El señor de la foto se llama Carlos Mansilla y es el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Esta entidad está encargada de nombrar a los jueces y fiscales del país, así como de evaluarlos y ratificarlos cada 7 años. Puede destituir también a los Jueces y Fiscales Supremos por faltas disciplinarias y nombra a los jefes de la RENIEC y de la ONPE.
Pues bien, esta entidad estuvo en el candelero en estos días. En varios medios se recogió la denuncia de Edwin Bejar, un abogado invidente que postuló para ser Fiscal Provincial Adjunto en Cusco, pero el CNM le impidió dar una prueba. Bejar le contó su caso y el fundamento legal para no ser discriminado a Jonathan Castro de La Mula:
“Bejar dice que puede trabajar con ayuda de un asistente. Pero en un acta se escribe lo que observa el fiscal. El asistente no tendrá investidura y esa diligencia será nula”, explicó.
Lo que no ha tenido en cuenta Mansilla es como este ciudadano ha podido, con ingenio y ayuda de la tecnología, salir adelante y no poder tener limitaciones para seguir la carrera de abogado y, por tanto, también ejercer su labor de magistrado. Cabe preguntarse, ¿quién no la ve?
En esta edición, comentamos lo que ocurre en el VRAE y la carencia de soluciones desde el gobierno. Y retrocedemos 70 años en el tiempo para ver cual fue la relación del Perú con la Segunda Guerra Mundial. Bonus Track: El mito de Berlín 36.
Deténgase, estimado lector, un momento, para leer los discursos de estos días. Aquellos que, luego de un ataque senderista más, con tres miembros de la FAP cuya muerte todos lamentamos, enfatizan en la mano dura, creyendo que repitiendo los errores del pasado podrán parar lo que ocurre. Veamos algunos ejemplos:
Hace no mucho propuse que se bombardee con el barato y eficiente napalm los perímetros de las bases del Ejército en el VRAE para evitar estos seguros tiros al blanco que hacen los senderistas durante sus asedios, y muchos casi me comparan con Hitler. Pues vean hoy los resultados: helicópteros tumbados, muertes lamentables de militares y heridos bloqueados. Se debe entender que esto no es un picnic sino una guerra con un enemigo implacable. Es casi imposible detener a esos francotiradores parapetados en la espesura, por más que los helicópteros de apoyo preventivamente “rocíen” de balas el cerco para despejarlo. Lo efectivo en estos casos es detectar al emisor del fuego, calcular sus coordenadas, trazar su posible área máxima de movimientos de escape y luego bombardearlo desde el aire o cañonearlo desde tierra con artillería (otra alternativa es la defoliación, pero eso afecta demasiado al medio ambiente).
Y escuchen bien lo que voy a decir, probablemente sea una barbaridad, pero hay que declarar la zona como zona de combate, qué hacen civiles metidos ahí que estorban y que dificultan el trabajo y dan pie a que después las ONG denuncien a los oficiales de violación de los derechos humanos. Así no se puede pelear, señor Presidente.
Por el grado de violencia que ahora se registra en el VRAE, ese abordaje de privilegiamiento socioeconómico y político del problema es ahora mucho menos viable. La urgencia del caso requiere más bien —según bien dice el almirante Giampietri— declarar un amplio segmento del VRAE como zona de combate. Eso implica negociar con las organizaciones de base para disponer traslados consistentes de la población civil a efecto de reubicarla en un entorno cercano, donde existan tierras colonizables, previo saneamiento, titulación y financiamiento. Luego, una gran cirugía militar tendrá que utilizar los recursos represivos más drásticos que resulten indispensables hasta sacar a terroristas y narcos de sus escondrijos.
¿No es la propia Comisión de la Verdad que ha catalogado a Sendero Luminoso, contra la opinión de muchos de nosotros, por supuesto, como partido político? Si es así, por la propia definición de la Comisión de la Verdad, Sendero Luminoso actúa por razones políticas e ideológicas, cosa que no hace falta que nos lo recuerde una Comisión de la Verdad porque a cualquier persona, a cualquier peruano con media frente de inteligencia se da cuenta que es evidente.
