Hoy es necesario ir más allá y dejar claros algunos conceptos, a fin que no se presten a malas interpretaciones.
Lo primero por decir es que comparto el sentimiento de indignación que todos los peruanos tenemos frente a lo que es un acto de intromisión inaceptable, indignación que se incrementa por la torpe respuesta que ha tenido el gobierno chileno frente a este tema. Sin duda, el Gobierno de Chile no solo nos debe una explicación y una disculpa pública por este hecho, sino que también debe explicarnos, de modo no vacilante y sin dar vueltas, por qué compra tantas armas, si es que dice que no tiene ninguna hipótesis de conflicto armado con algún país límitrofe.
Lo que no comparto es este ánimo de involucrar a todos los chilenos, a las inversiones chilenas y de embarcarnos en una carrera armamentista frente a un supuesto enemigo.
Comienzo por este último punto. soy de los que creo que debemos tener Fuerzas Armadas disuasivas, no ofensivas y suficientemente preparadas. Pero para ello, antes que comprar armas, hay algunos puntos que atender. El primero de ellos es saber para que comprar, es decir, tener claro cuales son nuestras amenazas reales. Y digo reales, más allá de fantasmas. El país tiene un Libro Blanco de la Defensa que requiere una actualización y adecuación permanente, pues es nuestra política sobre el tema. Lo segundo, es obviamente, tener un Ministro que de la talla y que conozca estos temas. Rafael Rey no lo es y su perfil bajo en esta crisis - luego que se ha paseado por otros sectores pontificando - muestra que anda en Defensa más perdido que Adán en el día de la madre. Lo tercero, es que se debe comprar lo justo y necesario para tener una flota moderna, no más, no menos. Un país que requiere derivar sus gastos sociales hacia otros rubros debe tener un gasto en Defensa acorde con sus ingresos y sus necesidades. Pero lo principal y lo que hace realmente importante a unas Fuerzas Armadas es contar con preparación profesional y ética, siendo este campo en el que la Defensa Nacional debe invertir más.
Los voceros fujimoristas del sector más recalcitrante del antichilenismo, como el diario La Razón, bregan por una carrera armamentista, por mantener a un enemigo exterior y descalifican a todo aquel que diga que las compras deben hacerse con prudencia y basado en políticas de Estado. Yo me pregunto con que autoridad moral los defensores mediáticos del gobierno que convirtió a buena parte de la cúpula militar en comparsa de un proyecto autoritario y corrupto pueden hablar de defensa de los militares, cuando llevaron al desprestigio a las Fuerzas Armadas y, por cierto, también a una derrota militar en 1995.
El tema de las inversiones es más delicado. Se ha considerado que el gobierno gobierna para los chilenos, que deberíamos proteger nuestra economía y que deberíamos deshacernos de las inversiones chilenas. El tema con las inversiones de Chile en el Perú no es su cantidad ni mucho menos, sino que, al igual que con todos los empresarios - sin importar las nacionalidades -, el Estado peruano no cumple con su rol regulador ni promotor. Y sobre el hecho de la nacionalidad del inversionista, comentan en Economía de los Mil Demonios:
Según las cifras oficiales, la inversión extranjera directa en el Perú en general (es decir, de todos los países que les dé la gana invertir en el país) ha ido en franco aumento desde el 96. Esto es consecuencia de que el país hasta antes de eso era pésima opción para la inversión extranjera. Recuerden que antes de eso teníamos terrorismo que odiaba la presencia de extranjeros en el país, así como presidentes anteriores que se surraban en los compromisos financieros internacionales (¿alguien recuerda a otro presidente que tuvimos también llamado Alan García que anunció públicamente que no pagaría la deuda externa? ¿alguien recuerda lo que pasó al día siguiente de ese anuncio?). (…)
Como podrán ver, si se trata de preocupación por la dominación sobre Perú por medio de las inversiones, Chile sería el último de nuestros problemas. Antes tendríamos que preocuparnos por España, que para un paranóico de los que ahora están saltando, es responsable por ni más ni menos que casi un cuarto de las inversiones extranjeras en el Perú. Y el Cachaco Juancho me diría que España no es problema, porque nuestra historia bélica es con Chile y no compartimos fronteras con España. Pero aguanta. ¿Qué España no nos invadió antes de Chile y mantuvo dominio sobre el Perú por mucho más tiempo? De hecho, hay dos periodos de la historia del Perú que tienen nombres relacionados a ello: la Colonia y el Virreynato.
¿Y el Reino Unido no les preocupa? ¿No han oído hablar de Las Malvinas? ¿Y que Estados Unidos sea el origen del 15.39% de las inversiones extranjeras directas en el Perú no los motiva a llamar a una carrera armamentista con Estados Unidos? Aquí les pongo un link sobre los fusiles de última generación que el ejército norteamericano está probando. Por si son de los que creen que tiene sentido eso de comprar todo lo que el vecino tiene.
Pero ademas el amigo Rothgiesser pone un cuadro sobre las inversiones en “los sectores estratégicos”, aquellos que generalmente son pronunciados para decir que “los chilenos nos invaden”:
Hay otro punto por dilucidar y es el último de este post. ¿A que se debe la noica con la Guerra del Pacífico? De un lado y otro de la frontera se cuecen habas y es necesario conocer en que consisten esas habas para saber de que hablamos.
Veamos unos extractos. Primero veamos lo que se piensa en el imaginario chileno:
El nervio central de la memoria chilena de la Guerra del Pacífico es aquel que difunde la imagen de un país victorioso y que estructura su discurso nacionalista en función de su superioridad frente al Perú y Bolivia, la que, económica y socialmente, fue obtenida tras su éxito militar en la mencionada contienda.
De cara al presente, esta postura se afirma a través de su posición diplomática tradicional que, frente a la demanda marítima boliviana, sostiene que no hay asuntos pendientes entre ambos países. Se añade además a esta postura, la afirmación de que la inestabilidad política en Bolivia, y las dificultades de su sociedad, complican el avance de las negociaciones en torno a la mencionada reivindicación. Además, desde los imaginarios chilenos también se vierte el discurso que sostiene que el reclamo peruano acerca de la frontera marítima persigue la finalidad de obstruir la posibilidad de un arreglo chileno-boliviano con el fin de dar salida al mar a este último país.
