Archivo de Noviembre 2009
Dos razones bastante simples y concretas.
La primera: No tenemos proyectos de infraestructura deportiva en serio. Veamos lo que, sin solicitar sedes de nada, hace Chile para su Bicentenario:
La Red de Estadios es una iniciativa que busca entregar infraestructura deportiva de calidad para el Bicentenario en todo Chile, no solo para la práctica del fútbol, sino también para diseminar la práctica deportiva y de alta competencia.
Durante el año 2008, en la primera fase de la Red, se construyeron e inauguraron 4 nuevos estadios en las comunas de La Florida, Coquimbo, Temuco y Chillán. Estos recintos cumplen con los requerimientos indicados por la FIFA y además poseen techo, butacas individuales para todo el público, sectores para personas minusválidas, pantallas gigantes, iluminación de alto nivel, servicios higiénicos, sala de conferencias, casetas de transmisión, plazas de comidas, camarines para jugadores y árbitros.
Este año el desarrollo de la segunda fase de la Red se despliega por todo Chile con intervenciones en las ciudades de Arica, Antofagasta, Copiapó, Ovalle, Quillota, Rancagua, Curicó, Talca, Valdivia, Puerto Montt, Aysén, Punta Arenas y Santiago (comunas de Ñuñoa, La Florida, Puente Alto, Maipú, El Bosque, Pudahuel, Quinta Normal y Peñalolén). Con intervenciones no sólo en estadios, sino que también con construcciones de centros de alto rendimiento para la práctica de deportistas de elite, un centro de estimulación temprana para apoyar el desarrollo en la primera infancia, polideportivos comunales para fortalecer la actividad deportiva en los colegios municipalizados y complejos deportivos para la práctica de variados deportes.
Con la tercera fase de la Red, que comenzará el año 2010, se realizarán intervenciones en los recintos deportivos de las ciudades de Iquique, Calama, La Serena, Valparaíso, Concepción y Coyhaique.
La segunda: ¿Cuál es nuestra política deportiva? Recortes de presupuesto al deporte, liderazgos dirigenciales basados en el mecenazgo y caciques al mando de deportes populares, deudas tributarias, carencia de metas medibles en ciclos olímpicos y la Educación Física no obligatoria en los colegios del Estado. Y a ello sumémosle la mezquindad con los deportistas que si destacan. Señores, más no tenemos.
Pedir ser la Sede de los Juegos Panamericanos, en esas condiciones, era mera y absoluta demagogia que no se solucionaba con discursos presidenciales. Quizás deberíamos pensar en comenzar a hacer aquello que el APRA planteó como política deportiva en su Plan de gobierno:
134. Fomentar la educación física, el deporte y la recreación a partir de un impuesto directo aplicado a los productos de consumo nocivo, etc.
135. Integrar y articular en el marco de la descentralización las actividades de educación física, deporte y recreación.
136. Modernizar los currículos para la formación de docentes de educación física y progresivamente duplicar de 9,000 a 18,000 el número de profesores de educación física.
137. Formular políticas adecuadas para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa.
138. Impulsar un Sistema Nacional del Deporte que considere la educación física, el deporte y la recreación en el contexto nacional, regional y en los ámbitos urbano y rural, y prever los fondos para la rehabilitación de la infraestructura deportiva, utilizando los espacios escolares públicos los fines de semana.
Y como dijo alguien por el Twitter: Y ya que no haremos los Panamericanos, ¿que tal si reconstruimos Pisco?
PD: Por cierto, pedir más plata para el deporte no es un psicosocial, es parte de la formación de todos los peruanos.
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Hace un par de días en el Congreso, el Ministro de Educación José Antonio Chang dejó intempestivamente la sesión de la Comisión de Educación, debido a los cuestionamientos del parlamentario Pedro Santos. Chang incluso llegó a amenazar con una denuncia por difamación contra el congresista.
¿Qué fue lo que suscitó el incidente? Todo tiene que ver con la discrepancia de cifras de una donación para Pisco.