Por lo tanto, ninguno de los hechos, ninguno que haya sido ejecutado por las fuerzas del orden, incluyendo los lamentables y condenables excesos se pueden calificar realmente como delitos de lesa humanidad. Y en cambio todos los atentados terroristas de acuerdo a la propia definición deben de ser calificados como delitos de lesa humanidad.
No necesitamos estos termocéfalos dirigiendo un conflicto. No requerimos de gente que, en el fondo, lo que quiere es carta abierta para matar como le da la gana, equiparándose moralmente con aquellos que dice combatir. No requerimos de personas que, en nombre de defender a las Fuerzas Armadas, pretende que no se procesen a los violadores de derechos humanos del pasado, confundiéndolos con quienes realmente cumplieron su deber con honor y profesionalismo. No necesitamos de un Ministro que, diciendo medias verdades, se olvida que la CVR calificó como crímenes de lesa humanidad los actos de Sendero Luminoso y el MRTA. No requerimos de periodistas que, en el fondo, no les importa lo que pase con quienes viven en la zona, y por eso reclaman bombardeos con napalm, olvidando la estrategia militar y política que debe existir en el VRAE.
Soy de los que cree que Sendero Luminoso es una organización que no debe existir, soy de los que quiere vivir en paz, pero no a cualquier costo. Soy de los que piensa que tenemos que ganarle la batalla al terrorismo y al narcotráfico, pero no haciendo tabla rasa de los derechos humanos. El patriorismo no se debe confundir con impunidad, la estrategia militar con la tierra arrasada, el deseo de ganar con la simple y llana ansia de matar.
Eso es lo que no entienden aquellos que quieren bombardear tanto el VRAE como nuestras cabezas.
Un viejo chiste de Los Chistosos, cuando Fujimori era presidente y candidato, jugaba con la doble imagen del dictador apareciendo con fondo de Palacio o del cerro pintado. Cuando Rossini se hartaba que Armas, haciendo del Chino, le dijera “como que quieres que te hable, ¿como presidente o como candidato”, el genial imitador le respondìa, “bueno, voy a hablar como el dueño del canal”.
Pero luego, su majestad Alan I abrió la boca, para decir que Correa podría decir lo que quiera en “su” canal:
Dos complicaciones aquí. La primera, es que Correa, además de censor, tiene bajo la manga una controvertida norma de telecomunicaciones. Comenta Fernando Vivas:
Acabo de leerlo y, si bien puedo destacar importantes aportes en el reconocimiento de las organizaciones de consumidores o veedurías , en la definición de políticas públicas de comunicación y la incorporación de principios de no discriminación, acción afirmativa y hasta del derecho a ocupar la “silla vacía” en instancias de debate, huelo un tufo maquiavélico: el poder político expide un bonito listado derechos frente al poder de los medios, con lo que contenta a ciudadanos y colectivos insatisfechos con los medios pero, astutamente, se reserva el control de la Superintendencia de Telecomunicaciones y Medios (Art. 55), cuyo jefe se elige entre una terna propuesta por el presidente (Art. 56).
Este poderosísimo ente fija sanciones que llegan hasta el cierre del emisor que no sea veraz (Art. 8), que haga juicios de culpabilidad antes de que la justicia se pronuncie (Art. 11), difunda datos de carácter personal (Art. 14), grabe conversaciones sin autorización (Art. 15), o difunda información fiscal reservada (Art. 19).
O sea, con el argumento de proteger al ciudadano de los abusos mediáticos, se mina la capacidad de fiscalización periodística al poder, sancionando métodos que sí permiten otras legislaciones. Para coronar el proyecto, el Art. 163 obliga a los medios a promover una suerte de corporativismo social comunicativo y el Art. 172 describe las situaciones en las que el presidente podría suprimir la libertad de información en todo el país.