Pero también en el Perú tenemos nuestras propias noicas, cito a Parodi:
En términos más concretos, el discurso peruano principia con la mención al geoestratega chileno Diego Portales y sus planteamientos acerca de la necesidad de una expansión de Chile hacia el sur y de su liderazgo en el Pacífico Sudamericano. Este pensamiento, real durante el siglo XIX, se cree vigente hasta la actualidad y fomenta la desconfianza peruana.
Se deriva de esta premisa general, la amenaza de una agresión chilena, sustentada en planteamientos geoestratégicos vinculados al control de los recursos naturales con los que cuenta el Perú y que son escasos en Chile. (…)
Otro imaginario, muy difundido en el Perú, es el que sostiene que desde siempre Chile ha sido un país que obtiene ventajas indebidas de una serie de productos y recursos tradicionales peruanos. Así, el origen del Pisco y la chirimoya, así como el registro chileno de cierta variedad de papa y la comercialización de un tradicional postre limeño refuerzan la percepción peruana acerca del vecino como la de un país voraz, del que no se puede confiar.
En suma, el caso peruano no es solo el del exceso de pasado, sino también de memoria y de recuerdos, los que se retroalimentan con controversias del presente, las que algunos casos carecen de sustento real.
Sin duda, en este caso, sí tenemos un sustento real para estar enojados. Pero ello no ocurre en todos los casos y estos hallazgos históricos explican porque, incluso ante temas entre privados, sale el tema de antichilenos y antiperuanos en toda su dimensión. Y ello es lo que abona para que los políticos en Lima y en Santiago aprovechen cuando puedan el tema para consumo interno.
¿Qué hacer? Parodi propone, al final de su texto, reflexiones importantes que en La Moneda, Palacio de Gobierno y, en general, en ambos países deberíamos tener en cuenta.
Pero si ambas partes – en este caso los Estados y sus autoridades – llegasen a admitir la necesidad de superar la incidencia de estas negativas imágenes en sus respectivos colectivos, podrían comenzar preguntándose, cada cual a su turno, ¿en qué estoy mal yo?, ¿en qué debo mejorar?, ¿como me percibe el otro y por qué?; ¿qué espera el otro de mi?
Cautela sí, sanción a quienes traicionaron al país sí, un pedido de explicaciones a Chile y protestas diplomática sí, una buena política de defensa sí. Pero seguir apelando al odio, a la revancha, al armamentismo y a seguir acentuando diferencias con Chile (y sobre todo, mezclando a un gobierno que ha tenido avances en varios campos, menos en llevarse bien con nosotros, con un pueblo mayoritariamente pacifista) es, lo vuelvo a decir, una aberración. Quizás ahora entiendan mejor el porqué empleo este calificativo.
Ver a Chile como enemigo o como un potencial rival bélico me parece una de las peores aberraciones que se pueden tener en el país. Y lo digo en un momento en que las relaciones son delicadas entre ambos países, pues considero que seguir propiciando armamentismos desmedidos, odios ancestrales y revanchismos de guerras de hace 130 años termina siendo contraproducente en un contexto en el que las guerras no deben volver a existir en la región.
Dicho esto, hay que señalar que el caso de espionaje detectado en octubre pasado y hecho público hace unos días constituye el más lamentable episodio en la historia reciente de las relaciones entre ambos países. Siempre el hecho que un agente de inteligencia venda información a un gobierno o particular a cambio de dinero es algo bastante lamentable.
¿Ello implica un fracaso de la Cancillería? Yo creo que no. Coincido con Carlos Basombrío en lo que indica para Semana Económica:
La detención de un suboficial de la FAP espiando para Chile y el pedido de ese país a los Estados Unidos de venderles misiles por US$ 600 millones de dólares, pueden ser vistos por algunos como un fracaso de la política exterior peruana de denunciar el armamentismo y promover un clima de paz y cooperación en la región.
Sería un grave error.
Al contrario, ratifican que el Perú está en el camino correcto. Las compras habrían ocurrido, así el Perú estuviese tratando de competir con Chile y gastando, nosotros también, lo que no tenemos en armas. En ese contexto ellos habrían tenido “justificación” para lo que hoy suena cada vez más aberrante: armarse, armarse y armarse. Lo de los espías es parte regular de las acciones de inteligencia y contrainteligencia de los países y, más bien, es extraordinariamente importante que nuestras Fuerzas Armadas lo hayan detectado, expuesto y sometido a tribunales judiciales ordinarios. Es Chile quien debe una explicación y el que queda a la defensiva.
En ambos temas Chile queda como protagonista de una política inamistosa y Perú debe continuar su ofensiva diplomática en la región.
Por tanto, quedan varios pendientes. En el plano interno, es importante mantener la unidad con el gobierno en este tema, lo que no implica dejar de criticar cuando sea necesario. También implica hacer un frente común frente al no armamentismo en la región y a controlar que las necesarias compras de armamento por renovación no culminen en una escalada de compras como algún diario todos los días sugiere. Frente al caso del espía (o espías, como indican los indicios de las últimas horas), pues debe ser sancionado en el fuero pertinente - que parece ser el fuero civil, como opinan expertos en justicia militar - y culminar con la investigación que no solo permita detectar responsables, sino también reformas en el sistema de inteligencia.
En el plano externo, es necesario continuar con las giras en la región para informar sobre la demanda marítima y sobre la propuesta de cortar con el gasto militar a lo indispensable. En el caso de Chile, hay que mantener una relación cautelosa, haciendo expresar nuestra protesta clara sobre lo que es un acto inaceptable y ofensivo, pero sin llegar a los extremos de ruptura de relaciones. También es necesario seguir manteniendo el tema comercial apartado del tema, sin dejar de bregar por una mayor apertura a nuestras inversiones en el vecino del sur. Y por supuesto, no hay que generalizar indicando a “los chilenos” como responsables, cuando es su gobierno el que debe dar explicaciones, no el pueblo chileno, que mayoritariamente quiere vivir en paz con sus vecinos.