Retrocedamos en el tiempo. Agosto de 2007. Luego del terremoto que afectó al sur chico del país, muchos gobiernos y entidades internacionales quisieron apoyar las labores de reconstrucción. Entre ellos, se encontraba el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México, el SUTEP charro bajo control del PRI. Informó El Universal de México, el 27 de agosto de 2007:
La dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de México, Elba Esther Gordillo, entregó hoy aquí al presidente peruano, Alan García, un cheque por 750 mil dólares para los damnificados por el terremoto del pasado 15 de agosto en este país.
En una ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno, Gordillo expresó su solidaridad por la tragedia provocada por el movimiento telúrico de 7.5 grados de magnitud en la escala Richter, con saldo de 513 muertos, mil 62 heridos y unos 250 mil damnificados.
Al hacer entrega de los fondos, la también presidenta de la Confederación de Educadores de América Latina dijo que ese aporte fue recaudado por profesores mexicanos que se solidarizan con los sureños poblados peruanos de Ica, Chincha, Pisco y Cañete, los más afectados por el sismo.
El presidente García, quien sostuvo un diálogo privado con Gordillo, agradeció la entrega de esos fondos, a los que calificó como “simbólico” porque proviene de los maestros y dijo que servirán para reforzar la infraestructura educativa de este país.
La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE manifestó que ese dinero se recabó con el deseo de ayudar el proceso de reconstrucción, sobre todo donde se perdieron las aulas.
“Lamentamos la situación que viven nuestros hermanos peruanos. Hemos hecho una colecta tras conocer la envergadura de lo que le pasa a un país hermano”, manifestó Gordillo al felicitar a García por la forma cómo ha enfrentado la catástrofe.
El gobernante de Perú señaló que “esto es un gran simbolismo. El que los trabajadores de la educación de México hagan esto es un gesto bonito”, apuntó.
“Es un gesto de solidaridad y va a servir para apoyar la zona donde han colapsado las escuelas”, manifestó el gobernante al informarle a la dirigente magisterial mexicana que ya se trabaja en la reconstrucción de la sureña ciudad peruana de Ica.
Sin duda, era un gesto bastante bueno. Y la cifra antes mencionada se repitió en una entrevista que tuvo Gordillo con Cecilia Valenzuela. Pero se suscitaron dos problemas.
El primero de ellos es una diferencia de 50,000 dólares en la donación que no ha sido aclarada hasta el momento. Tal como se señala en la Resolución Ministerial N° 0553-2007-ED, del 11 de enero de 2008, el 27 de agosto de 2007, se recibió el giro Nº 5047433 del Banco Santander Serfín S.A. por US $ 700.000.00 (Setecientos Mil y 00/100 Dólares Americanos). Aquí había una diferencia de 50,000.00 dólares con la suma anunciada por la dirigente sindical mexicana y el Presidente de la República. Esta suma fue depositada posteriormente - como ha reconocido el propio Chang - en una cuenta del Banco de Crédito del Perú, ya con el cambio a nuevos soles.
Los periodistas Pablo O’Brien y Gino Marquez han indagado sobre el tema y señalan que la causa de esta diferencia “probablemente fue un lapsus de la dirigente o (y eso sería grave), llegó el donativo en dos giros, uno de los cuáles no fue ingresado“.
El segundo problema, vinculado a la efectividad de las obras que se hicieron con el dinero donado, es indicado en la nota que los periodistas antes mencionados escriben para el blog Rocoto:
Por otro lado, Chang evitó explicar por qué solo cuándo el Congreso el 21 de setiembre de este año, le preguntó por el destino del mencionado dinero, recién se empezaron a mover los expedientes técnicos para la reconstrucción de los colegios. El 14 de octubre, el mismo día que se le responde al Parlamento por este caso, la OINFE completó los trámites y solicitó a la OGA que convoque a licitación las obras para reparar el colegio Hilda Bringas Quintanilla (Pisco). Mientras que todavía falta completar el expediente del Centro Educativo, Rosa de Santa María (San Clemente).
De hecho, la situación en Pisco sigue siendo alarmante y grave, sobre todo, en lo que respecta a infraestructura, donde los avances han sido dispares. De hecho, el mismo O’Brien fue a Pisco y reportó lo que pasó en uno de los centros educativos por reconstruir:
La remodelación del colegio San Martín de Pisco refleja, de alguna manera, la desidia, la incompetencia y probablemente la corrupción, con la que se viene llevando a cabo, salvo honrosas excepciones, el proceso de reconstrucción.
