Desde el Tercer Piso

Aunque la agenda informativa sigue dominada por el tema Chile y el espía - donde lo más resaltante hoy es lo revelado por El Comercio sobre la vulnerabilidad de la FAP en temas de información -, han ocurrido otras cosas que merecen atención y comentario.

MADRE DE DIOS Y LA MINERIA INFORMAL:

La semana pasada El Comercio reportó sobre la deforestación que viene ocurriendo en Madre de Dios debido al avance de la minería informal. Ayer, Carlos Basombrío puso el tema de modo más amplio. Van algunos párrafos de su columna:

En Madre de Dios, los mineros ilegales arrojan cada año a la naturaleza 40 mil kilos de mercurio. Es decir, tienen lugar 150 ‘choropampas’ (intencionales) cada año.

El horror ambiental no se acaba allí ya que se han deforestado 150 mil hectáreas que, como se vio en las fotos que ha publicado El Comercio, parecen arrasadas por el napalm que algunos añoran. (Que haya algunos dirigentes nativos con denuncias penales por ser también mineros ilegales en la región es inaudito).

De la mano de la depredación viene la violación a todos los derechos humanos. Huepetue, los ‘Deltas’ y, en los últimos años, ‘Guacamayo’ son lugares sin ley, en los que se han refugiado fugitivos de la justicia, donde no se paga impuestos y se produce una acumulación salvaje que no deja nada para la región ni para el país. En ellos conviven el trabajo infantil y adulto en condiciones inhumanas con la trata de personas y la prostitución. Allí mueren cientos de seres humanos cada año –según estimados de los sacerdotes de la región–, principalmente por accidentes, dadas las pésimas condiciones de la explotación, pero también por asesinatos. Todos son enterrados en el sitio, sin más.

La minería ilegal en Madre de Dios está muy lejos de ser el escenario de la sobrevivencia de migrantes trabajando en ‘microempresas’. Puede que hace décadas empezase así, pero hoy es una industria ilegal que mueve grandes capitales y que explota inmisericordemente a sus trabajadores. (¿Quién les vende las enormes máquinas con que operan? ¿Quién les da mantenimiento?).

La minería ilegal –con algunas o todas las características descritas– no es exclusiva de Madre de Dios. Está en Puno, Cusco, Arequipa, Ica, Áncash, La Libertad, Piura, entre otros lugares.

¿Cómo puede ser que todo esto ocurra en el Perú en pleno siglo XXI? Sin duda, la principal responsabilidad es de un Estado virtualmente ausente o indiferente (unas cuantas declaraciones de Brack no hacen verano) pero, a la vez, cómplice (un fenómeno de esa magnitud solo se entiende por una cadena de corrupción y muy buenos contactos con el poder). Hay, también, una responsabilidad importante de los defensores del medio ambiente que, como corresponde, son muy exigentes a otros niveles, pero que frente a este tema guardan un silencio ominoso.

Como que va siendo hora de poner atención a un tema que hace tiempo que dejó de ser un asunto de mera informalidad y atenta contra muchas de las normas ambientales, laborales y de derechos humanos. Ambientalistas, no toda la contaminación está en Yanacocha. Y lo mismo va para el Ministro Antonio Brack. A poner más alerta sobre esto.

TRUJILLO Y LOS ESCUADRONES DE LA MUERTE:

En la nueva edición de Poder, Ricardo Uceda presenta un completo reportaje sobre la existencia de presuntos escuadrones de la muerte formados por miembros de la Policía Nacional para eliminar a delincuentes comunes en Trujillo.  Se da cuenta de la existencia de varios casos de asesinatos bastante extraños de miembros del hampa trujillana, que lindan con las ejecuciones extrajudiciales, así como de las dificultades y presiones en las que se hallan las distintas investigaciones sobre estos hechos.  Esto es algo que debe explicar el Ministro del Interior, habida cuenta que alguna vez fue jefe policial en dicha zona del país. Y nos cabe una reflexión a todos sobre lo que esperamos de una política criminal y penitenciaria, dado que el tema estaría siendo aplaudido en varios sectores de la ciudad de la eterna primavera.

NOVEDADES DE LOS PETROAUDIOS

El lunes, Rómulo y Bieto frustraron tanto un careo como la audición de los Petroaudios. ¿El motivo? Volvieron a alegar que las pruebas son ilegales, cuando hace varios años el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han zanjado la jurisprudencia sobre el tema.

De otro lado, la investigación de Pablo O’Brien en Semana Económica tuvo en su última parte revelaciones sobre el rol que jugó Peru Petro, la entidad encargada de la licitación de los lotes petroleros, en el faenón. Lo más revelador es lo siguiente:

El asunto medular que iría a discutirse radicaba en si Petroperú debía volver a la actividad exploratoria. Quimper consideraba que la estatal no sólo debía poder postular, sino que debía calificársele con el máximo puntaje (20) por ser una empresa “epónima” nacional. El documento que originalmente le envió a Saba, se lo remitió también al ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, y al presidente de Petroperú, César Gutiérrez. Más tarde, con algunas modificaciones, sería enviado a la congresista Luciana León para que lo haga aprobar en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, lo cual finalmente no fue necesario por cuanto antes de ello la comisión evaluadora de la licitación internacional de Perupetro le dio su visto bueno a la propuesta.