Quien ha quedado mal es el gobierno de Chile, no nosotros. De allí que haya que mantener la serenidad y evitar los arrebatos nacionalistas que no nos llevan a nada. La Guerra del Pacífico terminó hace más de 120 años. Recordemos esto a ambos lados de la frontera. Sobre todo, porque seremos vecinos toda la vida.
ACTUALIZACION (02:20 PM): Habló Alan (vía Perú.21):
El presidente Alan García se pronunció, por primera vez, sobre el caso del suboficial de la FAP Víctor Ariza, acusado de vender información militar a Chile. Sostuvo que este tema ofende la soberanía de nuestro país y además criticó la respuesta de Santiago a la propuesta peruana de reducir la compra de armas.
“Creo que estos son actos repulsivos que no corresponden a un país democrático y que dejan muy mal la presencia de Chile ante el mundo”, declaró tras la cita de urgencia que convocó en Palacio del Consejo de Defensa Nacional.
Sin embargo,precisó que el Perú no está diciendo que la presidenta Michelle Bachelet o sus ministros estén detrás del tema, pero sí exigió que se investiguen el caso, a cualquier nivel en que haya ocurrido. Lo que dejó en claro García es que el espionaje, tras las investigaciones, está confirmado, algo que en Chile han negado. Por ello, anunció que ha pedido a la Fiscalía que remita toda la información que hay al respecto.
“Perú es víctima de un acto de espionaje, y ve en este acto de espionaje el temor de quienes así actúan, el complejo de quienes ven con temor el crecimiento de Perú, su desarrollo democrático y económico”, dijo el mandatario luego de expresar el rechazo “enérgico y categórico” de parte del Gobierno peruano.
Antes de la reunión del Consejo de Defensa, el primer ministro dijo que el gobierno peruano espera una respuesta “concreta” de Chile, y destacó que el caso de espionaje involucra un tema de Estado, en la que toda la clase política local debe estar unida en torno a la posición peruana.
En términos generales, el mensaje fue claro, sereno, ponderado y firme. Estuvieron demás las alusiones a la envidia por el crecimiento económico peruano, sin duda alguna (ver más en Menos Canas), pero fue un discurso en el que se evitaron exacerbar odios, se dejó en claro que el país no puede embarcarse en una carrera armamentista - lo que seguro provocará las iras de La Razón mañana - y se rechazó con firmeza una intromisión inaceptable.
Estuvimos con Fátima Toche (@fatimatv en Twitter), hablando sobre derechos de autor, temas de actualidad y sobre su nuevo blog (colectivo), Silla Eclética.
La norma más importante expedida por este Congreso señala de modo claro lo siguiente:
Artículo 40°.- Está prohibido a los jueces: (…)
2. Aceptar de los litigantes o sus abogados, o por cuenta de ellos, donaciones, obsequios, atenciones, agasajos o sucesión testamentaria en su favor o a favor de su cónyuge o conviviente y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Igual prohibición se aplica en el caso de ofrecimiento de publicaciones, viajes o capacitaciones de cualquier institución nacional o internacional que tenga juicio en trámite contra el Estado.
Complicando aún más la suerte de los vocales Távara y Solis, tenemos, entre las faltas consideradas como muy graves la siguiente:
Establecer relaciones extraprocesales con las partes o terceros, que afecten su imparcialidad e independencia, o la de otros, en el desempeño de la función jurisdiccional.
Cabe recordar que la existencia de una Ley de Carrera Judicial fue propuesta en el Plan de Reforma Integral de la Administración de Justicia, propuesto por la CERIAJUS, ente creado para proponer una reforma integral del sistema de justicia. Como que convendría que todas las instancias del Estado revisen dicho documento para implementarlo en su totalidad.
2. La necesidad de investigar a la Universidad Alas Peruanas:
Como lo ha recordado el diario El Comercio, este centro de estudios nació con serias fallas de origen y, sobre todo, de nivel académico, hecho que hizo que apelara al Poder Judicial para poder operar en el modo que lo hace hasta el día de hoy. Para nadie es un secreto que esta universidad ha complicado su situación con la creación de filiales en todo el país, de la misma calidad que su casa matriz. Ello amén de los vínculos que tuvieron con el oscuro gobierno de la década pasada.
El manejo de la ANR en este caso ha sido nulo. Por el contrario, como comenta Ernesto de la Jara, ha sido gracias a este organismo que ha conseguido buena parte de su influencia:
Más si se sabe que, por una u otra razón, la universidad Alas Peruanas tiene mucho peso en la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), entidad que toma decisiones tan importantes, como es la elección de los representantes de las universidades publicas y privadas ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el órgano que nada menos elije a todos los jueces y fiscales, los ratifica (o no) cada 7 años y hasta los puede destituir. Prueba de dicho peso es que la última vez que la ANR nombró a sus delegados ante el CNM salieron elegidos los dos candidatos presentados por la referida universidad, sin importar que se trataban de un ingeniero agrónomo y un biólogo (cuando, de acuerdo al espíritu de la ley, deberían ser abogados), los que, encima, acababan de dejar de ser presidente y vicepresidente del mismo ente elector, es decir, de la ANR.
Alas Peruanas pudo así imponer a sus candidatos, valiéndose de la poca transparencia con la que se realizaron estas elecciones, pese a su importancia, mientras que universidades como San Marcos o Católica resultaron derrotadas, pese a que presentaron candidatos de mejor calidad.
Punto aparte lo constituyen los congresistas Edgar Nuñez y Wilder Calderón. El primero de los nombrados, como reveló ayer La República, le alquila a la UAP dos locales en Ica, lo que es curioso dado que es vicerector de dicha universidad en la mencionada región. Mientras que el segundo, de acuerdo con la información proporcionada por Perú.21, presenta en la Comisión de Educación proyectos para beneficiar a Alas Peruanas, de la que es asesor hace 12 años, como a la Universidad Simón Bolívar, de la que es propietario. Si a esto no le llamamos conflicto de intereses, no sabemos a que conducta denominar como tal.
