Desde el Tercer Piso

Había una vez un país que tenía un Tribunal Constitucional que ha sufrido mil peripecias.

Ese tribunal tenía partida de nacimiento en 1979, pero en realidad nació en 1982, con otro nombre. Y fue un nacimiento comatoso, dado que, salvo pocas veces en que daba muestras de vida, no cumplió con la misión para la que fue encomendada. Vino un golpe (de Estado) y entró en estado vegetativo. Le dieron otra partida de nacimiento en 1993 y volvió a la vida en 1996.

Al año siguiente, como tres de los muchachos que lo hacían operar osaron decir que el emperador de aquel tiempo - aunque hacía acordar a los tiempos del shogunato - no se podía reelegir por segunda vez, un constitucionalista beodo encabezó la salida de los tres magistrados, destituidos por el Congreso más servil que ese país vio en mucho tiempo (y eso que había visto varios). Durante 3 años, el TC estuvo cojo.

Cuando el emperador se fugó a Japón (viaje del que solo volvería para pisar una prisión), los tres destituidos fueron repuestos. Y al poco tiempo, el Congreso nombró a cuatro magistrados más. Si bien hubo algo de cuoteo político, lo cierto es que los elegidos eran hombres justos y que desempeñaron su cargo no sin cierta dosis de audacia. De comatoso, el Tribunal Constitucional pasó a ser el organismo con más vida de todos los que existían: resolvía conflictos de años, defendía derechos constitucionales y, no lo olvidemos nunca, hizo que los juicios por terrorismo del conflicto que asoló el país andino aquel se comenzaran a conducir con reglas de país civilizado, lo que trajo buenos resultados.

Hasta que vino otro emperador. Uno que antes había llevado al país a la ruina y que ahora, por paradojas del destino - y de un apoyo caraqueño - se convertía en el mal menor. Y durante su periodo se tenían que reemplazar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.

Al proceso cayó de todo: desde gente muy proba hasta impresentables absolutos. Y el día de la votación en el Congreso, se presentó la verguenza: la elección de un personaje vinculado a Agustín Mantilla, con quien compartió un almuerzo junto a otros personajes que merecerían estar en otro sitio que no fuera un restaurante.

Luego se supo más sobre la farsa: nuestro protagonista, Javier Ríos Castillo, era el candidato de la entonces presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas. Es decir, del gobierno. Y luego se supo que el abogado había participado en situaciones irregulares en las Universidades Ricardo Palma y San Martín de Porres, esta última de propiedad del actual Ministro de Educación. Y para poner la cereza en el pastel, el proceso fue una monumental farsa.

Al final, todo tuvo que volver a fojas cero. Se eligieron a cuatro nuevos magistrados, pero el TC perdió el activismo que tenía e incluso comenzó a retroceder en su jurisprudencia.

Pero el cuento no terminó allí. El propio TC ordenó que se le pagara devengados a Ríos Castillo por plata que se le debía, cuando su antiguo empleador solo debía pagarle el sueldo. Eso solo fue un preámbulo de lo que vendría después: un juez, bajo incomprensibles argumentos legales, repone a Ríos Castillo en un cargo para el que nunca juró y cuya resolución nunca fue publicada. Para ello, Ríos ganó una cautelar que hace que el actual proceso de selección de magistrados al TC (se deben elegir a dos) esté en peligro. Mejor dicho, para que solo se eliga a un magistrado en lugar de dos.

Frente a ello, ya comenzaron las tiradas de pelota y los cubileteos políticos. Lo cierto es que si bien el fallo puede apelarse, si se llega a confirmar, realmente estaríamos ante una de las más grandes leguleyadas de los últimos años. Y Agustín Mantilla lo debe estar aplaudiendo.