El otro problema es que el Presidente del Perú cree que los medios de comunicación del Estado son su chacra. Ya lo había comentado antes Fritz Du Bois luego de su declaración, lo había confirmado Armando Massé con el extraño contrato entre APDAYC y Radio Nacional, pero la confirmación llegó luego, de propia voz de Ricardo Ghibellini, el presidente de la radio y televisión estatal. Vía Perú.21:
¿Habrá un programa tipo Aló, presidente, de Hugo Chávez?
Eso fue una maldad de un periodista. Nosotros hemos asignado una hora a la Presidencia, y eso lo han tomado como un “Aló, presidente’. No lo está usando. Estoy seguro de que el presidente no haría algo así, haría una cosa mejor. Ojalá pudiéramos tenerlo en la programación una vez a la semana.
En el caso del espacio de Laura Bozzo en Ecuador, Alan García dijo que un presidente tenía derecho a vetar un programa…
El presidente tiene derecho a vetar, no es que tenía. Si a mí me llama el presidente y me dice: Ricardo, levanta esa señal del aire, yo la tengo que levantar, porque es el jefe supremo del Estado peruano, dueño de este canal.
¿El presidente es el dueño del canal? ¿No es el Estado?
El presidente no es el dueño, perdón, me he expresado mal. En última instancia, es el que manda sobre el canal, es el jefe del Estado, no es el jefe del partido en el caso del presidente de la República. Por lo tanto, si me llama y me dice: Ricardo, suspendes el programa, yo lo único que puedo hacer es suspenderlo y, si no lo puedo hacer, renunciar.
¿Eso no es una intromisión política?
Te aseguro que el presidente no me va a decir algo así.
¿Pero el presidente debería tener esa capacidad de veto?
No tiene capacidad. Nadie tiene capacidad de veto sobre nada.
Todos los gobiernos del mundo quieren buena prensa. Basta escuchar lo que fue el patético discurso de Rafael Rey ayer en el Congreso para darnos cuenta de ello. Cada medio debe tener la independencia de apoyar a quien quiera y, cuando exista una crítica a la gestión gubernamental, no debe haber represalia alguna sobre la materia. Y en el caso de los medios de comunicación del Estado, la cuestión es aún más clara: pluralidad informativa y, en el terreno ideal, ningún favoritismo hacia el gobierno de turno.
Pero como vemos, aqui se confunde Gobierno con Estado y canal estatal con chacra. De allí que el Presidente se sienta como el dueño del circo y trate a los demás como si fueramos sus empleados.
Duele. De verás que duele. Otra vez el rito de nuevo: atentado, militares fallecidos, familia condolida, Ministro con discurso de mano dura y prometiendo que será la última vez que ocurra. Entierro con el pabellón nacional, discurso de orden, condecoración póstuma, llanto, rabia. Y olvido de las autoridades, al ritmo de la Marcha Morán, que ponen en cada entierro de un miembro de las fuerzas del orden que cae en acción.
Parece que, con la excepción de Allan Wagner, este gobierno se ha propuesto poner a las personas menos idóneas en el Ministerio de Defensa, cuyos únicos “méritos” parecen ser las declaraciones destempladas, pedir más plata para comprar armas, no hacer reformas de fondo en el sector, criticar desmedidamente a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, negar información sobre casos de violaciones de derechos humanos y no tener la más mínima idea de que hacer en el VRAE.
Esta vez fueron dos miembros de la Fuerza Aérea del Perú, aquellos que casi no habían tenido víctimas en 29 años. Ángel Bejarano Pacheco y Jorge Sánchez Pérez son los nombres de los nuevos héroes del país, a quienes esperamos el Ministerio de Defensa no olvide. De hecho, la CVR no olvidó a nuestros héroes:
Los institutos armados y el Ministerio del Interior han proporcionado a la CVR las listas de las bajas de sufrieron las fuerzas del orden en el combate contra la subversión armada a lo largo del 20 años investigados. De acuerdo con esta información murieron 1,674 miembros de las fuerzas del orden en actos de servicio en zonas de emergencia o en combates contra elementos subversivos entre 1980 y el año 2000. Esta cifra equivale al 7% del total de víctimas fatales reportadas en los testimonios analizados por la CVR.
