Desde el Tercer Piso

Uno de los líos económicos más importantes de la década fue la llamada guerra del cemento. La misma fue resumida hace dos años y medio por la economista Giovanna Aguilar:

Los productores nacionales de cemento han denunciado que la entrada al mercado de la cementera mexicana CEMEX obedece a una venganza debido a la negativa de Cementos Lima de retirarse del mercado estadounidense, donde CEMEX opera. La denuncia indica que CEMEX habría entrado al mercado peruano ejerciendo precios dumping por lo que la Asociación de Productores Nacionales (ASOCEM) habría denunciado, en agosto de este año, a CEMEX ante el INDECOPI. Según lo refieren las fuentes citadas y el propio comunicado de Cementos Lima emitido poco después de la rebaja de aranceles, el objetivo de CEMEX sería arruinar a Cementos Lima en el mercado local, para luego comprarla y hacerse del mercado interno y de paso deshacerse de ella en el mercado gringo.

De acuerdo con lo indicado con Aguilar y otros medios de comunicación, dicha rebaja del cemento se produjo en medio de versiones que señalaban que el entonces Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hernán Garrido Lecca, estuvo detrás de la misma, como producto de presiones de la empresa mexicana.

En medio de esa disputa empresarial, Cementos Lima contrató los servicios de Business Track, ante las sospechas que Cemex los estuviera espiando.  Como sabemos, BTR luego fue encontrada haciendo interceptaciones telefónicas, pero no se ha demostrado hasta el momento que la empresa peruana contrató sus servicios para fines ilegales.  De acuerdo con todas las versiones periodísticas, fue el tema del cemento, la empresa mexicana y sus presuntas vinculaciones con personajes de este gobierno lo que motivó tanto una truncada investigación en el diario El Comercio como las interceptaciones telefónicas que derivaron en las revelaciones de los petroaudios.

Como hemos conocido esta semana, otra empresa del ramo, Cementos Otorongo, fue también espiada en momentos que comenzaba sus operaciones en el sur del país, zona en la que el grupo Gloria tiene sus intereses en este sector. Tanto las cementeras de Gloria como de Cementos Lima son integrantes de la Asociación de Productores de Cemento, que incluso interpuso demandas sobre dumping contra Cemex ante Indecopi. Una denuncia por dumping fue desestimada, pero, en el 2009, Indecopi le aplicó medidas antidumping a la empresa mexicana por la importación de cemento blanco.

Lo curioso es que economistas de ambos lados del espectro coincidieron en que la rebaja del arancel del cemento no había supuesto ventaja alguna para el consumidor.  A tal punto que, como vemos, Humberto Campodónico termina citando a Daniel Córdova:

El argumento para reducir los aranceles del entonces ministro de Economía, Luis Carranza, fue “el combate contra la inflación”. En teoría, esa reducción haría bajar los precios del cemento en el mercado interno. Pero, antes hay que preguntar: ¿es que los precios del cemento estaban subiendo, lo que podría justificar algún tipo de medida?

Pues no. Dice Daniel Córdova: “El precio de la bolsa de 42.5 kg ha fluctuado entre los S/.16 y S/.17 desde el 2000″. (La industria de cemento en el Perú, BWS, febrero 2005). Dicho esto, ¿es que el arancel 0% hizo que los precios bajen? No. Según la Dirección Nacional de Vivienda del Ministerio de Vivienda, el precio del cemento en octubre del 2007 fue S/. 17.20 por bolsa de 42.5 Kg. En agosto del 2008, ese precio no varió: fue S/. 17.18 por bolsa de 42.5 Kg.

Esto quiere decir que el fisco ha dejado de recaudar la suma de S/. 1′700,000, pero el consumidor no se ha beneficiado. Sí los importadores de cemento, ya que ahora no pagan el arancel y siguen vendiendo el cemento al mismo precio que antes.

Hasta aquí, vemos que la medida económica era inconveniente. Pero, eso es distinto de ver si es legal o no, o si afecta derechos constitucionales.  Esta última discusión está en el Tribunal Constitucional. Perú.21 registra como va el proceso:

Según fuentes de este diario, el vicepresidente del TC, Carlos Mesía –vinculado al Partido Aprista–, habría elaborado una ponencia (borrador del proyecto de resolución) que acoge el recurso de amparo que presentó Cementos Lima contra la decisión del Ejecutivo de reducir a 0% el arancel a los cementos. Se dispondría, además, que se retorne al nivel del 12%, vigente hasta octubre de 2007.

Consultado al respecto, el mencionado magistrado confirmó que el documento está listo, pero se negó a afirmar o negar si favorece a la cementera. “No puedo adelantar opinión ni pronunciarme sobre el contenido”, indicó escuetamente a Perú.21.

Aquí hay dos situaciones por ver. La primera de ellas, es dilucidar si es que algún derecho fundamental se ha vulnerado. Es cierto que las personas jurídicas tienen algunos derechos, sobre todo, los vinculados a la actividad económica, pero habría que ver si alguno de ellos fue vulnerado o no.  Ello debería implicar una discusión de fondo sobre: 1. derechos de una empresa, 2. alcance de los mismos, 3. si es el caso, resolver si se vulneró o no.

Pero el segundo punto es el que parece más controvertido. De corroborarse lo dicho por el diario, el TC produciría una medida polémica, fijar una tarifa arancelaria, cuestión que no está dentro de sus funciones. De alli que sea importante esta atingencia:

Perú.21 también se comunicó con el ex presidente del TC Víctor García Toma, quien enfatizó que, si bien ese organismo puede, en casos extremos, declarar inaplicable un arancel si contraviene la Constitución, en el fondo o en la forma, lo que de ninguna manera puede hacer es fijar una nueva tasa o “resucitar” niveles ya derogados.

Subrayó que es competencia absoluta del Ejecutivo determinar los niveles de los aranceles y que en esa función puede ser controlado, mas no sustituido por el Tribunal Constitucional.

Como vemos, este tema puede tener un giro inesperado. Esperemos que, finalmente, se dilucide la legalidad de la medida, su conveniencia económica y todos los aspectos de competencia desleal - y hasta ilegal - que se habrían producido en este caso.