Desde el Tercer Piso

Esta noche fue publicada una nota de prensa del Instituto de Defensa Legal. La misma contiene una versión sobre quienes habrían sido las personas que hicieron la evaluación al Fiscal Avelino Guillén. De confirmarse todo el contenido de la misma, significaría un hecho grave en la evaluación de magistrados, dado el conflicto de intereses evidente de uno de los evaluadores.

Durante el día, este blog ha podido corroborar algunas de las informaciones que hoy aparecen en esta nota de prensa. Los hechos centrales mencionados por el IDL son los siguientes:

1. Abogados litigantes se encargaron de la elaboración de exámenes de magistrados y calificación de los mismos.

2. Según IDL, se convocó inicialmente al abogado Raúl Ferrero Costa. Este a su vez, habría recomendado para que lo apoyaran a sus colegas Leysser León y Mario Amoretti Pachas.

3. Para la ong, el caso de Amoretti es el más grave, dado que es abogado patrocinante de casos de violaciones de derechos humanos y corrupción. (De hecho, según pudimos corroborar en la web del SEACE, Mario Amoretti ha sido abogado de varias causas sobre violaciones de los derechos humanos). Sus socios, los abogados Luis Roy Freyre y Luis Roy Gates, defienden a Rómulo León. Y, peor aún, Amoretti litigó (y perdió) ante Guillén por los casos vinculados al ex testaferro de Vladimiro Montesinos, Alberto Venero Garrido.

4. Asimismo, IDL considera que existen demasiadas irregularidades en todo el proceso, más allá del caso de Guillén, que lo invalidan: permitir la postulación de magistrados que se presentan como abogados, postulantes declarados aptos sin haber realizado el curso obligatorio de la Academia de la Magistratura, entre otras.

5. Frente al tema puntual de Guillén, se sugieren dos opciones: la corroboración del examen por parte de Amoretti y el fiscal y una segunda opinión de un penalista de nota.

Pero la noche deparó más sorpresas. Vía Twitter, César Romero de La República informó que el CNM ha suspendido hasta nuevo aviso el proceso de selección de vocales y fiscales supremos. Asimismo, el consejero Edwin Anaya, acusado de soborno, ha sido apartado de este proceso. Esto fue confirmado mediante el siguiente comunicado:

Consejo Nacional de la Magistratura

COMUNICADO

Con relación a la declaración del fiscal Tomás Aladino Gálvez Villegas sobre las reuniones con el Consejero Efraín Anaya Cárdenas, el Consejo Nacional de la Magistratura en sesión continuada de la fecha, a mérito de lo actuado y estando a los Informes de la Oficina de Asuntos Legales del CNM N° 035 y 036-2010-OAL-CNM, a los aspectos tratados durante la sesión y a la propia solicitud del Consejero Anaya Cárdenas ha acordado:

Primero: Remitir todo lo actuado en esta sede al señor Presidente del Congreso de la República y a la Fiscalía de la Nación para los fines de ley, de conformidad con el artículo 99° de nuestra Carta Constitucional y la ley 27399.

Segundo: Aceptar el pedido de abstención que formuló el Consejero Efraín Anaya Cárdenas de seguir participando en el Concurso 003-2009-CNM para la provisión de plazas de Jueces y Fiscales Supremos.

Tercero: Reprogramar las entrevistas de los postulantes en la Convocatoria 003-2009-CNM para Jueces y Fiscales Supremos hasta nueva fecha, a efecto de un mejor estudio de los expedientes y atender los procesos de Evaluación y Ratificación en trámite.

A las pocas horas, en RPP, Mario Amoretti Pachas reconoció que fue parte de la evaluación, aunque señaló que no supo quien lo recomendó. Negó haber desaprobado al fiscal Guillén con intencionalidad. También indico que el CNM deberá presentar los documentos para saber si la evaluación es correcta. Y señaló claramente que desde hace 5 años interviene en los procesos del Consejo Nacional de la Magistratura.

Finalmente, según Prensa Libre, el estudio Oré Guardia descartó de plano su participación en el proceso de evaluación, pero hay otros abogados involucrados. El abogado Julio Rodríguez Delgado, -quien fue abogado en el caso de Manuel Delgado Parker ante el sistema anticorrupción - reconoció que participó en la evaluación de los candidatos al CNM, en lo que se refiere a la revisión de la memoria de los magistrados. Esto implica otro reconocimiento que abogados litigantes participan en el proceso de evaluación. Raúl Ferrero Costa ni negó ni confirmó su participación en el proceso de evaluación. Otros abogados mencionados fueron José Luis Castillo Alva y Mario Amoretti Pachas.