A mediados de marzo, la entonces ministra de Vivienda, Nidia Vílchez, aseguró que a fines de julio último estaría habilitado el colegio emblemático de Pisco. El plazo se cumplió, pero la promesa… no.
Al cierre de la edición, la obra se hallaba paralizada hace más de 120 días. Mientras tanto, los 1.200 alumnos que estudian en este plantel deben escuchar clases en condiciones indignas. Los módulos provisionales que se acondicionaron después del terremoto para que fungieran de aulas, se encuentran sin puertas ni ventanas. Muchos de ellos han perdido incluso las calaminas que servían de techo. Los pisos son de tierra y el mobiliario da pena. Los servicios higiénicos son deplorables: cinco inodoros y un lavadero para todos los alumnos.
Pero lo increíble es que a simple vista se hace evidente que la reconstrucción del colegio tiene serios problemas. Los nuevos pabellones se han erigido sobre un antiguo totoral que produce agua permanentemente. Las zanjas abiertas para hacer los cimientos están completamente inundadas. A todas luces, no es el mejor suelo para efectuar una construcción que alojará a tantos niños y adolescentes. Y mucho menos para levantar edificios de dos pisos, que, para colmo de males, están a menos de 500 metros del mar.
La raíz del problema estaría en que no existió una idónea planificación de la obra ni una adecuada selección de la empresa encargada de efectuarla. Por la documentación revisada, no se hizo expediente técnico, a lo sumo un perfil. En enero del 2008, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa le adjudicó el proyecto, valorizado en S/. 9.618.025, a Constructora Luren, una empresa con poca experiencia. Error fatal.
Cumplido el año de inicio de la remodelación, el 26 de abril, Luis Huaylinos, jefe de la Oficina de Infraestructura Educativa, tuvo que comunicarle al director del colegio San Martín que se paralizaron los trabajos porque se decidió resolver el contrato con la constructora debido a sus reiterados incumplimientos.
Lo cierto es que estas deficiencias no solo han ocasionado demoras en la culminación del proyecto, sino un incremento en su precio. El 10 de julio pasado, el Ministerio de Educación solicitó a su par de Economía y Finanzas (MEF) que apruebe un incremento en el valor del proyecto por un monto ascendente a S/. 2.574.598,98, un 23,15% adicional. Los funcionarios del MEF expresaron sus reticencias y consideraron que el aumento no se justificaba. Es por ello que, a la fecha, “se ha comunicado al Órgano de Control Interno del Ministerio de Educación a fin de que analice las causas que sustentan las modificaciones [al proyecto] o las posibles deficiencias de los estudios de preinversión con los que se otorgó la viabilidad”. Es decir, existirían indicios de irregularidades que deberán ser investigadas.
Peor aún, el Congreso de la República ya había detectado demoras y falta de información bastante graves. Vía Coordinadora Nacional de Radio:
El informe preliminar de la Comisión de Fiscalización sobre la ejecución de los mil 123 millones de soles en las zonas afectadas por el terremoto concluyó -tras un centenar de páginas- que hasta la fecha no se tiene una información sustentada suficiente que permita realizar una evaluación integral y justificar donde se invirtieron aquellos fondos. Sólo se atreve a asegurar, a través de la recopilación de las normas legales emitidas del 15 de agosto del 2007 al 15 de agosto del 2008, fecha de las afirmaciones de García Pérez, que 660 millones de soles fueron transferidos al FORSUR para las fases de emergencia y reconstrucción.
Ni el FORSUR, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) ni el Ministerio de Educación (MINEDU), entes que deberían ser fiscalizados por sus órganos de control interno, ni tampoco las unidades ejecutoras (es decir, gobiernos regionales y municipalidades) le dieron a la comisión parlamentaria información documentada para justificar dónde se gastaron los fondos transferidos. Faltan expedientes de adjudicación de contratos, comprobantes de pago, informes de auditoría interna y expedientes de exoneración de procesos de contratación de servicios, entre otros requisitos obligatorios por ley.