3. La necesidad de una nueva Ley Universitaria:
Todo este desorden universitario se ha visto avalado por el Decreto Legislativo 882, una de las normas más perniciosas para la educación peruana, expedida por el gobierno de Alberto Fujimori. Si bien el fin de promover la inversión privada en educación podía ser comprensible, bajo el supuesto que se debía incrementar la calidad educativa, lo cierto es que, salvo honrosas y escasas excepciones, las universidades creadas al amparo de esta norma no reúnen los estándares de calidad que se dignen de llamarlas como tales. A esta norma se le suman, en sus defectos que inciden en la calidad de la educación, otras normas sobre la creación de universidades y de filiales.
La legislación vigente establece una diferenciación marcada entre aquellas universidades que, en el lenguaje de las autoridades, se llaman “institucionalizadas” y aquellas otras que están bajo un régimen transitorio. Las primeras fueron creadas por ley antes de 1995 o han sido incorporadas luego de pasar por el régimen transitorio, y sus rectores integran la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). En 2003 sumaban 58 universidades, de las cuales algo más de la mitad (30) eran privadas. No están sujetas a evaluación externa, de modo que la identificación de sus posibles deficiencias y la adopción de los remedios consiguientes quedan a cargo de la propia institución, salvo el caso de que se produzcan graves irregularidades en ellas, que ameriten la intervención de la ANR, según dispone la ley 27433.
Las segundas provienen del sistema establecido por la ley 26439 en 1995, pueden ser públicas o privadas y haber sido creadas por ley o por iniciativa privada. En 2003 sumaban 21 universidades, de las cuales sólo cinco eran públicas. En esta categoría, trátese de universidades creadas por ley o de las promovidas por iniciativa privada, el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU) es responsable de otorgar un visto bueno a los proyectos de creación de la universidad que, una vez en funciones, estará bajo el mecanismo de evaluación a cargo del propio CONAFU, hasta que este organismo emita la autorización definitiva de funcionamiento. Mientras dure su “funcionamiento provisional”, el CONAFU, órgano autónomo de la ANR, la universidad se encuentra sujeta a una evaluación hasta por cinco años, a lo largo de los cuales, el CONAFU ordenará su cierre o, concluido tal plazo, le otorgará “autorizará de funcionamiento definitivo”. Asimismo, durante ese periodo, el CONAFU puede “autorizar, denegar, ampliar o suprimir facultades, carreras o escuelas” (art. 2º). Una vez alcanzada la autorización de funcionamiento definitivo, la respectiva universidad se convierte en “institucionalizada” y pasa al régimen de las primeras.
Aunque a la primera categoría ya han accedido varias de las universidades privadas, constituidas bajo las normas del Decreto Legislativo 882, expedido en noviembre de 1996, encaminadas a promover la inversión privada en la educación –que establece el derecho “de fundar, promover, conducir y gestionar Instituciones Educativas Particulares, con o sin finalidad lucrativa”–, un sector de ellas permanece aún en la segunda categoría.
De acuerdo al régimen del CONAFU, vigente desde 1995, para otorgar la autorización provisional de funcionamiento de una universidad, la entidad promotora debe acreditar, entre otros elementos, “conveniencia regional y nacional, sustentada en un estudio de mercado de las especialidades que se proponga crear”, “disponibilidad de personal docente calificado”, “infraestructura física adecuada”, y “servicios académicos imprescindibles (bibliotecas, laboratorios y afines)” (Ley 26439, art. 7º). La impresión recabada de informantes que reclamaron el anonimato sugiere que la acreditación de algunos de estos requisitos en los hechos no ha sido rigurosa; este señalamiento parece ser confirmado por el caso de aquellas universidades creadas con el objetivo de ofrecer la carrera de derecho, respecto de la cual difícilmente podría demostrarse en el país, desde hace muchos años, mediante “un estudio de mercado” la conveniencia de su expansión. Las visitas efectuadas por el equipo de trabajo de este estudio verificó que en varias universidades no se cumplían en modo alguno varios de los requisitos prescritos por la ley. Un informante sostuvo que existen “plantillas” para presentar proyectos de creación de universidades y que la tramitación de los mismos es, en ciertos casos, irregular. En particular, el Dr. Róger Guerra-García declaró públicamente haber “renunciado [al CONAFU] por disconformidad con la autorización como universidades de instituciones que benévolamente corresponderían al mando medio; y que no cumplían con la opinión que por ley debe ser requerida a la ANR y también a los colegios profesionales” (…)
Según información de la ANR, hasta mayo de 2004 se había autorizado el funcionamiento de nueve filiales universitarias en las que funcionaba la carrera en derecho. Sin embargo, se constató que, cuando menos, en el país existía un total de 28 filiales que ofrecían la carrera de derecho.
Soy de los que piensa que no todos los cambios se lograrán con Leyes, pero en este caso, cabe reconocer que las normas actuales sobre la Universidad Peruana han llevado, salvo excepciones, a su colapso. Debemos ir hacia una norma moderna, que potencie a la universidad pública, la investigación en todas sus instancias, coadyuve a mejorar la calidad académica, cierre las filiales, y, en el caso de las universidades privadas - sin importar la forma que tengan, asociación o empresa - tengan estándares de calidad que las digne de llamarse tales. Ello también implica la creación de una institucionalidad nueva, que cumpla con el rol promotor, regulador y de fiscalización de la universidad del cual el Estado ha claudicado en nombre de un mal uso de la autonomía universitaria.
Como diría Vallejo, hay hermanos mucho por hacer. ¿Comenzaremos un lunes cualquiera, Zavalita?
ACTUALIZACION (12:45 PM):
Otra denuncia contra Alas Peruanas en La República:
Un terreno de 10 mil 776 metros cuadrados ubicado en Comas, entregado por la Asociación de Pro Vivienda Santa Luzmila al rector de la Universidad Alas Peruanas, Fidel Ramírez Prado, y teniendo como copropietarios al congresista Édgar Núñez Román y a Yary Valencia Freitas, esposa del congresista César Zumaeta, genera más suspicacias en torno al vínculo de personajes en el poder con ese centro de educación superior.