Una vez que se consiguió esta gestión, DPI y Petroperú recibieron el primero de setiembre un oficio de Perúpetro en el cual se les informaba que habían sido calificados con 20 puntos en la propuesta económica y que podían postular por más de un lote. Lo extraño es que, a pesar de que el documento hacía referencia a una misiva del 25 de julio en la que se autorizaba a DPI a postular sola o consorciada hasta por un máximo de tres lotes, finalmente se le permite a la empresa noruega que postule por siete lotes. La Contraloría no encuentra explicación para este cambio de criterio y cuestiona específicamente el papel que jugó Quimper, a quien la propia empresa noruega admitió en un comunicado oficial haber contratado por su reputación de abogado tributarista.

La Contraloría también llama la atención sobre el doble rol que ejercía Saba, quien era presidente de Perupetro pero, a la vez, director de Petroperú, lo cual entrañaba un claro conflicto de interés en este caso. Saba, por tanto, estaba informado del proceso de asociación que venía gestándose entre DPI y Petroperú y, de hecho, se reunió varias veces con los ejecutivos de la petrolera noruega y mantuvo una activa comunicación con León Alegría.

Augusto Townsend ha hecho un amplio análisis de lo que implica el caso para la cultura de negocios en el Perú. Recomiendo leer el artículo completo pero los dejo con estos párrafos:

El gobierno no debería cejar en su esfuerzo de captar la mayor cantidad posible de inversiones, para que éstas generen empleo y desarrollo económico en el país. Pero lo que debe entenderse es que la promoción de la inversión es una responsabilidad que le compete a los órganos técnicos del Estado, como ProInversión, los viceministerios y direcciones generales de los ministerios, o agencias como Perupetro.

A los políticos les corresponde acompañar este proceso asumiendo posturas públicas que respalden la estabilidad jurídica y macroeconómica, el respeto a la propiedad privada, la no interferencia en la actividad judicial, etcétera. Nada de ello exige que interactúen directamente con los inversionistas.

Como ha evidenciado el caso de los “petroaudios”, en el Perú es absolutamente normal que los políticos (presidentes, ministros, congresistas) se reúnan con las empresas, incluso fuera de sus despachos y sin dejar constancia alguna en sus agendas oficiales. También intercambian correos electrónicos y se hacen recomendaciones mutuas, que en los casos extremos –como en el “Petrogate”- terminan por dar pie a beneficios otorgados al margen de la ley (por ejemplo, cambios en las bases de una licitación pública para favorecer a una empresa en particular).

A veces ocurre lo contrario, y a estas reuniones entre políticos y empresarios se les da, más bien, figuración mediática para evidenciar que el gobierno está apoyando a la inversión. Por más loable que resulte esto último (si efectivamente es el caso y no hay, más bien, un interés velado del político por obtener apoyo financiero o de otro tipo para una posterior campaña electoral), lo que no debe soslayarse es el impacto que genera sobre las otras dependencias del Estado. ¿Se animaría un funcionario de rango medio a rechazar –aunque haya suficientes razones para hacerlo- una solicitud de autorización o concesión efectuada por una empresa que acaba de reunirse con el presidente en Palacio de Gobierno?

ALAS PERUANAS INVESTIGADA

Ayer la Comisión de Educación del Congreso pidió facultades de investigación por el caso de la Universidad Alas Peruanas. La votación fue unánime e incluyó a tres de los parlamentarios cuestionados por sus vínculos con esta casa de Estudios, Rafael Vásquez, Wilder Calderón y Edgar Nuñez. Pero ambos quisieron zafar responsabilidades. Vía El Comercio:

ÉDGAR NÚÑEZ. CONGRESISTA APRISTA
Voté a favor del pedido [de crear una comisión investigadora], pero no estoy a favor de que solo se investigue a Alas Peruanas. Hay un ensañamiento contra esa universidad”.

RAFAEL VÁSQUEZ. CONGRESISTA HUMALISTA
El pedido [de Werner Cabrera] es un tema que la bancada humalista ha tratado internamente. Prefiero esperar hasta que se pronuncie oficialmente”.

WILDER CALDERÓN. CONGRESISTA APRISTA
El Partido Aprista es racional, pero si toma la decisión [de que dé un paso al costado], yo soy un hombre disciplinado. Creo que mi bancada me va a escuchar”.

Por cierto, se ha solicitado que los tres parlamentarios cuestionados sean separados de la Comisión de Educación.

Servidos todos.

Esta entrada fue escrita el Miércoles, 18 de Noviembre de 2009 a las 11:20 am y archivada en Uncategorized. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del feed RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback desde tu propio sitio web.