Como vemos, lejos de molestarse, se requiere que el Ministro de Educación de una explicación satisfactoria a todos los peruanos.
ACTUALIZACION (12:30 PM)
Según recoge La Primera, Chang señala que los mexicanos solo donaron 700,000 dólares. A esta altura, solo queda una pregunta: ¿que fue de los otros 50,000 dólares: error de la profesora Gordillo, plata que nunca se recaudó o que no llegó a su destino? Si el Ministerio de Educación tiene una explicación sobre el tema, pues lo que corresponde es que de una vez emita un comunicado público aclarando esta penosa situación.
En cuanto a las demoras en infraestructura, se comprueba nuevamente la ineficiencia del Estado para atender una emergencia. Y en ello, Chang no está exento de responsabilidad política.
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Veo con preocupación que el país va camino a una polarización artificial y que ciértamente, nos puede costar caro. Mejor dicho, parece que ya estamos inmersos en ella. Se trata de esta oposición entre “los defensores del modelo” y los “antisistema”.
Quienes velan porque el “modelo” no se mueva se centran única y exclusivamente en la cuestión económica. Mejor dicho, en la necesidad de no variar reglas de juego económicas, ni siquiera para mejorar la performance social del país, cada vez más maltrecha. Consideran que la inversión privada no debe tocarse ni con el pétalo de una rosa y las palabras “derechos humanos” y “medio ambiente” parecen ser casi groserías.
Del otro lado, los “antisistema” critican los defectos de esta forma de hacer capitalismo, pero cuando se les pregunta que es lo que proponen para variar el “modelo”, terminan acudiendo a recetas económicas cuyos resultados ya han sido fracasados, como una mayor tendencia al proteccionismo económico o a que las empresas públicas controlen ciertos sectores del mercado.
Pero, ¿qué pasa con quienes estamos en el medio? E incluyo aquí al empresario que tiene responsabilidad social y respeto por las normas laborales (que existen), a quienes defienden derechos humanos y no se ubican necesariamente en el lado zurdo del espectro político, a quienes se preocupan por el medio ambiente pero no por ello dejan de ver la importancia de la actividad minera. Y por supuesto, incluyo aquí a buena parte de los ciudadanos comunes y corrientes que, sin querer sobresaltos económicos como en el pasado, desean un país más justo, en el que el Estado les de servicios de calidad y las brechas sociales se reduzcan cada vez más.
Para ser más claros: ¿estamos condenados a elegir entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori? Yo creo que no. Los peruanos tenemos la palabra.
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La semana política se ha visto alborotada por las publicaciones hechas por el diario El Comercio (ver aquí y aquí) sobre la supuesta pertenencia de Elsa Malpartida a Sendero Luminoso entre 1989 y 1994. La hoy parlamentaria andina se acogió al régimen de la Ley de Arrepentimiento, norma que permitía acceder a determinados beneficios a cambio de información valiosa para desarticular a las organizaciones subversivas y terroristas.
Por ello y ante una cuestión bastante delicada, es necesario tener varios puntos claros:
1. La lógica de una norma de colaboración eficaz, como era la Ley de Arrepentimiento, es la entrega de información que pueda ser brindada por personas que estuvieron, de alguna manera, involucradas en una organización delictiva, con miras a su desarticulación. Dependiendo de la información y del grado de participación en los hechos, se otorgan los beneficios correspondientes que, en algunos casos, llegaron incluso hasta el cambio de identidad. Por lo general, se aplica la reserva de la identidad del colaborador, por lo que se le asigna un código de identificación, cuando se ha verificado que la información que dio es cierta.
Cabe recordar también, por cierto, que en nombre de esa norma se cometieron también varias injusticias, dada la falta de verificación independiente de los datos proporcionados en varios casos. Cualquier texto serio sobre la problemática de inocentes en prisión por terrorismo, indica que uno de los factores que jugó en este tema fue la información de varios arrepentidos.