Pero de acuerdo con los vecinos, la asociación donó ese terreno a Ramírez Prado y al congresista aprista sin cumplir con el aval de todos los socios, como exige la ley.
Según consta en la Guía de Adjudicación del lote 27 manzana LL-IV, urbanización Santa Luzmila, la transacción se realizó el 15 de abril del 2008, y con esa finalidad se nombró como socio a Fidel Ramírez Prado. En ese periodo se encontraba de dirigente José Rossell Anaya. Otro documento de la Municipalidad de Comas demuestra que Ramírez Prado paga impuestos prediales por este terreno.
Consultados al respecto, el jefe de imagen de la comuna, Javier Mattos, reconoció que ese terreno está en poder del rector de la Universidad Alas Peruanas y que el municipio dio trámite a su inscripción, pues no encontró nada irregular.
En la actualidad, esa asociación está en disputa por dos dirigencias. Una presidida por Elías Teodoro Calderón, quien es militante apristas según el padrón oficial de ese partido; y, por otro lado, Deliza Ubaldina Ávalos, quien ha denunciado ante el Ministerio Público de Lima Norte a Calderón Córdova y sus delegados por varios delitos, entre ellos fraude en la administración de persona jurídica.
“Desde hace varios años han usurpado la directiva de esta asociación, para poder traficar con los terrenos”, afirmó Ávalos.
Durante 5 días, Pablo O’Brien viene presentando en la web de Semana Económicaun reportaje completo sobre la licitación de petróleo que originó el mayor escándalo de corrupción de este gobierno. O’Brien ha hecho una labor de ordenar datos y presentar documentos - algunos de ellos inéditos - en los que van quedando claras varias cosas.
Como se puede apreciar de los cuadros, del relato del periodista y de los documentos presentados, la idea era bastante clara: Discover debía conseguir vínculos con funcionarios públicos para poder acceder a competir por los lotes petroleros. En otras palabras, se quería un padrinazgo estatal a fin de conseguir el negocio y de allí la importancia de conseguir la asociación con Petroperú. En términos de Hernando de Soto, a eso se le llama mercantilismo. De allí la serie de cartas y reuniones que se concertan para este objetivo. Todo esto respondía a un plan: el llamado Proyecto Perú ideado por Canáan y que fue seguido incluso cuando el dominicano dejó de participar en el negocio. Ello, por supuesto, no quita responsabilidad alguna a los funcionarios que colaboraron en la gestión de estas citas.
La tercera parte tiene como eje central el rol que cumplió Petroperú en esta licitación. Como se ha mencionado al inicio de este caso, Discover ganó los lotes petroleros en asociación con la empresa estatal de hidrocarburos. Luego de muchos años, Petroperú volvía a las actividades de exploración y explotación.
El tema es que, de acuerdo con este relato, no existen criterios claros para que se tome la decisión para que Petroperú ingrese de lleno al negocio petrolero. Veamos lo que dice el reportaje, de acuerdo con fuentes de Contraloría:
Cuando se lanzó originalmente la licitación internacional de Perupetro en mayo, César Gutiérrez declaró a la agencia Andina que Petroperú no se presentaría. “Gutiérrez descartó que Petroperú vaya a participar en la nueva licitación de lotes con potencial de hidrocarburos que llevará a cabo Perupetro. ‘Con el proyecto de exploración de los lotes de selva tenemos bastante copada la cartera de exploración de proyectos de Petroperú’”, citó la agencia estatal.
Es decir, a la petrolera nacional no le interesaba o no estaba en condiciones de presentarse a este concurso. Curiosamente, tan sólo tres meses después firmaría un acuerdo con DPI y con Pluspetrol para participar en el mencionado concurso. Aparentemente, Gutiérrez cambió de parecer entre mayo y agosto del 2008.
Cabe indicar que, al analizar la política de asociaciones que guió el accionar de Petroperú en su relación con DPI, la Contraloría General de la República determinó que la estatal peruana no había aprobado ninguna en particular, por lo cual este tipo de asociaciones se realizaba de manera discrecional. Los exámenes efectuados por el órgano de control mostraron que, luego de que en el 2004 se excluyera a Petroperú de los procesos de privatización y el 2006 se promulgaran las normas para su fortalecimiento institucional, no se produjo ningún cambio estructural al interior de esta empresa encaminado a asumir los nuevos roles que se le otorgaron (como, por ejemplo, la posibilidad de asociarse para explorar, como ocurrió en este caso).
A la fecha no existe una unidad orgánica responsable de estos procedimientos, ni tampoco se ha definido cuáles son los parámetros que deben cumplirse antes de cerrar una asociación de este tipo. Así, en los últimos años Petroperú se ha venido aliando con una serie de compañías (como estaciones de gas natural vehicular, además de firmar seis convenios de evaluación técnica en las que participa con Petrobras y Ecopetrol) sin un marco legal que regulara tales vínculos.
De acuerdo con un funcionario de la Controlaría que accedió a hablar con SE.com bajo la regla del anonimato: “Falta una unidad orgánica responsable, faltan procedimientos claros para asociarse y, sobre todo, falta planificación que determine en dónde, para qué y con quién debe y puede Petroperú consorciarse”.
La decisión final, por tanto, estaba en manos de una persona: César Gutiérrez. De allí la cantidad de reuniones, cartas y correos destinados por los lobbistas para que su decisión inicial de no asociarse sea revertida. La decisión se tomó y elaboró en una semana. Corrían contra los plazos, dado que había que presentarse a la licitación el 28 de agosto de 2008.
En dicha decisión, por cierto, se cometieron varias cosas extrañas:
Sin perjuicio de ello, la Contraloría detectó también que en las negociaciones entre DPI y Petroperúno participó Ernesto Barrera Tamayo, gerente de planeamiento de la petrolera estatal. Barrera estuvo presente a lo largo de todo el proceso de asociación que dicha empresa llevó a cabo con Petrobras, Ecopetrol y Pluspetrol, pero no asistió a ninguna de las reuniones con los directivos de la firma noruega. Quien sí asistió, como quedó registrado en el correo electrónico citado líneas arriba, fue Luis Gregorio Suárez López, miembro de la “unidad de exploración y explotación” de Petroperú. Para la Contraloría es incomprensible que a estas reuniones no haya asistido un gerente de línea como Barrera, sino un funcionario de inferior rango.