Más allá del caso de Avelino Guillén, esto es grave y tiñe de suspicacias el proceso de selección de magistrados. No es posible que abogados litigantes evaluen a quienes van a resolver sus casos. Esto es un sistema realmente perverso. Y como es obvio, el concurso, además de suspendido, debería ser anulado.

Si el concurso para jueces y fiscales supremos ya era cuestionado a raíz del caso del fiscal Avelino Guillén, lo que hoy destapa El Comercio es una auténtica bomba:

Lo que era un extendido rumor en las altas esferas del sistema judicial parece confirmarse. El actual integrante del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) licenciado en enfermería Efraín Javier Anaya Cárdenas (50) habría incurrido en graves actos de corrupción al pedirle “incentivos económicos” a un alto funcionario del Ministerio Público a cambio de apoyarlo y favorecerlo en el concurso que dicho organismo viene realizando, desde fines del año pasado, con la finalidad de elegir a los próximos tres integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, proceso que se encuentra en la recta final y que estaría plagado de irregularidades y malos manejos.

El Comercio conoció que este hecho ha provocado un terremoto en el corazón del CNM, la institución encargada de fiscalizar, nombrar y destituir a fiscales y jueces en todo el país. La gravísima denuncia, que en las próximas horas podría derivar en el inicio de una investigación contra Anaya, fue realizada la semana pasada por el fiscal supremo adjunto en lo penal Tomás Aladino Gálvez Villegas (50), quien actualmente ocupa uno de los primeros lugares en la competencia para convertirse en fiscal supremo titular, y quien al parecer estaría siendo sometido a fuertes presiones para retractarse de su acusación inicial.

La historia es la siguiente: Galvez Villegas se contactó con el consejero Anaya y el viernes 5 de febrero se habría producido lo siguiente:

El fiscal Gálvez comenzó a preguntarle al consejero Anaya sobre sus posibilidades en el concurso y las opciones del resto de candidatos que se encuentran en carrera para ganar uno de los tres cupos en la fiscalía suprema. Anaya respondió que la competencia ya estaba casi decidida y que habían magistrados favoritos que tenían el puesto asegurado, no obstante que el proceso concluye a fines de mes. Sin embargo, Tomás Gálvez volvió a la carga y le preguntó si podía apoyarlo con su voto para cuando llegara la etapa crucial del proceso. Las fuentes revelaron que el consejero Anaya le dijo de forma poco sutil que el proceso se ganaba con incentivos económicos. “Acá se elige a los magistrados por su poder político o por su poder económico. ¿Cuál de los poderes tiene? Creo que usted no tiene el primero, pero sí el segundo”, le dijo Anaya, según lo narrado por Gálvez ante el CNM.

Según corrobora La República, hasta el momento Gálvez Villegas lidera el ranking por las plazas a fiscales supremos. Obtuvo la nota más alta en la prueba escrita (96 de 100 puntos). Y parece que aun así no estaba en el bolo de elegidos. De allí que la propuesta de Anaya denote que hay algo que no está corriendo bien en este proceso. Y claro, Galvez tampoco debió acercarse a uno de los consejeros que está en la Comisión de Nombramiento de Magistrados para interceder por su caso.

El Comercio señala que el presidente del CNM, Carlos Mansilla, conoció la denuncia y la hizo saber al pleno de su institución. Lo curioso es que Anaya, además de negar la acusación, le dijo al diario que no la conocía. Pero el martes ya había sido informado de la misma en un pleno extraordinario.

En declaraciones a Ideele Radio, Mansilla indicó que la denuncia había sido presentada inicialmente por el fiscal Galvez ante dos consejeros, de modo verbal. El Presidente del CNM hizo constar la denuncia por escrito y la comunicó a todos los miembros del Consejo, que rechazaron lo ocurrido. El caso es que Anaya estaría a un tris de salir del CNM, dado que ya se está evaluando la forma de procesarlo.

A ello se suma la grave denuncia hecha ayer por Rosa María Palacios, quien indicó que entre los abogados evaluadores de jueces y fiscales - el CNM ha semi tercerizado su labor - habrían algunos con conflictos de intereses serios con algunos de los evaluados.

El grave problema es que, a la luz de estas evidencias, el concurso para vocales y fiscales supremos ha quedado empañado. Y no nos quedan dudas que debe volver a hacerse. La credibilidad del Consejo Nacional de la Magistratura ha quedado en entredicho y lo ocurrido nos debe hacer repensar, no sobre el mecanismo de nombramiento en sí, que sigue siendo lo óptimo, sino en la poca importancia que le estamos dando a una entidad que nombra a los magistrados que resolverán nuestros conflictos judiciales.

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