2. No es cierto, como errónamente han señalado algunos voceros del humalismo, que para acogerse a estas normas se necesita tener una investigación fiscal o un proceso judicial. La Ley de Arrepentimiento permitía a cualquier persona que tenga algún vínculo con la organización otorgar información. No importaba para nada que hubiera un juicio de por medio.
3. Bajo dicho régimen, salvo para cuestiones históricas, no importaba mucho si la persona se hubiera adherido a Sendero Luminoso o al MRTA por propia voluntad o por coacción. Una vez que se otorgaba el beneficio, era como si hubiera cumplido con su pena con la sociedad. Es decir, equivale a la rehabilitación de un preso en la cárcel, quien recupera todos sus derechos al salir de prisión. De allí que hasta Rafael Rey haya dicho que una persona acogida a este régimen tenía todo el derecho legal de postular a un cargo público.
4. No se puede decir alegremente que el humalismo está vinculado a Sendero Luminoso por la pasada pertenencia de una de sus miembros a esta organización, sea cual fuere la forma en que la misma se suscitó. Ello sólo se podría mencionar si es que se comprueba que la señora Malpartida sigue ligada, de alguna manera a lo que queda de Sendero Luminoso. Es como si dijéramos que el fujimorismo está vinculado con el terrorismo dado que tuvo una parlamentaria electa en el 2000, Nery Salinas de Torres, investigada y exculpada en un extraño proceso judicial por el delito de terrorismo, por sus cercanías al MRTA. Y lo decimos en un espacio que considera que ambas organizaciones cuentan con serios defectos.
Tampoco puede argumentarse, como lo ha hecho el Presidente de la República, que éste es un argumento más para impulsar la renovación por mitades del Congreso. La elección de los miembros del Parlamento Andino es un sufragio distinto al del Congreso, por más que coincidan en fechas. En lo que sí se debería pensar, tan igual que para la elección del parlamento, es otorgarle a esta elección - si es que se sigue realizando - una fecha distinta a las de otras elecciones. Y habría que pensar si es que realmente la elección de miembros del Parlamento Andino debe ser por sufragio universal, considerando sus funciones.
5. Cuestión distinta de la legal es si Elsa Malpartida debió hacer pública esta información para postular. Este es un tema ético en el que la decisión era exclusiva de la candidata al Parlamento Andino y donde se ponderaban dos elementos: la reserva de su calidad de acogida al régimen de la Ley de Arrepentimiento y la necesidad de los electores de conocer si es que una persona perteneció a una organización que le causó demasiado daño al país y cuyos crímenes son condenados por todos nosotros. Aquí hay respuestas distintas: El Comercio señala que sí debió conocerse este hecho, mientras que César Hildebrandt indica que este hecho se debió mantener en reserva. Unos privilegian que todo acto de un político deba ser puesto ante la opinión pública para ser ponderado y otros el régimen de reserva que rodea a un estatus de colaborador eficaz.
Mi posición personal: Pienso que el régimen de la Ley de Arrepentimiento le daba todo el sustento legal a Malpartida para no hacer público este tema. Sin embargo, creo que debió decírselo a Ollanta Humala, dado que esto podía merecer todo el revuelo que ha causado y ser usado en contra de su agrupación.
Menudo problema, que nos da cuenta de como el legado del conflicto armado interno sigue estando presente en la política peruana y sigue siendo usado como arma para irse contra el adversario o para ganar réditos políticos.
MAS SOBRE EL TEMA: La defensa de Elsa Malpartida, este mediodía
MAS OPINIONES: Laura Arroyo Gárate, Fernando Rospigliosi, Fritz Du Bois, Nelson Palomino, Roberto Pereira
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El sábado, el Presidente de la República presentó el Proyecto de Ley de Creación del Ministerio de la Cultura, luego de un año y tres meses de su anuncio en el Mensaje Presidencial del 2008.
La idea de contar con un organismo estatal de alto nivel que se dedique a establecer y ejecutar la política cultural del país ha sido debatida en medios y en blogs. Básicamente, han sido varios los puntos de discusión que se han puesto en agenda (ver más sobre el tema aquí, aquí y aquí):
1. La necesidad de crear un Ministerio para este tema para reemplazar a un Instituto Nacional de Cultura poco operativo. Es decir, el tema de la burocracia ineficiente y si el remedio es un órgano de mayor nivel.