De hecho, Suárez se mantuvo en comunicación con León Alegría. En un correo que el ex ministro de Pesquería le dirigió a Gutiérrez el 28 de agosto del 2008, le dijo: “Estoy en contacto con el Ing. Luis Suárez quien generosamente me ha orientado con información profesional”. Aparentemente, Celi había destacado a Suárez para que cumpla con esta tarea.
A la Contraloría le llamó la atención igualmente que en los acuerdos a los que llegó Petroperú con otras compañías –como Pluspetrol, por ejemplo– se tomaron ciertas precauciones y hasta se establecieron algunos mecanismos de control (se cuenta con abundante documentación y correspondencia sobre las discusiones y acuerdos a los que se llegaron) antes de firmar los contratos de asociación. Todos estos acuerdos fueron aprobados en el Directorio. En cambio, esta situación no ocurrió con DPI. Hasta la fecha, las razones por las cuales la petrolera estatal decidió asociarse con DPI no están para nada claras.
Recién el 8 de setiembre –el mismo día en que se abrieron los primeros sobres de la licitación internacional– Petroperú anunció esta particular asociación. En el comunicado oficial quedó expuesto claramente lo que para los noruegos significaba el acuerdo: “a Discover Petroleum le interesa asociarse con la empresa estatal por su tamaño empresarial, ya que esto tendrá un peso importante en la calificación para obtener la buena pro. El máximo puntaje se otorgará a la empresa que facture más de US$500 millones y Petroperú factura más de 2,800 millones, entonces nuestra participación aporta mucho y eso nos ayudó en esta negociación”, conforme refirió César Gutiérrez.
En los siguientes dos días, se contará el resto de la historia. Pero de lo visto, hay por lo menos varios documentos que señalan claramente la infracción de normas de procedimiento y que merecerían un análisis judicial para verificar la comisión de delitos.
Por tanto, las ínfulas sobre la inexistencia de pruebas dadas por varios de los involucrados en este caso deberían disminuir y las explicaciones debieran incrementarse.
Casi todas las semanas, los medios de comunicación denuncian o reportan denuncias sobre Congresistas de la República, en particular, sobre procesos judiciales sentenciados en el pasado, casos de corrupción, conflictos de intereses y falsedades en sus hojas de vida. Sobre ello, creo que cabe hacer una reflexión mayor.
1. Es necesario comenzar por lo obvio: todos estos casos deben ser investigados y sancionados en las instancias correspondientes. Buena parte de la mala imagen del Congreso tiene que ver no tanto con los casos, sino que los mismos se dejen sin sanción.
2. Es necesario el rigor en las denuncias que se lancen por dos razones. La primera, es la presunción de inocencia y el derecho al honor de cada persona; la segunda, la necesaria verificación que no solo permita comprobar la veracidad de los datos entregados - muchas veces, en sobre cerrado - sino también para impedir que la investigación o denuncia se tiña con la intencionalidad de quien proporcionó la información. El método aquí no solo sirve para la certeza informativa, sino también para mantener la necesaria distancia con la fuente y sus intenciones.
3. No noto en estas denuncias un afán por generar un clima activo para “un nuevo 5 de abril” o para “ocultar temas o investigaciones”. De un lado, tratar temas complejos como los que solicita un sector del público que se trate - el Petrogate o la concesión de Paita - requiere conocimiento, trabajo y, sobre todo, aterrizar los datos a tierra, en lenguaje legible. Pero de otro lado, también es cierto que muchos ciudadanos andan suspicaces frente a sus autoridades y también frente a los periodistas, en parte por sus conductas actuales, en parte por el pernicioso legado de corrupción y desconfianza que nos legó el fujimorismo. De allí la necesidad que los directores de medios puedan hacer, en sus columnas editoriales, deslindes necesarios y aclaraciones pertinentes que impidan la formación de rumores o malas impresiones sobre los medios.
4.Dado lo desinstitucionalizado que es el Perú, se la atribuye a la prensa un mayor poder del que tiene realmente y se piensa que una denuncia periodística parará automáticamente la comisión de abusos y de actos de corrupción. Ciértamente, en muchos casos lo hace, pero no en todos los casos se logra ese objetivo. De allí que haya que tener mucho cuidado en pensar que los periodistas pueden resolver todos los problemas, como un sector de la población puede percibir.
5. Del lado del Congreso, estas denuncias implican reformas. No han faltado quienes plantean la necesidad de colocar mayores requisitos académicos para acceder al Congreso. A raíz del caso de la parlamentaria Hilaria Supa, Martín Tanaka hizo una reflexión válida y pertinente para responder a este tipo de propuestas:
Creo que hay muchos malos entendidos en las maneras en las que se suelen abordar estas cuestiones. ¿Qué es un buen congresista? A mi juicio, simplificando, uno que expresa, defiende, promueve, bien las propuestas de su bancada. En las campañas electorales los partidos presentan listas de candidatos, con un programa político nacional general y con programas regionales específicos. Cualquier congresista individual llegará con algunas capacidades y conocimientos para algunas cosas, y con una gran ignorancia e incapacidad en otras. Un congresista puede ser bueno en derecho penal, pero saber nada de políticas de salud; bueno para la técnica legislativa, pero malo para las tareas de representación, de relación con los electores; otros serán muy buenos explicando, difundiendo, canalizando y dando forma a las demandas y necesidades de los ciudadanos, concertando con otros grupos legislativos, pero serán malos en conocimientos profesionales, etc.
¿Cómo se superan estas limitaciones? No individualmente. El congresista llega como parte de una bancada que presentó un programa, que elaboró un partido con la ayuda de expertos en consulta con mucha gente, y que propuso en la campaña. La calidad del trabajo congresal dependerá de una buena conducción política y de una buena y profesional asesoría parlamentaria del grupo político. En este marco, puedes perfectamente ser analfabeto y un buen congresista. Al mismo tiempo, puedes tener todos los títulos profesionales posibles, y ser un pésimo congresista.
