Archivo de 22 Diciembre 2009

A estas alturas, ya saben que, Mercedes Araoz será la nueva Ministra de Economía y Finanzas, en reemplazo de Luis Carranza. El ahora ex ministro se fue debido a que ya tenía compromisos profesionales y académicos pactados, por lo que había señalado al Presidente de la República que solo se quedaría un año en la cartera.

El nombramiento tiene tres dudas centrales:

1. ¿No que no habían cambios? Tanto la propia Araoz como el Presidente del Consejo de Ministros habían negado cambios ministeriales en esta parte del año, por lo que el anuncio de Alan causó sorpresa a todos. Con lo que la siguiente pregunta es: ¿vendrán más? Por cierto, el reemplazo de Araoz en el Ministerio de la Producción es José Nicanor Gonzáles.

2. ¿Vendrán tiempos de farra? Es año electoral y Araoz comenzó su gestión con estas declaraciones (vía El Comercio):

“No debemos ser un filtro negativo sino facilitador de la gestión de los gobiernos regionales, municipales y también de los ministros, quienes definen sus políticas en función de obras que sean rentables socialmente”, aseveró.

Sin embargo, enfatizó que dicha facilitación deberá realizarse una vez que se cumplan todas las fases del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Veremos si la Ministra es capaz de decirle que no a García, en relación con las finanzas públicas.

3. ¿Es acertado el cambio? En términos técnicos, Araoz tiene condiciones. El problema es que políticamente es un error meterla al MEF, luego de que, en plena crisis de Bagua, indicara que los decretos legislativos vinculados a la selva no podían ser modificados, debido a que se afectaría el TLC. El tema es que sus ex colegas de Gabinete señalan que fue una tremenda exageración. Y eso es una afrenta a los 34 fallecidos en las protestas.

Lindo regalo nos da Alan en estas fiestas.

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Más que un balance, intentaré una reflexión sobre 4 temas puntuales:

1. EL JUICIO A FUJIMORI:

Con excepción del fujimorismo - que anteriormente elogiaba a la Sala que procesaba al ex presidente -, buena parte de los peruanos considera que el proceso seguido contra Fujimori fue justo y cumplió con los estándares del debido proceso.  A pesar de lo que señalan los fujimoristas, el ex dictador no fue condenado “por derrotar al terrorismo” - falacia sobre la que hemos escrito otras veces -, sino por crímenes puntuales, enmarcados en una estrategia criminal.

La condena a Fujimori - que esperemos sea ratificada en los próximos días - nos pone en la reflexión varias cosas: 1. La existencia en el Poder Judicial de magistrados probos y capaces, 2. El establecimiento de estándares jurídicos probatorios bastante precisos en casos de violaciones de derechos humanos, 3. La necesidad de combatir al terrorismo sin violar derechos humanos y 4. Que la impunidad, al menos en este caso, no prevaleció. Lamentablemente, lo ocurrido en el caso Fujimori contrasta con la lentitud con la que avanzan estos casos en general, afectando tanto a las víctimas que quieren alcanzar justicia como a quienes buscan defenderse de los cargos.

2. EL LUGAR DE LA MEMORIA

Prefiero llamarlo “lugar de la memoria” y no museo, porque el sitio obedece a una historia que se va reconstruyendo e investigando constantemente, antes que algo inmovil o del pasado.

Mario Vargas Llosa definió mejor los objetivos de este espacio:

Me dirijo sobre todo a esas peruanas y peruanos honestos y bienintencionados a quienes una campaña impregnada de exageraciones y mentiras ha hecho creer que el Museo de la Memoria servirá para atenuar o justificar el terrorismo de Sendero Luminoso o del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, para atacar y desacreditar al Ejército, o para servir de refugio y tapadera a extremistas que, blandiendo el pretexto de los Derechos Humanos, quisieran acabar con nuestra precaria democracia.

Nada de eso es cierto. Todo eso es falso de toda falsedad. Por el contrario, el Lugar de la Memoria servirá para mostrar, con rigor y elocuencia, la responsabilidad primera y mayor de Sendero Luminoso y su demencial ideología maoísta fundamentalista en el estallido de la violencia política que llenó de sangre, de muertos y de injusticia nuestra Patria a partir de 1980, justamente cuando el Perú recuperaba la libertad y el Estado de Derecho luego de doce años de dictadura militar.

Este hecho, la responsabilidad del terrorismo de Sendero, el MRTA y otros grupúsculos fanáticos, en la tragedia que vivió el Perú en aquellos años, quedó probado hasta la saciedad en la investigación, muy injustamente criticada, que llevó a cabo la Comisión de la Verdad que presidió el doctor Salomón Lerner y que muchos de cuyos objetores –dicho sea de paso– no se han preocupado siquiera de leer.

No digo que no haya en ella vacíos o errores. Digo que, si los hubo, no fueron errores y vacíos de mala fe, sino de falta de tiempo, de recursos o de testimonios.

Y, precisamente, el archivo del Museo de la Memoria enriquecerá y perfeccionará con el concurso de todos los peruanos, sin excepción, el estudio de ese pasado trágico para entender sus causas, corregirlas e impedir que se repitan como una pesadilla recurrente en los años venideros.