Según las mismas fuentes, adicionalmente las fuerzas del orden sufrieron 1,698 bajas de heridos o de efectivos que quedaron inválidos a consecuencia de los combates o los ataques perpetrados por los elementos subversivos.
(…) Como se ve el Ejército Peruano fue la institución que tuvo mayores bajas (60% del total de las bajas reportadas de los agentes del Estado) en la medida en que el Estado Peruano le encomendó a sus miembros la principal responsabilidad del combate a la subversión armada. El 82% de las víctimas del Ejército Peruano fueron personal de tropa, 7% suboficiales o técnicos y 11% oficiales. El 50% de los oficiales caídos en cumplimiento de su deber fueron tenientes o subtenientes, el 85% tenían grados iguales o inferiores al de capitán. La gran mayoría de oficiales fallecidos eran entonces responsables de tropas o patrullas por lo que sus muertes se produjeron generalmente en actos de combate o en emboscadas subversivas en el campo.
La Policía Nacional fue la segunda institución de las fuerzas del orden que sufrió el mayor número de bajas a consecuencia del conflicto armado interno (34% de las bajas de las fuerzas del orden). El 8% de los fallecidos de las fuerzas policiales serían oficiales. A diferencia de los efectivos de las fuerzas armadas, cuyas bajas se produjeron sobre todo en operaciones de patrullaje en el campo, gran parte de las bajas policiales son producto de atentados individuales («aniquilamientos») o ataques subversivos contra puestos policiales relativamente aislados y poco guarnecidos. En los primeros años del conflicto armado interno, los ataques contra policías eran una modalidad empleada por los miembros del PCP-SL para proveerse de armamento. Asimismo, estos ataques se consideraban una forma de «bautizo» para los subversivos que formaban parte de los destacamentos de «aniquilamiento selectivo». Muchos de estos ataques se produjeron mientras los policías realizaban labores cotidianas relacionadas a su función (seguridad ciudadana, patrullaje urbano, etc.) por sorpresa y de forma alevosa (tiros por la espalda).
En relación al Ejército o las Fuerzas Policiales, la Marina de Guerra tuvo un número mucho menor de bajas fatales (6% del total de las fuerzas del orden). Su ámbito de acción estuvo básicamente restringido a las provincias de Huanta y La Mar en el departamento de Ayacucho (25 bajas fatales) y a algunas provincias de Ucayali y Huánuco (39 víctimas fatales). Efectivos de esta institución también murieron en enfrentamientos o atentados en la ciudad de Lima y el Callao, en estas localidades se registraron 20 bajas, 3 de las cuales corresponden a miembros de la marina de guerra que murieron en la debelación del motín en el Penal del Frontón en 1986.
La CVR ha recibido una relación de 10 efectivos de la Fuerza Aérea Peruana muertos a consecuencia del conflicto armado interno. Estas bajas de produjeron generalmente mientras brindaban acciones de apoyo logístico a miembros de las demás fuerzas del orden.
El mejor homenaje que este gobierno puede hacerle a sus militares y policías está en dos acciones concretas: mejorar la estrategia en el VRAE y tener a buenos ministros en Defensa e Interior. Pero parece que es algo que Alan García le seguirá negando a la nación y sus héroes.
Conforme se va acercando el tiempo de las campañas electorales en el país, una pregunta se nos hace con mayor frecuencia a quienes andamos más conectados con Internet: ¿Cuál será el impacto de las tecnologías de la información en lo que pueda ocurrir en las campañas políticas de 2010 y 2011? Hoy, que se cumplen 40 años de Internet, tal vez sea un buen momento para esbozar algunas ideas.