¿Qué es para mí un buen congresista? Uno que es fiel al programa político del partido gracias al cual fue electo, que defiende, promueve, con criterio las propuestas que dieron lugar a los votos que lo eligieron. Que actúa con sentido colectivo dentro de su bancada y aporta desde sus competencias particulares; que es capaz de relacionarse con los ciudadanos de su circunscripcíón, y con congresistas de otros grupos, de manera constructiva. ¿Qué sería un mal congresista? Uno que llega al Congreso, y se olvida del programa político del partido lo llevó allí; que actúa individualista, personalistamente, que busca cámara, atención personal, por encima de las propuestas de su grupo; que usa su cargo para intereses personales; esos hacen mucho daño. Hay otros malos, pero menos dañinos, digamos: los que cobran y no hacen nada.
Finalmente; como decía, viendo las cosas así, ser analfabeto o no manejar bien el español no predice que serás un mal congresista; como ser un académico de la lengua española y un profesional con mil pergaminos no predice que serás bueno. ¿Es necesario poner requisitos? Yo creo que sí, pero para mí el requisito es la trayectoria política. Me parece muy mal que una persona desconocida, oportunista, improvisada en asuntos políticos, de pronto llegue a altos cargos de representación (los peores congresistas son casi siempre de ese tipo). Llegar al congreso debería ser la culminación una carrera política o trayectoria pública, donde previamente demostraste tus méritos y capacidades siendo regidor, alcalde, ministro, funcionario, líder sindical o de opinión, dirigente social, etc., etc. Los congresistas serán mejores en tanto sepamos quienes son, y los elijamos siendo concientes de a quienes estamos eligiendo, serán peores en tanto sean desconocidos e imprevisibles. Para esto algunos filtros son p.e. elecciones internas en los partidos, que a su vez pueden tener requisitos, como años de militancia, experiencia política o pública, etc. De otro lado, todo aquello que apunte a fortalecer a las bancadas y a combatir el transfuguismo y el individualismo me parece muy bien.
6. Entonces, ¿por dónde deben ir las reformas? De un lado, en el sentido expresado por Tanaka: un fortalecimiento de las bancadas parlamentarias. Ello implica no solo que los proyectos se presenten con el apoyo de la bancada, sino que la agenda legislativa sea canalizada a través de ellos, que los asesores parlamentarios sean contratados por la bancada y no directamente por el congresista y que el parlamentario pierda su curul cuando renuncie a su agrupación política.
Del otro lado, el cumplimiento y modificación de la Ley de Partidos Políticos. Como dijo Fernando Tuesta en una entrevista de hace unos meses, es imposible que en el Perú existan 30 partidos políticos que cumplan con los requisitos señalados en la norma. Ello requiere que el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE cuenten con los recursos necesarios para fiscalizar y sancionar a los partidos y, por qué no, quitarles la inscripción si no cumplen con los requisitos. También será necesario eliminar la inscripción de partidos un año antes de la elección, el absurdo requisito de las firmas y, exigir, como señala Tanaka, que la postulación para las primarias en ciertos cargos públicos tengan requisitos como años de militancia y ocupar puestos públicos anteriores.
Finalmente, se requieren cambios urgentes en las reglas electorales. Para comenzar, que la fecha de elección del Congreso no sea la misma que la de las elecciones presidenciales, para evitar que todos los reflectores se concentren en esta elección. Del mismo modo, sería indispensable la eliminación del voto preferencial y distritos electorales más pequeños en el caso de Lima.
Más allá de los escándalos, es necesario apostar por reformas de fondo.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Alas Peruanas acordó en diciembre de 1989 realizar los estudios respectivos para crear una universidad particular con la finalidad de atender las demanda de sus socios y proyectar su servicio a la comunidad.
Mediante resolución de la Conafu, de abril de 1996, se autoriza el funcionamiento provisional de la Universidad Alas Peruanas.
Luego, en el 2001, la Conafu señala que no le expedirá la autorización definitiva y la califica de “deficiente”. En julio del 2002, la universidad se integra a la Asamblea Nacional de Rectores y la Conafu se eximió, por mandato judicial, de seguir evaluando la calidad académica.
Veamos, conflictos de intereses, viajes pagados, calidad académica discutible y aspiraciones políticas. Aquí los responsables no solo son los magistrados y congresistas viajeros, sino también la entidad y su principal autoridad. La educación peruana, muchas veces, no cae en las mejores manos.
Este es uno de los documentos hallados en la computadora de Rómulo León Alegría y que hoy exhibe Pablo O’Brien en el inicio de un reportaje por entregas sobre el caso de los Petroaudios. Semana Económica publicará las 5 partes, que prometen nuevas revelaciones y dar una mirada de conjunto al caso. El documento alude a los pagos que León habría hecho con plata otorgada por Fortunato Canaán para sus operaciones en Lima.
El reportaje contiene varias revelaciones y confirmaciones de datos. Los más relevantes, a continuación:
1. El contrato Rómulo León Alegría - Discover: Los noruegos le pagaban a Rómulo 15,000 dólares mensuales. Formalmente, su labor de consultor tenía como objeto dar asistencia y representación en materia de manejo de negocios a la empresa petrolera.
2. ¿Cómo comenzaron las relaciones Rómulo - Canáan y Canaán - Discover?
Sobre la primera de ellas hay novedades. Veamos lo reportado por O’Brien:
Por esa época (alrededor de junio del 2007) conoció a Rómulo León Alegría, justamente en el Hotel Country. Dimas Concha, experto en marketing electoral y asesor de Luciana León, los presentó. Concha había vivido mucho tiempo en República Dominicana y allí se había hecho amigo de la política y periodista dominicana Peggy Cabral. Fue a través de Cabral que Canaán conoció al ex premier Jorge Del Castillo, como éste ha reconocido. Cabral también conocía a Alan García, a quien le había hecho un reportaje y una entrevista cuando era candidato en las elecciones del 2006.