Es verdad que, en la lucha contra el terror, se cometieron crímenes intolerables contra los derechos humanos que un Estado de Derecho y una conciencia democrática no pueden excusar ni silenciar. Ocurrió porque ni nuestra sociedad ni nuestras instituciones estaban preparadas para librar una guerra tan feroz y tan cruel como la que desataron los terroristas y porque una larga tradición de dictaduras hizo creer a algunos insensatos que el arma más eficaz contra el terror revolucionario es el terror de Estado.

No es así. El fin no justifica los medios. Confiamos en que las salas de exhibición y de estudio del Museo sirvan para mostrar, como decía Albert Camus, que en una verdadera sociedad libre son los medios los que justifican los fines y no al revés.

Quisiera tranquilizar a los soldados, marinos, aviadores y policías que ven con aprensión la creación de este Lugar de la Memoria. El sacrificio y el heroísmo que tantos militares mostraron durante los años del terror estarán presentes en sus salas al igual que el dolor de los civiles, porque el Museo será la casa de todas las víctimas sin ninguna excepción, sin ningún prejuicio, sin ningún parti-pris ideológico o político.

3. EL GOBIERNO Y LOS DERECHOS HUMANOS

La situación de desinterés ha sido manifestada por Ronald Gamarra en Ideele:

Lamentablemente, podemos verificar que hay grandes procesos que corren paralelos, tendencias que marcaron este año que ya termina y que seguro se harán sentir en nuestra escena política en lo venidero, quizá en el largo plazo. Quiero mencionar solo algunas de ellas:

a)  Un incremento de las vulneraciones de derechos individuales y colectivos generadas —en resumidas cuentas— por una política económica estatal que permite malas prácticas empresariales. Esta política económica, lejos de atenuarse, se ha consolidado, y ninguno de los candidatos con reales opciones para ganar la Presidencia en el 2011 la pone en cuestión. Así, pues, los peores efectos de esta política, como la degradación ambiental, los daños a la salud de niños y niñas, el atentado contra los derechos de pueblos indígenas, el acceso al agua, entre otros, persistirán e incluso se agudizarán (pensemos en los retos que plantean las grandes explotaciones en la selva y los proyectos hidroenergéticos y sus secuelas en el entorno social y natural).

b)  La gobernabilidad seguirá siendo muy precaria, lo que pone en situación de riesgo a los ciudadanos en general y especialmente a aquéllos más pobres, excluidos y que se encuentran involucrados en escenarios de disputa o embalse de demandas. Que la autoridad estatal haya perdido capacidad simbólica y práctica de proponer y ejecutar soluciones a las demandas de los grupos de interés, deslegitima todos los canales institucionales y, en general, ahonda la indiferencia democrática de nuestra sociedad. Es penoso reconocer en el horizonte que no podemos sino esperar que los conflictos sociales aumenten en número y mantengan su calidad de “no gestionables”. La fuente de las disputas seguirá siendo conocida y numerosa: cuestiones estrictamente locales, de distribución de recursos entre regiones (canon, agua, energía), asuntos socioambientales, demandas gremiales, “mecidas”, etcétera.

c)  Un endurecimiento del Gobierno como respuesta a las tendencias anteriores. Lamentablemente, como la política económica no es dialogante y no parece que vaya a modificarse, la respuesta estatal lógica es la defensa cerrada de su proyecto. Esto implica el intento de excluir simbólica y prácticamente de la definición de los asuntos públicos a los actores con voces contrarias o a los que simplemente reclaman porque sufren los efectos de sus decisiones; pueden usar para esto desde el ninguneo, la invisibilización, la denuncia penal, con lo que denigran a los interlocutores como promotores del “antidesarrollo”. Y ello incluye a dirigentes sociales, apus, sindicalistas, periodistas, ONG y activistas. Resultado: criminalización de la protesta social, persecución a dirigentes, hostilización a defensores.

A ello se suman las amenazas a Salomón Lerner Febres y la campaña sistemática que los diarios Expreso, Correo y La Razón y sus directores Luis García Miró, Aldo Mariátegui y Uri Ben Schmuel han emprendido contra todo aquel que defienda los derechos fundamentales, campaña que creen equivocadamente que es una cruzada ideológica, cuando los derechos humanos no son patrimonio ni de derechas ni de izquierdas. Y lo ocurrido con el informe sobre los sucesos de Bagua nos da una luz de la preocupación gubernamental por estos temas.

4. EL CONSEJO DE REPARACIONES

Signo de los tiempos es lo ocurrido con el Consejo de Reparaciones, ente encargado del Registro Unico de Víctimas. Hasta hace pocos meses, el Consejo había logrado, con limitaciones presupuestarias, inscribir a más de 5,400 comunidades y cerca de 66,000 personas en la lista que servirá para el otorgamiento de reparaciones a las víctimas del conflicto armado interno.  Sin embargo, el hecho que el Ministerio de Economía y Finanzas no haya dado plata para que este organismo siga operando, ha hecho que recorte sus funciones durante algunos meses.

Esta es la muestra de lo poco que le importa al Estado los derechos de sus ciudadanos, para no hablar de cuestiones más cotidianas.

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