La primera de ellas tiene que ver con la forma como se ha visto una campaña exitosa como la de Barack Obama. Ha quedado como sentido común en algunos que “fue por Internet” que el ahora presidente de Estados Unidos pudo llegar a la Casa Blanca y, por tanto, de allí la desesperación de muchos por armar blogs, cuentas en Facebook y Twitter para acercarse a la gente. Pero en realidad, si vemos la campaña de Obama en detenimiento, nos damos cuenta que fueron una mezcla de elementos la que permitió dicha opción por el cambio, en términos estrictamente de posicionamiento de “marca política”. Y en cuanto al uso de Internet, las clave no fue la novedad en su uso, sino la integración con la campaña en el “mundo real”. Comenta Marco Sifuentes:
Me explico: el equipo de Obama diseñó una gran campaña que, aunque tenía bien segmentados sus nichos, era en el fondo una sola. No eran dos mensajes, uno para Internet y otro para los medios masivos. Era el mismo. Llegaba a los más jóvenes a través de redes como Facebook o Twitter, a sus partidarios a través de sus propia red social (my.barackobama.com) y con mensajes de texto, sin descuidar el e-mail y las viejas llamadas telefónicas para el resto. Pero, al final, todos recibían el mismo mensaje, ligeramente adaptado a cada plataforma, que se veía en los medios masivos.
Y cada uno tenía cierta ventaja. Por ejemplo, los que se habían suscrito en la web fueron los primeros en enterarse, con un mensajito al celular, de quién había sido elegido como su candidato a vicepresidente. Obama prefirió regalarle la primicia a sus partidarios que dar una conferencia de prensa con el anuncio.
Es decir, y esto es el quid de todo el asunto, el mensaje de Obama era que le importaba más el contacto directo -sin filtros- con la gente que la agenda de los medios o el tiempo de exposición en ellos. Lo que recibía la gente era una persona, no un candidato.
Y he allí el segundo quid del asunto: el mensaje. Es decir, antes de armarse de gadgets informáticos, el político debe tener en claro que es lo que quiere decir y comunicar. Pero sobre todo, hacerlo de modo sincero, aterrizando sus ideas en la mente de la gente y empatando con problemas, dilemas e incluso alegrías de la gente común.
Quizás he allí el éxito de Rosario Sasieta en Twitter. La congresista de Acción Popular se acerca a los twitteros, señala los mejores momentos de los plenos en el hemiciclo, expresa su indignación sincera cuando aparece un caso de violencia contra la mujer e incluso acude a las reuniones de twitteros y bloggers. ¿El resultado? Al margen de críticas aisladas, la congresista ya logró posicionarse como una persona más dentro de la comunidad twitter en Lima y usa la herramienta como medio de feed back con los ciudadanos.
Una estrategia distinta es la que usa Carlos Raffo en la misma red social. Raffo apela a los sentimientos, pero a los adversos, es decir, a la antipatía que despierta él y su mensaje en una red social que, a ojo de buen cubero, no precisamente simpatiza con el reo de Barbadillo. Pero al ubicarse como objeto de los odios, Raffo ya logra su cometido, llamar la atención, que se hable de él y comienza a meter su mensaje: la inocencia de Fujimori y el hecho que Montesinos y su líder sean dos entes separados y peleados. Aquí la pregunta será si tanto atarantamiento verbal (en 140 carácteres) nos podrá borrar de la mente las guiñaditas de ojos entre la dupla siniestra de los noventas.
¿Cómo usan las herramientas web nuestros políticos peruanos? Pues luego de la revistas hechas por Sifuentes y por Milton Vela (ver aquí y aquí), podríamos encontrar el siguiente panorama:
1. Páginas webs oficiales: Quizás sea el punto más flojo de todos, de izquierda a derecha. No son dinámicas, no llaman a leer y, sobre todo, no llaman a que los no convencidos se animen de llegar a páginas como éstas. Están claramente dirigidas al elector o militante ya ganado, no al nuevo. El caso más patético es el del APRA, que tiene dos “webs oficiales”.