Cabral aparentemente trabajaba para Canaán, pues en la computadora de León Alegría se han encontrado correos y cartas que el dominicano le enviaba a ella dándole órdenes e instrucciones estrictas. Él, además, le pagaba los pasajes y el alojamiento en el Hotel Country.
De acuerdo a la versión de Dimas Concha y del propio León Alegría, el primer encuentro entre éste y el empresario dominicano fue fortuito. León Alegría deseaba despedirse de Peggy Cabral y, al llegar al Hotel Country donde estaba alojada, halló a la política conversando en un apartado del restaurante con Canaán. Tras las presentaciones de rigor, León Alegría le ofreció al dominicano un proyecto que entonces le quitaba el sueño: una mina de oro en Cusco: Albagold. Este negocio no sedujo al dominicano, que estaba más interesado en invertir en infraestructura, pero sí quedó impresionado por la facilidad de palabra de León Alegría y el alarde que hizo de sus nexos y contactos al interior del gobierno, por lo cual Canaán decidió contratarlo.
El trato se cerró de inmediato. A cambio de un sueldo de US$5,000 mensuales más los gastos de oficina y otros, León Alegría se comprometía a sacar citas con los ministros y funcionarios del más alto nivel que pudieren otorgarle a la empresa constructora de Canaán las obras públicas que apetecía (hospitales, cárceles, entre otras).
Sobre la segunda relación, O’Brien confirma lo dicho por la Comisión Investigadora del Congreso de la República, que señaló que la relación se dio a través del mexicano Mario Diaz Lugo, a quien un abogado del estudio madrileño Garrigués le recomendó al dominicano Canáan. Un contrato entre ambos se dio en diciembre de 2007. Se añade como dato relevante que Canaán había participado como representante de la empresa venezolana de petróleo “Las Mercedes” en la década de 1980.
Quimper, en tanto, no sólo trabajaba como vicepresidente de Perupetro, sino que abiertamente daba su consejo a León Alegría y asesoraba legalmente a los noruegos. El 10 de junio, por ejemplo, le dirige a Kjerstad un largo informe explicándole las particularidades del sistema tributario nacional (link al documento). Por este análisis habría recibido US$2,000. De hecho, la auditoría que la propia DPI le encargara a Ernst & Young así lo asegura (link documento).
Según este documento, el abogado habría recibido unos US$12,000 de forma indirecta, pues habría sido Arias Schreiber quien le entregó el dinero. El propio representante legal de DPI también fue remunerado: US$76,637 le fueron abonados por los noruegos en contraprestación por sus servicios (link al documento).
Hay muchos más elementos en este informe (cuestiones de conflicto ambiental en uno de los lotes otorgados, así como las razones por las cuales Canáan y León Alegria culminaron su relación comercial, entre otros), que va confirmando que sí hay pruebas contra Rómulo León Alegría y Alberto Quimper y que esta operación fue todo menos pulcra. También indica la necesidad de que muchos personajes aclaren que conversaron con Fortunato Canaán en su famosa suite.
1. ¿Fue por el gas o era por los Panamericanos? La periodista Paola Ugaz señaló que esta fiesta estaba planeada desde el día miércoles, sea la razón que fuere. Sorprende que se haya tenido tanta espectativa sobre ganar los Juegos Panamericanos, cuando la candidatura de Toronto era, a todas luces, superior a la nuestra. (Ver columnas de César Hildebrandt y Augusto Álvarez Rodrich al respecto). Todo indica que existe un afán desmedido por mostrar logros que va más allá de la mera propaganda.
2. No se sabe cuanto gas se tiene: Sin duda, es una buena noticia que el país obtenga más gas. Pero el Presidente no puede afirmar triunfalistamente que aseguramos nuestra situación energética cuando Petrobras - la empresa que está explorando el Lote 58 - no ha indicado cuanto gas exactamente tenemos. De allí que resulte forzada la siguiente declaración presidencial:
“Todo esto es un regalo de nuestro creador, por el afecto que el pueblo tiene por Dios, por su creencia. Estoy convencido que si seguimos con fe y con decisión, nos seguirá apoyando siempre porque Dios apoya a los pueblos que tienen fe, Dios apoya a los pueblos que saben cantar, que tienen alegría, que saben celebrar todo aquello que les da”
Creo que la frase nos releva de mayores comentarios.
3. Frivolidad: Si algo hizo este gobierno al inicio fue tratar de desligarse de la imagen de frivolidad que tenía su predecesor. Pero aquí vimos al Presidente, su Primer Ministro, el Secretario General del APRAy al Ministro de Justicia cantando, bailando y celebrando como si hubieramos ganado el mundial de fútbol. A Toledo lo hubieran linchado por una fiesta como ésta. Aquí, salvo excepciones, casi nadie ha comentado el tema.
4. Propaganda política: Esta imagen salía a cada rato en el canal de todos los peruanos (vía @bobsparz):
5. ¿Quién pagó la fiesta? Saquemos cuenta de los gastos: estrado, cerveza, pisco, artistas, presentadores. ¿Quién solventó estos gastos? Como para que se proceda a pedir vía una solicitud de acceso a la información pública cuanto costó esta fiesta y a nombre de que entidad se giraron las facturas.
7. El parentesco con el fujimorismo: No solo se trata de los cumpleaños de Fujimori organizados con portatil y con solo Dios sabe que plata, sino también de como acontecimientos económicos cuyo efecto es aún impredescible se festejan con alborozo. Hace 9 años, Carlos Iván Degregorí escribió un artículo llamado Príncipe de las Mareas: un día en la vida chicha de Alberto Fujimori (ver aquí y aquí) en el que comentaba como los diarios chicha aprovechaban políticamente el levantamiento de una veda de pesca de apenas tres semanas para convertir al reo de Barbadillo casi en Dios. Cualquier parecido con la realidad actual, ¿es mera coincidencia?
Como vemos, la resaca de este tono parece ser bastante fuerte.
Hoy desde las 7 pm. Todo sobre la fiesta en Palacio de anoche, el juicio iniciado a Luis Giampietri, el caso Elsa Malpartida, algunas cosas sobre Yanacocha y dos libros para recomendar.
Disculpen, pero por un problema técnico, solo quedó grabada la primera parte del show.
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