2. ¿A qué le llamamos cultura? ¿Solo entrarían las manifestaciones culturales “clásicas” o folkóricas dentro de este membrete?
3. Definición de competencias claras. ¿De qué se encargará el nuevo Ministerio? Aquí las disputas con el sector Turismo - osea, con el MINCETUR - deberían resolverse de modo claro y directo con una clara delimitación de competencias y complementariedades.
4. El Presupuesto: Léase, convencer al MEF de que cultura es una inversión y no un gasto ostentoso.
5. ¿Qué prioriza el nuevo Ministerio? Gran pregunta: ¿protección del patrimonio cultural, manifestaciones artísticas o industrias culturales?
Más allá de la cháchara de García sobre la necesidad de un Ministerio - alguien me explique qué es un “país civilización” - lo importante es ver y discutir el proyecto. De hecho, ya le he dado una primera mirada y creo que solo responde de modo parcial a las interrogantes que hemos señalado anteriormente. Por ello, destaco las cuestiones que hay y los vacíos existentes:
a. El acento del proyecto: Defensa del patrimonio histórico y cultural y promoción de la actividad artística en el país. De allí que los viceministerios que se tendrían son los de Patrimonio y Fomento Cultural. Temas como industrias culturales, que van más allá de estos membretes y que los atraviesan, simple y llanamente no existen.
b. La coordinación con los otros sectores y con los gobiernos regionales y locales: Más allá de las cuestiones genéricas, no se dice como se articula la política sobre la materia. Es decir, podríamos llegar a los extremos de tener un Ministro o Ministra que impulse la realización de mayores exposiciones de arte plástico y un Alcalde de Lima que no continue el trabajo de bienales de su antecesor (Habla, Castañeda).
c. El rol de los privados: Se ha focalizado en un punto central, pero incompleto. Sin duda, dar incentivos tributarios sobre la materia es un mecanismo que puede facilitar su compromiso con la materia, pero deja de lado definir su rol dentro del sector.
d. Fondos y presupuesto: Se definen diversas fuentes de financiamiento, pero no queda claro como se compatibiliza esto con fondos existentes y pendientes de reformulación, como el de la promoción del Cine. ¿Y cuánto destinará el MEF a este sector?
e. Una cuestión inexplicable: Se señalan varios organismos que quedarán adscritos para el Ministerio. Pero curiosamente, aparece entre ellos el INC. ¿No desaparecía con la creación del Ministerio? ¿Qué funciones va a tener?
Finalmente, la cuestión inicial sobre la necesidad de un Ministerio es puesta en palestra nuevamente por Augusto Álvarez Rodrich:
La pregunta relevante es por qué el nuevo ministerio podrá promover la cultura con más acierto que lo que ahora (no) hace el INC y, de paso, qué impide a los actuales organismos vinculados a la cultura ser realmente eficientes.
Ese es el tema central que el Congreso debe dilucidar antes de aprobar la creación del Ministerio de Cultura. ¿Qué podrá hacer este que hoy no puede hacer el INC y, de paso, cuánto dinero tendría la nueva organización para cumplir sus fines? Si eso no se resuelve, mejor seguimos igual (de mal) que ahora.
No se puede caer en el absurdo de creer, como siempre, que una nueva ley o ministerio –todo un símbolo de estatus– resolverán el problema. Esto se explica por la creencia injustificada de que la cercanía al presidente siempre soluciona las cosas.
Eso es falso. Tenemos, por ejemplo, un ministerio para la Educación pero esta, en el Perú, es una estafa pública. Y del mismo modo como se propone crear el de la Cultura, ¿por qué no hacer lo mismo con la tecnología, deporte, infancia, turismo o gastronomía (lo cual, estoy seguro, mandaría al tacho todo lo avanzando en este rubro en los últimos años)?
Antes que la forma organizacional –ministerio o instituto–, lo crucial es la voluntad política real –expresada en planes y presupuestos– para tener políticas públicas exitosas. Y eso, en la cultura, como en muchos otros ámbitos, es lo que verdaderamente hace falta.
El debate recién comienza.
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