2. Blogs: Los políticos más activos son Juan Sheputy Susana Villarán, ambos voceados como candidatos a la Alcaldía de Lima en sus respectivas agrupaciones (Perú Posible y Fuerza Social, respectivamente). La ventaja que para ambos supone un espacio como éste es que pueden expresar sus opiniones de modo libre y recibiendo los comentarios de quienes leen sus textos. Es importante para recibir cierto feedback, pero también será clave para ellos que logren traspasar las fronteras de Internet para que sus campañas políticas futuras - si es que finalmente se concretan - vayan hacia buen puerto.
3. Twitter: A los mencionados casos de Sasieta y Raffo, hemos visto las incorporaciones de Fabiola Morales, Luciana León, Aurelio Pastor y Miro Ruiz, despreciado por la comunidad twitter por su trístemente célebre asesinato de un perrito. En los casos de los mencionados, las cuentas les sirven para dar sus opiniones e ir comunicando sus actividades. No hay aun mayor comunicación con los ciudadanos, salvo en el caso de Morales, que responde algunas preguntas puntuales, sobre porque el alcalde Castañeda no tiene cuenta en la célebre red social, o de León, que quiere entrar al público más joven.
4. Facebook: De los candidatos top, Lourdes Flores y Keiko Fujimori tienen sus respectivas cuentas. En los últimos días, la cuenta de FB de Flores es el vehículo para que sus partidarios se expresen a favor y en contra de su presidencia en Peruvian Airlines. Mientra que Keiko opta por el mutismo, salvo para algunas cuestiones familiares puntuales y recibir los saludos de los partidarios. Salvador Heresi, Carlos Bruce y Susana Villarán utilizan mejor la red social, al intercalar lo personal, los comentarios políticos y responder a todo tipo de opiniones.
Pero llama la atención que los políticos peruanos hasta ahora no le presten la atención debida a la red social más popular del país: Hi5. Sí, para muchos su intefase gráfica no es la más atractiva, pero es la más concurrida en el Perú y por segmentos sociales variados, lo que la convierte en una potencial herramienta de enganche con públicos y electores de distintos lugares de Lima y del país.
Finalmente, para cerrar la pregunta, debe quedarnos claros que, salvo una elección ajustada, Internet podría no decidir la elección. Hay que tener en cuenta que hay muchos lugares en el país donde no existe conexión a la red - o ni siquiera hay luz o una computadora que recargue por energía solar - y que quienes usan Internet no necesariamente la usan como herramienta para informarse sobre temas políticos o candidaturas. De allí a que, sin dejar de usar Internet como plataforma, los políticos sean realistas en los efectos que en el Perú se podrá tener con una campaña vía las redes.
Hace 28 años, una investigación periodística de Gustavo Gorriti remeció a la opinión pública. El principal financista del Partido Aprista Peruano de la época y dueño de un diario, Carlos Lamberg, fue puesto en evidencia frente a sus vinculaciones con el narcotráfico. La investigación causó revuelo, Lamberg fue llevado a juicio, sentenciado y hoy se encuentra alejado de toda actividad política y también de la ilegal, mientras que ello supuso para el APRA un golpe fuerte que permitió la llegada de Alan García a las más altas esferas del poder en Alfonso Ugarte.
Casi tres décadas después, el país vuelve a expectar casos de vinculación directa o tangencial de la política y el narcotráfico.
