluaciones. Esto, para salvar un proceso en el que, efectivamente, es necesario nombrar a Vocales y Fiscales Supremos Titulares.
Pero urgen cambios más de fondo. El Informe de la CERIAJUS, el mayor esfuerzo por diseñar una reforma judicial en el país, propone tres reformas centrales:
a) Cambiar la composición del CNM, por una en la que tengan más presencia los abogados, se garantice que empresarios y sindicatos tengan un asiento permanente y sean las facultades de Derecho más antiguas las que eligan al representante de las universidades.
b) Fiscalización permanente a los magistrados, elminando el sistema de ratificación cada 7 años.
c) Registro permanente de magistrados y postulantes, que contengan sus datos y evaluaciones. Este registro será abierto al público, salvo en aquello que vulnere la honra personal de los magistrados.
Pero de este lado también hay labores que hacer. Sobre todo, ponerle más atención a lo que pasan en organismos poco conocidos como el CNM. El que tengamos buenos jueces y fiscales redundará para que el empresario sienta que su inversión es más segura, que el paciente podrá llevar un caso de negligencia médica con confianza o que se procesen a delincuentes que violan los derechos de todos. Con una buena justicia ganamos todos, de allí que sea necesario que comencemos a preocuparnos más por ella.
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