Ya ha sido bastante comentado el caso de Lourdes Flores Nano y “César Cataño” (en realidad, Adolfo Carhuallanqui Porras). Sobre el mismo aclarar dos cuestiones: Nadie le niega a Lourdes el derecho a trabajar - de hecho, es mejor que los políticos off Congreso nos digan de que viven o en que laburan -, pero en este caso, creemos que se comete un error al defender tan a capa y espada a una persona que, por lo menos, es cuestionada por un irregular cambio de nombre, amen de las investigaciones fiscales que se le viene haciendo por el tema de lavado de dinero. Por cierto, ayer Carhuallanqui fue a un programa de televisión y no pudo explicar bien el tema de su patrimonio.
Otro caso comentado hoy es el de Max Caller Valdez, capturado el último viernes con con 146 kilos de cocaina. El caso de Caller no trascendería más allá de la página policial si es que no hubiera sido asesor de la parlamentaria del Partido Nacionalista Nancy Obregón durante algunos meses. Caller estuvo 8 meses en el Congreso, a pedido expreso de la congresista. Ella niega cualquier vínculo con el narcotráfico y pide que se haga cualquier investigación al respecto. Dado que Obregón ha sido parte de la dirigencia cocalera y alguna vez propuso un proyecto de ley para industrializar la harina de coca, sus enemigos políticos no dudarán en tirarle barro con esta contratación.
José Abanto Verástegui. Asesor principal del actual ministro Luis Alva Castro, desde el año 2000 hasta que Caretas descubrió que Abanto también era abogado y gerente general de una empresa de los Sánchez Paredes. Exacto. La misma familia que Alva Castro investiga ahora. (Esto fue en febrero del 2008, cuando Alva Castro aún estaba en Interior. Abanto ha sido también abogado de los Wolfenson y de Baruch Ivcher. Nota de DTP)
Freddy Zubieta. Candidato del Apra a la alcaldía de San Borja. Fue abogado de Polaco, Vaticano y otros ilustres ciudadanos. Además es dueño de las Brisas del Titicaca, local elegido por Alan García para lanzar el Frente Social que ganó las elecciones. (Zubieta fue desautorizado por el propio Mauricio Mulder cuando se descubieron sus vínculos de alto vuelo. Nota de DTP).
Humberto Chávez Peñaherrera. Hermano de “Vaticano” y también candidato por el Apra a la alcaldía de Campanilla (San Martín). (Con Chávez Peñaherrera pasó lo mismo que con Zubieta, nota de DTP)
Francisco Peixoto. No es aprista, pero sí fue jefe del gabinete de asesores de la ex ministra de Justicia, María Zavala… hasta que Miguel Ramírez de El Comercio descubrió que Peixoto había sido abogado de Mosca Loca y otros once procesados por narcotráfico.
Moisés Tambini del Valle. Uno de los engreídos de este blog: Su nuera fue abogada de Aerocontinente y su hija, la notaria de la empresa lavaplata y él mismo admitió haber sido abogado de narcotraficantes. ¿Saben cuál es su puesto? ¡Jefe de todos los procuradores! Es uno de los abogados más poderoso del gobierno (y dice que trabaja ad honorem). ¿Su mayor mérito? Colocar compañeros en la administración pública. (Actualmente, Tambini es nuestro embajador en Costa Rica y su esposa fue sancionada por intentar hacer prescribir el caso de El Frontón. Nota de DTP).
Y a toda esta lista se suma el procesado ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta, acusado de narcotráfico y del asesinato del periodista Alberto Rivera, quien denunció sus presuntas actividades ilegales.
¿Qué nos indica todo esto? Que los partidos políticos tienen que tener especial cuidado con sus vínculos, financiamientos y militantes que podrían estar relacionados con actividades ilegales. Para ello, deben ser transparentes con su padrón e ingresos. Y por cierto, el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE deberán contar con los recursos pertinentes para poder realizar una labor fiscalizadora sobre este tipo de ingresos que puedan parecer irregulares. También sería conveniente que ambas entidades electorales suscriban un convenio con la SBS para que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda verificar transacciones sospechosas a favor de partidos políticos.
Sin duda, este es un tema al que todos deberíamos prestar más atención y sobre todo, acción.
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